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Amado Boudou insistió con que se mantenga la prisión domiciliaria

La defensa de Amado Boudou insistió este miércoles con el pedido para que el ex vicepresidente y ministro de Economía permanezca con arresto domiciliario para cumplir la condena por corrupción en el caso Ciccone, que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo porque vencían los plazos para ampliar el planteo.
El 3 de diciembre pasado, el máximo tribunal de la Nación, en un fallo por unanimidad, confirmó la decisión de la Cámara de Casación cuando avaló la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) contra Boudou. Determinaron que el ex vicepresidente fue responsable de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles por la compra – venta de la ex calcográfica Ciccone. Se convirtió así en el primer ex vice en tener una condena por corrupción con firmeza.Después de esa decisión comenzó un extenso recorrido judicial para determinar dónde debía cumplir esa condena. Desde abril del 2020 Boudou se encuentra bajo arresto domiciliario después de que el entonces juez de ejecución Penal, Daniel Obligado, considerara que en medio de la pandemia de coronavirus era mejor para sus hijos pequeños que permanezca en su hogar. Además, adujo que la condena del caso Ciccone dictada en agosto de 2018, no contaba aún con firmeza, situación que se revirtió en diciembre.Cuando se conoció la decisión de la Corte Suprema, la fiscal de ejecución Guillermina García Padín y el fiscal que intervino en el juicio, Marcelo Colombo, dictaminaron que Boudou debía regresar a la cárcel y allí cumplir con su sentencia. Sin embargo, el juez Obligado, sólo fijó la fecha en que la condena estaría cumplida: el 1 de junio de 2024. Fue después de dos pedidos de los fiscales, que finalmente el 31 de diciembre pasado, el magistrado revocó el arresto domiciliario, ordenando que el ex vicepresidente de Cristina Kirchner, retorné al penitenciario.¿Por qué esto no fue de inmediato cumplimiento? Porque todas esas instancias son apelables, razón por la cual los abogados de Boudou, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, dentro de los plazos legales contemplados, insistieron en que debía permanecer firme el arresto domiciliario para cumplir allí su condena por corrupción. Este miércoles la defensa presentó la ampliación de aquellos argumentos.La defensa de Boudou, sostuvo en el escrito al que accedió Clarín, que al momento de revocar el arresto domiciliario, “se desatendieron, sin considerarlas de ningún modo y con arbitrariedad, las extensas referencias de la especialidad aportadas por el Defensor Público que coordina la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores y que interviene en el trámite en representación de”, los hijos del ex vicepresidente. Así, invocaron una vez más, la necesidad de tener en cuenta la Convención de los Derechos del Niño. En el escrito, recordaron algo ya citado en presentaciones anteriores: “El tribunal omitió ponderar lo dictaminado por la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores de 16 años, quien además mantuvo los argumentos en esta instancia y peticionó expresamente que se conceda la detención domiciliaria… en función del interés superior de los hijos menores”.Para reforzar los argumentos ya esgrimidos, con los que piden que Boudou cumpla la condena del caso Ciccone -confirmada por la Corte-, la defensa señaló que “resultaría beneficiosa para que sus hijos vuelvan a contar con la presencia diaria de su progenitor y recibir el acompañamiento, cuidado, atención y contención emocional necesaria para su adecuado desarrollo y crecimiento”, ya que “la separación puede repercutir en su salud psicofísica”.En otro tramo, se planteó que aún continúan vigentes las condiciones de riesgo carcelario por el Covid, por las cuales el juez Obligado concedió en abril del año pasado, el beneficio de la morigeración el arresto. Considerando que las circunstancias no sufrieron modificaciones, entienden, que Boudou puede continuar en su domicilio y allí hacer frente a la condena que ya fue reducida en diez meses, al computarse una serie de cursos realizados en prisión (electricidad, electricista montador, filosofía y organización de eventos), bajo la Ley del Estímulo Educativo. Por todos esos motivos, al insistir con el arresto domiciliario, los abogados Rúa y Peñafort, solicitaron ante el juez Ricardo Basílico que  “se ordene que el alojamiento para ejecutar la pena impuesta a nuestro asistido se mantendrá de conformidad con lo resuelto el 6 de abril y el 22 de setiembre de este año (…), manteniendo las pautas de control en cuanto a su sujeción al Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica y la supervisión que hace la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal del Poder Judicial de la Nación”.Como el cargo de juez de ejecución penal se subroga, ahora será Ricardo Basílico (titular del Tribunal Oral Federal 1) quien recibirá los planteos de la defensa de Boudou. Una vez recepcionados, comienza una cuenta regresiva para el ex vice y el magistrado tiene tres días para resolver si hace lugar al recurso de los abogados. De ser así, la Sala IV de la Cámara de Casación tendrá la palabra final respecto a si el ex vice regresa a prisión o no.Para dicha instancia superior hay plazos igual. Lo primero que se debe hacer dentro de las 72 horas es la nueva conformación de la Sala, ya que el juez Gustavo Hornos -quien integra la Sala IV-, preside este año la Cámara de Casación y no podrá intervenir. Después de esa instancia, se fija fecha de audiencia para escuchar a la defensa de Boudou y finalmente, son cincos los días que tienen los jueces para resolver dónde cumplirá la condena confirmada hace dos meses, el ex vicepresidente.JPE​

