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El Gobierno pedirá a grandes empresas que informen todos los meses sus ventas, costos y productos en stock

Para evitar los desabastecimientos y controlar la evolución de la inflación, la Secretaría de Comercio pedirá a unas 1.000 grandes empresas que reporten mensualmente los precios y las cantidades vendidas de sus productos. El requerimiento comenzará desde el próximo mes. 
Según una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, un grupo de compañías elegidas, de sectores variados como la Alimentación, Bebidas, Higiene personal, Limpieza,  Construcción, Electrónica y Electrodomésticos, Muebles, Químicos y Agroquímicos, entre otros; deberán comenzar a notificar a un régimen informativo los precios de venta, las cantidades producidas y vendidas y el stock de sus productos. De esta manera aumenta el monitoreo del Estado en las empresas como ha sucedido en los últimos tres meses.El programa que recopilará estos datos se llama Sipre “Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica” y a diferencia del régimen informativo que rige para los supermercados desde 2016, SEPA, la información brindada por las empresas será confidencial.​Así lo explicaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo. La medida sobre las empresas se conoce en medio de las negociaciones del Estado con las cámaras empresarias por los precios y salarios y en un contexto donde la inflación se aceleró en los últimos meses.Concretamente, sobre la medida lanzada hoy en el BO, en una primera etapa se busca monitorear unas 500 empresas de los sectores elegidos. Estos son, según el Gobierno, aquellos que registran más tensiones tanto de precios como de abastecimiento.”Fundamentalmente lo que buscamos es ver los niveles de venta por canal y el stock para tener un régimen informativo de las grandes empresas. Esto nos va a permitir hacer un seguimiento de precios y de abastecimiento a lo largo de las cadenas productivas y conocer alertas tempranas de algunas empresas que no consigan insumos de determinados productos”, remarcaron fuentes oficiales. Justamente en las últimas semanas, miembros de la COPAL manifestaron su preocupación por la falta de ciertos insumos y en el encarecimiento de sus precios.Frente a las posibles quejas que puedan surgir ante este requerimiento desde el sector empresario, desde la cartera que dirige Matías Kulfas enfatizaron que la información solicitada surge del trabajo diario en cada una de ellas “y no necesitarán contratar personal extra para poder cumplir con el régimen”.A pesar de que los sectores elegidos participaron en las mesas de trabajo por los acuerdos de precios y salarios, desde el Gobierno aseguraron que este sistema comenzó a diseñarse hace semanas, antes de escuchar las críticas de los empresarios. Como los datos que se le solicitan a las empresas pueden considerarse “información sensible” para cada uno de sus negocios, fuentes del Ministerio de Desarrollo remarcaron que la información volcada es estrictamente confidencial y que no se utilizará para realizar informes públicos. “No nos interesa conocer los márgenes de rentabilidad de las compañías. Lo que necesitamos entender es cuál es la evolución de los precios a lo largo de toda la cadena productiva. Y también los niveles de abastecimiento. Esto nos va a permitir administrar mejor las situaciones de shock y de normalidad, de procesos de producción y comercialización”, dijeron. Además detallaron que no habrá sanciones por ninguno de los datos presentados, aunque sí se prevén multas para aquellos que no cumplan con cargar el reporte mensual.  La semana pasada la Secretaría de Comerció imputó a 20 empresas del sector de la construcción por no brindar información solicitada. Lejos de aceptar una “moreninzación” de sus prácticas, en la Secretaria de Comercio dicen que gracias al nuevo sistema, todo será “normativa, sistema operativo y sonrisas. Y algo de rigor, por supuesto”El año arrancó con controles y sancionesEn medio de las críticas de los empresarios por la permanencia del Programa de Precios Máximos, la Secretaría de Comercio Interior, encabezada por Paula Español desplegó en los últimos meses férreos controles de precios, para intentar frenar el salto inflacionario.En enero, creó el Consejo Federal de Comercio Interior, un ente con presencia en todas las provincias para hacer monitoreo de los precios en las góndolas. Anteriormente, en diciembre pasado Español había incluido a las empresas de materiales de construcción en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA), un régimen informativo creado durante la presidencia de Mauricio Macri.En febrero, hace justo un mes, la Secretaría de Comercio Interior, imputó a grandes empresas de consumo masivo por generar desabastecimiento. La Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC) acusa a Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian de bajar la producción o no entregar determinados productos de consumo masivo para su comercialización.

