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Guatemala incauta semisumergible con cocaína

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La fiscalía guatemalteca confirmó el lunes que localizaron 411 paquetes de cocaína en un semisumergible que el ejército guatemalteco detuvo el sábado frente a las costas de Guatemala.Una incautación de este tipo no es común en el país centroamericano. Aunque en 2018 se detectaron tres embarcaciones similares en las costas locales con cargamento de drogas, esta es la primera vez que ocurre en este año.En el semisumergible viajaban tres personas: el ecuatoriano Wellington Rolando Quijije de 41 años y los guatemaltecos Nestor Randolfo López Tuche de 25 años y Ángel Enrique Colay Santos de 32 años, quienes fueron detenidos, dijo el ministerio de Gobernación.El ejército realizó la interceptación de la embarcación en aguas del Pacífico a 160 millas náuticas del espacio marítimo guatemalteco. Tras detenerla la escoltó hasta la costa guatemalteca.La Fiscalía contra la Narcoactividad dijo que tras remolcar la embarcación hacia el Comando Naval del Pacífico se realizó una inspección en la que se localizó la droga.

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Exmilitar guatemalteco podría ser investigado por genocidio

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La justicia guatemalteca realizaba el miércoles una audiencia en la que la fiscalía señala al militar retirado Luis Enrique Mendoza García de los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996). Por este mismo caso fue juzgado el fallecido dictador José Efraín Ríos Montt.Mendoza García fue director de la Sección de Operaciones del Estado Mayor General del Ejército entre abril de 1982 y agosto de 1983 y participó en el Plan Victoria 82. Dicho operativo, puesto en marcha durante el gobierno de facto de Río Montt, dejó masacres, torturas, violaciones y desapariciones en poblados del Área Ixil del departamento de Quiché por parte del Ejército.Según la investigación preliminar del Ministerio Público (MP), los actos violentos ocurrieron en los municipios de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul. “En el expediente se encuentran 400 actas de defunción de personas que fallecieron en los tres municipios”, dijo una fiscal del ente investigador.Mendoza García no fue llevado al juzgado debido a una operación menor reciente y presenció los señalamientos de la fiscalía a través de una videoconferencia. El militar retirado, quien vestía un traje gris, corbata azul y portaba lentes negros, fue sentado en una silla de una habitación de la cárcel Mariscal Zavala, donde actualmente guarda prisión.Luego de los señalamientos del MP, el exmilitar dijo que declarará, pero que necesitaba un día para analizar los documentos y los señalamientos de la fiscalía. “Yo deseo declarar e incluso ampliar muchos conceptos que no supo exponer el Ministerio Público y para ello necesito que se me de copia de los documentos que presentó la fiscalía y una copia fiel del plan Victoria 82, porque a mi criterio no existen los juicios y criterios para interpretar esos elementos”, dijo Mendoza García.El juez Jimi Rodolfo Bremer Ramirez aceptó lo solicitud y aplazó la audiencia para este jueves.Luis Enrique Mendoza García, exministro de la Defensa Nacional y exdiputado del Congreso, fue capturado el pasado 16 de junio, día de las elecciones generales, en la escuela de la aldea Unión Barrios, Salamá, Baja Verapaz, al salir del centro de votación. Tenía una orden de captura girada desde octubre de 2011.Ríos Montt fue condenado en 2013 por un tribunal a 80 años de cárcel por la muerte de 1,771 indígenas a manos del Ejército durante sus 15 meses de gobierno. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó sin efecto la sentencia señalando supuestos errores en el proceso y ordenó repetir el juicio, que no pudo realizarse por su muerte.Se espera que la audiencia de Mendoza García continúe durante dos días por la cantidad de hechos que expuso la fiscalía, por la declaración del militar retirado y porque la defensa del señalado también presentará sus pruebas de descargo. Posteriormente, el juez decidirá si se le investiga.

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Guatemala ordena investigar a militares por genocidio

