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El jefe de Los Monos, cuando el tribunal le preguntó a qué se dedicaba: “Contrato sicarios para tirar tiros a jueces”

El trámite, moroso y formal, buscaba la identificación de los imputados antes de comenzar la audiencia de debate por una serie de ataques a tiros contra objetivos judiciales de Rosario. Los detenidos, de modo virtual, entregaban sus nombres, la fecha y el lugar de nacimiento, la dirección en la que habían vivido antes de ser ingresados en la cárcel y sus oficios.

Todo se cumplía con rigurosidad hasta que le tocó el turno a Ariel “Guille” Cantero, líder de la banda “Los Monos” y sindicado como el instigador de los atentados. “¿Oficio?”, le consultó la jueza Hebe Marcogliese. “Oficio varios”, soltó antes de hacer una pausa y sorprender con una frase impactante para completar la respuesta: “Contrato sicarios para tirarle tiros a los jueces judiciales”.Cantero hablaba desde el penal de Marcos Paz, donde está detenido. En los monitores se lo veía sentado solo, en una sala espaciosa, luciendo una remera blanca y un buzo del mismo color con algunos vivos rojos y negros.El muchacho, de 33 años, permanecerá durante el juicio allí a partir de una decisión consensuada entre el ministerio de Seguridad de Santa Fe y la Justicia, que buscaron evitar a través de las audiencias con zoom peligrosos traslados desde los lugares de detención.

Esa determinación no evitó, sin embargo, que se concretara un ataque a balazos contra el Centro de Justicia Penal el miércoles a la noche, un episodio semejante a los que comenzaron a juzgarse.Este viernes el edificio estaba rodeado por agentes, patrulleros y motocicletas. Miembros de la Tropa de Operaciones Especiales se apostaron en el techo para custodiar la situación de las alturas.El juicio se prevé que podría demandar cuatro semanas, aunque el ministerio de Seguridad solicitó a la Corte Suprema que se extiendan las jornadas de debate para acortar los tiempos.“Hay que tener autocrítica. Somos responsables de lo que pasó. Se diagramó una prevención y no fue suficiente”, reconoció antes de que comenzara el debate el ministro del área santafesino, Jorge Lagna.En el trámite iniciado esta viernes se juzgan una decena de hechos y son siete los imputados.Rosario. Corresponsalía.GL​

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Alberto Fernández: “¿Por qué no se le puede poner un término a la duración de los jueces en sus funciones?”

Durante un encuentro con estudiantes de Derecho, realizado este sábado a través de una videoconferencia, el presidente Alberto Fernández realizó fuertes críticas a la Justicia y puso en debate una idea que, según él mismo adelantó, genera polémica.

