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Presidencia desmiente que Dina Boluarte haya denunciado pérdida de boleta en caja con cuatro Rolex, pese a que aparece en sistema de PNP

La presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra participó en inauguración de nuevas instalaciones de la I. E. Genaro Martínez Silva en Catacaos, Piura. (Melina Mejia/)El despacho de la presidenta Dina Boluarte desmintió este lunes una denuncia que figura en el Sistema de Registro y Control de Denuncias de la Policía Nacional (PNP) respecto a la “perdida” de una supuesta boleta de venta que se encontraba dentro de una caja con “cuatro Rolex”.Según el documento de consulta, el reporte fue registrado a las 22:50 horas del pasado 28 de marzo, 14 días después del destape periodístico de La Encerrona. Boluarte presuntamente fue enterada del suceso ese mismo día, después de que su “personal de limpieza” le dijera había “botado” el documento. “Consulté e indica que fueron hace varios días antes […] no pude percatarme por mis labores como funcionaria”, se lee en el reporte online de la PNP, cuya autenticidad fue desmentida por la oficina presidencial. “[Rechazamos] este tipo de prácticas malintencionadas y tendenciosas”, anotó un escueto comunicado. El estudio de Mateo Castañeda, abogado de la gobernante en este caso, también indicó que la denuncia es falsa, de acuerdo con un despacho de Jonathan Castro, editor del noticiero que expuso el llamado ‘Rolexgate’, por el cual la gobernante está incursa en una investigación de presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaración. La denuncia, registrada por el sistema de la institución policial un día antes del allanamiento de la residencia de Boluarte y Palacio de Gobierno, consigna el DNI de la jefa de Estado, su fecha de nacimiento y su situación de “denunciante”. Hasta el momento, la PNP no se ha pronunciado al respecto.En desarrollo.

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Buscan usar liberación de Alberto Fujimori para que Kenji no vaya a prisión por caso ‘Mamanivideos’

El expresidente peruano Alberto Fujimori (c), acompañado de sus hijos, Keiko (d) y Kenji Fujimori (i), sale del penal luego de quedar en libertad en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional, el 6 de diciembre de 2023, en Lima (Perú). EFE/ Aldaír Mejía
(Aldaír Mejía/)La sentencia del Tribunal Constitucional que restituye el negociado indulto a favor del exdictador Alberto Fujimori, así como su liberación a inicios de diciembre, ha sido invocada en la audiencia de apelación de sentencia por el caso ‘Mamanivideos’, caso por el que los excongresistas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel han sido condenados en primera instancia a 4 años y 6 meses de prisión efectiva.Fue la defensa de Bocángel quien solicitó a la Sala Suprema Penal Permanente que preside el juez supremo César San Martín que se consideren las resoluciones del TC al emitir la sentencia del caso. Argumentan que la excarcelación de Fujimori Fujimori corrobora que el indulto fue “legal” y “legítimo”, por lo que, afirma, los investigados no habrían incurrido en delito de tráfico de influencias.Este argumento fue rechazado por el fiscal César Augusto Zanabria Chávez, de la Primera Fiscalía Suprema Penal. Al respectó, recordó que el Estado peruano es parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).Zanabria también sacó a colación que este tribunal supranacional ordenó al Perú abstenerse de ejecutar el indulto en dos ocasiones y que, ante el incumplimiento por parte del Gobierno, declaró al Estado en desacato.“Esto significa que las autoridades correspondientes emitan el pronunciamiento que puedan recaer. El hecho de que se haya emitido esta resolución en el TC no significa que no haya existido cohecho ni tráfico de influencias en el indulto del 24 de diciembre del año 2017 firmado por Pedro Pablo Kuczynski. No solo porque no lo dice el Tribunal Constitucional en estas resoluciones, sino porque ello ha sido acreditado con los audios y videos que hemos mencionado anteriormente, y con la propia versión del señor (Moisés) Mamani”, aseveró el representante del Ministerio Público.Kenji Fujimori en su juicio oral por el caso ‘Mamanivideos’. (Poder Judicial)Los pedidosKenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel solicitan a la Sala Suprema Penal Permanente que la sentencia de la Sala Penal Especial sea revocada y, a cambio, que se les absuelva del delito de tráfico de influencias. Los 3 exparlamentarios, a través de sus defensas, alegaron que las grabaciones entregadas por Moisés Mamaní habrían sido manipuladas para incriminarlos en actos ilícitos.Por otro lado, la Fiscalía solicita que la sentencia de primera instancia sea revocada en el extremo que declaró inocentes a los investigados del delito de cohecho activo genérico y se eleve la pena privativa de la libertad a 6 años y 6 meses.A su turno, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, representada por el procurador Milton Vílchez Grandez, requirió al tribunal supremo incrementar la reparación civil a favor del Estado de 500 mil soles a un millón de soles. Este monto deberá ser cancelado por los condenados de manera solidaria.El amparoLa invocación de la sentencia del TC a favor de Alberto Fujimori y los argumentos relacionados a las pruebas no son las únicas vías con las que los excongresistas del bloque ‘Avengers’ buscan evadir ir a prisión.Guillermo Bocángel reiteró su pedido para que sea excluido del caso por la sentencia en un proceso de amparo que anula la acusación constitucional en su contra por el caso ‘Mamanivideos’ ya que votaron miembros de la Comisión Permanente en el Pleno del Congreso, algo que está prohibido por la Constitución.Kenji Fujimori y Bienvenido Ramírez alegaron lo mismo, no obstante, no son beneficiarios en el proceso de amparo. Infobae Perú informó previamente que dichos exlegisladores intentaron sin éxito incorporarse, en calidad de litisconsortes, al proceso constitucional que inició Bocángel.

