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Nombramientos, resoluciones y pedidos: las 50 medidas K para influir en la justicia y lograr la impunidad

El avance frontal sobre los jueces y tribunales que investigaron, juzgan o tienen en sus manos las causas por corrupción contra Cristina Kirchner y sus ex funcionarios fue el motivo y meta excluyente en la constitución de la fórmula presidencial que llegó al poder hace un año, el 10 de diciembre de 2018.
Sin hesitar un instante, sin pausas ni demoras -ni siquiera bajo la tragedia del coronavirus-, desde cada oficina del gobierno partieron órdenes, resoluciones y flamígeras palabras para acercar la distancia sideral respecto de la anhelada impunidad. Disimuladas bajo el tramposo manto discursivo del lawfare, una supuesta persecución política y mediática ejecutada en los juzgados, esa verdadera metralla de disposiciones prueba justamente lo contrario: un vasto plan para quebrar el espinazo de los jueces, separarlos de sus cargos, poner bajo su suela a los fiscales, amedrentar a testigos y arrepentidos, y hacer desaparecer pruebas embarazosas.Veamos una apretada enumeración de las medidas que tomó el gobierno de Alberto Fernández en este primer año de gestión para aliviar la pesada mochila judicial de su mentora: 1) Discurso de guerra. En su asunción, hace un año, el presidente señaló a los jueces: “Hemos visto el deterioro judicial, en los últimos años; hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por quienes gobiernan y silenciadas por cierta complacencia mediática”, dijo. “Nunca más a una justicia que decide y persigue, según los vientos políticos del poder de turno. Nunca más a una justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, ni a una política, que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno”, atacó.2) Reiteradas visitas del ministro del Interior Eduardo Wado De Pedro a varios de los jueces de la Corte Suprema durante el verano, para interceder por Cristina Kirchner en las causas por corrupción que la tienen como acusada y con varios planteos ante el máximo tribunal pendientes de resolución.3) Designación del operador judicial K Juan Martín Mena como secretario de Justicia, es decir viceministro.4) Designación del senador y secretario de Cristina Kirchner Oscar Parrilli al frente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.5) Designación del ex fiscal K Félix Crous, integrante de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, en la Oficina Anticorrupción.6) Abandono de la OA de las causas por lavado de dinero contra Cristina Kirchner y sus hijos Hotesur y Los Sauces.7) Decisión de retirar de la OA de todas las causas por corrupción en las que actuaba como querellante, por “falta de personal”.8) Designación en la Unidad de Investigación Financiera (UIF) del abogado Carlos Cruz.9) Despidos o cesanteos de quince funcionarios y empleados técnicos de la UIF, que habían participado de distintas investigaciones respecto a supuestas maniobras de lavado de dinero de ex funcionarios kirchneristas.10) Designación en la Procuración del Tesoro del dirigente ultra K Carlos Zannini.11) Dictamen de la procuración de Zannini a favor de que el condenado ex vicepresidente Amado Boudou cobre su asignación vitalicia de 420.000 pesos. En diciembre la Corte dejó firme aquella sentencia, pero Boudou sigue cobrando.12) Pedido de nulidad de su procesamiento y la elevación a juicio del expediente por encubrimiento del atentado a la AMIA a través del pacto con Irán, por parte del procurador del Tesoro Carlos Zannini.13) Designación en la Inspección General de Justicia de Ricardo Nissen, apoderado de Máximo y Florencia Kirchner.14) Desistimiento por parte de Nissen de un recurso ante la Corte Suprema para que ordenara al Instituto Patria, que lidera Cristina Kirchner, que informara sobre quiénes son sus socios y de qué forma en que se financia.15) Desplazamiento de tres directores de la Inspección General de Justicia (IGJ) que estaban a cargo de las áreas que fiscalizaron al Instituto Patria y a Hotesur, la empresa dueña del Hotel Alto Calafate de Cristina Kirchner.16) Designación del dirigente de La Cámpora Horacio Pietragalla en la secretaría de Derechos Humanos.17) Intervención del secretario Pietragalla ante la justicia para beneficiar con prisión domiciliaria al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y con excarcelación a Martín Báez.18) Designación de Santiago Eguren, ex espía de la AFI y apoderado del Frente de Todos, como titular del