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Pedro Castillo obligado a entregar la lista de funcionarios y empresarios que lo visitaron en Sarratea

En Sarratea, Pedro Castillo mantuvo encuentros extraoficiales con altos funcionarios y empresarios. Foto: composición InfobaeEl golpista expresidente Pedro Castillo está en la obligación de entregar la lista de funcionarios y empresarios que lo visitaron en la vivienda ubicada en el pasaje Sarratea de Breña, inmueble que era propiedad del prófugo Alejandro Sánchez Sánchez. Ello luego de que el Poder Judicial confirmara la sentencia en primera instancia que ordena al exmandatario a dar cumplimiento a la solicitud de transparencia formulada por el ciudadano Jorge Lazarte Molina.En la resolución a la que accedió Infobae Perú, La Tercera Sala Constitucional de Lima, tribunal que ratificó el fallo de enero de este año, dio un plazo de 5 días hábiles a la Presidencia de la República para que se entregue la información requerida bajo apercibimiento de que el no acatamiento de la orden judicial sea notificado al Ministerio Público “para que actúe de acuerdo con sus atribuciones”.La lista a entregar deberá contener nombres y apellidos de los asistentes, documentos de identidad, fecha y hora de ingreso y motivo de visita. El plazo requerido es del miércoles 20 de octubre de 2021 al martes 16 de noviembre de 2021.Actualmente, la casa del inmueble ubicado en el pasaje Sarratea 179 está en poder del Programa de Bienes Incautados (Pronabi), luego de que el Poder Judicial confirmara el allanamiento y el descerraje en enero de este año.| Imagen: Latina – Punto FinalPresidencia dice no tener registro de SarrateaEn su recurso de apelación, la Presidencia de la República aseguró no tener información documental sobre la lista de personas que ingresaban a la casa del pasaje Sarratea ya que esta no es sede del Gobierno “a pesar de haberse solicitado a todas las instituciones correspondientes”.Según la entidad, sí cumplió con el mandato de la Primera Sala del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia, solo que no existe —oficialmente— un documento que dé cuenta de las visitas y reuniones del exmandatario en dicho inmueble.Palacio de Gobierno niega tener registro de las reuniones en Sarratea. (Foto: Captura Panamericana Tv)Pese a que la Ley 28024, que regula la gestión de intereses en la administración pública, establece que los funcionarios están prohibidos de entablar encuentros oficiales fuera de la sede de la entidad. La norma precisa que se puede dar una excepción “siempre que sea programado previamente en la agenda oficial, y en cuyo caso debe dejarse constancia del hecho y registrar la gestión conforme al reglamento”.“No se cuenta con la información correspondiente, a pesar de haberse solicitado a todas las instituciones correspondientes, no obstante, ello, el juez de manera genérica sostiene que las entidades demandadas no han cumplido con el mandamus (orden)”, insistió la entidad.Sin embargo, la Tercera Sala Constitucional de Lima aseveró que los argumentos de la apelación de la Presidencia están dirigidos a “cuestionar la validez de lo resuelto en sede administrativa (Primera Sala del Tribunal de Transparencia)”, cuando el Poder Judicial únicamente supervisa si se ha cumplido con el mandato.“Se ha señalado, además, que el inmueble particular ubicado en Pasaje Sarratea 179, distrito de Breña, es uno distinto a la sede de gobierno o a un organismo público, donde no se cuenta con la información correspondiente, a pesar de haberse solicitado a todas las instituciones correspondientes, y que las reuniones allí realizadas no habían sido programadas. Se trata de alegaciones orientadas a cuestionar la validez de lo resuelto en sede administrativa, como si la apelación de sentencia fuese una apelación administrativa, lo que no es viable en el presente proceso de cumplimiento”, indicó la sala.Por estos argumentos, el colegiado integrado por los jueces Paredes Flores, Escudero López y Velarde Acosta rechazaron la apelación de la Presidencia y confirmaron la sentencia de primera instancia. Sala confirma orden para que Pedro Castillo entregue registro de Sarratea by Diego Casimiro on Scribd