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Según una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, un grupo de compañías elegidas, de sectores variados como la Alimentación, Bebidas, Higiene personal, Limpieza,  Construcción, Electrónica y Electrodomésticos, Muebles, Químicos y Agroquímicos, entre otros; deberán comenzar a notificar a un régimen informativo los precios de venta, las cantidades producidas y vendidas y el stock de sus productos. De esta manera aumenta el monitoreo del Estado en las empresas como ha sucedido en los últimos tres meses.El programa que recopilará estos datos se llama Sipre “Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica” y a diferencia del régimen informativo que rige para los supermercados desde 2016, SEPA, la información brindada por las empresas será confidencial.​Así lo explicaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo. La medida sobre las empresas se conoce en medio de las negociaciones del Estado con las cámaras empresarias por los precios y salarios y en un contexto donde la inflación se aceleró en los últimos meses.Concretamente, sobre la medida lanzada hoy en el BO, en una primera etapa se busca monitorear unas 500 empresas de los sectores elegidos. Estos son, según el Gobierno, aquellos que registran más tensiones tanto de precios como de abastecimiento.”Fundamentalmente lo que buscamos es ver los niveles de venta por canal y el stock para tener un régimen informativo de las grandes empresas. Esto nos va a permitir hacer un seguimiento de precios y de abastecimiento a lo largo de las cadenas productivas y conocer alertas tempranas de algunas empresas que no consigan insumos de determinados productos”, remarcaron fuentes oficiales. Justamente en las últimas semanas, miembros de la COPAL manifestaron su preocupación por la falta de ciertos insumos y en el encarecimiento de sus precios.Frente a las posibles quejas que puedan surgir ante este requerimiento desde el sector empresario, desde la cartera que dirige Matías Kulfas enfatizaron que la información solicitada surge del trabajo diario en cada una de ellas “y no necesitarán contratar personal extra para poder cumplir con el régimen”.A pesar de que los sectores elegidos participaron en las mesas de trabajo por los acuerdos de precios y salarios, desde el Gobierno aseguraron que este sistema comenzó a diseñarse hace semanas, antes de escuchar las críticas de los empresarios. Como los datos que se le solicitan a las empresas pueden considerarse “información sensible” para cada uno de sus negocios, fuentes del Ministerio de Desarrollo remarcaron que la información volcada es estrictamente confidencial y que no se utilizará para realizar informes públicos. “No nos interesa conocer los márgenes de rentabilidad de las compañías. Lo que necesitamos entender es cuál es la evolución de los precios a lo largo de toda la cadena productiva. Y también los niveles de abastecimiento. Esto nos va a permitir administrar mejor las situaciones de shock y de normalidad, de procesos de producción y comercialización”, dijeron. Además detallaron que no habrá sanciones por ninguno de los datos presentados, aunque sí se prevén multas para aquellos que no cumplan con cargar el reporte mensual.  La semana pasada la Secretaría de Comerció imputó a 20 empresas del sector de la construcción por no brindar información solicitada. Lejos de aceptar una “moreninzación” de sus prácticas, en la Secretaria de Comercio dicen que gracias al nuevo sistema, todo será “normativa, sistema operativo y sonrisas. Y algo de rigor, por supuesto”El año arrancó con controles y sancionesEn medio de las críticas de los empresarios por la permanencia del Programa de Precios Máximos, la Secretaría de Comercio Interior, encabezada por Paula Español desplegó en los últimos meses férreos controles de precios, para intentar frenar el salto inflacionario.En enero, creó el Consejo Federal de Comercio Interior, un ente con presencia en todas las provincias para hacer monitoreo de los precios en las góndolas. Anteriormente, en diciembre pasado Español había incluido a las empresas de materiales de construcción en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA), un régimen informativo creado durante la presidencia de Mauricio Macri.En febrero, hace justo un mes, la Secretaría de Comercio Interior, imputó a grandes empresas de consumo masivo por generar desabastecimiento. La Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC) acusa a Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian de bajar la producción o no entregar determinados productos de consumo masivo para su comercialización.