Consultado sobre la posibilidad de que los jueces sean elegidos a través del voto popular, el Presidente sostuvo que no está a favor de esa iniciativa, pero dijo que le gustaría discutir el tiempo en el que los jueces permanecen en sus cargos. “A mi no me preocupa que los jueces se sigan eligiendo como se eligen. Lo que podríamos ver son algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto que se está discutiendo en el Senado y que se está discutiendo sobre el jefe de los fiscales, sobre la Procuración. ¿El Procurador tiene un cargo vitalicio o debe durar un tiempo? Y la misma pregunta deberíamos hacerla respecto de los jueces. Porque en verdad, no debería decirlo porque sé que voy a abrir una polémica, pero estoy hablando con estudiantes de Derecho y la mejor forma de enseñar es sembrar dudas”, señaló.Sobre la reglamentación actual, señaló. “La Constitución dice que un juez durará en su cargo mientras dure su buena conducta. Lo mismo dice del Presidente de la República, de la vicepresidente, de los diputados y senadores, y de los ministros. Ahora, así como nosotros podemos decir que el Procurador debe durar en su mandato X cantidad de años y después deberá renovar su designación, lo mismo podemos decir de los jueces. Uno puede decir que un juez es designado por 10 años y al cabo de 10 años deberá revalidar su condición de juez. Eso es algo no reglamentado y no está prohibido. Lo que no está dicho en la Constitución es que los jueces son jueces hasta el día su muerte. Está dicho simplemente que durarán en su cargo mientras dure su buena conducta. Lo mismo que han dicho del Procurador”, señaló Fernández.Y agregó: “Si al Procurador se le puede poner un término, ¿por qué no se le puede poner un término a la duración de los jueces en sus funciones?”.Sobre la polémica que puede generar el proyecto, se adelantó: “Yo sé que es abrir un debate difícil, complejo. No estoy proponiendo de hacerlo ahora, estoy reaccionando frente a una pregunta que nos dice por qué no elegimos a los jueces, pero creo que son todos temas para que pensemos, para que debatamos cómo poder construir un mejor servicio de Justicia”.El Presidente reforzó su idea y dio un ejemplo: “Un mal fallo no hace de eso una conducta reprobable, pero sí nos podría hacer pensar en renovarle la designación a un juez que lo hace. No puedo decir que la conducta de un juez que aplica la teoría de la responsabilidad remanente de un ex funcionario tiene una conducta reprobable para ser echado, pero lo pensaría dos veces para volver a designarlo”. El Presidente planteó esta alternativa durante el Segundo Encuentro Federal de Derecho, en el que ante los estudiantes realizó una dura crítica al accionar de la Justicia en los últimos años, en especial en aquellas causas que involucraron a funcionarios. “En los últimos años hemos visto mucho como el derecho fue dejado de lado. Y fue pervertido, lastimado, confundido con extensas teorías, extensas interpretaciones que le hicieron un enorme daño a la credibilidad de la Justicia y mucho daño al Estado de Derecho. Muchos padecieron cárceles y detenciones preventivas innecesariamente. Muchos tuvieron causas inventadas con el fin de perseguirlos. Para que eso ocurra hicieron falta abogados que en el ejercicio de su profesión actuaban en desmedro de esas víctimas e hicieron falta fiscales y jueces que avalaran esos procedimientos”, sostuvo el Fernández.Sobre ese mismo punto, amplió: “Aquella teoría -conocida como doctrina Irurzun- que hablaba de que los ex funcionarios tenían poder residual y por eso no había que dejarlos libres fue una teoría disparatada. Eso sirvió para detener a un montón de gente que no necesariamente tenía que estar detenida”.Declaraciones juradasConsultado sobre la necesidad de reformas en los planes de estudio en las facultades de Derecho, Fernández sostuvo que “la culpa de lo que le pasa a la Justicia argentina es de la Justicia, no de las universidades”.Al reiterar sus críticas a los jueces, sostuvo en la importancia de que presenten declaraciones juradas.”Muchas veces se ofenden cuando uno cuestiona los fallos de un juez. Una cosa es obedecer el fallo, que hay que hacerlo, y otra cosa es discutir la calidad de ese fallo judicial, y discutir la honestidad con la que ese fallo fue dictado. La Justicia tiene que lograr un nivel de transparencia mayor al que tiene. Se enojan cuando digo que no dan a conocer sus declaraciones juradas de bienes, pero es lo que pasa”, remarcó.Luego criticó, sin mencionar, al ex presidente Mauricio Macri, al repasar la decisión que tomó el ex mandatario de nombrar por decreto a dos jueces de la Corte. “Cuando Néstor (Kirchner) fue presidente, Beliz y yo propusimos un decreto, en el que Néstor se autolimitó el poder que tenía para designar miembros de la Corte y sometió los nombres que proponía al debate público. Desde entonces, salvo los que los nombran por decreto, uno que sigue las reglas del estado de derecho tiene que poner en el debate público ‘yo propongo a…’ y durante días todos los que tienen algo que decir tienen la posibilidad de avalarlo o cuestionarlo”, señaló.LM

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Pacto con Irán: recusaron a los jueces que concedieron una inédita audiencia pública a Cristina Kirchner

Familiares de víctimas del atentado a la AMIA recusaron a los tres jueces y a un fiscal de un tribunal oral y pidieron anular la inédita audiencia pública para que Cristina Kirchner exponga sobre el supuesto encubrimiento de Irán en el atentado contra la AMIA.

Los abogados Tomás Farini Duggan y Juan José Avila en representación de Luis Czyzewski y Mario Averbuch, familiares de víctimas de la AMIA hicieron la solicitud en un escrito al que accedió Clarín.

