La jueza Federal María Eugenia Capuchetti sobreseyó a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por la operación con la que intentar vender el Grupo Indalo, pese a que tenían todos sus bienes inhibidos por la Justicia en la causa Oil Combustibles.La medida también alcanzó a los que iban a comprar la empresa, los dueños OP Investment Jorge Rosner y Santiago Dellatorre. En una resolución de 28 páginas a la que accedió Clarín, la magistrada sostuvo: “No se intentó defraudar a los intervinientes en ese expediente, tampoco fueron transferidas las acciones de las empresas y no obra ninguna prueba que permita inferir que se encontraban impedidos de realizar cambios de autoridades, ni tampoco que esta situación haya sido efectuada con fines ilícitos”.
Camino a las elecciones

Lo que tenés que saber hoy del oficialismo y la oposición.

De lunes a viernes

Recibir newsletter

(function ( $ ) ;
suscribo = function (options, mail, grupo) ,
success: function (response) ;
nl_pass_data.hitType = “event”;
nl_pass_data.eventCategory = “news_caja_nota”;
nl_pass_data.eventAction = “load_modal_suscripcion”;
nl_pass_data.eventLabel = “confirmacion_caminoelecciones”;
sendGAPageview(nl_pass_data);
openModal(path);
}
});
}
consulto = function (options) ,
success: function (response) else
}
});

}
authenticate = function () else
}
getIdPase = function ()
return idPase;
}
execute = function (options)
openModal = function (path) ,
callbacks: ,
open: function ()
}
});
}