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Dina Boluarte vio el video de los asesinatos en Ayacucho y no pidió explicaciones, aseguró exministra de Educación

Ha pasado más de un año desde que Dina Boluarte asumió las riendas del país ante el fallido autogolpe de Pedro Castillo, pero también más de 360 días desde que se iniciaron las protestas en su contra que dejó más de 50 fallecidos. A la fecha, aún no se encuentra a los responsables de los asesinatos en diversas regiones.En una entrevista al seminario Hildebrandt en sus trece, su exministra de Educación, Patricia Correa Arangoitia, manifestó cómo fue la reacción de la jefa de Estado y qué hizo al enterarse a través de las redes sociales de la represión en Ayacucho y Apurímac —su región natal—.Es así como, la entonces titular de esta cartera junto a su colega Jair Pérez Brañez (Cultura) fueron recibidos por Boluarte. En ese momento, la ministra le enseña los videos que circulaban y se evidenciaba disparos de las fuerzas del orden en contra de los ciudadanos y los comentarios de lo sucedido.Discurso de Dina Boluarte donde lamenta muertes en protestas, a pesar de que había visto los videos| Andina/ OjoPúblico (Miguel Gutiérrez)A pesar de la insistencia, Boluarte prefirió decir que “no es la información” que ella manejaba y que incluso “no la tenía completa”. Sin embargo, afirmaba que manejaba detalles de que fue la propia población que había emboscado a la Policía Nacional del Perú y así justificaba el ingreso de los militares.Ante los clips que ya había visto y la presunta información recibida, de la que decía desconocer, no se comunicó con ninguna autoridad para conocer más de los escenarios violentos que se reportaron esos días durante casi una hora de este encuentro.Una renuncia y sin explicacionesSe desconoce si la presidenta fue la primera vez que visualizó estos videos, pero finalmente no mostró ningún interés por conocer lo sucedido. Correa Arangoitia no solo fue a presentar su renuncia a su cargo, sino también a pedir explicaciones.A su vez, le pidió que realice una reunión con todos los titulares y que debería “pedir perdón” a la población. Además, que buscara la salida del entonces premier y de los ministros de Defensa e Interior, “porque ellos eran los responsables políticos de esas muertes”.Dina Boluarte y Patricia Correa Arangoitia en la ceremonia de juramentación| PresidenciaLa exministra junto a su colega Pérez Brañez le recomendaron no asistir a una actividad militar, la cual sería la ceremonia de graduación de los alféreces y subtenientes de la Escuela Militar de Chorrillos. Boluarte hizo caso omiso a las palabras de sus titulares.“Lamento los trágicos acontecimientos que ha cegado la vida de varios compatriotas en varias regiones del país, esto tiene que parar. Este gobierno de transición que presido, entiende y sigue recogiendo las demandas de los millones de peruanos y peruanas que han salido legítimamente a alzar su voz, la misma que seguimos respaldando y ratificando que la Policía y las Fuerzas Armadas tienen claras instrucciones para salvaguardar y la integridad de los derechos humanos de los manifestantes”, fueron sus primeras palabras del 16 de diciembre de 2022.Asimismo, indicó que “condena enérgicamente actos vandálicos” que utilizaron algunos “radicales”. Por ello, señalaba que había convocado a líderes de las iglesias para que se instale una mesa de diálogo en cada región que acataron las protestas.Premier brindó los anuncios adoptados en el último consejo de ministros. | PCMTensos momentosApurímac, el departamento que vio crecer a la presidenta, también reportaba fallecidos en medios de las protestas. Por ello, la jefa de Estado le pidió al entonces ministro de Defensa, Alberto Otárola, que busque dialogar con los manifestantes de la región, pero esto no pudo darse.“Él [Otárola] no pudo aterrizar, la población no lo dejó. Al día siguiente, en sesión de Consejo de Ministros, lunes 11 de diciembre, Boluarte le reclamó duramente cómo es que no había podido llegar a Andahuaylas. Todo el gabinete vio a un ministro de Defensa humillado, disminuido, pero después todo cambió”, dijo al citado medio.