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El Gobierno evalúa los costos de no cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

Argentina no haría un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional antes de octubre. Esta sería la decisión ahora adoptada por la cúpula del Frente de Todos y compartida por la Casa Rosada. La resolución política final se adoptaría después de la crucial misión que hará Martín Guzmán a Washington.Esa es la información confidencial que tienen los “lobos” de Wall Street y que provocó el salto del riesgo país, en un valor como si Argentina entrara en otro “default”.La medición aumentó un 53 % desde el acuerdo de la deuda externa y dejó a la Argentina –otra vez – fuera de mercado. La suba es un cóctel explosivo de desconfianza: el ruido con el FMI, la intervención del BCRA para contener el dólar y la decisión de “pesificar” los contratos de energía. La noticia sobre el FMI se incluye ya en los informes exclusivos de los bancos de Manhattan para sus inversores. Lo repiten los calificados JP Morgan, Credit Suisse, HCBC y Morgan Stanley. Circula también en el propio FMI: Gerry Rice –el vocero- admitió que “las negociaciones van a llevar tiempo”.El miércoles, Bloomberg emitió un informe clave para sus suscriptores: “El FMI ve ventajas en retrasar el acuerdo con Argentina para después de octubre”. La noticia generó turbulencias y todos intuyen que la Casa Rosada decidió jugar con fuego. Impactó tanto la versión que fue la primera pregunta en un reservado encuentro del Council of the Americas. Había más de un centenar de jefes de “multis”, banqueros e inversores. Expuso Sergio Massa.

La decisión política de postergar el acuerdo con el FMI es de Cristina. Alberto Fernández pone condiciones. Foto Senado

Susan Segal, la influyente jefa del Council, tomó la palabra y fue directa: “¿Argentina va a hacer un acuerdo con el FMI?”. Massa fue hábil y muy diplomático. Este jueves también llovieron las consultas al Palacio de Hacienda. Guzmán fue ambiguo. Así respondió a las consultas: “Nosotros seguimos trabajando para construir un acuerdo que funcione bien”. La decisión la impulsa Cristina y Alberto solo pone condiciones para ejecutarla. Pretende mostrar voluntad de diálogo y después dar el portazo. Por eso, Guzmán irá a los Estados Unidos -se confirmó la fecha que adelantó Clarín– con la intención de negociar la postergación.El ministro ofrecerá a Kristalina Georgieva un menú de opciones. Primero, insistirá en la propuesta de acuerdo “light”, que no incluya sacrificio fiscal para la Argentina. Julia Kozak y Luis Cubeddu –auditores- ya anticiparon informalmente la respuesta. Fue a Sergio Chodos: un acuerdo así es imposible de cerrar. Ambos funcionarios del FMI están molestos con el equipo económico: dicen que hasta ahora Guzmán no presentó ningún plan consistente en Washington. El ministro –entonces- sondeará la posibilidad de “patear” todo para el último trimestre del año.En Washington estarían de acuerdo con una condición clave: que Guzmán pague al contado y con fondos propios el millonario vencimiento de septiembre. Hasta el jueves a la noche, el ministro no tenía confirmado un encuentro con la mandamás del Tesoro, la verdadera dueña del FMI. Janet Yellen no ratificó la entrevista. Guzmán se vería solo con sus colaboradores. El ministro tendrá una tarea ciclópea frente a la Casa Blanca. Los funcionarios que se ocuparan del “caso argentino” son economistas de larga trayectoria saturados de los incumplimientos de Argentina.Uno es Adewale Adeyemo, subsecretario del Tesoro. Joven como Guzmán e hijo de inmigrantes nigerianos. Critica abiertamente el avance de China sobre países de la órbita de EE.UU. como la Argentina.