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Dejaron en libertad al empleado judicial acusado de violar a un adolescente en el Palacio de Tribunales

El empleado judicial acusado por abuso sexual de un menor en el Palacio de TribunalesUn juez procesó pero dejó en libertad al empleado judicial acusado de haber obligado a un adolescente a practicarle sexo oral en un baño del séptimo piso del Palacio de Justicia. El delito por el que se dictó el procesamiento sin prisión preventiva fue abuso sexual agravado con acceso carnal y por su comisión con armas. La fiscalía reclama la detención.El fallo fue firmado por el juez en lo criminal y correccional porteño Luis Schlegel, quien dictó el procesamiento de Pablo Ferreyra, empleado del archivo del Poder Judicial. Le fijó una serie de pautas y le trabó embargo por 500 mil pesos.Sin embargo, la decisión de dejarlo en libertad fue apelada por el fiscal de la causa, Patricio Lugones, que entendió que el imputado debe permanecer detenido mientras dure el proceso por los riesgos procesales en juego, indicaron a Infobae fuentes judiciales.Todo ocurrió el viernes 14 de julio pasado, previo al inicio de la feria judicial de invierno. De acuerdo a la denuncia, la víctima —de 17 años— llegó al Palacio de Justicia acompañado de su bisabuela. Había ido porque estaba involucrado en una causa judicial. Pero su familiar sufrió una descompensación y tuvo que ser asistida en enfermería y derivada a un hospital. El chico tuvo que ir al baño. El Palacio de Tribunales es un verdadero laberinto para quien no lo conoce.Te puede interesar: Detuvieron a un empleado judicial tras la denuncia de abuso sexual de un menor en el Palacio de TribunalesImagen de las cámaras de seguridad del Palacio de TribunalesSegún la denuncia, le consultó a un hombre que lo acompañó hasta un baño en el séptimo piso del edificio. Así lo señalan las filmaciones. En el baño, dice la acusación, el hombre le exhibió un arma de fuego: “Callate y seguime”. Y lo abusó sexualmente al obligarlo a practicarle sexo oral. Luego, dijo el joven, le “tiró” 250 pesos y lo condujo hasta la enfermería.El menor hizo la denuncia de inmediato. En la causa se avanzó en el análisis de las cámaras de seguridad del edificio. Los investigadores las visualizaron para poder dar con el sospechoso involucrado en la denuncia. El acusado resultó ser integrante de la planta permanente del Poder Judicial de la Nación. El “registro de empleados de los Tribunales” completó la información que necesitaban: tiene 11 años de trabajo bajo la órbita del Poder Judicial y es oriundo de Ingeniero Allan, en la provincia de Buenos Aires.El trabajo de identificación se hizo en conjunto con personal de la División de Seguridad del Poder Judicial de la Nación de la PFA y así ayer por la tarde se detuvo al sospechoso, quien hace tareas en los archivos del Palacio.En ese contexto, se concretó la declaración indagatoria en el día de hoy. Asesorado por su defensor oficial, el acusado aceptó declarar. Según trascendió, su versión fue sostener que se trató de sexo consentido. Tras su indagatoria, el imputado permaneció detenido, pero en las últimas horas se ordenó su libertad: el procesamiento firmado era sin prisión preventiva.La noticia sobre el tenor de la denuncia y la detención conmocionó a los empleados del Poder Judicial cuando se hizo público el caso por la gravedad de la acusación.Seguí leyendo:Diego Ferrón: “Pérez Corradi se va llevar a la tumba todo lo que sabe del Triple Crimen”Una obra social deberá comprarle un dispositivo especial a una joven con síndrome de Rett para favorecer su comunicaciónEl tribunal del caso Cuadernos le pidió a otro juez que se abstenga de investigar las irregularidades de los anotadores

