El presidente Alberto Fernandez junto al presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner; el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller; y el ministro de Economia, Martín GuzmánEl impuesto a las riquezas, que este viernes se pretende aprobar en el Senado, es un impuesto anti-inversiones, confiscatorio y discriminativo, que lo único que va a producir es más incertidumbre y un incremento irracional a la ya muy elevada carga fiscal de Argentina.Es un impuesto que perjudica al país, porque va a permitir aumentar la recaudación en el corto plazo, pero la va a contraer en el mediano y largo plazo. Es un impuesto que desalienta las inversiones, y eso es lo contrario a lo que necesita nuestra Nación. Las inversiones son fundamentales para aumentar el nivel de actividad, generar innovaciones y aumentar la producción, lo que redunda en más empleo para los argentinos, y en un círculo virtuoso de crecimiento y más recaudación para el Estado.Precisamente a eso es a lo que apunta el proyecto de Ley que presenté a fines de abril, de “Contribución Extraordinaria para la Inversión y el Desarrollo Productivo de Argentina”, el mismo cuenta con el apoyo de los senadores Humberto Schiavonni, Néstor Braillard Poccard, Alfredo De Ángeli, Claudio Javier Poggi, Gladys González, Laura Rodríguez Machado, Ernesto Martínez y Juan Carlos Romero. Se trata de un proyecto superador que incentiva las inversiones y no las contrae, como el propuesto por el Ejecutivo. Sin embargo, éste es uno de los tantos que fueron cajoneados por el oficialismo y jamás lo pudimos tratar.La iniciativa que presenté establece con carácter de emergencia y por única vez, que los grandes capitales argentinos, situados en el país y en el exterior, realicen una contribución extraordinaria para la inversión que surgirá de la aplicación de la alícuota del 2.5% sobre el valor total de los bienes cuyo monto exceda los 200 millones de pesos. Para ello tendrán el plazo de un año, y podrán optar por invertir en diferentes rubros, como la construcción, la mejora o adquisición de bienes inmuebles, la suscripción de títulos de deuda, entre otros. Esto va a permitir que esos fondos impulsen la rentabilidad social, ya que a través de la inversión se genera demanda de mano de obra, más empleo. Esto redunda en más aportes vía impuestos que va a recibir el Estado Argentino. Esta propuesta es una acción temprana para la reactivación de la economía, que nos permitirá como país estar mejor parados una vez que pase la pandemia.Por el contrario, el impuesto a las riquezas -mal llamado aporte “solidario y extraordinario”- que propone el Ejecutivo, es totalmente discriminatorio porque grava a los empresarios locales pero no a los empresarios del exterior que invierten en Argentina. Por lo cual afecta a la industria nacional y beneficia a las empresas de capitales extranjeros, cuyos dueños no tienen que pagar este impuesto. Por lo tanto, no es un impuesto equitativo, y perjudica a los productores locales. Todo al revés de lo que se debería hacer, que es impulsar el crecimiento de la industria nacional para que generen trabajo e incluso lleguen a mercados del exterior, lo que implicaría más recaudación para el Estado.Lamentablemente, en el mundo tenemos muy mala reputación. Somos un país que constantemente cambia las reglas del juego, no somos previsibles, vivimos con incertidumbre y volatilidad, y este proyecto llega justo para generar más confusión e incertidumbre. ¿Será por única vez, como prometía serlo el impuesto al cheque? El impuesto a débitos y créditos bancarios, que se creó en medio de una situación de crisis económica, ya tiene casi 20 años de vigencia ininterrumpida. ¿Será solo para los grandes capitales, los que más tienen, los que más ganan, como prometía serlo el impuesto a las ganancias? Hoy este tributo alcanza a quienes tienen un sueldo que apenas supera la línea de pobreza.La carga tributaria de Argentina es una de las más altas del mundo. En un contexto como el actual, con una situación económica muy compleja debido a la pandemia del Covid-19, hay que buscar alternativas que faciliten la recuperación de la economía en lugar de asfixiar más a los contribuyentes con nuevos impuestos.Con la propuesta del Gobierno se castiga a los cumplidores. En nuestro país tenemos una larga historia de blanqueos fiscales a través de los cuales se beneficia a los que evaden, a los que tienen fortunas en el exterior no declaradas, a quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales. En lugar de beneficiar e incentivar a los que cumplen, se termina beneficiando a los que no cumplen con sus obligaciones.Tras aumentar recientemente bienes personales, ahora quieren aprobar el impuesto a las riquezas, que de solidario no tiene nada. Lo que me pregunto es, ¿qué incentivo tiene un empresario local para seguir apostando por el país, tener su negocio en regla, esforzarse por producir cada día más y generar fuentes genuinas de trabajo? Si seguimos exprimiendo al sector productivo, jamás vamos a poder salir adelante, tener un PBI decente, estabilidad en nuestras principales variables económicas, y un futuro mejor.* El autor es senador nacional por San Juan
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