A Mónica Valencia se le acusa de haber, supuestamente, cometido hechos relacionados al delito de prevaricato. Luis Ricardo Patiño habría sido capturado por, presuntamente, haber cometido fraude procesal (Archivo/)El viernes 3 de marzo se llevó a cabo la audiencia de legalización de las capturas de Mónica Valencia Charry, fiscal especializada, y Luis Ricardo Patiño, jefe del SIU (Unidad de Investigaciones Antidrogas, por sus siglas en inglés) de Medellín. Aunque ambos se declararon inocentes, son acusados de burlar a la justicia aprovechándose de sus cargos y de la confianza que gozaban dentro de la Fiscalía y la DEA. Ambos fueron detenidos en Medellín por agentes del CTI y uniformados del Gaula militar de la capital del departamento antioqueño.Aunque los detalles de la investigación que se adelanta en contra de ambos se mantienen bajo reserva, fue el diario El Tiempo el encargado de entregar algunos detalles de lo que hay detrás del proceso de los dos funcionarios reconocidos, dentro del gremio, por su participación en acciones en contra de la mafia que afecta al país.La detención de ambos es el resultado de los operativos que se han venido realizando, en cabeza del fiscal general, Francisco Barbosa, para detener la corrupción dentro de entidades oficiales. Con estas acciones, es de recordar, se logró dar con la captura de la exjefe de la Unidad de Extinción de Dominio y delegada para las Finanzas Criminales, Ana Catalina Noguera, el pasado 13 de febrero.A Mónica Valencia se le acusa de haber, supuestamente, cometido hechos relacionados al delito de prevaricato. A la capturada, originaria de Buga, en el Valle, se le encontraron 20 millones de pesos en efectivo. Así mismo, es de recordar, su nombre salió a relucir en el año 2020 cuando la Fiscalía inició una investigación interna por supuestos lazos de ella con narcotraficantes y testaferros de la Oficina de Envigado. Es de resaltar, sin embargo, que fue detenida, en la actualidad, por, supuestamente, tener que ver con irregularidades en la sucesión de la fortuna de un comerciante.La detención de ambos es el resultado de los operativos que se han venido realizando, en cabeza del fiscal general, Francisco Barbosa, para detener la corrupción dentro de entidades oficiales“Se investiga si la fiscal se extralimitó en sus funciones para beneficiar a uno de los intervinientes, quien también está bajo investigación”, dijo una fuente informada del caso al diario El Tiempo. Dentro de la indagación se ha hablado de una camioneta BMW y de la recepción de dádivas para beneficiar a uno de los herederos de la sucesión de la millonaria suma.Por el otro lado, Luis Ricardo Patiño habría sido capturado, según pudo conocer el medio de comunicación ya citado, por, presuntamente, haber cometido fraude procesal. Al parecer, habría hecho que un juez y un fiscal incurrieran en un error en la incautación de los teléfonos de Carlos Ramón Zapata, excapo del cartel de Medellín.“El 19 de octubre de 2020 acudí, bajo engaños del agente especial de la DEA Jason Kingler, a una ‘reunión’ en The Artisan DC Hotel, en Bogotá. Una vez arribé a ese lugar se me exhibió la orden de incautación de dispositivos de almacenamiento, los cuales fueron recibidos por el personal de la DEA, quienes carecen de funciones de policía judicial en el país, y no por los agentes del CTI (…) La ‘diligencia’ duró más de ocho (8) horas debido a que fui sometido a un extenso interrogatorio por parte de la DEA”, explicó sobre lo ocurrido, en su momento, Ramón Zapata.El nombre de Patiño, por ese caso, quedó enmarcado en el informe n.º 2152, aquel que fue presentado ante el Fiscal 29 de la Dirección Especializada contra el narcotráfico, el 15 de octubre de 2020. En el documento, Patiño le solicitaba al fiscal emitir una orden de incautación de los aparatos electrónicos del excapo. De acuerdo con lo que denunció Zapata, Patiño hizo creer que Patiño era el encargado de “la contaminación y corrupción de servidores con fines de obstrucción a la justicia y desvío de las investigaciones especialmente dirigidas al narcotráfico y lavado de dinero”.Es de destacar, según pudo establecer El Tiempo, que los comportamientos por los que se investiga a ambos son ‘de orden administrativo’, ‘no penal’.