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Poder Judicial formaliza investigación contra Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta por los delitos de rebelión y conspiración

Willy Huerta, Betssy Chávez y Roberto Sánchez. La situación legal de la expremier Betssy Chávez, el congresista Roberto Sánchez (Cambio Democrático) y el exministro del Interior, Willy Huerta, se complica cada vez más. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial aprobó la formalización de la investigación preparatoria contra los aludidos por presuntamente ser parte del fallido autogolpe de Estado que el expresidente Pedro Castillo quiso ejecutar el 7 de diciembre del año pasado.De esta manera, Chávez, Sánchez y Huerta serán procesados por los presuntos delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional-rebelión (Art. 346 del Código Penal), y contra los poderes del Estado y el orden constitucional – conspiración (Art. 349 del Código Penal) en agravio del Estado. Con este paso, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, podría solicitar medidas más restrictivas contra los mencionados. Una posibilidad podría ser la prisión preventiva.En esa línea, también se dispuso que la etapa de la investigación preparatoria tendrá una duración de ocho meses debido a que el caso se consideró complejo. Al respecto, el expresidente Castillo, principal involucrado en el tema, ya cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo. Ahí también cumple otro mandato de 36 meses de prisión preventiva por el caso Puente Tarata-Petroperú-Ministerio de Vivienda.Hay que señalar que Chávez, Sánchez y Huerta fueron incluidos en este caso a partir de diversas pruebas.Fallo que dispone formalización investigación contra Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta.En el caso de la expremier, el programa dominical Panorama mostró que también aparece en un determinado momento cuando Castillo Terrones hace gestos con las manos para ultimar detalles y manda a llamar a quien entonces era la presidenta del Consejo de Ministros en el Despacho Presidencial. Este le recalca que se debe informar que lo que está a punto de ocurrir es un Mensaje a la Nación. Chávez entiende la orden y comunica el pedido de Castillo a las personas encargadas.Además, en otro video, la exparlamentaria realiza coordinaciones con un equipo de TV Perú que iba a transmitir lo que el exmandatario iba a decirle al país. Esta prueba fue contundente para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el Pleno del Congreso aprobarán la denuncia constitucional y el respectivo desafuero contra Betssy Chávez por 66 votos a favor, 11 en contra y seis abstenciones.En los casos de Sánchez y Huerta, son investigados por el Ministerio Público por haber estado la mencionada fecha en Palacio de Gobierno mientras que Castillo Terrones informaba al país sobre sus planes de cerrar inconstitucionalmente el Parlamento e instaurar un “gobierno de expeción”.No teme ir a la cárcelA pesar de su delicada situación legal, Betssy Chávez señaló que no teme ir a la cárcel. “Nelson Mandela estuvo 30 años en prisión”, manifestó la ex premier tras brindar una entrevista al dominical Punto Final.Por otro lado, la exfuncionaria dejó en claro que no tiene intenciones de postular a la presidencia, pero que sí apoyará a Aníbal Torres en este proceso.“Es una probabilidad que pueda ir a la cárcel. Yo a la prisión no le tengo miedo. Mandela estuvo 30 años en prisión; Mujica estuvo en prisión; Petro estuvo en prisión. Si quieren hacerme presidenciable, ya saben a dónde mandarme”, señaló la ex premier al programa de Latina.“Yo voy a apoyar al doctor Torres en una gesta electoral… No sé si voy a ir a la plancha, pero sí lo apoyaré. Lo haré principalmente porque Pedro Castillo me lo ha pedido”, agregó Chávez.Durante el diálogo de la ex premier, Chávez dejó en claro que nunca fue cercana ni amiga de la actual presidenta Dina Boluarte. “La señora nunca fue mi amiga. La doctora nunca participó en la campaña. Apareció recién en segunda vuelta. Partimos de destinos distintos. ¿Que si es de izquierda? Yo no me juntaría con Renovación Popular ni Fuerza Popular para gobernar”, enfatizó.

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