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Pedro Castillo obligado a entregar la lista de funcionarios y empresarios que lo visitaron en Sarratea

En Sarratea, Pedro Castillo mantuvo encuentros extraoficiales con altos funcionarios y empresarios. Foto: composición InfobaeEl golpista expresidente Pedro Castillo está en la obligación de entregar la lista de funcionarios y empresarios que lo visitaron en la vivienda ubicada en el pasaje Sarratea de Breña, inmueble que era propiedad del prófugo Alejandro Sánchez Sánchez. Ello luego de que el Poder Judicial confirmara la sentencia en primera instancia que ordena al exmandatario a dar cumplimiento a la solicitud de transparencia formulada por el ciudadano Jorge Lazarte Molina.En la resolución a la que accedió Infobae Perú, La Tercera Sala Constitucional de Lima, tribunal que ratificó el fallo de enero de este año, dio un plazo de 5 días hábiles a la Presidencia de la República para que se entregue la información requerida bajo apercibimiento de que el no acatamiento de la orden judicial sea notificado al Ministerio Público “para que actúe de acuerdo con sus atribuciones”.La lista a entregar deberá contener nombres y apellidos de los asistentes, documentos de identidad, fecha y hora de ingreso y motivo de visita. El plazo requerido es del miércoles 20 de octubre de 2021 al martes 16 de noviembre de 2021.Actualmente, la casa del inmueble ubicado en el pasaje Sarratea 179 está en poder del Programa de Bienes Incautados (Pronabi), luego de que el Poder Judicial confirmara el allanamiento y el descerraje en enero de este año.| Imagen: Latina – Punto FinalPresidencia dice no tener registro de SarrateaEn su recurso de apelación, la Presidencia de la República aseguró no tener información documental sobre la lista de personas que ingresaban a la casa del pasaje Sarratea ya que esta no es sede del Gobierno “a pesar de haberse solicitado a todas las instituciones correspondientes”.Según la entidad, sí cumplió con el mandato de la Primera Sala del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia, solo que no existe —oficialmente— un documento que dé cuenta de las visitas y reuniones del exmandatario en dicho inmueble.Palacio de Gobierno niega tener registro de las reuniones en Sarratea. (Foto: Captura Panamericana Tv)Pese a que la Ley 28024, que regula la gestión de intereses en la administración pública, establece que los funcionarios están prohibidos de entablar encuentros oficiales fuera de la sede de la entidad. La norma precisa que se puede dar una excepción “siempre que sea programado previamente en la agenda oficial, y en cuyo caso debe dejarse constancia del hecho y registrar la gestión conforme al reglamento”.“No se cuenta con la información correspondiente, a pesar de haberse solicitado a todas las instituciones correspondientes, no obstante, ello, el juez de manera genérica sostiene que las entidades demandadas no han cumplido con el mandamus (orden)”, insistió la entidad.Sin embargo, la Tercera Sala Constitucional de Lima aseveró que los argumentos de la apelación de la Presidencia están dirigidos a “cuestionar la validez de lo resuelto en sede administrativa (Primera Sala del Tribunal de Transparencia)”, cuando el Poder Judicial únicamente supervisa si se ha cumplido con el mandato.“Se ha señalado, además, que el inmueble particular ubicado en Pasaje Sarratea 179, distrito de Breña, es uno distinto a la sede de gobierno o a un organismo público, donde no se cuenta con la información correspondiente, a pesar de haberse solicitado a todas las instituciones correspondientes, y que las reuniones allí realizadas no habían sido programadas. Se trata de alegaciones orientadas a cuestionar la validez de lo resuelto en sede administrativa, como si la apelación de sentencia fuese una apelación administrativa, lo que no es viable en el presente proceso de cumplimiento”, indicó la sala.Por estos argumentos, el colegiado integrado por los jueces Paredes Flores, Escudero López y Velarde Acosta rechazaron la apelación de la Presidencia y confirmaron la sentencia de primera instancia. Sala confirma orden para que Pedro Castillo entregue registro de Sarratea by Diego Casimiro on Scribd