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Otro frente abierto para Amado Boudou: una pericia concluyó que tiene millones de pesos que no puede justificar

Hace más de un mes que la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra Amado Boudou en el Caso Ciccone, sin embargo, aún permanece con el beneficio del arresto domiciliario. Cuando la feria judicial concluya, sus abogados defensores apelarán la decisión del juez de ejecución penal, Daniel Obligado, que a raíz de dos pedidos de los fiscales ordenó que la pena se cumpla en prisión. Además, otras medidas judiciales en la causa que investiga su patrimonio podrían complicar aún más su situación: una pericia concluyó que hay millones de pesos sin justificar.
En 2001 Amado Boudou tenía un patrimonio de 128.000 pesos. Hacia 2007 sus bienes ascendían a 897.390 pesos. La pericia oficial indica que en esos años el incremento de su riqueza fue de un 146,86%. El número continuó creciendo, y para 2010 ya contaba con casi un millón y medio de pesos. El peritaje contable ordenado por el juez Ariel Lijo arrojó otros valores: es casi la misma cifra que no logró justificar en el estudio preliminar de sus bienes año por año. Pese a que los acusados presentaron nueva documentación para clarificar las inconsistencias detectadas, fuentes judiciales indicaron que las justificaciones, “no fueron suficientes”. En ese contexto, Lijo -que ya indagó al ex vice por lavado de dinero en 2017, cuando ordenó su detención- lo llamará a indagatoria para que dé explicaciones sobre la segunda imputación: enriquecimiento ilícito. En consecuencia, se deberá ordenar un nuevo análisis sobre una fortuna que sigue levantando sospechas en sede judicial. A través del primer requerimiento de justificación, pedido por el fiscal Jorge Di Lello, se señaló que el monto total por el que Boudou está siendo investigado por lavado de activos ascendería a 4.238.900 pesos y 995.000 dólares. Además hubo un segundo pedido de explicación impulsado por la fiscalía, para clarificar los números. Para responderlo, los abogados del ex vice presentaron documentación e informes, que no lograron reducir las sospechas. Aún resta un nuevo llamado a indagatoria y finalmente, la resolución de la situación procesal de Boudou en esta otra causa.El ex vicepresidente de Cristina Kirchner permanece bajo arresto domiciliario y la pena por corrupción en el caso Ciccone concluirá el 1 de junio de 2024. Pero con la finalización de la feria judicial, fines de enero, la causa sobre su patrimonio se posiciona entre los primeros problemas que deberá afrontar. El expediente lleva varios años en instrucción, y fue la causa que lo condujo a prisión en noviembre de 2017. La fiscalía de Jorge Di Lello había detectado varias inconsistencias en su patrimonio, después de un primer análisis de los números de su patrimonio. Entonces, la acusación era por lavado de dinero. Di Lello determinó que Boudou contaba con “bienes que no puede justificar con sus ingresos”. Y que aquellas inconsistencias son “diversas y de importante envergadura”. Otra conclusión que fue determinante tras la finalización del informe pericial es que el ex vice montó una “ingeniería orientada a oscurecer el origen de los fondos”. Como maniobra medular, el juez se refirió al blanqueo de capitales del socio y amigo de Boudou -también condenado por Ciccone- José Núñez Carmona, con el dinero “de origen ilícito” que hicieron circular en el mercado. Se acogió al régimen fiscal en 2009 e ingresó al circuito legal 4.2 millones de pesos y 795.000 dólares, Esto se reflejó en las Declaraciones Juradas del 23 de agosto de 2009 y el 10 de noviembre de 2010, como también se plasmó en una modificación en su patrimonio de $1.585.602,14 al inicio del ejercicio del año 2007 a $7.748.007,49. En un año esto representó un incremento del 388,65%. Lo imputación sostiene es que ese vínculo societario, “no contaba con la capacidad ni la actividad económica tal que le posibilitara llevar a cabo ese blanqueo, mientras que Amado Boudou por su condición de funcionario público no podía acogerse a dicho régimen”. El juez Lijo fue más allá, y remarcó que el ex vice, “se ha enriquecido patrimonialmente en forma injustificada durante el ejercicio de la función pública”. La pericia oficial sobre su patrimonio, como ya dio a conocer Clarín, sostiene que entre 2001 y 2007 el incremento patrimonial de Boudou fue del 146%. Los números continuaron en ascenso y a diciembre de 2012 declaró tener bienes por 1.427.059, pero hacia 2012 esa cifra descendió a 1.035.306. Esto fue especificado por los peritos como patrimonio neto. Se analizó en ese informe la posesión de dos propiedades, diez rodados, dos yates que fueron parte de su patrimonio hasta 2008, tenencia monetarias en diferentes cuentas bancarias, como también, la participación accionaria en dos sociedades: Inversiones Aspen y Hábitat Natural SA.

