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Implementar el Acuerdo Final de Paz en Colombia tardaría 26 años, según la Contraloría

Dadeiba. 17 de Abril del 2019. Un pequeño municipio, de los tantos que hay en Colombia y que en su memoria guarda reflejos de un conflicto armado que aún persiste, pero que a hoy ha servido de refugio para los excombatientes de las Farc que, dos años después de la firma del Acuerdo de Paz, buscan un tránsito a lo que eran antes de la guerra: campesinos de “bien”. (Colprensa-Sergio Acero)Este miércoles, el contralor General de la Nación, Felipe Córdoba, presentó un informe sobre los recursos del posconflicto en los últimos años. La advertencia fue clara: de seguir el ritmo actual la implementación del Acuerdo Final de Paz se lograría en 26 años.“Si bien la ejecución de recursos presenta un crecimiento anual promedio de 5 por ciento desde la firma del acuerdo hasta la fecha, el avance de la implementación aún es insuficiente para cumplir con lo planeado en el Plan Marco de Implementación. En ninguno de los años, desde 2017, se ha ejecutado la totalidad de los recursos previstos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) por lo que, a este ritmo (en promedio $5,6 billones anuales), la implementación del Acuerdo Final se lograría en 26 años”, detalló la Contraloría.Para el ente de control, la ejecución anual ha mostrado este comportamiento, en contraste con lo previsto en el MFMP:2017: $5,36 billones (frente a $9,09 billones)2018: $4,21 billones ($8,62 billones)2019: $6,31 billones ($8,55 billones)2020: $6,53 billones ($8,38 billones)2021: $5,67 billones (el MFMD había previsto $8,80 billones)De acuerdo con esto, se han presentado rezagos en el cumplimiento de lo programado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo equivalentes a aproximadamente $8 billones en el periodo 2017-2018; a $4 billones en 2019-2020 y a $3 billones en el 2021.Durante el período 2017-2020 el seguimiento de la Contraloría evidencia una ejecución de $22,4 billones a precios de 2020. Es decir, un 65 % de lo previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo para este cuatrienio y un 15 % de avance frente al costeo total de $146,7 billones (también a precios constantes de 2020).La mayor parte de los recursos ejecutados a ese año, se orientaron al punto 1 sobre la Reforma Rural Integral y al punto 4 que busca darle Solución al Problema de Drogas. En 2021, el primero asocia el 74,2 % de los recursos, mientras que el cuarto apenas alcanza un 0,2 %.Respecto al componente de paz de $42 billones de 2020, se han ejecutado $18,5 billones a marzo de 2021, lo que hace referencia a un 44 % de lo previsto para los cuatro años.Así las cosas, se determinó que el Presupuesto General de la Nación ha apalancado el 71 % de la implementación del Acuerdo Final, incluyendo los recursos proyectados en 2021, año en el que esta fuente representa el 95 %, constituyéndose de esta forma en la principal. El 65 % de esos recursos se han orientado a la Reforma Rural Integral (RRI), seguido por un 9 % dirigido al Fin del Conflicto y un 12 % a Víctimas.¿Qué vio la Contraloría?Este informe de la Contraloría, que irá al Congreso, presenta los principales avances y obstáculos en cada uno de los seis puntos del Acuerdo Final de Paz: 1. Reforma Rural Integral, 2. Participación Política, 3. Fin del Conflicto, 4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, 5. Acuerdo sobre las Víctimas y 6. Mecanismos de Implementación y Verificación.Desmovilizados de las FARC fueron registrados este jueves, durante el inicio de la llamada “Marcha de peregrinación por la vida y la paz” desde Medellín y hasta Bogotá, en rechazo a la violencia que le ha costado la vida a más de 230 de ellos y exigiendo que se respeten los acuerdos de paz. EFE/Luis Eduardo Noriega
“Hay un riesgo de desfinanciación de la implementación, por la falta de lineamientos para el uso de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), fuente que soporta a las entidades territoriales. La CGR sigue alertando sobre la necesidad de reformar la Ley 715 de 2001, para que el SGP aporte de manera efectiva a la Reforma Rural Integral (RRI)”, señaló la entidad.Igualmente, alertó que hay un riesgo por desbalance en la ejecución de recursos en algunos pilares del Acuerdo Final, frente a apuestas estructurales y cronogramas de la implementación.Para el ente de control, se evidencia un riesgo de incumplimientos en la ejecución de los proyectos y pérdida de recursos públicos ejecutados por privados, debido a deficiencias en el seguimiento y monitoreo del avance físico y financiero de las obras por impuestos por parte de las entidades que coordinan este mecanismo.Vea el informe completo aquí:SEGUIR LEYENDO:El POT de Claudia López tendrá audiencia pública en la Cámara de RepresentantesClaudia López señaló que si llega un nuevo pico de contagios, las restricciones serán para los no vacunados