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un juez ordenó el lunes ligar a proceso a tres ex altos mandos del ejército por los delitos de genocidio, contra los deberes de humanidad y desaparición forzada que habrían sido cometidos contra 1.421 indígenas ixiles durante la guerra civil de Guatemala.El juez Miguel Ángel Gálvez ordenó que César Octavio Noguera Argueta, exjefe de operaciones de 77 años; Manuel Callejas y Callejas, exjefe de inteligencia de 82 años, y Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército, de 87 años, sean investigados por el Ministerio Público por la acusación en su contra. Los delitos se habrían cometido cuando éstos eran altos oficiales del ejército durante el gobierno del general Romeo Lucas García, entre 1978 y 1982.Según la acusación, los militares conocían las acciones que el ejército desempeñaba en la región ixil, integrada por los municipios de San Juan Cotzal, Santa María Nebaj y San Gaspar Chajul, del departamento de Quiché, al norte de la capital guatemalteca. Las operaciones contrainsurgentes habrían incluido masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento y destrucción de propiedad de civiles.Los tres militares se han declarado inocentes.Guatemala vivió un conflicto armado interno entre 1960 y 1996 que, según un informe sobre la verdad histórica elaborado por las Naciones Unidas, dejó 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos. El informe señala que el ejército y paramilitares fueron responsables del 97% de los crímenes y la guerrilla del 3% restante.En su resolución, el juez dijo que, con los testimonios recolectados hasta ahora, se puede determinar que se cometieron delitos y que por ello liga a proceso a los acusados, para que la fiscalía profundice y concluya su investigación.“Se llega a establecer que el Estado avaló y aceptó la aplicación de la doctrina de Seguridad Nacional”, dijo el juez sobre la doctrina militar que establecía que existía un enemigo interno constituido por integrantes del partido comunista, sus integrantes y sus simpatizantes.“El ejército catalogó a los sacerdotes como comunistas”, agregó. De este modo, también se habría perseguido a los católicos.Al hacer un resumen de los antecedentes históricos del conflicto, Gálvez dijo que durante esa época hubo también conflicto en la tenencia de tierras en la región ixil, lo que agravó la situación.El juez hizo resúmenes de varios testimonios presentados en anticipo de pruebas en los que destacó cómo el ejército bombardeaba comunidades acusadas de ser simpatizantes de la guerrilla y cómo destruía las cosechas con el fin de dejar sin comida a los habitantes, que huían a las montañas para protegerse.El juez decidió que Lucas García y Callejas y Callejas aguarden en prisión el final de la investigación de la fiscalía. Sin embargo, en la práctica permanecerán en el Centro Médico Militar donde se encuentran por complicaciones de salud, mientras que Noguera Argueta estará en arresto domiciliario debido a su edad avanzada.Lucas García y Callejas y Callejas fueron condenados en mayo a 58 años de prisión por la detención y desaparición de un niño de 14 años y la violación de su hermana en 1981. También en ese caso se declararon inocentes.

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Guatemala ordena a investigar a militares por genocidio

CIUAD DE GUATEMALA (AP) — Un juez guatemalteco ordenó el lunes ligar a proceso –para que sean investigados– a tres exaltos mandos del ejército por delitos de genocidio y contra los deberes de humanidad que habrían sido cometidos contra 1.421 indígenas ixiles durante la guerra en el país centroamericano.El juez Miguel Ángel Gálvez ordenó que Cesar Octavio Noguera Argueta de 77 años, Manuel Callejas y Callejas de 82 años y Benedicto Lucas García de 87 años, sean investigados por el Ministerio Público por la acusación en su contra. Los delitos se habrían cometido cuando éstos ejercían altos mandos del ejército durante el gobierno del general Romeo Lucas García, entre 1978 y 1982.Según la acusación, los militares conocían las acciones que el ejército desempeñaba en la región ixil. Las operaciones contrainsurgentes habrían incluido masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento y destrucción de propiedad de comunitarios civiles.Los tres militares han dicho ante juez que son inocentes de los cargos.En su resolución el juez dijo que con los testimonios recolectados hasta ahora se puede determinar la comisión de delitos y que por ello se les liga al proceso, para que la fiscalía profundice y concluya su investigación.“Se llega a establecer que el Estado avaló y aceptó la aplicación de la doctrina de Seguridad Nacional”, dijo el juez, una doctrina militar que establecía que existía un enemigo interno constituido por integrantes del partido comunista, sus integrantes y sus simpatizantes explicó el juez.Guatemala vivió una guerra entre 1960 y 1996 que, según un informe sobre la verdad histórica elaborado por Naciones Unidas, dejó 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos. El informe señala que ejército y paramilitares fueron responsables del 97% de los crímenes y la guerrilla del 3% restante.

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Guatemala: llega primer hondureño que pidió asilo en EEUU

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — En total hermetismo llegó a Guatemala el primer migrante hondureño solicitante de asilo en Estados Unidos que será acogido bajo el acuerdo migratorio que designó a la nación centroamericana como tercer país seguro.El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, explicó el jueves a periodistas que una vez que el migrante ingresa al territorio nacional y tras hacer los trámites migratorios tiene la opción de solicitar cuál es la figura migratoria que quiere tomar. “En el caso concreto del señor hondureño él pidió apoyo en el retorno a su país”.En julio Guatemala firmó un acuerdo con Estados Unidos que lo declara tercer país seguro, lo que permite que reciba migrantes de Honduras y El Salvador que hayan pedido asilo en el país del norte para que esperen la respuesta a sus solicitudes en territorio guatemalteco.El acuerdo generó un gran rechazo en el país centroamericano. Incluso la Corte de Constitucionalidad dijo que si provoca algún tipo de cambio en la legislación guatemalteca o gasto debería ser ratificado por el Congreso. Sin embargo, el gobierno del presidente Jimmy Morales ha dicho que no es necesario que el acuerdo pase por el Legislativo.Degenhart dijo que un análisis jurídico del gobierno concluyó que no es necesario que el acuerdo pase por el Congreso porque “es una función que tiene el señor presidente”.En lo que va del año casi 49.000 guatemaltecos han sido deportados desde Estados Unidos.

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