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JNJ pide a Rafael López Aliaga información sobre distinción de Patricia Benavides

Patricia Benavides en un evento oficial del Ministerio Público. Foto: AndinaInés Tello, miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), solicitó este miércoles al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, un informe detallado sobre la condecoración entregada en marzo pasado a la fiscal general, Patricia Benavides, centrada en una pesquisa a raíz de ese distintivo.Desde hace cinco meses, el organismo investiga a la magistrada por recibir la Medalla de Lima en el Día Internacional de la Mujer, un reconocimiento promovido por el burgomaestre limeño, incurso en una investigación fiscal por la presunta comisión del delito de lavado de activos.A través de un oficio difundido por RPP, Tello requirió entregar una copia del acta de la Sesión de Consejo Metropolitano que dio lugar al acuerdo con el que se “respaldó y ratificó” la decisión de reconocer a la titular del Ministerio Público, así como derivar la documentación de todas las personas reconocidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).“[El informe se deberá] acompañar [con] las resoluciones de alcaldía correspondientes mediante las cuales se dispusieron y/o efectivizaron tales condecoraciones”, remarca en el documento. López Aliaga, líder de Renovación Popular y empresario turístico, es investigado por hechos vinculados al caso de los Panamá Papers.La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se presentó ante la Comisión de Justicia por investigación sumaria contra la JNJ.En julio del 2022, el Ministerio Público formalizó la investigación contra el actual alcalde, un socio suyo y tres de sus compañías offshore. Para la JNJ, existen “elementos suficientes sobre la presunta comisión de una falta disciplinaria” de Benavides y, por ello, dispuso abrir una investigación preliminar en su contra para determinar si procede o no la apertura de un procedimiento disciplinario.Benavides también es investigada por presuntas irregularidades en los cambios de un equipo que investiga una red de corrupción en la Judicatura conocida como ‘Los cuellos blancos del Puerto’ y por las tesis no habidas con las que obtuvo sus grados académicos.La semana pasada, la Tercera Sala Constitucional de Lima anuló una medida cautelar presentada por la fiscal de la Nación para suspender las pesquisas abiertas por la JNJ. El tribunal dispuso que el juzgado de origen (Sexto Juzgado Constitucional de Lima) expida un nuevo pronunciamiento que tome en cuenta las pautas señaladas en la resolución expedida, referidas a la motivación, y observando el principio de celeridad.La comisión de Fiscalización del Congreso conformará un grupo de trabajo para investigar los grados académicos de Patricia Benavides – crédito AndinaDe esta forma, fue aceptado el recurso de apelación presentado por el procurador de la Junta para revertir la resolución, en primera instancia, de la jueza Jacqueline Tarrillo, quien había suspendido provisionalmente las investigaciones.En desarrollo.

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Javier Valle Riestra: histórico líder aprista aparece como firmante en demanda a favor de terrorista Víctor Polay en la CIDH