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Los jueces recusados son María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini por aceptar una audiencia pública ante de un juicio oral, que la vice Los magistrados, con la anuencia del fiscal Marcelo Colombo, hicieron lugar al pedido de Cristina Kirchner de tener una audiencia previa al juicio para pedir la nulidad de todo lo actuado. Obligado es el mismo juez que le concedió el polémico arresto domiciliario a Amado Boudou. Los querellantes acusaron a los jueces del TOF de convocar a una audiencia “con fines políticos” y de convocar a un imputado como testigo en alusión al ex titular de Interpol, Ronald Noble. Ahora, el tribunal tiene que contestar si rechaza este pedido de recusación.“El temperamento adoptado en las condiciones expuestas reafirman la necesidad de planear la presente recusación, fundada en el temor de parcialidad que resulta de actos concretos ordenados por el Tribunal; que han contando con el previo aval del Sr. Fiscal General”, señalaron los querellantes.El pedido del abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi “tiene como objeto posible, suministrar un podio desde donde montar una defensa política, para que luego se declare la nulidad solicitada en una audiencia oral, previa al juicio oral, para que no se haga el juicio oral”.“El planteo resulta claramente improcedente, además, porque a diferencia de lo acontecido en la causa denominada “dólar futuro”, no existe en nuestro sistema procesal una instancia previa al juicio que permita a los imputados tomar la palabra y exponer sin interrupciones, en una audiencia oral y pública”, resaltaron en el escrito.Por esa razón “a la audiencia le cabe el calificativo de inventada. Y eso fue lo que se ha hecho mediante el decreto de vuestras excelencias: se inventa un debate oral previo que no existe”.Explicaron que “una audiencia oral, previa al juicio oral, para tratar una nulidad inviable desde todo punto de vista, porque no existen nulidades “por temor de parcialidad”; existen recusaciones, que deben ser planteadas en las oportunidades expuestas en el art. 60 del CPPN y que claramente –de haber sido planteada- no podría ser resuelta por vuestras excelencias”.Por la denuncia del ex fiscal Alberto Nisman se abrió esta causa en el 2015, antes de su crimen. Luego del fallecido juez Claudio Bonadio la investigó y la elevó a juicio oral en el 2017 pero aún está sin fecha de inicio.

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Jueces y narcos en la guerra de Villa Lugano

Hay una historia detrás de la historia de la guerra narco en el barrio Padre Mugica, de Villa Lugano. Y la protagoniza gente que ha salido de universidades y que enseña en universidades y que no tiene nada que ver con la droga, salvo que se demuestre lo contrario.Estamos hablando de los jueces de la Ciudad que sistemáticamente miran para otro lado cuando tienen que autorizar la intervención policial. El tema escaló a la superficie el martes, cuando vecinos hartos de tiroteos, de la venta de droga en la calle y del uso de chiquitos como centinelas hicieron un piquete antinarco, con aplauso a la policía, no por ser la policía sino por aparecer y frenar a los mafiosos.El narcotráfico es un tema complejo pero la fiscalía había pedido seis veces allanar viviendas donde se acopiaban y vendían drogas. El primero fue hace exactamente un año: el 21 de mayo del 2020 a la jueza Natalia Molina, que lo rechazó. Molina volvió a negarse el 9 de junio y después, en seguidilla, el juez Bartumeu Romero el 18 de junio y Pablo Casas el 10 de agosto, el 18 de agosto y el 14 de octubre. Tuvo que salir la gente a la calle para que una jueza subrogante, Natalia Ohman, firmara de un saque los 44 allanamientos cajoneados.

La Policía de la Ciudad en el barrio Padre Mugica, de Villa Lugano. Foto: Fernando de la Orden

Hay que leer dos veces el número 44 para tomar mejor dimensión de semejante despropósito. El Estado sabía pero no hacía nada. Anoche secuestraron armas y drogas. Suena raro pero no es raro. En enero de 2019 las causas de narcomenudeo fueron pasadas a la justicia porteña, donde la política se metió más que en Comodoro Py desde que Yuyo Gauna, secretario de De la Rúa, inventó el célebre reparto fifty fifty de jueces entre radicales y peronistas. A los jueces de la Ciudad los nombra la Legislatura de una terna de candidatos propuestos por la Magistratura. El gobierno no participa excepto para elegir a los miembros del Tribunal Superior.Hace años que los que mandan en esta aceitada sociedad son Daniel Angelici y Juan Manuel Olmos, hoy jefe de asesores de Alberto Fernández. Política y justicia juegan un juego peligroso para la gente. Y el problema no es sólo que jueces y camaristas fallen de acuerdo al que le deben el cargo, como se vio en la pelea por el cierre de las escuelas. También, lo es su nivel profesional y la defensa a ultranza que muchos hacen del garantismo. El ex cortesano Zaffaroni les queda a la derecha.En la Ciudad que al presidente Fernández lo llena de culpa verla tan opulenta, hay 50 asentamientos entre grandes y chicos donde viven unas 300.000 personas, dato difícil de precisar con detalle. Pero esa es la cifra: algo así como el 10% de la población. Son muchos votos y se hace mucha militancia política allí, porque aunque no sean del todo decisivos suelen inclinar balanzas políticas decisivas. Virus, tiros entre bandas, desempleo, changas para abajo, drogas para arriba y de la noche a la mañana un despliegue de tropas especiales para allanamientos televisados en vivo y en directo. Lo de siempre y de tantas otras cuestiones: sobreactuaciones esporádicas que no resuelven la cuestión de fondo que no tiene nada de esporádica.