Programa de Testigos e Imputados Protegidos, que cuida a los arrepentidos en causas de corrupción entre otras. Eguren responde directamente a al viceministro Mena. El avance sobre el programa decidió a Leonardo Fariña y el contador Víctor Manzanares a renunciar a él.19) Reversión de la autonomía del Programa de Testigos Protegidos.20) Filtración ilegal de los términos del acuerdo de protección del arrepentido en el caso Ciccone Alejandro Vandenbroele, con el fin de desacreditarlo a él y a su testimonio, y de poner en peligro su seguridad.21) Coacciones, amenazas, llamadas telefónicas de madrugada y “confusas situaciones de seguimiento y espionaje” contra el ex contador de Cristina Kirchner Víctor Manzanares, arrepentido clave en el caso de los Cuadernos de las Coimas.22) Ataque a tiros a Marcelo Herrera, abogado en el juicio de “La Ruta del Dinero K” del arrepentido Leonardo Fariña y también defensor junto a su socio de dos de los hijos de Lázaro Báez. Dos personas con cascos en sus cabezas bajaron por sorpresa de una moto, le pegaron un disparo a su auto tras advertirle que debía tener cuidado con lo que podía hablar sobre el constructor y ex socio de la familia Kirchner.23) Designación en el Consejo de la Magistratura del intendente de Mercedes y hermano del ministro del Interior Wado De Pedro, Juan Ignacio Ustarroz, como delegado del Poder Ejecutivo.24) Redacción y presentación de la iniciativa para anular los traslados de jueces que el Consejo había decidido hace dos años, con foco en los magistrados federales Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, que intervinieron en causas en las que Cristina Kirchner está acusada o deberían juzgarla en el caso los Cuadernos de las Coimas.25) Votación en la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del nuevo Código Procesal del cambio de las condiciones para dictar y mantener prisiones preventivas.26) Cambio en el régimen jubilatorio de los jueces, que causó más de 65 vacantes.27) Suspensión de la designación de los directores de la Autoridad Nacional de la Competencia, que debería analizar la cartelización de la obra pública investigada en el Caso Cuadernos. “Cuando el Presidente decidió anular todo lo actuado por Cambiemos en el concurso público y transparente, lo que decidió es que la causa de la cartelización de la obra pública sea analizada por funcionarios designados por el Poder Ejecutivo y sentenciada por la Secretaria de Comercio Interior, la señora Paula Español”, denunciaron diputados de la Coalición Cívica.28) En su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, Alberto Fernández volvió a apuntar contra los jueces: “Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho.”29) Retiro de los pliegos de 117 jueces y 61 fiscales federales elevados por el presidente Macri para su aprobación en el Senado.30) Sorpresivo envío a prision domiciliaria de Amado Boudou, bajo la excusa de un posible contagio de coronavirus pese a que los médicos del Servicio Penitenciario Federal habían indicado que el ex vice no integraba el grupo de riesgo y su salud era muy buena.31) Presiones a la justicia para lograr la prisión domiciliaria de Luis D’Elía, condenado por la toma de la comisaría de La Boca en 2004. El Director Nacional Contra la Violencia Institucional, Mariano Pryzbilski presionó por teléfono a la jueza Sabrina Namer para sacar de la cárcel al ex piquetero. La magistrada lo consignó por escrito.32) Suspensión durante meses de los juicios por corrupción contra Cristina y sus ex funcionarios, con el argumento de la cuarentena por el coronavirus.33) Maniobras y dilaciones en el Consejo de la Magistratura para proveer al TOF 2 del sistema informático necesario para retomar las audiencias virtuales del juicio contra Cristina por el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz en favor de Lázaro Báez.34) “Intimidaciones y amedrentamientos por parte de Cristina Kirchner y su abogado Carlos Beraldi” a Silvina Martínez, denunciante y testigo en el juicio contra la actual vice por el direccionaminto de la obra pública de Santa Cruz hacia su socio Lázaro Báez. Martínez denunció en la justicia un plan de intimidación a testigos en causas contra Cristina.35) Apertura de un sumario administrativo por parte de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, para investigar a un grupo de trabajo interno que había organizado su antecesor Leandro Cuccioli para colaborar con la Justicia en las causa de los Cuadernos de las Coimas, de la petrolera Oil, del Soterramiento