El Parlamento de Venezuela ha aprobado este jueves la ‘Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro’ conocida como ‘ley anti-ONG’, tras unos comicios en los que la oposición ha denunciado fraude tras la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de los comicios ante las peticiones de transparencia por parte de la comunidad internacional.
El diputado Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ha asegurado durante el debate que hay “ONG que reciben fondos” y que están “financiando” las protestas y “los hechos de terrorismo en el territorio nacional”. “Esto serviría para ponerle freno a esa posibilidad y que reciban la sanción de la ley para aquellos que caigan en esta normativa”, ha declarado ante una cámara de mayoría chavista.
Amnistía Internacional, a través de la directora para las Américas, Ana Piquer, ha denunciado que esta norma “viola flagrantemente los derechos de asociación y participación en asuntos públicos, entre otros, es una nueva arremetida del Gobierno de Nicolás Maduro contra quienes luchan por los Derechos Humanos en Venezuela”.
“La aprobación de esta ley pone en riesgo la existencia y funcionamiento de las organizaciones comunitarias, humanitarias y de derechos humanos con artículos ambiguos que servirían de base para sancionarlas de forma desproporcionada y hasta arbitrariamente ilegalizarlas”, ha manifestado.
Piquer ha sostenido que “es evidente que esta ley, como otras que buscan asfixiar el espacio cívico, forma parte de la política de represión de las autoridades venezolanas que pretende callar a quienes vienen denunciando desde hace años las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura sistemáticas por parte del Gobierno”.
AI ha subrayado que “en la presente crisis postelectoral, las organizaciones de Derechos Humanos han liderado la denuncia de las decenas de muertes y miles de detenciones arbitrarias de manifestantes y activistas críticos al Gobierno de Nicolás Maduro”. “La pretensión con la aprobación de esta ley es impedir que la sociedad civil venezolana siga acompañando a las víctimas, prestando asistencia que las autoridades no son capaces de satisfacer y denunciando la crisis humanitaria compleja en la que está sumida el país”, ha concluido.
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