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Polémica en el Consejo de la Magistratura por un examen para jueces que incluye el lawfare

Una polémica se desató en el Consejo de la Magistratura porque en el temario para el concurso para elegir dos jueces federales de Comodoro Py se introdujo un punto sobre el relato del lawfare que usa Cristina Kirchner en su defensa.
El sesgo político partidario del temario del concurso se ven en otros temas apuntados como “criminología en tiempos de totalitarismo financiero”, en alusión al gobierno de Mauricio Macri.El largo temario propuesto (Ver facsímil) también incluye temas predilectos del discurso K como “la criminalización de la protesta social con el corte de calles” y “los jueces y su ideología, diferencias entre opiniones políticas y partidistas”.El temario son en total 7 puntos que abarcan más de dos carillas, es decir es muy amplio.El lawfare (o guerra judicial) no está incorporado a ningún código penal del mundo pero la vicepresidente y sus seguidores lo han instalado en los últimos años en el discurso político y académico.En realidad, el concepto de lawfare fue creado por un oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para describir el mecanismo según el cual, de acuerdo a su criterio, los países vencidos en el campo de batalla usan los derechos humanos para atacar a los vencedores. Pero el kirchnerismo retorció su contenido original y le dio carácter académico.Los candidatos a jueces deben responder sobre leyes nacionales e internacionales o causas pero no sobre conceptos políticos.El tema es complicado porque los temas para los concursos los presenta el jurado que es designado por sorteo y es independiente del organismo que nombra y destituye jueces.Algunos miembros del Consejo, como el diputado de Juntos por el Cambio, Pablo Tonelli, están analizando la posibilidad de hacer un cuestionamiento por la introducción del lawfare como tema para la elección de jueces. Además, algunos candidatos pensaban en impugnar el concurso en base a este temario más político que técnico judicial.Se trata del concurso 450 para reemplazar al fallecido juez Claudio Bonadio y a Sergio Torres, quien pasó a ser miembro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.Los jurados que propusieron este temario fueron el juez de Tribunal Oral Federal de Mar del Plata Roberto Falcone; Omar Minatta, ex juez de la Cámara Penal de Trelew; Alejandra Lázzaro, secretaria de la Cámara Electoral y Adriana Molina, profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Falcone firmó la solicitada de creación de “Justicia Legítima”.En base a este polémico temario se realizará el examen a los candidatos el 16 de marzo que supervisa la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, que preside la diputada lavagnista Graciela Camaño.Otras fuentes de la Magistratura consultadas por Clarín relativizan el valor académico del tema porque a los jueces se les pedirá el desarrollo de una sentencia, no explicar un concepto. El día del examen esos jurados deberán entregar un sobre cerrado con un caso judicial real o imaginario para que los aspirantes redacten una sentencia. El caso puede referirse a cualquiera de los puntos del temario.Para estos peleados exámenes el reglamento del Consejo de la Magistratura que “los casos que se planteen versarán sobre los temas más representativos de la competencia del tribunal cuya vacante se concursa, y con ellos se evaluará tanto la formación teórica como la práctica”.

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Tras el discurso de Alberto Fernández, el kirchnerismo avanza con una bicameral para investigar a jueces y fiscales

Casi sin perder tiempo, el kirchnerismo activará la creación de una comisión bicameral en el Congreso para investigar y hasta citar a jueces y fiscales de todo el país, luego del duro discurso que dio Alberto Fernández durante la inauguración del período de sesiones ordinarias.
“El presidente dijo que el poder legislativo tiene que asumir el rol que le corresponde de control de los poderes y sugirió la creación de una comisión bicameral que discuta y que la sociedad vea como está actuando el poder judicial y cuales son los cambios que hay que hacer para que la justicia le sirva a la gente, los humildes, los vulnerables, los desprotegidos”, afirmó el senador ultrakirchnerista Oscar Parrilli.Y ante una pregunta en El Destape Radio, el legislador confirmó que los citarán para que se presenten en la bicameral: ” Esperemos que los Jueces y fiscales concurran a la comisión bicameral que los va a investigar. Estamos acostumbrados a fiscales que no se presentan a la Justicia como el caso de Stornelli”.Noticia en desarrollo.JPE