Javier Valle Riestra declara ante medios durante su labor como diputado, años atrás. (Foto: Andina)El constitucionalista Javier Valle Riestra, exlegislador e histórico líder del Partido Aprista Peruano (APRA), figura como parte peticionaria en la demanda interpuesta contra el Estado peruano por Víctor Polay Campos, sentenciado fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió esta acusación a inicios de 2022, pero la decisión recién se hizo pública en Lima esta semana. Los demás firmantes del documento son los abogados César Oyola y Javier Mujica Petit, así como dos familiares del exlíder emerretista, Otilia Campos y Otilia Clemencia Polay.El proceso ante la CIDH aguarda la programación de una audiencia en la que ambas partes expondrán sus argumentos para eventualmente emitir una decisión sobre el fondo del petitorio. Sin embargo, el Ejecutivo ya anunció que remitirá una “contrarrespuesta” al organismo internacionalPolay (72), condenado por terrorismo a 35 años de cárcel por dirigir las actividades del MRTA entre 1980 y 1992, fue un dirigente de la juventud aprista después de la década de los ochenta. “Tuvo mucha cercanía con el propio [exmandatario] Alan García, ambos hicieron su posgrado en Francia y me imagino que tenían también cierto grado de amistad”, dijo a Infobae Perú el historiador Héctor Huerto, editor de la Nueva Colección Documental de la Independencia del Perú (Editorial UPC).Parte peticionaria de la demanda de Polay ante la CIDH“No olvidemos tampoco que, cuando Alan García es elegido presidente en 1985, el MRTA se pronuncia y declara que van a parar toda actividad de lucha guerrillera […] porque le dieron la oportunidad al nuevo gobierno de implementar los cambios que ellos consideraban que el Perú necesitaba”, siguió. En julio de 1990, 47 miembros del MRTA, incluido el mismo Polay, fugaron del penal de alta seguridad de Castro Castro a través de un túnel con sistema de electricidad instalado. Fue un golpe duro para la lucha antisubversiva durante el gobierno de García, justo doce días antes de que Alberto Fujimori tomara el poder. El túnel de escape ―250 metros de largo, un metro y medio de diámetro y ocho metros de profundidad— había sido construido y planeado desde hace meses. Conectaba la cárcel con una vivienda aledaña que había sido comprada previamente. Desde ahí realizaron los trabajos de excavación con apoyo técnico y profesional durante casi un año. Las investigaciones determinaron que miembros policiales, encargados del resguardo en la prisión, fueron cómplices de la huida. Infobae Perú documentó este episodio en una crónica difundida en 2022. Dos años después del túnel, Polay fue recapturado y, a la fecha, se encuentra recluido en la Base Naval del Callao. En su demanda ha reclamado que sus derechos fundamentales fueron violados al momento de su detención y que su reclusión violó sus derechos a la libertad religiosa y de estudios.Su agrupación desapareció de la escena local cuando un comando dirigido por Néstor Cerpa ingresó a la residencia del embajador japonés en la capital para tomar cientos de rehenes en 1996, aunque fueron abatidos en una operación militar de rescate cuatro meses después.El MRTA es la segunda organización subversiva incluida en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) como responsable del 1,5% de las más de 69.000 víctimas que causó la violencia política en el país entre 1980 y 2000.La situación judicial de Polay generó, en 2006, un pronunciamiento de políticos de izquierda, intelectuales y artistas, quienes pidieron una “sentencia justa” y afirmaron, de igual modo, que había sido sometido a condiciones infrahumanas en los años que lleva recluido. Asimismo, consideraron que su “reincorporación” a la vida política era “fundamental para el desarrollo de la democracia”.La admisión de su demanda en el fuero internacional se ha hecho pública la misma semana del vigésimo aniversario del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que consigna también 19.200 personas desaparecidas durante el conflicto armado interno (1980-2000).

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Congresista Diego Bazán aseguró que Comisión de Ética solo puede suspender 120 días a Alejandro Soto por denuncias en su contra