Janet Yellen, la jefa del Tesoro. Guzmán aún no tiene confirmada una entrevista con la funcionaria. Foto AP

El otro es David Lipton. El funcionario será asesor especial de Yellen y ocupará otro lugar clave en el Tesoro. Lipton fue el segundo de Christine Lagarde en el FMI. En otras palabras: el funcionario que canalizó en el FMI y ejecutó los préstamos para Mauricio Macri que ahora Alberto va a judicializar. Aún no se conoce la “denuncia criminal”, pero de concretarse Lipton sería uno de los principales sospechosos. Porque Lipton fue el encargado personal de instrumentar la orden de Donald Trump de apoyar a de Macri. Tendría que ser llamado a declarar. En Washington califican de “humo” las amenazas de Alberto, pero las imputaciones dificultan el diálogo. Imponen restricciones a futuras misiones negociadoras e incomodan a Guzmán en las conversaciones. Lipton y los burócratas del FMI podrían ser citados a declarar en la Justicia local: un escándalo.El giro “ electoral” en la negociación con el FMI trastoca los planes iniciales de Guzmán. El ministro considera que un acuerdo con el FMI le iba a permitir consolidar la estabilidad y planchar el billete. Nadie apuesta a otra corrida. La cosecha abultará las reservas, que continúan en el bajo nivel de 3.500 millones líquidos. Pero una noticia de ruptura con el FMI puede desatar los demonios.En las últimas semanas el ministro Guzmán sufre un injusto asedio interno y una increíble operación de desgaste político. El “fuego amigo” se desató porque a los seguidores de Cristina no le gusta que se corte sólo y menos que adopte posturas condescendientes con hombres de negocios. Mercedes Marcó del Pont aprendió de ese asedio: la AFIP dispuso este jueves abrir la fiscalización de 1.300 altos contribuyentes que eludieron declarar bienes personales, para no abonar el Impuesto a la Riqueza. Otro escándalo.Las posiciones “sensatas” de Guzmán generan ruido en Máximo, La Cámpora y el Instituto Patria. Le critican también la falta de empeño en controlar la inflación. Alberto, por necesidad, a veces no lo respalda con suficiente convicción. Ocurre en la intimidad de las fuertes discusiones internas.

Marcela Losardo, la saliente ministra de Justicia de la Nación. Foto Federico López Claro

El Presidente atraviesa fuertes turbulencias con su círculo íntimo. Varios de sus “leales” –de la primera hora- están inquietos por sus desplantes. La inquietud aumentó con el caso de Marcela Losardo. Fue la abogada quien renunció, cansada de Cristina y la falta de apoyo de Alberto. El Presidente aceptó su salida por la TV y abrió una caja de Pandora.Cristina es una “pacwoman” de cargos. Su verdadero candidato para Justicia es el ex senador Marcelo Fuentes, un “gurka” del cristinismo. Alberto se resiste: su nombramiento sería una declaración de guerra a jueces y fiscales. El disgusto de su “círculo íntimo” comenzó con la despiadada salida de Ginés González García.El ex ministro comunicó que iba a renunciar. Pero Alberto le impidió hacer una conferencia para dar una explicación final sobre el vacunatorio VIP. Ese destrato provocó fuerte malestar de influyentes figuras cercanas a Alberto contra la Casa Rosada. Muchos le recordaron su doble vara: cómo sepultó al ex ministro con historia y prestigio y cómo respaldó a Victoria Donda en su bochornoso affaire de la empleada doméstica.También Felipe Solá está molesto por el asedio de versiones que lanza la Quinta de Olivos. No se bancó la tergiversación de un desayuno de reconciliación con Alberto, que difundieron voceros del Presidente. Los problemas comenzaron con el desplante a María Eugenia Bielsa. La Casa Rosada afirmó que la echaron por incompetente, cuando la mayoría del gabinete tampoco brilla por su gestión. Bielsa se fue para complacer a Cristina.En la UIA, evalúan en forma crítica la situación. Existe expectativa por la inminente reaparición de una figura política clave. Ocurrirá la semana próxima y en la Fundación Mediterránea: romperá el silencio María Eugenia Vidal.

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