El Gobierno de Nicaragua ha anunciado este jueves el cierre de 151 organizaciones vinculadas al mundo de la empresa, entre ellas la Cámara Oficial Española de Comercio en Nicaragua y la Cámara de Comercio Americana (Amcham), dentro de su particular escalada represiva contra la labor de las ONG en el país centroamericano.
La orden, emitida por el Ministerio del Interior y publicada en la Gaceta Oficial nicaragüense, apunta a un supuesto incumplimiento de las organizaciones a la hora de detallar ante las autoridades sus datos financieros, argumento bajo el que el Ejecutivo de Daniel Ortega suele adoptar este tipo de medidas.
En el caso de la cámara española, que trabajaba para tender puentes empresariales entre España y Nicaragua, el régimen de Ortega le acusa de no entregar los estados financieros relativos al periodo 2022-2023 y tener la junta directiva vencida desde febrero del año pasado.
El lunes, el Gobierno ya anunció el cierre de 1.500 organizaciones de la sociedad civil y, según Naciones Unidas, son más de 5.000 las ONG que han perdido su personalidad jurídica en Nicaragua, en su mayoría desde finales de junio de 2022.
La oficina de Derechos Humanos de la ONU tachó de “profundamente alarmantes” las últimas medidas, advirtiendo de que en el país es “cada vez más difícil” defender los Derechos Humanos sin someterse a la presión o las represalias del Gobierno de Ortega.
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