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Un cura K le pidió a Alberto Fernández que indulte a Amado Boudou y destituya a los jueces de la Corte Suprema

El sacerdote Francisco “Paco” Olveira, miembro del Grupo de Curas en Opción Por Los Pobres y organizador de la marcha de este lunes para exigir la libertad de los ex dirigentes kirchneristas presos por corrupción, le reclamó a Alberto Fernández que indulte al exvicepresidente Amado Boudou y destituya a los jueces de la Corte Suprema.
Aunque aclaró que los ex funcionarios detenidos “no quieren el indulto porque sería reconocer que cometieron un delito”, el sacerdote planteó una diferencia en el caso de Boudou, preso por el caso Ciccone.”(Eugenio Raúl) Zaffaroni lo dice bien claro: dentro de diez años vamos a tener que pagar 200 mil dólares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el desaguisado que se hizo con Boudou, pero va a tardar diez años. Mientras tanto a lo mejor habría que dar un indulto, un indulto claramente no reconociendo ningún tipo de delito, explicó Olveira.En declaraciones a radio AM 530, el “cura villero” se refirió al caso de la jujeña Milagro Sala, que cumple una condena de 13 años de cárcel: “Si esa Suprema Corte de Justicia revisara las condenas, clarísimamente, no sé si se las sacaría, pero tendrían que bajarle los años que le dieron. Sabemos que hicieron renunciar un diputado y lo pusieron en la Corte. Está más claro que el agua”.

Oliveira fue expulsado en 2019 de la diócesis de Avellaneda.

En sintonía con el reclamo de algunos dirigentes ultra K, Olveira responsabilizó al máximo tribunal por la situación judicial de sus aliados y aseguró que “se pasó un límite”.”Tuvo tiempo para ver el per saltum de esos jueces como Bruglia, puestos a dedo por el macrismo, pero no tuvo tiempo para ver una causa llena de irregularidades de nuestro ex vicepresidente Amado Boudou. Eso fue una extorsión. Si tuvieran un poquito de vergüenza tendrían que renunciar los cinco y como no la tienen hay que buscar la manera de que se vayan: juicio político o como sea”, sentenció.Y cerró, en ese sentido: “Pasaron un límite demasiado descarado. Extorsión y podría decir mafia directamente. Es más fácil de alguna manera poder presionar desde distintos lados. No puede ser que con un gobierno nacional y popular tengamos esta deuda pendiente de la democracia. Nadie pide libertad por gusto sino que se revisen las causas y se vea cómo todas fueron armadas y amañadas”.
HOY CITA INELUDIBLE! 16 HRS CON AUTO: AVDA DE MAYO y SALTA MARCHA A PIÉ: AVDA DE MAYO Y 9 DE JULIOTODXS A TRIBUNALES. CSJN ACTO Y MISA X UNA NAVIDAD SIN PRESXS POLÍTICXS pic.twitter.com/y3AX36CpRH— Francisco Paco Olveira (@OlveiraPaco) December 14, 2020

En mayo de 2019, Olveira había sido expulsado de la diócesis de Avellaneda-Lanús por el obispo Rubén Frassia por considerar que el sacerdote K “partidizó su labor sacerdotal, poniendo en riesgo la unidad de su comunidad”, y porque se pronunció a favor de la legalización del aborto.El padre Olveira había prestado su parroquia, Nuestra Señora de Fátima, en la Isla Maciel, en abril de 2016, para una reunión de Cristina Fernández de Kirchner con el Grupo de Curas en Opción por los Pobres, que la invitaron por estar interesados en conocer las propuestas de la entonces naciente agrupación Unidad Ciudadana.La marcha de este lunes, convocada bajo la consigna por “Navidad sin presos políticos”, comenzará a las 16 en Avenida De Mayo y 9 de Julio, en el centro porteño. La convocatoria había empezado a difundirse horas a través de las redes sociales, luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar firme la sentencia de 5 años y 10 meses de prisión para Boudou por el caso Ciccone.JPE​

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