El congresista Diego Bazán, de Avanza País, fue nombrado presidente de la Comisión de Ética, del Congreso, el pasado lunes 28 de agosto, en un momento en el que se espera que este grupo de trabajo sancione al presidente del Parlamento, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), por las graves denuncias que pesan en su contra.En ese sentido, el parlamentario aseguró que las investigaciones para determinar la sanción contra el presidente de la Mesa Directiva se realizarán de forma rápida. Prometió hacerlo en tres meses y no en seis como se hizo en la legislatura pasada.“Hay que entender que todos los casos se van a ver de manera célere, no solo el del congresista. Sin embargo, creo que era necesario dar una muestra a la población de que queremos trabajar de manera distinta y convocar de manera inmediata para votar de oficio el inicio del proceso indagatorio […] Todos los casos se ven de manera independiente, debo reunirme con el equipo técnico para ver qué casos se van a votar”, explicó.Sin embargo, este jueves 31 de agosto, el parlamentario Diego Bazán aclaró que si encuentran culpable al presidente del Parlamento la Comisión de Ética solo podrá sancionarlo con 120 días.Aclaró que no pueden castigarlo con una suspensión superior a esta cantidad de días porque la norma del Congreso lo impide.“La máxima sanción que se le puede dar es de 120 días, no se puede dar más porque así está establecido. Tendríamos que tener una reforma constitucional al respecto, pero este procedimiento podría verse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales si así se determina”, dijo en RPP Noticias.El nuevo titular de la Comisión de Ética también declaró que en este grupo de trabajo solo se analizarán las denuncias presentadas contra Alejandro Soto desde el 23 de julio de 2021 en adelante. Es decir, desde que asumió su cargo como congresista.Luego, prometió que desde su despacho impulsará una reforma constitucional para que las sanciones impuestas contra los congresistas hallados responsables de irregularidades sean más severas.Para eso, dijo que propondrá la modificación del reglamento del Congreso. Así podrán tener procedimientos más rápido en casos de flagrancia en los que están involucrados los parlamentarios.“Voy a proponer la modificación del reglamento en el Congreso para tener procedimientos exprés en casos de flagrancia porque vimos casos vergonzosos que demoran cinco a seis meses. También plantearé eliminar el llamado de atención”, precisó.Máximo representante del Poder Legislativo tiene graves cuestionamientos. | Crédito: Infobae Perú / Camila CalderónDiego Bazán se opuso a la censura de Alejandro SotoA principios de agosto de 2023, se reveló que existen 55 denuncias fiscales contra Alejandro Soto, presidente del Congreso. Sin embargo, congresistas de Avanza País, entre los que figuraron Diego Bazán, se opusieron a votar a favor de la moción de censura en contra de su colega.Comentó que él volvería a votar a favor de la lista liderada por Alejandro Soto para administrar la Mesa Directiva del Congreso. Recordemos que esta propuesta fue integrada por parlamentarios de Fuerza Popular y Perú Libre, quienes finalmente terminaron ganando por mayoría de votos.En ese entonces, Diego Bazán explicó que mientras las denuncias en contra de Alejandro Soto estén en investigación no hay prueba alguna de que haya cometido un delito.“Sabíamos nosotros que definitivamente Alejandro Soto era lo mejor que estaba en ese momento en elección. Yo volvería a votar por Alejandro Soto déjame decirte. (…) Todo está en investigación. Nosotros no podemos determinar responsabilidad”, declaró en el programa televisivo ‘Octavo Mandamiento’.Diego Bazán, miembro de la Comisión de Ética, habla sobre el caso de Alejandro Soto. | Infobae Perú / Camila Calderón

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Dina Boluarte renunció a la presidencia del Club Apurímac: exsocios remitirán documento a Fiscalía