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Un cura K le pidió a Alberto Fernández que indulte a Amado Boudou y destituya a los jueces de la Corte Suprema

El sacerdote Francisco “Paco” Olveira, miembro del Grupo de Curas en Opción Por Los Pobres y organizador de la marcha de este lunes para exigir la libertad de los ex dirigentes kirchneristas presos por corrupción, le reclamó a Alberto Fernández que indulte al exvicepresidente Amado Boudou y destituya a los jueces de la Corte Suprema.
Aunque aclaró que los ex funcionarios detenidos “no quieren el indulto porque sería reconocer que cometieron un delito”, el sacerdote planteó una diferencia en el caso de Boudou, preso por el caso Ciccone.”(Eugenio Raúl) Zaffaroni lo dice bien claro: dentro de diez años vamos a tener que pagar 200 mil dólares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el desaguisado que se hizo con Boudou, pero va a tardar diez años. Mientras tanto a lo mejor habría que dar un indulto, un indulto claramente no reconociendo ningún tipo de delito, explicó Olveira.En declaraciones a radio AM 530, el “cura villero” se refirió al caso de la jujeña Milagro Sala, que cumple una condena de 13 años de cárcel: “Si esa Suprema Corte de Justicia revisara las condenas, clarísimamente, no sé si se las sacaría, pero tendrían que bajarle los años que le dieron. Sabemos que hicieron renunciar un diputado y lo pusieron en la Corte. Está más claro que el agua”.

Oliveira fue expulsado en 2019 de la diócesis de Avellaneda.

En sintonía con el reclamo de algunos dirigentes ultra K, Olveira responsabilizó al máximo tribunal por la situación judicial de sus aliados y aseguró que “se pasó un límite”.”Tuvo tiempo para ver el per saltum de esos jueces como Bruglia, puestos a dedo por el macrismo, pero no tuvo tiempo para ver una causa llena de irregularidades de nuestro ex vicepresidente Amado Boudou. Eso fue una extorsión. Si tuvieran un poquito de vergüenza tendrían que renunciar los cinco y como no la tienen hay que buscar la manera de que se vayan: juicio político o como sea”, sentenció.Y cerró, en ese sentido: “Pasaron un límite demasiado descarado. Extorsión y podría decir mafia directamente. Es más fácil de alguna manera poder presionar desde distintos lados. No puede ser que con un gobierno nacional y popular tengamos esta deuda pendiente de la democracia. Nadie pide libertad por gusto sino que se revisen las causas y se vea cómo todas fueron armadas y amañadas”.
HOY CITA INELUDIBLE! 16 HRS CON AUTO: AVDA DE MAYO y SALTA MARCHA A PIÉ: AVDA DE MAYO Y 9 DE JULIOTODXS A TRIBUNALES. CSJN ACTO Y MISA X UNA NAVIDAD SIN PRESXS POLÍTICXS pic.twitter.com/y3AX36CpRH— Francisco Paco Olveira (@OlveiraPaco) December 14, 2020

En mayo de 2019, Olveira había sido expulsado de la diócesis de Avellaneda-Lanús por el obispo Rubén Frassia por considerar que el sacerdote K “partidizó su labor sacerdotal, poniendo en riesgo la unidad de su comunidad”, y porque se pronunció a favor de la legalización del aborto.El padre Olveira había prestado su parroquia, Nuestra Señora de Fátima, en la Isla Maciel, en abril de 2016, para una reunión de Cristina Fernández de Kirchner con el Grupo de Curas en Opción por los Pobres, que la invitaron por estar interesados en conocer las propuestas de la entonces naciente agrupación Unidad Ciudadana.La marcha de este lunes, convocada bajo la consigna por “Navidad sin presos políticos”, comenzará a las 16 en Avenida De Mayo y 9 de Julio, en el centro porteño. La convocatoria había empezado a difundirse horas a través de las redes sociales, luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar firme la sentencia de 5 años y 10 meses de prisión para Boudou por el caso Ciccone.JPE​