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Magistrados de la JEP cuestionaron el accionar del Estado durante el proceso de rendición de cuentas

Audiencia con representantes de entidades del Estado.
Cortesía: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).En una audiencia citada por la Jurisdicción Especial para la Paz para analizar los resultados de las acciones y estrategias implementadas por el Estado para velar por la seguridad de excombatientes, entidades como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio de Defensa y la Unidad Nacional de Protección presentaron los avances, los cuales fueron cuestionados por los magistrados, quienes los consideraron insuficientes.Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, al inicio de la diligencia, presentó el informe ‘Silenciando la verdad: Un diagnóstico de los patrones de violencia letal que afectan a los excombatientes de las Farc-EP en Colombia’. Según el documento, el asesinato de los excombatientes no solo se debe al narcotráfico, conflictos personales o formación de disidencias. También alertó que, si se mantiene la situación crítica y los atentados contra los firmantes de la paz, en diciembre de 2024 habrán asesinado a 1.600 excombatientes.Asimismo, el director de la UIA explicó que el perfil de las víctimas corresponde a hombres mestizos entre los 25 y 44 años, sin pertenencia étnica, con bajos niveles de escolaridad y que tendieron a ocupar posiciones de la baja jerarquía en las Farc. También alertó que los firmantes del acuerdo que asumen roles de liderazgo son los más afectados. Asimismo, reveló que los asesinatos de excombatientes se presentan en 98 municipios y, 20 de ellos, concentran el 53% de los crímenes.La vicefiscal general, Martha Vecerra, aseguró, según El Espectador, que se ha avanzado en 135 de las 280 denuncias por afectaciones a exFarc y sus familiares. También señaló que se han dado 33 sentencias condenatorias y hay más de 20 casos en juicio. Además, se han llevado a cabo 12 sentencias condenatorios por el delito de amenaza contra excombatientes. Los magistrados cuestionaron que, pese a las denuncias presentadas con anterioridad por los firmantes amenazados, el nivel de esclarecimiento de los hechos no es mayor a los casos que no presentaron ninguna acusación.Si bien la Fiscalía debería adelanta procesos y estrategias en materia de prevención para evitar la continuación de los asesinatos, la vicefiscal explicó que, en Colombia las funciones de la entidad no son preventivas. Incluso denunció que los esquemas de seguridad y las acciones de la Unidad Nacional de Protección no son lo suficientemente rápidos ante riesgos inminentes, señaló El Espectador.Audiencia con representantes de entidades del Estado.
Cortesía: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), en cabeza del Alto Comisionado Miguel Ceballos, aseguró que el objetivo de la entidad no es proteger a los excombatientes, pues sus acciones se centran en acabar con los grupos armados ilegales. Pese a asegurar que no hay un correcto lineamiento jurídico para saber cuáles son las estructuras sucesoras del paramilitarismo, uno de los magistrados, señaló El Espectador, refutó dicha afirmación e indicó que estas organizaciones son producto del fallido proceso de paz del expresidente Uribe. Además, los magistrados cuestionaron que, luego de cuatro años, la Comisión no haya adelantado ningún plan de acción y no haya adelantado las reuniones necesarias con protectores de los Derechos Humanos.Los desplazamientos masivos de excombatientes fueron el punto central de los cuestionamientos contra el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, pues los magistrados aseguraron que el Estado no garantiza su seguridad. Archila también argumentó que el gobierno nacional tenía contemplado el traslado de algunos grupos de firmantes de los acuerdos y, por ello, hizo el debido acompañamiento. Asimismo, aseguró que se han llevado a cabo 191 casos de reubicación y se han atendido las amenazas. Por su parte, el magistrado Gustavo Salazar cuestionó estos procesos de reubicación, ya que, consideró, son casos de desplazamiento forzado que reiteran la ineficiencia de las estrategias tomadas por la entidad.Audiencia con representantes de entidades del Estado.