Seis años después de asumir la presidencia del Club Departamental Apurímac ―integrado por apurimeños que residen en Lima―, Dina Boluarte presentó su dimisión irrevocable en medio de acusaciones de conflicto de intereses, expulsiones arbitrarias y actos irregulares para perpetuarse en el poder, según un informe difundido este martes en Al estilo Juliana.La empresaria Dina Bustinza, exsocia y exintegrante del Consejo Directivo en dos gestiones consecutivas, lidera una acusación a la que se han sumado decenas de exsocios que, en 2019, fueron expulsados irregularmente por oponerse a la jefatura de la ahora mandataria.“Después de su primera gestión, algunos no estuvimos de acuerdo con el manejo que ella tenía con el club. Se reeligió. Los que no le caíamos bien, como ella es abogada, vio que habíamos dejado de pagar y buscó la excusa para sacarnos”, señaló.El programa expuso un documento que será remitido al Ministerio Público e implica a Boluarte en la expulsión del 60% de asociados, sin respetar el debido proceso, por no estar al día en sus cuotas, pese a que el estatuto del Club Apurímac establece que esta sanción recae sobre quienes adeudan montos por un año consecutivo y tras un proceso en el Tribunal de Honor en segunda instancia.Gobernador de Puno critica una posible visita de Dina Boluarte. (Foto: Andina)“¿Cómo me saca de la intuición por no haber pagado dos meses? En tal caso, primero hay un tema de prevención que se debió comunicar a mí y a todos los expulsados, somos un montón. Es una cosa no solo injusta, sino incorrecta”, consideró Bustinza.El oficio que será dirigido a Fiscalía también contiene información sobre la supuesta colocación ‘a caballazo’ ´de 60 nuevos miembros, una acción con la cual Boluarte buscaba para tener mayoría y ser reelegida en el período 2019-2020. Los asociados no cumplían con los requisitos reglamentarios. Esta “confabulación” ya había sido expuesta en el semanario Hildebrandt en sus Trece.El mismo documento menciona que, días antes de que juramentara como vicepresidenta de Pedro Castillo y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la actual gobernante modificó el estatuto para prorrogar su mandato hasta 2024.Ya en el gobierno, Boluarte solicitó licencia y nombró como presidenta interina a Gladys Delgado, una figura eventualmente anticonstitucional, pues, según expertos, los ministros están impedidos presidir simultáneamente una asociación privada o de gestionar empresas y asociaciones sin fines de lucro.28/07/2023 LIMA, July 29, 2023 — Peruvian President Dina Boluarte attends an event to commemorate Peru’s independence in Lima, Peru, on July 28, 2023.
POLITICA
Europa Press/Contacto/Mariana Bazo
(Europa Press/Contacto/Mariana Ba/)En junio de 2022, el legislador Jorge Montoya (Renovación Popular) presentó una moción de interpelación porque, según indicó, la titularidad en el Club Apurímac contravenía el artículo 126 de la Carta Magna a partir de la supremacía constitucional recogida en el artículo 51.En el mismo reportaje, Bustinza también acusó a la política de emplear las instalaciones del club durante la campaña de Perú Libre, cuando incluso Castillo y la excandidata Verónica Mendoza firmaron una alianza política en la sede de Jesús María. “Para situaciones políticas no se usa. Cuando he ido he visto hasta la secretaria con chaqueta de Perú Libre”, abundó.La Contraloría ya había notificado que la mandataria firmó documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando formaba parte del Ejecutivo. Algunos nuevos asociados, incluso, ganaron contratos por 3,2 millones con el Estado.En su carta de dimisión, fechada el 9 de agosto, pero hecha pública esta semana, Boluarte señaló que, por razones ajenas a su voluntad, quedó impedida de “hacer llegar su renuncia anticipadamente”. La mandataria enfrenta, a la fecha, una investigación fiscal por las muertes durante las protestas antigubernamentales y por el plagio registrado en dos libros que consignó en su biografía académica para postular a un cargo en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

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Roberto Sánchez cree que Alejandro Soto debe evaluar su honestidad y renunciar al cargo por las graves denuncias

Los cuestionamientos sobre Alejandro Soto continúan en aumento. | Infobae Perú / Camila CalderónEl congresista Roberto Sánchez (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) señaló que su colega Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) debería evaluar su honestidad y renunciar a la presidencia del Parlamento debido a las imnumerables denuncias que aparecen cada semana en los medios de comunicación. “Yo creo que este es el momento en el que el señor Soto debe de evaluar con honestidad y franqueza, y dar un paso al costado. Debe de renunciar ya que sus partidos lo están blindando, este es el momento que podríamos ir a peores”, dijo en diálogo con Exitosa Radio. Sánchez enfatizó que la moción de censura, que promueve y recolecta firmas entre las diferentes bancadas, contra Soto se debe estrictamente a asuntos relacionados a su labor como ‘padre de la patria’ que se oficializó al instalarse en su curul en julio del 2021. “Yo asumo esta moción por las fehacientes investigaciones que han ido saliendo”, recalcó. De otro lado, el exministro de Comercio Exterior y Turismo del gobierno del encarcelado expresidente Pedro Castillo aclaró que no busca ningún objetivo personal con la promoción de la destitución de Soto. “Yo no postulo a presidente del Congreso ni estoy dialogando para traernos abajo por temas personales. (…) La inestabilidad está en nuestra manos. Es el momento en el que se va a saber que apoyamos cada uno de los congresistas”, refirió. En caso el legislador de Alianza para el Progreso sea retirado del liderazgo de la Mesa Directiva, pues para Sánchez se debería elegir a alguien con una “trayectoria limpia, honesta e idónea” con el objetivo de no mellar más la imagen de la representación nacional que, según las encuestas, tiene 90% de desaprobación. Lista la moción, falta votosHace una semana, Sánchez indicó que la moción de censura contra Soto ya estaba lista. El documento tendría 96 páginas. Sin embargo, el legislador de izquierda mencionó también que ha requerido una opinión a la Oficialía Mayor del Parlamento sobre la contratación de Yeshira Peralta Salas, hermana de la madre de su menor hijo, que trabajaba en el despacho del actual presidente del Congreso. “He presentado un documento a la Oficialía pidiendo la opinión vinculante, tanto de Asesoría Jurídica, Recursos Humanos, a la oficina de Auditor, es decir, al Órgano de Control Interno, si es que ha incurrido en alguna irregularidad respecto a lo que se ha mencionado en el tema presunto de un eventual nepotismo”, detalló.