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Cristina Kirchner mandó a defender a Amado Boudou pero siempre supo del affaire Ciccone

En febrero del 2012 se masificó ante la opinión pública, a través de Radio Mitre y Clarín, que el entonces vicepresidente Amado Boudou influía como si fuera el nuevo dueño en la única imprenta privada del país capaz de imprimir dinero, cheques, acciones, pasaportes o DNI. La planta gráfica se llamaba Ciccone Calcográfica. A las pocas semanas se inició una investigación judicial sobre el caso.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó esta semana la condena firme a cinco años y diez meses de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Según fuentes inobjetables del entorno de Boudou, en mayo del 2012 la presidenta Cristina Fernández dejó de hablarle a su vice, enojada por las derivaciones de esta historia delictual. Solo volvió a cruzar palabras con él el 9 de diciembre del 2015, un día antes de dejar el poder y de la asunción de su reemplazante, Mauricio Macri.A pesar de que Boudou era invitado a los actos presidenciales, Fernández no solo no le dirigía la palabra sino que además lo alejó de los lugares en los que sentaban los funcionarios con los que aun tenía confianza. A pesar de que ayudó a Boudou a intentar eludir las pruebas en su contra que finalmente recolectó la Justicia, jamás lo defendió en forma directa. La decisión de la Corte Suprema de dejar firme la pena de prisión de Boudou, ella continúa en silencio y no dijo nada sobre esta trama. Dirigentes y funcionarios “cristinistas” sí defendieron a Boudou. Incluso lo hizo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. La repentina defensa pública de Boudou es avalada por la hoy vice, Fernández. Aunque ella supo siempre que su segundo en la línea presidencial se había adueñado de la ex Ciccone.Para que Boudou y su socio y amigo de toda la vida, el millonario súbito José María Núñez Carmona, hizo falta que varios organismos públicos K presentaran escritos ante el juzgado comercial de Javier Cosentino, a cargo del concurso de acreedores en el que había entrado Ciccone Calcográfica para pagar sus deudas. La sede de la empresa había sido alquilada a la firma del juego y el mercado gráfico, Boldt. En julio del 2010, la AFIP pidió la quiebra de la fábrica de dinero. En septiembre pidió ante la Justicia rever esa medida. El magistrado dejó registrada esa singularidad del organismo recaudador. Para que Boldt dejara la planta de Ciccone accionaron en el juzgado de Cosentino la secretaría de Comercio Interior, de Guillermo Moreno. Y el ente público Defensa de la Competencia. El socio de Boudou ya se había presentado ante directivos de Boldt anunciándoles que debían irse de la empresa que habían rentado. “Hablo en nombre de Boudou”, reveló con desfachatez Núñez Carmona.El Gobierno K logró su cometido.La sociedad The Old Fund, presidida por el luego acusado de ser representante secreto de Boudou, Alejandro Vandenbroele, inició el manejo de la compañía.¿Podía desconocer en ese tiempo la entonces presidenta Fernández las acciones estatales de organismos claves que beneficiaron a The Old Fund para que pasase a controlar una fábrica de dinero?No.La vinculación de la Presidenta Fernández con The Old Fund se terminó de sellarse cuando el partido de Gobierno, el Frente para la Victoria, contrató a The Old Fund nada más ni nada menos que para imprimir sus boletas electorales que se usarían en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 2010, y que además se utilizaron para los comicios nacionales. La fórmula de la reelección fue Cristina Fernández-Amado Boudou. Vandenbroele debió pedirle ayuda al fundador de Ciccone, el imprentero de alma Nicolás Ciccone, para tercerizar esos trabajos de imprenta en varias empresas del rubro debido a que la planta gráfica no podía confeccionar las boletas K.A fines del 2010, además, funcionarios de la Casa de Moneda, que estaba bajo supervisión administrativa del ministro de Economía del 2010, Boudou, para probar las máquinas de hacer plata de la empresa ya controlada por The Old Fund.Vandenbroele, se confirmó después en la Justicia, a lo que se sumó luego su confesión como arrepentido en el juicio oral del caso por el que fue condenado el ex vice, vivía en el departamento que Boudou había declarado como propio y supuestamente había alquilado.Con la causa Ciccone en pleno impacto político, judicial y mediático, Boudou negaba conocer a quien vivía en su propiedad mientras él rentaba un departamento más grande también ubicado en Puerto Madero.Vandenbroele había entrado en la Casa Rosada, la Casa de Moneda y en el Instituto de Juego de la