Cortesía: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).La Unidad Nacional de Protección detalló que ha estado trabajando en la contratación de hombres y mujeres para fortalecer los esquemas de seguridad. También ha fortalecido el número de analistas que desarrollan estrategias para la protección de los excombatientes. Sin embargo, la magistratura aseguró que no se tomaron medidas antes de que la JEP interviniera, pues, pese a que la entidad estaba desbordada, no hubo modificación y aumento de la planta.Durante la diligencia el representante del partido Farc, Pastor Alape, hizo un llamado a al gobierno del presidente Iván Duque para el cese a la estigmatización contra los firmantes. También, señaló RCN Radio, Alape aseguró que el plan de acción de Paz con Legalidad es contrario a los objetivos propuestos en el Acuerdo de Paz y afecta a los excombatientes y los procesos de liderazgo que se vienen implementando en el país.A su vez, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, señaló que el gobierno destinó $31,4 billones del presupuesto aprobado por el Congreso de la República para darle atención a las necesidades de entidades relacionadas con el Acuerdo de Paz. También explicó que se destinaron $158.000 millones para la Unidad Nacional de Protección y que este presupuesto aumentó $16.000 millones para el próximo año.La Defensoría del Pueblo resaltó la emisión de 192 alertas tempranas, 32 de estas, según El Tiempo, coinciden con territorios priorizados por la JEP. Ricardo Arias, defensor delegado de la entidad, aseguró que se han identificado distintos escenarios de riesgo para los excombatientes, lo que ha permitido adoptar nuevas medidas de seguridad para proteger a los excombatientes “dentro y fuera de los espacios territoriales y las nuevas áreas de reincorporación”, señaló el medio.La diligencia permitió entender “el fenómeno y las actuaciones del Estado para tratar de contener los crímenes contra los comparecientes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, señaló el comunicado de la JEP. También, durante la sesión, se plantearon nuevas estrategias y procedimientos para fortalecer las medidas de protección de los excombatientes.

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Muere militar en combate con disidentes de las FARC

BOGOTÁ (AP) — Un soldado murió y otros tres resultaron heridos en un combate con un grupo de disidentes de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia cuando realizaban un control de seguridad en el sur del país.Los enfrentamientos continuaron hasta la madrugada del viernes, informó el ejército a The Associated Press. Cuatro militares habían sido heridos durante el enfrentamiento pero uno de ellos falleció cuando era trasladado a un centro médico en Puerto Asís en el departamento de Putumayo, en la frontera con Ecuador.La seguridad en la zona se reforzó con dos helicópteros artillados y más de 50 hombres de las fuerzas especiales del ejército.Recientemente el comandante de las fuerzas militares, general Luis Navarro, señaló a AP que desde que se firmó el acuerdo de paz con ese grupo guerrillero a fines de 2016 hay 2.400 disidentes en diferentes partes del país.

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Maduro amenaza con invadir Colombia y desplegará 150.000 militares en la frontera

Un vocero del gobierno chavista aseguró que solo tardarían 11 segundos en llegar a Bogotá con sus aviones de combate. Colombia se declaró en “alerta máxima”.

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