del Sarmiento y otras. Además, disolvió la Dirección de Integridad Institucional y derogó varias resoluciones sobre transparencia adoptadas durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.36) Desaparición de un legajo original de la AFIP con datos clave sobre maniobras impositivas de Cristóbal López, que habiá reclamado la jueza a cargo de la quiebra de Oil Combustibles, Valeria Pérez Casado.37) Designación de la ex titular de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima María Laura Garrigós de Rébori como interventora del Servicio Penitenciario Federal, en cuyas cárceles se alojan los ex funcionarios nacionales detenidos por corrupción.38) Sanción en el Congreso de una moratoria fiscal a medida del empresario K Cristóbal López para su firma Oil Combustibles, quebrada luego de la investigación judicial por la falta de pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles por al menos 8.000 millones de pesos. De inmediato, López pidió acogerse a ese beneficio.39) Envío al Congreso y votación en Diputados del proyecto legislativo de reforma judicial, que busca cuadruplicar los juzgados federales porteños y designar velozmente a sus titulares como subrogantes hasta que se hagan los concursos.40) Conformación de la Comisión Beraldi, para “evaluar y sugerir” cambios respecto de la integración y el funcionamiento de la Corte, el ministerio Público y el Consejo del a Magistratura. Con mayoría oficialista, la integraban el abogado de Cristina, Carlos Beraldi; y el defensor de Cristóbal López, Carlos Arslanian, entre otros especialista.41) Campaña de presiones para forzar la renuncia del Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal.42) Elaboración y votación en el Senado de un proyecto de ley que elimina la mayoría agravada de esa Cámara para designar al procurador, limita la duración de su mandato y deja en manos del oficialismo la conformación de jurados para sancionar y remover fiscales.43) Luego de que el titular de la Corte convocara a un acuerdo extraordinario para tratar el per saltum con que los jueces Bruglia y Bertuzzi buscaban resistir su desplazamiento, el presidente Alberto Fernández lo criticó sin rodeos: “me llama mucho la atención las cosas que se ven dentro de la Corte, me preocupa enormemente. ¿Cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte, qué es lo que está buscando? Yo me lo pregunto porque realmente cualquiera que ha estudiado derecho sabe que esto es un escándalo jurídico”.44) Proyecto de juicio político al presidente del a Corte, Carlos Rosenkrantz, por parte de la diputada kirchnerista Vanesa Siley, integrante de la mesa judicial del Instituto Patria. Rosenkrantz ya había sido objeto de críticas y escraches personales por parte de medios y editorialistas cercanos a Cristina.45) Veloz apertura del concurso e integración del tribunal que juzgará a los aspirantes a ocupar los lugares de Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia en la Cámara Federal porteña.46) Selección y envío al Senado del pliego del controvertido juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla para el estratégico juzgado federal 1 de La Plata, con competencia electoral en toda la provincia de Buenos Aires.47) Reconocimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que modifique condenas firmes de los tribunales argentinos, a través de la resolución 1/2020 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal -en la que el kirchnerismo tiene mayoría- fechada el 24 de noviembre. 48) Reiterados pedidos de inconstitucionalidad de la Ley del Arrepentido por parte de los abogados de Cristina Kirchner y Julio De Vido en el caso Cuadernos. La Cámara de Casación rechazó esa pretensión.49) Pedido de juicio político para todos los miembros de la Corte luego de su confirmación de la condena a Amado Boudou, por parte del juez de Cámara y militante K Juan Ramos Padilla.50) Duro ataque a la Corte Suprema de Justicia y todo el poder judicial en la última carta pública de Cristina Kirchner: “la actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare”, comenzó. “Si ese Poder… Además de ser perpetuo… Además de no ir jamás a elecciones… Además de tener la palabra final sobre la vida, el patrimonio y la libertad de las personas por encima del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo… Si además de todo eso, ese Poder sólo es ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes, y que tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos control alguno”, finalizó la vicepresidenta.

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Padres de normalistas de Ayotzinapa pidieron a AMLO investigar a Cienfuegos por la desaparición de los 43 estudiantes

FOTO DE ARCHIVO. REUTERS / Henry Romero (Henry Romero/)Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Fiscalía General de la República (FGR) abrir una carpeta de investigación en contra del ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el General Salvador Cienfuegos Zepeda, por el caso de sus hijos.El vocero del colectivo “Nos faltan 43” Felipe de la Cruz, solicitó al gobierno de la República que no haya impunidad para Cienfuegos Zepeda, y que más allá del tema del narcotráfico, se le investigue por la probable responsabilidad en los hechos del 26 de septiembre de 2014, en el municipio.“Para nosotros el general Cienfuegos tiene mucha responsabilidad en los hechos de la noche de Iguala por proteger a los soldados que participaron esa noche. Lo hemos denunciado desde el inicio: el Ejército tiene mucho que ver en los crímenes de esa noche”, resaltó el vocero.Aseguró que hay malestar por la impunidad que prevalece en torno al ex jefe de las fuerzas armadas: “¿Cómo es posible que llegue a nuestro país y muy tranquilamente se vaya a dormir a su casa, cuando nosotros llevamos seis años en exigencia de que se investigue a los militares?”, cuestionó de la Cruz.Fotografía de archivo/EFE/José Pazos
(EFEI0658/)Cienfuegos Zepeda, fue el titular de la Sedena en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Luego de que los estudiantes de Ayotzinapa fueron atacados por presuntos criminales y policías municipales durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, el jefe del Ejército mexicano aseguró que no permitiría que se investigara a sus elementos, ya que no tenían nada que ver en la desaparición de los normalistas.Y es que desde el momento en el que ocurrieron los hechos, se cuestionó el papel del Ejército por no haber intervenido para detener los ataques. Incluso se le ha señalado de ser parte de las agresiones.De la Cruz aseguró que hay evidencias que consigna la presencia de militares el día de los hechos en diferentes puntos de Iguala, de ahí que se señale que se debe sancionar al personal que permitió los ataques contra los jóvenes.“La verdad es que no puede estar durmiendo como angelito en su casa cuando sabemos que trae cargos de delincuencia”, aseveró el vocero.El pasado 26 de septiembre, al cumplirse seis años de la desaparición de los jóvenes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ofreció una disculpa a nombre del Estado, se comprometió ante los padres de los estudiantes a hacer justicia y anunció que hay órdenes de captura vigentes contra militares y miembros de la Policía Federal que pudieron haber estado involucrados en el caso.Al cumplirse el sexto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que habría justicia y reveló que ya había órdenes de aprehensión contra algunos militares que presuntamente habrían participado en los hechos (Foto de archivo: REUTERS/Edgard Garrido) (EDGARD GARRIDO/)“Se han entregado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar. Cero impunidad. El que haya participado y se le demuestre va a ser juzgado”, expresó el mandatario en un acto en Palacio Nacional con familiares de las víctimas.Apenas el pasado 19 de noviembre, un día después de que Salvador Cienfuegos llegara a México “como ciudadano libre” luego de que EEUU se desistiera de los cargos por narcotráfico y lavado de dinero en contra del General mexicano, se dio a conocer que un juez dictó auto de formal prisión contra el capitán José Martínez Crespo por “delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud”.La acusación es por sus presuntos vínculos con la organización Guerreros Unidos, a la que se atribuye la responsabilidad de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.De acuerdo con la información, el Capitán Crespo estuvo patrullando en el municipio de Iguala al frente de un grupo de soldados. Sin embargo, hasta el momento, no hay una acusación formal en su contra por la desaparición de los normalistas.MÁS DE ESTE TEMA:“Quiero ofrecerles disculpas a nombre del Estado mexicano”: López Obrador se comprometió ante padres de los normalistas a hacer justiciaCaso Ayotzinapa: López Obrador reveló que hay órdenes de captura contra militaresLas impactantes revelaciones de Anabel Hernández sobre Tomás Zerón y Omar García Harfuch, en la desaparición de los 43 normalistas

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