Provincia de Buenos Aires. En éste último organismo intentó que The Old Fund sea contratada para imprimir fichas de casino.En la semana santa del 2012, Boudou abrió el Senado en semana santa para denunciar que el caso Ciccone era un invento creado para perjudicarlo. Acusó a diversos actores de la vida pública de ser los ideólogos de un complot que, se comprobó luego, era inexistente.Según fuentes que convivían con Boudou como vicepresidente, fue la propia Fernández la que le ordenó que ese día denunciara como si fueran parte de una especie de mafia al primer juez del caso, Daniel Rafecas; al primer fiscal, Carlos Rivolo; y al Procurador General de la Nación, Esteban Righi. Todos dejaron sus puestos.La instrucción de la causa Ciccone por la que Boudou fue procesado y llevado a juicio oral fueron el magistrado Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello.El Estado K usó su aparato de propaganda para intentar atacar a los testigos del caso, a los investigadores judiciales y los periodistas que difundían noticias sobre ese expediente que se volvió imparable.En abril del 2012, con la ex Ciccone investigada por lavado de divisas, entre otros delitos, la gestión presidencial de Fernández contrató a la compañía para fabricar 410 millones de billetes de cien pesos. La entonces presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, había negado en público que eso pasaría.La decisión final la tomó la cúpula gubernamental, liderada por la presidenta Fernández.Fue en ese tiempo en el que, muy enojada con su vice por el costo político que pagaba el Gobierno por su actuación, dejó de hablarle a su vice.En agosto del 2012 la Presidenta Fernández envió al Congreso un proyecto de Ley para que el Estado expropiara la ex Ciccone.El dato era desconocido: el titular del Senado, Boudou, se enteró de la noticia cuando ese proyecto entró en la mesa de entradas del Palacio Legislativo, admiten ahora ex autoridades del Congreso.La estatización de la ex Ciccone se votó en Diputados y en el Senado con mayoría de votos de legisladores del peronismo gobernante. Un Ley tan polémica y de esa envergadura jamás se hubiese sancionado si la Presidenta no le habría ordenado a los bloques K que aceptasen aprobar esa expropiación escandalosa Boudou sufrió durante horas la sesión en la que se votó ese proyecto en el Senado.El ideólogo de esa defensa de Boudou, explícita pero no verbalizada por los voceros K fue el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. Ese funcionario se transformó en enemigo del vice complicado en la Justicia.Boudou fue obligado a defenderse en los medios. Sus coartadas cayeron una a una. Fue procesado en funciones.Las pruebas en su contra se acumularon y sus familiares directos y su socio Núñez Carmona quedaron vinculados de modo directo a The Old Fund.El caso por todas las instancias judiciales y la instrucción del juez fue ratificada en todos los tribunales del alzada hasta que en el 2018 Boudou fue condenado.La ahora vice Fernández continúa hasta hoy en silencio. Igual su hijo, el diputado Máximo Kirchner. Pero aun así Fernández aceptó que su dirigencia atacara la decisión de la Corte de confirmar la cárcel para el ex vice.¿Es una defensa ideada para Boudou o pensando en posibles condenas de ex funcionarios K, o de la propia Fernández, potenciales de concretarse en el futuro?El presidente Alberto Fernández, que siendo jefe de Gabinete le había desaconsejado a Cristina Fernández que designara a Boudou como titular del ANSES hizo silencio estos días. Pero habló en favor del ex vice el jefe de Gabinete.En mayo del 2014, el entonces crítico K, Alberto Fernández publicó en el diario La Nación una columna lapidaria sobre Boudou.Pero que podría aplicarse a la situación procesal de la actual vice, Fernández (Cristina).Fernández (Alberto) escribió que “genera cierto escozor pensar que un vicepresidente de la República deba tener que afrontar” una declaración indagatoria.La vicepresidenta Fernández, en ejercicio de ese mismo cargo, afronta en la actualidad un juicio oral en su contra en la que es la principal acusada de cometer delitos de corrupción con contratos de obra pública en Santa Cruz. Paradojas y vueltas de la vida política nacional.Amado Boudou fue uno de los funcionarios más cercanos y de mayor preferencia de Cristina Fernández. Esa relación se rompió para siempre por el caso Ciccone.Aunque la Presidenta supo siempre que su vice había tomado el control de una fábrica de billetes.Los Presidentes y vices continúan hoy, con nombres y roles distintos, enredados en los complejos camino de las causas judiciales de corrupción.

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