execute(options);
}
}( jQuery ));
$(‘.newsletter-embeb figure, .newsletter-embeb .mt h4, .newsletter-embeb .mt .data-txt, .newsletter-embeb .mt .bt’).on(‘click’, function () ;
nl_pass_data.hitType = “event”;
nl_pass_data.eventCategory = “news_caja_nota”;
nl_pass_data.eventAction = “clickarea”;
nl_pass_data.eventLabel = “caja_caminoelecciones”;
sendGAPageview(nl_pass_data);
});
$(document).on(“wa.login”, function(e, user)
});
Esta causa fue abierta por una extracción de testimonio que hizo el juez federal Julián Ercolini cuando ordenó la detención de López y De Sousa por intentar vender el Grupo Indalo a pesar de que había dispuesto la inhibición de sus bienes en la causa por el fraude fiscal de 8 mil millones de pesos de Oil Combustibles.La defensa de los empresarios intentará ahora que el tribunal oral que los juzga disponga su libertad porque este causa conexa era uno de los motivos de su prisión preventiva.Al analizar la prueba reunida, la magistrada concluyó que respecto a los acusados “entiendo que corresponde adoptar un criterio desvinculatorio respecto a los hechos que constituyeron el objeto procesal de la presente causa, en la medida en que no constituyen delito”.En su resolución, indicó que las acciones cometidas no evidencian “supuestos actos fraudulentos y deliberados por parte de los imputados orientados a inducir a error a los intervinientes de la causa 4943/16, como así también respecto del posible ocultamiento de operaciones de venta de acciones cuya disposición había sido inhibida”. En este sentido, Capuchetti remarcó que luego de transcurrido aproximadamente 20 meses de investigación “es posible concluir que las presentaciones efectuadas en aquella causa no tuvieron como finalidad el incumplimiento de las medidas que pesaban sobre las sociedades cauteladas” del Grupo Indalo y que “se contraponen a la existencia de esa hipótesis inicial sobre la acción fraudulenta”. Y agregó: “No se intentó defraudar a los intervinientes en ese expediente, tampoco fueron transferidas las acciones de las empresas y no obra ninguna prueba que permita inferir que se encontraban impedidos de realizar cambios de autoridades ni tampoco que esta situación haya sido efectuada con fines ilícitos”. En el expediente intervino el fiscal Ramiro González, quien imputó a los empresarios a quienes había señalado por incumplir medidas de inhibición general de bienes que habían sido ordenadas por el juez Julián Ercolini en el marco de la causa en la que procesó a López y a De Sousa, y los envío juicio oral por haber defraudado al estado en $8000 millones por no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles con la firma Oil Combustibles. Se investigó en esta causa la transferencia que se buscó hacer de las tenencias accionarias del denominado “Grupo Indalo” a un grupo comprador representado por los “Dres. Dellatorre Balestra y Burgio (posteriormente reemplazado por Rosner)”. Los Dueños del Grupo Indalo manifestaron que el intento de cesión tenía como objeto “recuperar el crédito del conglomerado empresarial y garantizar continuidad de sus negocios y el pago de deudas”, sostiene la resolución a la que accedió Clarín. Al momento de argumentar por qué se ordenaba la detención de los dueños del Grupo Indalo, el juez Ercolini concluyó que sus dueños cometieron acciones “dirigidas a obstruir la labor de la justicia”. Uno de los ejemplos citados fue la venta que intentó hacer Cristóbal López a Op Investiment, el fondo de inversión de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, pese a regir “una inhibición de bienes que lo impedía”. Entonces se planteó que el intento de la venta del holding de 170 sociedades debía ser investigada por posible fraude. En este sentido, se señaló que la medida cautelar estaba vinculada directamente al pago de la deuda con la AFIP y que de los escritos presentados por López y De Sousa “no surgía cómo se iría a abonar; como así tampoco se observó cómo harían frente a la eventual reparación de los daños y perjuicios ocasionados al Estado nacional”. Ante tal escenario, se comenzó a investigar si la venta al fondo de Inversión de Rosner, ante el “presunto incumplimiento de la inhibición general de bienes” y considerando que a raíz de los escritos firmados por López y los dueños de OP Investiment “se ha engañado sostenidamente a este juzgado (el de Ercolini), a la fiscalía actuante, a la AFIP en su doble condición de parte querellante y actora civil y a los veedores designados en este proceso”. Por ello el fiscal González había pedido que se investigue si el empresario K, sin realizar la previa consulta al juez, firmó un “contrato de compraventa de acciones de fecha 20 de octubre de 2017 a favor de OP Investiment LLC”. Rosner y Dellatorre se encuentran administrando Indalo desde octubre, pero no pueden adquirir el paquete accionario aún. Los dueños de OP habían asumido como presidente y vicepresidente de Oil Combustibles (la firma que generó la millonaria deuda con la AFIP) e ingresaron al directorio de las demás empresas. Se abrió la investigación, bajo la sospecha que la operación “con la posible participación de otras personas hubieran vendido como libres, bienes que estaban inhibidos”. La juez Capuchetti asumió frente al juzgado que perteneció a Roberto Oyarbide, y ordenó una serie de medidas en la causa para determinar si hubo o no, un accionar fraudulento. Para ello se inició un análisis patrimonial junto a una pericia sobre las actuaciones administrativas. Los especialistas explicaron que de los diversos análisis que se realizaron “no surgiría de que el cambio de directorio haya sido realizado para posibilitar una alteración de los valores patrimoniales de las sociedades ni un cambio evidente en la situación patrimonial del grupo empresarial objeto del informe”. Asimismo, sostuvieron que “no se advertían maniobras que hubieran significado de manera alguna una reducción aparente en el valor patrimonial de los bienes incluidos en las sociedades que conforman el ex Grupo Indalo, ni se advirtió la existencia de alguna clase de maniobra o manipulación que tenga que ver con esos fines”. En esa dirección, el informe afirma que “no se apreciaron actos específicos que hayan afectado el valor económico del grupo económico. Al hacer referencia a los informes de los veedores, indicaron que el valor total del patrimonio social habría sufrido “una leve reducción, que bien puede ser producto del propio giro de los negocios de todas o algunas de las sociedades, y que representa muy poca participación comparándolo con el resto de los activos”. En cuanto la existencia de retiros de fondos que pudieran estar alcanzados por la medida cautelar impuesta, los especialistas indicaron que “teniendo en cuenta que la inhibitoria no habría provocado la supresión del ejercicio de los derechos políticos de las acciones de las sociedades, ni la administración fluida de sus bienes, derechos y deudas”. Por otro lado, al hacer referencia a los informes de los veedores, indicaron que el valor total del patrimonio social habría sufrido una leve reducción, “que bien puede ser producto del propio giro de los negocios de todas o algunas de las sociedades, y que representa muy poca participación comparándolo con el resto de los activos”.

Fuente

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *