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Indígenas en Guatemala bloquean carreteras en protesta contra presidente

Miles de indígenas mayas bloquearon este lunes unas 10 horas seis importantes tramos de carreteras en el oeste de Guatemala, en la última protesta para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei.”El presidente en su forma de expresar es muy prepotente y en el Congreso se guían más por sus bancadas y sus necesidades, (pero) no van acorde a las necesidades de nuestro país”, dijo a una radio local Santiago Cux, uno de los líderes de las protestas.El Congreso, dominado por fuerzas oficialistas, anuló un controvertido presupuesto del país para 2021, el más alto de la historia, en medio de protestas que reclamaban que las cuentas benefician a sectores empresariales en detrimento de aumentar las partidas para salud y contra la pobreza.Una vez levantados los bloqueos, han continuado las manifestaciones en contra de Giammattei, criticado también por una mala gestión de la pandemia del covid-19.Cux aseguró que la convocatoria fue apoyada por las 83 comunidades del departamento de Sololá para “hacerle saber al gobierno central y a los diputados que las acciones que han tomado últimamente con el presupuesto 2021 dejan mucho que desear”.Sololá (oeste) es un departamento con más de medio millón de habitantes donde cohabitan tres pueblos mayas y que alberga el turístico Lago de Atitlán.Los indígenas levantaron los bloqueos, que transcurrieron de forma pacífica.En la capital, un grupo de personas que dijeron ser estudiantes, llegó con el rostro tapado y quemaron neumáticos frente al Parlamento.Unos de los encapuchados comentó a periodistas que la medida forma parte de las manifestaciones contra el mandatario, en rechazo a la clase política tradicional y a la corrupción en el Estado.Para llegar a la sede del Congreso este grupo se apoderó de un autobús que cubría la ruta hacia la ciudad universitaria, en la periferia sur de la capital.Como medida de precaución, el Ejecutivo evacuó al personal que trabaja en la antigua sede del gobierno, ubicada a unos 300 metros del Congreso, indicó la titular de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Francis Masek.Al igual que las recientes protestas de los dos últimos fines de semana en la capital, los indígenas reclamaron la “depuración” del Congreso, la renuncia del ministro de Gobernación (Interior), Gendri Reyes; de la Fiscal General, Consuelo Porras; y del director de la Policía, José Tzubán.- Marginados del diálogo -Las peticiones de los manifestantes fueron elevadas a través de una carta dirigida al presidente Giammattei, en la que le reclaman por su “falta de respuesta” a peticiones para el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.La propia Premio Nobel de la Paz guatemalteca, Rigoberta Menchú, criticó hace unos días que el gobierno no incluyera a los indígenas en el diálogo convocado para resolver la crisis que afronta el país.Asentados principalmente en el occidente del país, los indígenas representan el 43% de los casi 17 millones de habitantes de Guatemala y denuncia discriminación.En algunas comunidades la pobreza supera el 80%, según cifras oficiales, y la desnutrición afecta al 50% de los niños menores de cinco años, el índice más alto de Latinoamérica.Las manifestaciones para pedir la renuncia de Giammattei, un conservador de derecha que asumió el poder en enero, se iniciaron el sábado 21 de noviembre en la plaza ubicada frente a la antigua sede de gobierno. Si bien comenzaron pacíficamente, fueron incendiadas varias oficinas del Parlamento.Los opositores responsabilizan a Giammattei de opacidad en la elaboración del presupuesto y afirman que el proyecto no atendía problemas como la pobreza, que afecta a casi el 60% de los guatemaltecos.También acusan a Giammattei, médico de profesión, de una mala gestión frente a la pandemia del covid-19, que hasta este lunes registraba 4.171 muertos y 122.062 casos de contagio.El sábado, miles de guatemaltecos reanudaron sus protestas, durante la cuales un grupo de manifestantes con el rostro cubierto incendió un autobús.El ministro de Gobernación dijo que la quema del autobús fue “un acto totalmente planificado y financiado por algún grupo de personas que intenta desestabilizar el orden institucional del país”.Para el procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, el gobierno intenta “criminalizar” las protestas, apoyándose en actos de violencia que ocurrieron al margen de las manifestaciones.ec-mav/dga

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Senador indígena sale ileso de un ataque armado en Colombia

El senador indígena Feliciano Valencia sufrió este jueves un ataque a tiros del que salió ileso en el suroeste de Colombia, cuando se dirigía a la conmemoración de una masacre ocurrida hace un año en esa conflictiva zona.En el camino a la reserva nativa de Tacueyó, en el departamento de Cauca, “hombres que estaban en una camioneta de color gris nos dispararon (…) Escuchamos varios disparos, pero solamente a la camioneta (…) le impactaron tres” balas, dijo a la AFP el congresista del partido Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais).”La violencia nuevamente está azotando estas regiones. Las autoridades indígenas [están] amenazadas (…) Esto es para ratificar que no es mentira lo que nosotros decimos, nos están matando”, agregó.El ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo, quien rechazó el atentado a través de un mensaje de Twitter, se desplazó hasta la zona para reunirse con Valencia. “Vine a expresarle la solidaridad del gobierno (…) por la situación que se presentó y naturalmente se han tomado medidas para fortalecer su seguridad”, aseguró el ministro en una declaración a medios tras su encuentro con el líder indígena.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el hecho en un mensaje de Twitter en el que recordó que Valencia “es una de las personas beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH (…) que solicita la adopción de medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de él y otros líderes indígenas”.- “Amendrentamiento” -La red Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos denunció en un comunicado el “amedrentamiento” vivido por la comunidad, que conmemora un año de la masacre de la gobernadora indígena Cristina Bautista y cuatro guardias del pueblo nasa a manos de disidentes de la guerrilla FARC, en la reserva nativa de Tacueyó.Bautista y sus acompañantes fueron asesinados a tiros mientras se desplazaban en un vehículo. “Si nos quedamos callados, nos matan, y si hablamos, también. Entonces, hablamos”, dijo la gobernadora en un video publicado por el portal Tiempo Real Popayán semanas antes de su muerte.En su memoria cientos de indígenas se reunieron este jueves en el coliseo de Tacueyó, donde tocaron tambores, flautas e hicieron un ritual de “limpieza”.Al ejercer control en sus territorios, los indígenas se vuelven “un problema” para los actores armados, según Valencia.En la zona operan disidentes de la guerrilla FARC que no se acogieron al pacto de paz firmado en 2016 con la insurgencia marxista.Además de estos grupos, rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas narcotraficantes se disputan en el Cauca numerosos sembradíos de hoja de coca y marihuana, así como una ruta para sacar la droga por el Pacífico hacia Centroamérica y Estados Unidos.Valencia es uno de los dos senadores indígenas de la Cámara Alta del Congreso, junto con Luis Andrade.Reconocido como Premio Nacional de Paz en 2000 por sus esfuerzos por la convivencia pacífica en el Cauca, fue condenado en 2015 a 16 años de prisión por el secuestro de un militar durante una protesta indígena.Pero fue liberado y absuelto en 2017 por la Corte Suprema de Justicia.Valencia también lideró este mes la movilización de unos 7.000 indígenas que viajaron desde el suroeste hasta Bogotá para protestar contra el gobierno y la violencia en sus territorios, ante una de las peores arremetidas de grupos armados desde la firma de la paz con las FARC en 2016.La protesta fue una de las mayores demostraciones de fuerza recientes de los pueblos originarios, que representan alrededor del 4,4% de los 50 millones de colombianos.De acuerdo con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), 313 nativos han sido asesinados en dos años de la administración del presidente Iván Duque.Colombia vive un conflicto armado que en casi seis décadas deja más de nueve millones de víctimas.pho-dl-jss/gma/rsr

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Miles de indígenas colombianos se movilizarán hasta Bogotá para presionar a Duque

Miles de indígenas colombianos que protestan contra el gobierno y la violencia que sufren en sus territorios se movilizarán hasta Bogotá para presionar un encuentro con el presidente Iván Duque, anunciaron sus líderes este martes.”Nuestras autoridades han manifestado que nos vamos para Bogotá. ¡Nos vamos para la capital de la República!”, declaró Hermes Pete, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, en una asamblea pública organizada en Cali.El movimiento de protesta llegó el lunes a esta ciudad del suroeste del país tras un recorrido a pie y en autobuses que partió desde el vecino departamento de Cauca, una de las zonas más castigadas por la arremetida de guerrillas y demás grupos financiados por el narcotráfico.Pete anunció que los manifestantes tomarán camino hacia Bogotá el miércoles, aunque no precisó si realizarán algunos tramos a pie o llegarán directamente en vehículos.En Cali (distante a unos 460 kms de la capital colombiana), los indígenas exigían un encuentro cara a cara con Duque para exponer sus denuncias sobre la violencia y los incumplimientos de los acuerdos de paz alcanzados en 2016 con la exguerrilla FARC, entre otros reclamos.Sin embargo, el mandatario envió a esa ciudad una delegación de varios ministros que trató en vano de alcanzar algún consenso para desactivar la movilización contra el gobierno.”Si (…) no da la cara en Bogotá, nos regresamos (…) y tomamos las acciones”, advirtió Pete, aludiendo a bloqueos de la vía Panamericana que conecta a Colombia con Ecuador.Más temprano, la misión del gobierno insistió en su oferta de diálogo y subrayó su preocupación por el impacto que podría tener este tipo de manifestaciones en medio de la pandemia.”Insistimos (…) en encontrar un camino efectivo para salir adelante y resolver todas las propuestas y las peticiones”, dijo Alicia Arango, ministra del Interior, en una declaración a los medios.El lunes, mientras miles de indígenas se dirigían a Cali, fueron asesinados a tiros un exdirigente de esas comunidades, Fredy Güetio, y su esposa, Reina Mera.El ataque se produjo en el municipio de Suárez, Cauca, según el movimiento indígena.La organización que agrupa a los pueblos originarios en Colombia, ONIC, ha denunciado al menos 167 homicidios de sus miembros desde que Duque llegó al poder el 7 de agosto de 2018.Los indígenas representan alrededor del 4,4% de los 50 millones de habitantes de Colombia.El acuerdo de paz, que redujo la violencia política de más de seis décadas en el país, no logró desactivar por completo el conflicto armado, que se ha recrudecido en las últimas semanas con decenas de masacres.dl-vel/rsr

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Indígenas de Ecuador demandan a Moreno por supuestos delitos de lesa humanidad

La principal organización indígena de Ecuador presentó este lunes una demanda contra el presidente Lenín Moreno y otras autoridades por supuestos delitos de lesa humanidad cometidos durante las manifestaciones de octubre del año pasado, que dejaron una decena de muertos.La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) pidió a la Fiscalía que investigue “delitos de lesa humanidad porque creemos que fue un ataque sistemático y generalizado a la población civil” lo ocurrido en octubre, dijo a la AFP Carlos Poveda, abogado de la organización.”Hemos pedido que no se hagan investigaciones aisladas ni circunstanciales. Hemos pedido que se unan todas las denuncias y que se traten en un contexto de crímenes de lesa humanidad”, agregó el abogado de la Conaie.Hasta el momento el gobierno no se han pronunciado sobre la demanda.Una ola de protestas, marcadas por la violencia, estalló en Ecuador del 3 al 13 de octubre de 2019 luego de que el gobierno decretara un alza del precio de los combustibles.Las manifestaciones llevaron al gobierno a declarar el estado de excepción y en un momento el Ejecutivo de Moreno huyó de la capital hacia Guayaquil, para luego dar marcha atrás y restablecer los subsidios a los combustibles.Poveda precisó que la demanda fue presentada contra Moreno, la ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, el comandante general de la Policía, Patricio Carrillo y el contralor Pablo Celi.”Habíamos presentado denuncias, habíamos dicho al Estado que ellos de oficio investiguen los hechos de octubre de 2019, pero este gobierno irresponsable y la justicia ecuatoriana no han podido responder y dar explicación al pueblo ecuatoriano”, expresó Jaime Vargas, presidente de la Conaie, a la prensa.Según datos entregados por la Defensoría del Pueblo, las protestas dejaron diez muertos, 1.340 heridos y 1.192 detenidos. Los daños causados se estiman en 821 millones de dólares.pld/rsr

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Google suprime visitas virtuales de Uluru, sagrado para aborígenes australianos

Google suprimió de su servicio de navegación virtual Google Street View las imágenes que permitían visitar virtualmente Uluru, un lugar sagrado para los aborígenes australianos y cerrado a los turistas desde hace un año, anunció la compañía este viernes.La administración australiana de parques naturales, Parks Australia, pidió que estas imágenes fueran eliminadas por deseo del pueblo Anangu, los aborígenes que son propietarios del lugar.Uluru, también conocido como Ayers Rock (Roca de Ayers), es un enorme monolito de color rojo que se halla en el parque nacional Uluru-Kata Tjuta, en el centro de Australia.El lugar está incluido en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. Fue cerrado permanentemente a los turistas el 26 de octubre de 2019 por pedido de los Anangu, que lo consideran sagrado.”Entendemos que el parque nacional Uluru-Kata Tjuta es profundamente sagrado para el pueblo Anangu”, declaró un portavoz de Google, especificando que han eliminado las imágenes en cuanto Parks Australia expresó su preocupación.Google precisó que las imágenes fueron tomadas por usuarios de su servicio de mapas en línea Google Maps antes del cierre de Uluru a los turistas.Antes, miles de turistas escalaban cada año Uluru, de gran importancia espiritual y cultural para los aborígenes australianos, vinculados a este sitio desde hace decenas de miles de años.dm/jah/plh/ybl/erl/gm

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Perú promete recursos para Amazonía tras protesta con tres muertes

Perú prometió el lunes recursos para la Amazonía, foco de la pandemia de covid-19, tras la muerte de tres indígenas en choques con la policía durante una protesta contra la contaminación y las deficiencias sanitarias frente al campamento de una petrolera canadiense.”Hemos acordado reforzar la atención primaria en salud, ante el COVID-19, específicamente en Bretaña, pero en general en la región de Loreto”, dijo a la televisora estatal el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, desde el hospital regional de Iquitos, principal ciudad de la Amazonía peruana, foco de la infección de coronavirus desde hace cinco meses.”Hemos venido a ver a los heridos” en los enfrentamientos, 17 policías y nativos hospitalizados, agregó Neyra, cuyo portafolio se encarga de las relaciones con los pueblos indígenas de Perú.El ministro viajó a esa zona petrolera de la selva, donde se reunió el domingo con dirigentes nativos luego que la calma retornara al campamento.”Hemos acordado retomar el plan de cierre de brechas” de pobreza y salud, indicó Neyra, sin dar detalles sobre el monto de los recursos ni sobre los principales pedidos de las comunidades amazónicas.”Nosotros hacemos un llamado al Gobierno central para que atienda a las comunidades indígenas, pero también a los indígenas a no reaccionar violentamente, eso no ayuda a ponernos de acuerdo”, dijo en tanto Elisbán Ochoa, el gobernador de Loreto, región donde nace el río Amazonas.El enfrentamiento entre nativos y policías ocurrió cerca de la medianoche del sábado, cuando unos 70 pobladores armados con lanzas intentaron tomar el campamento de la empresa canadiense PetroTal, en la localidad de Bretaña, en esa región selvática del noreste de Perú.Los indígenas exigen a la empresa que paralice sus trabajos en un pozo petrolero conocido como Lote 95, alegando que contamina la zona a raíz de varios derrames pasados. El domingo PetroTal anunció la suspensión de sus operaciones en la zona, donde tiene un centenar de trabajadores.La pandemia del nuevo coronavirus que golpea a Perú desde marzo ha sido especialmente severa en la Amazonía, donde viven decenas de etnias indígenas en situación de pobreza.Con 33 millones de habitantes, Perú registra más de 478.000 contagios y supera los 21.000 muertos por covid-19. Es el tercer país con más casos y contagios en la región después de Brasil y México.ljc/fj/yow

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La única indígena del tribunal de paz confía en el diálogo para reconciliar a Colombia

Originaria de una etnia pacífica violentada por la guerra, Ana Manuela Ochoa Arias se salvó de ser reclutada por grupos armados, estudió derecho y defendió los pueblos autóctonos. Hoy, es la única magistrada indígena del Tribunal Especial para la Paz en Colombia.”Soy parte de un pueblo (…) muy afectado por el conflicto” y “mi mayor intención es contribuir para que lo que nos pasó a nosotros no le pase a ningún otro”, señala en entrevista exclusiva con la AFP en Bogotá.De mirada viva y tono pausado, esta jurista, graduada de una universidad prestigiosa, apuesta por el “diálogo” para reconciliar una sociedad lastimada por casi seis décadas de violencia.Nació en los primeros años del conflicto, el 3 de agosto de 1972, en la Sierra Nevada de Santa Marta, que se levanta a más de 5.700 metros sobre la costa Caribe (norte).Aunque la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene un 53% de mujeres (de 51 miembros) y cuatro magistrados indígenas, Ana Manuela es la única con asiento en el tribunal.”Es cierto que soy la única mujer indígena en el tribunal (…) Pero esa cuestión no me gusta. Yo me comprendo siempre en comunidad”, declara esta abogada.La JEP, compuesta de un tribunal y tres salas, nació del acuerdo de paz firmado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ofrece a exguerrilleros y militares penas alternativas a la prisión si admiten sus crímenes, indemnizan a las víctimas y renuncian para siempre a la violencia.Para Ana Manuela, este concepto de justicia restaurativa -propio también de los indígenas que representan un 4,4% de los 50 millones de colombianos- puede “aportar mucho al país”.A continuación, extractos de la entrevista:- ¿Cómo ha influido en su vida el conflicto armado?”Yo soy indígena kankuama (…) Soy parte de un pueblo muy afectado por el conflicto (…), nos asesinaron unas 400 personas en unas dos décadas. Eso me llevó a pensar en estudiar derecho para defender los derechos de mi pueblo y (…) ayudar a la paz.El territorio en que yo me crié (…) fue en su momento declarado zona roja por la presencia de actores armados.Escapé al reclutamiento forzado porque mis papás nos (…) mandaron a mis hermanos y a mí a estudiar a Valledupar (capital del Cesar, norte).De esa época, recuerdo un momento que fue muy decisivo en mi vida: cuando asesinaron a mi mejor amiga (…) me enfrenté a los actores armados y les pregunté por qué estaban asesinando mujeres, jóvenes, niñas (…) Y allí creo que empezó todo (…), de pensar en exigir cambios, exigir el cumplimiento de derechos no solamente al Estado, (…) sino también a los actores armados.Mi familia fue desplazada toda y todos tuvieron que venirse a Bogotá. Éramos 17 personas en situación de desplazamiento forzado”.- ¿Cuál ha sido su trayectoria hasta llegar al tribunal de la JEP?”Me gradué con muy buenas notas y (…) llegué a la Universidad de los Andes en 1997 a través de un programa que apostaba a la diversidad. Estuvimos unos cien estudiantes de todo el país, indígenas, afrodescendientes, campesinos.Allí aprendí una cosa muy importante: reconocernos como seres humanos independiente de donde viene uno.Trabajé en la Defensoría del Pueblo, luego (en) la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y llegué a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en 2008.Soy formada por la universidad, pero también en el movimiento indígena (…) Conocí la realidad de muchos de los 115 pueblos indígenas de Colombia.¿Como llegué a la JEP? Fue una decisión de comunidad (…) Hicimos la consulta con las autoridades indígenas, con los “mamos”, y ellos decidieron apoyarme en esto”.- ¿Cuál puede ser el aporte de la cultura indígena a la paz?”Para aplicar la justicia restaurativa, uno tiene que sentar al victimario, a la víctima, y si es posible a la comunidad, y tratar de lograr un diálogo entre esas partes (…) Así funcionan en gran medida los sistemas de justicia de los pueblos indígenas. Hace una gran diferencia porque le permite al victimario (…) entender qué daño causó.También tiene unas finalidades que son reparar y reincorporar a la sociedad a la persona que cometió el delito (…) para que no lo vuelva a repetir.Para mí, el acuerdo de paz siempre fue una esperanza muy grande (…) Si podemos contribuir a que nos reconozcamos como seres humanos, si podemos sacar a los jóvenes de la guerra y educar bajo otros principios, que sanen corazones (…) tengo la esperanza que nos podamos reconciliar (…) que comprendamos que la guerra, el conflicto, las armas, la violencia no nos han servido”.fpp/dl/lv/vel/gm/lda

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La pandemia deja a la Amazonia más frágil que nunca

Incendios, agricultura intensiva, extracción minera y petrolera, ocupaciones ilegales de tierras: la pandemia de covid-19 ha agravado todos los males de la Amazonia y está causando estragos entre sus principales defensores, los indígenas.Espacio crucial para la salud del planeta, la cuenca del Amazonas, que alberga la mayor selva tropical del mundo, se extiende por 7,4 millones de kilómetros cuadrados y ocupa casi el 40% de la superficie de América del Sur, en el territorio de nueve países: Brasil, Bolivia, Perú , Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana francesa.Casi tres millones de indígenas se reparten en ella en unas 400 comunidades, según la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). Unas 60 de ellas viven en total aislamiento.A continuación, una crónica sobre cómo el virus se propagó por la selva.- Aislados, no cuidados -Es mediados de marzo y la preocupación llega a Carauari, una aldea del oeste de Brasil cuyos habitantes se encuentran entre los más aislados del mundo. Sin conexión terrestre con paraje alguno, se necesita una semana de viaje en barco para llegar a Manaos, la ciudad más cercana.Al principio, el coronavirus no es más que un problema distante para sus habitantes, que viven en casas multicolores sobre pilotes a lo largo de las aguas marrones del río Jurua, un afluente del Amazonas.Pero el anuncio de un primer caso en Manaos, la “capital” de la Amazonia, provoca una ola de pánico. Aquí nadie ha olvidado las masacres causadas por las enfermedades traídas por los colonos europeos, que diezmaron a casi el 95% de los indígenas americanos, sin inmunidad ante ellas.”Rezamos a Dios para que la epidemia no ocurra aquí. Hacemos lo que podemos, nos lavamos las manos a menudo, como dicen en la televisión”, afirma José Barbosa das Gracas, de 52 años.El primer caso entre los indígenas brasileños se registra a principios de abril: se trata de una joven kokama de 20 años, cuya pueblo reside cerca de la frontera con Colombia. Esta profesional de la salud trabajaba junto a un médico que dio positivo.- Pedidos de ayuda -Conscientes del aumento del peligro, caciques indígenas y otras personalidades dan la voz de alerta: existe el riesgo de “genocidio”, de desaparición de sus comunidades, “en toda la cuenca amazónica”.”No hay médicos en nuestras comunidades, no hay materiales de prevención”, reclama a fines de abril en Ecuador José Gregorio Díaz, desde la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Amazonas.En ese momento, la mitad de los primeros diez casos detectados en la ciudad colombiana de Leticia, en la triple frontera con Perú y Brasil, provienen de este último país. “Enfermarse aquí siempre da miedo, pero hoy tenemos más miedo que nunca”, lamenta Yohana Pantevis, una lugareña de 34 años.”Es la muerte anunciada de buena parte de la población brasileña. Si la enfermedad entra en Amazonia, no tendremos forma de asistir a las poblaciones: las distancias son enormes, los recursos, muy pequeños”, denuncia un mes más tarde, a finales de mayo, Sebastiao Salgado, el célebre fotógrafo brasileño, de 76 años.”Se corre el riesgo de transmitir a los indígenas el coronavirus y de vivir una catástrofe. Yo lo llamo un genocidio, que es la eliminación de una etnia. Creo que el gobierno de [Jair] Bolsonaro se dirige hacia esto porque su posición desde que llegó al poder es 100% contraria a los indígenas”, dice.A principios de junio, el emblemático cacique activista Raoni Metuktire, del pueblo kayapó, acusa en una entrevista con AFP al presidente brasileño ultraderechista de querer “aprovecharse” del coronavirus para eliminar a su pueblo.- Refugiados en la selva -A mediados de junio en Cruzeirinho, una pequeña localidad indígena del lado brasileño, las viviendas de madera están casi vacías: la mayoría de los habitantes ha huido a la selva por temor a contagiarse.”Prefirieron llevar sus pertenencias a la selva y evitar cualquier contacto”, dice a la AFP Bene Mayuruna, quien decidió quedarse en el pueblo.El ejército brasileño envía a un equipo de profesionales de la salud para atender a los habitantes que permanecen allí.- Barreras y plantas medicinales -A una semana en barco desde Cruzeirinho, los habitantes de la reserva indígena de Umariaçu adoptan una estrategia diferente: bloquear el acceso a sus pueblos a los extranjeros.”Atención, tierra indígena. Cerrada por 15 días”, se puede leer en un cartel en la entrada. Aquí, en 5.000 hectáreas, viven alrededor de 7.000 indígenas, cerca de la frontera con Perú y Colombia.Para no depender del sistema de salud pública brasileño, que a menudo está saturado, los nativos también recurren a sus conocimientos ancestrales.Es mediados de mayo y un grupo del pueblo sateré mawé, con plumas y coronas de plantas trenzadas, viaja por el río en busca de plantas medicinales.”Hemos tratado todos los síntomas que hemos sentido con nuestros propios remedios caseros, según nos han ido enseñando nuestros antepasados”, cuenta a la AFP André Sateré Mawé, que vive en una aldea cerca de Manaos.Preparan, por ejemplo, infusiones con cáscara de carapanaúba, un árbol con propiedades antiinflamatorias, o de saracuramirá, utilizado popularmente en el tratamiento de la malaria.- Perderlo todo -En Manaos, Maria Nunes Sinimbu, de 76 años, ve morir en menos de un mes a cinco miembros de su familia, incluidos tres de sus hijos, atacados por el virus.”Mi hija no creía en la fuerza de esa enfermedad. Ella continuó trabajando y viajando normalmente, sin tomar precauciones”, lamenta esta maestra jubilada.La Red Eclesial Panamazónica estimó a fines de julio que 27.517 indígenas habían sido contagiados, y 1.108 habían fallecido. Unos 190 pueblos nativos se han visto afectados por la epidemia, según esta ONG católica.Varios líderes indígenas han muerto víctimas del coronavirus, incluido el cacique Paulinho Paiakán a mediados de junio en Brasil, y Santiago Manuin en Perú a principios de julio.El miércoles falleció el también influyente cacique brasileño Aritana Yawalapiti.- Cultura indígena amenazada -En lo profundo de la Amazonia, el coronavirus plantea un crudo dilema a los indígenas: quedarse en la aldea con muy pocos recursos médicos o ir a la ciudad a riesgo de verse privados de sus ancestrales ritos funerarios.Lucita Sanoma sufre este dolor inimaginable el 25 de mayo, cuando su bebé de dos meses fue enterrado a 300 kilómetros sin que ella sepa. Su bebé murió de neumonía en un hospital en Boa Vista, capital del estado de Roraima, en el noroeste de Brasil.Como caso sospechoso de covid-19, el entierro fue inmediato, atendiendo las directivas del gobierno por razones sanitarias. Pero eso está totalmente en contra de la cultura yanomami, en la que los restos se dejan en el bosque dos semanas y posteriormente son cremados.Las cenizas se recogen en una urna y, mucho tiempo después, se entierran en una nueva ceremonia.Del lado colombiano, en el departamento de Amazonas, a principios de junio Remberto Cahuamari, líder de la comunidad ticuna, habla de su temor a que la desaparición de los “abuelos” a causa de la covid-19 ponga en peligro la transmisión de conocimientos.”Si ellos llegan a terminarse quedaríamos con nuestros jóvenes que para el futuro no conocerían nada de nuestras culturas, de nuestros usos y costumbres. Eso es a lo que tenemos miedo”, dice a la AFP con un tocado de plumas, un collar de colmillos en el pecho y una máscara quirúrgica.A esto se suma el aislamiento. En esta región donde la mayoría de los desplazamientos se realizan en barco, los pueblos a lo largo de los ríos se encuentran aún más aislados con la detención del tráfico fluvial en un intento por detener el avance del coronavirus.- Miedo de los mineros artesanales -Para los yanomami, el peligro proviene del exterior, en particular de los mineros ilegales que invaden regularmente sus territorios, que se extienden por más de 96.000 km2 en la frontera entre Brasil y Venezuela y que albergan a unos 27.000 indígenas.”Sin eso, estaríamos tranquilos”, dice el cacique Mauricio Yekuana, cuya máscara blanca contrasta con el negro de las pinturas que adornan su rostro.Según las ONG, alrededor de 20.000 buscadores de oro operan en estas tierras, alentados por los proyectos del presidente Bolsonaro, que quiere “integrar” estas zonas a las “maravillas de la modernidad”.Estos mineros de oro son todos “posibles transmisores” de covid-19, denuncia Greenpeace Brasil.Según un estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), si no se toman medidas, el 40% de los yanomami que viven cerca de las zonas de extracción de oro podrían contraer el coronavirus.- La deforestación supera récords -Mientras el mundo tiene puesta su mirada en la pandemia, los incendios están en aumento, después de que en 2019 el grado de devastación de los fuegos indignara al planeta.El objetivo es acelerar la deforestación para dar paso al cultivo de soja o la cría de ganado, exportaciones clave de Brasil.”En muchas zonas donde he trabajado (…), solo falta quemar, pero el bosque ya fue talado. Entonces la historia puede verse desde otro ángulo: ¿cuándo lo quemarán?”, dice Erika Berenguer, investigadora de las Universidades de Oxford y Lancaster, agregando que temen “problemas respiratorios por el humo, que se agregarán al coronavirus”.Cuando no son cómplices, las autoridades ven su capacidad para combatir la deforestación limitada por la pandemia.Las últimas cifras confirman los peores temores: la deforestación en la Amazonia se incrementó en un 25% en la primera mitad del año en comparación con el mismo período de 2019, cuando ya había marcado un récord, según el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil (INPE).Y los especialistas temen un agosto particularmente trágico, ya marcado por incendios devastadores en el Pantanal brasileño.bur-tup/jb/ll/ltl/gma

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Corte suprema de Brasil ratifica medidas contra la Covid en tierras indígenas

La corte suprema de Brasil ratificó el miércoles una medida cautelar que obliga al gobierno federal a adoptar medidas para contener la propagación del nuevo coronavirus entre las poblaciones indígenas.La decisión fue aprobada por los 11 magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF), aunque uno de ellos se pronunció también por una rápida intervención para retirar a los “invasores”, en general mineros ilegales, cuya presencia aumenta los riesgos de contagio en esas regiones.El relator del caso, Luis Roberto Barroso, concedió en julio una medida cautelar solicitada por oenegés indígenas y partidos de izquierda, que obligó al gobierno a instalar una treintena de barreras sanitarias, a crear una sala interdisciplinaria para administrar las medidas implementadas y a garantizar a esas comunidades el acceso al sistema de salud indígena.Más de 600 indígenas fallecieron y al menos 22.000 contrajeron la covid-19, según datos de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), que denuncia un “genocidio” de los pueblos originarios debido a la “omisión” del gobierno del presidente Jair Bolsonaro.El combate contra la pandemia, que ya dejó más de 97.000 muertos en Brasil, se politizó al extremo, con tensiones entre los gobernadores favorables a medidas de aislamiento y el mandatario de ultraderecha, que las critica en nombre de la necesidad de mantener la economía en funcionamiento.En vísperas del juicio, el célebre fotógrafo Sebastiao Salgado pidió a los jueces del STF tomar cartas urgentemente en el asunto.”Las invasiones [de tierras indígenas] son, como ustedes saben mejor que yo, completamente ilegales. Esas comunidades están protegidas por la Constitución y ustedes son el último recurso”, afirmó Salgado.- “El mundo nos mira horrorizado” -Barroso denegó el pedido de expulsión inmediata de los ocupantes ilegales por considerar que el ingreso de policías y militares a las tierras indígenas -con un largo historial de invasiones y conflictos- podría desatar enfrentamientos violentos y aumentar los riesgos de contagio.Al exponer sus argumentos el lunes, explicó que considera “imperativa” la salida de los invasores, pero hizo notar que es imposible “resolver mediante una medida cautelar” un problema antiguo.”Hace falta un plan y el Estado debe organizarse para encarar el tema”, subrayó.Añadió que considera “inaceptable la inacción del gobierno (…), aún más a causa del grave riesgo que representa la práctica de crímenes ambientales”.”El mundo nos mira horrorizado y no por casualidad. Es porque [la deforestación ilegal] tiene consecuencias para el ciclo del agua, para la biodiversidad, para el cambio climático”, afirmó.js/yow

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Se inicia en Brasil juicio clave para proteger indígenas de la covid-19

La corte suprema de Brasil inició el lunes un juicio clave para proteger a los indígenas del nuevo coronavirus, que continúa avanzando en las aldeas en medio de denuncias de omisión por parte del gobierno de Jair Bolsonaro.En vísperas del juicio, el célebre fotógrafo brasileño Sebastiao Salgado pidió a los once miembros del Supremo Tribunal Federal (STF) que tomen cartas urgentemente en el asunto.”Las invasiones [de tierras indígenas] son, como ustedes saben mejor que yo, completamente ilegales. Esas comunidades están protegidas por la Constitución y ustedes son el último recurso”, afirmó Salgado, de 76 años, que lanzó una campaña en defensa de los indígenas durante la pandemia.Más de 600 indígenas fallecieron y al menos 21.000 contrajeron la covid-19, según datos de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), que denuncia un “genocidio” de los pueblos originarios debido a la “omisión” del gobierno.El combate contra la pandemia, que ya dejó más de 94.000 muertos en Brasil, se politizó al extremo, con tensiones entre los gobernadores favorables a medidas de aislamiento y el presidente de ultraderecha, que las critica en nombre de la necesidad de mantener la economía en funcionamiento.Entre las medidas solicitadas por la APIB figuran la creación de barreras sanitarias para los indígenas aislados -más susceptibles al virus- y la expulsión de miles de invasores (madereros, mineros ilegales) de sus tierras.Varios de estos pedidos ya fueron concedidos el mes pasado, de forma cautelar, por uno de los jueces del tribunal, Luís Roberto Barroso, que obligó al gobierno a instalar una treintena de barreras sanitarias, a crear una sala interdisciplinaria para administrar las medidas implementadas durante la pandemia y a garantizarles a estas comunidades el acceso al sistema de salud indígena.El debate judicial puede extenderse a otras sesiones o incluso ser postergado a pedido de cualquiera de los miembros de la corte.La APIB considera “fundamental” que el tribunal torne definitivas las medidas cautelares “para evitar una catástrofe sanitaria” y que contemple el pedido de expulsar a los invasores, que no fue conferido por Barroso.El magistrado no determinó la expulsión de los ocupantes ilegales de unas siete tierras indígenas en la región amazónica, porque considera que el ingreso de policías y militares a esa región -con un largo historial de invasiones y conflictos- podría desatar un enfrentamiento armado y aumentar el riesgo de contagio.En cambio, determinó que el gobierno aísle a los intrusos dentro de las propias tierras indígenas, para evitar el contacto hasta hallar una solución definitiva.Brasil, un país de 212 millones de habitantes, tiene una población de unos 900.000 indígenas de más de 300 pueblos. Muchos viven en regiones remotas de la Amazonía.mel/js/lda

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