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César Acuña encara a la prensa por exponer denuncias contra Alejandro Soto: “Están generando una crisis”

El gobernador de La Libertad y líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, volvió a defender este martes al presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien integra su tienda política y ha sido acusado de estafa y presunto encubrimiento de deuda por reparación civil cuando era candidato a legislador.Acuña, quien ya le había dado un primer espaldarazo —pese a que Soto impulsó una ley que lo libró de una condena de más de ocho años de prisión—, se enfrentó a la prensa por hacer pública esta cadena de denuncias.“Todo este tipo de comentarios de los medios, ojo, están generando una crisis política que afecta a los peruanos”, dijo ante los micrófonos después de asistir a una reunión en el Palacio Legislativo.“Desde el día 26 de julio hasta ahora todos los días, comentarios y comentarios del presidente del Congreso. ¿Quién está perdiendo? Está perdiendo el país porque este tipo de comentarios no ayudan para que haya inversión”, siguió.Acuña anticipó un rechazo a la eventual moción de censura contra Soto que analizan presentar las bancadas de izquierda. “Hoy más que nunca necesitamos estabilidad. No podemos estar pensando en censurar al presidente del Congreso a cada momento. En este momento tenemos que meditar, apoyar y respaldar, no pensando en la clase política, pensando en el país”, dijo.“No me estoy oponiendo a que los medios investiguen. Tienen que cumplir su función, investigar y demostrar lo que ustedes comunican. No me opongo. Sigan investigando, pero hasta ahora, que yo sepa, el presidente del Congreso no tiene ninguna sentencia. Hasta ahora son comentarios con base en investigaciones”, añadió. El titular del Parlamento había anunciado que se pondría a disposición de la Comisión de Ética Parlamentaria, una vez que esta se instale, para responder “de manera voluntaria” a las denuncias en su contra, la última de las cuales implica una presunta falsedad en su declaración jurada.A través de un comunicado, el diputado reaccionó a un informe de Panorama, indicó que se trata de una “información propalada de manera tendenciosa” y aclaró que el 7 de junio del 2021 cumplió con el “pago total” de este concepto.Alejandro Soto afirma que se pondrá a disposición de la Comisión de Ética para responder los cuestionamientos en su contraSegún el dominical, en la declaración jurada de intereses que Soto presentó ante el Jurado Electoral Especial (JEE) para postular en octubre de 2020 no figuraba la deuda por reparación civil consignada en un expediente judicial.El caso se remota a agosto de 2011, cuando trabajaba como entrevistador local en Cusco y, durante un conflicto entre barristas y policías en el que falleció un adolescente, responsabilizó a un agente policial, por lo que fue querellado por difamación.La semana pasada, el congresista rechazó que haya impulsado un proyecto legislativo que, en mayo pasado, modificó el plazo de prescripción de los procesos penales, lo que significó un eventual beneficio cuando iba a recibir una segura condena por presunta estafa y falsedad genérica.Soto fue denunciado en 2012 por la empresa de transportes Turísticos Waynapicchu por dos actos irregulares que ejecutó cuando era su asesor legal: el primero por no cumplir con redactar los estatutos de la empresa, pese a que percibió un pago previo; y por vender un terreno de su propiedad a un precio mucho mayor al que había pagado.Según La República, el legislador vendió por 265 mil dólares un predio que había adquirido por solo mil dólares. Posteriormente, en 2015, compró un lujoso inmueble por 252 mil dólares en el distrito cusqueño de San Jerónimo.Próximamente, comparecerá ante el grupo parlamentario que, de manera paralela, deberá ver las denuncias que enfrentan otros siete diputados por recortar irregularmente el salario de sus trabajadores.

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