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Tras los rastros de Peña Nieto: tres grandes escándalos de corrupción que apuntan al ex presidente

Peña Nieto fue señalado de recibir sobornos millonarios. (Foto: Archivo)En poco más de un año, el gobierno de la Cuarta Transformación encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha rodeado al ex presidente Enrique Peña Nieto por su presunta relación en casos de corrupción. El más avanzado de ellos es el que tiene que ver con Emilio Lozoya Austin, quien dejó una estela de corruptelas cuando fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex).De hecho, el influyente diario estadounidense The Wall Street Journal, obtuvo las declaraciones de “un alto funcionario” quien admitió que el gobierno mexicano está investigando a Peña Nieto.Las indagatorias sobre el ex mandatario forman parte de la investigación realizada a Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (detenido el 12 de febrero en Málaga, España y quien ya se encuentra en un proceso de extradición), acusado de comprar las plantas chatarra de Agronitrogenados y Fertinal, así como por presuntamente, haber recibido sobornos de la petrolera brasileña Odebrecht y la empresa española OHL.”La oficina del fiscal general tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya en Agronitrogenados y Odebrecht llega al más alto nivel”, dijo el alto funcionario.(Foto: Cuartoscuro)E incluso la fuente señaló que “la extradición y (cualquier posible) confesión de Lozoya son elementos que, junto con las investigaciones en curso, decidirán si el ex presidente será acusado en el futuro”.De acuerdo con el reporte, la indagatoria sería conducida por la Fiscalía General de la República (FGR) y partiría de la información obtenida a partir del expediente contra Lozoya.Pero la Fiscalía General de la República (FGR) así como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no sólo investigan al ex presidente por el caso de Emilio Lozoya. De hecho, las indagatorias son por nueve casos que ya tienen en la cárcel a algunos personajes claves en el sexenio peñanietista como Emilio Lozoya, Rosario Robles y Juan Collado.Sin embargo, este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él no tiene conocimiento de que se esté llevando una investigación en contra del ex mandatario.“No tengo información sobre que exista esta investigación como lo sostuvo el Wall Street Journal, no tengo yo elementos para sostenerlo, lo que existe es la investigación el proceso contra el exdirector de Pemex , Lozoya, no hay una investigación, que yo sepa, en contra del expresidente Peña, desde luego la fiscalía, aclaro, es autónoma, esto significa que no me informan, no tienen porqué, es una institución independiente, antes estaba subordinada al Ejecutivo no se hacía nada si el presidente no lo ordenaba o no lo autorizaba o no daba su visto bueno, ahora el presidente en este aspecto, se entera a partir lo que informa a todos los mexicanos la fiscalía, son cambio importantes”, indicó López Obrador.Un sexenio marcado por la corrupción y el despilfarroFOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURODesde el inicio y hasta el final de su sexenio, Enrique Peña Nieto se vio envuelto en temas de corrupción. Algunos casos lo apuntaron de manera directa, pero en otros, fue señalado de conocer las corruptelas en las que se vieron envueltos varios de sus colaboradores más cercanos y no tomar medidas.Es por eso que la administración de Peña Nieto ha sido señalada por investigaciones periodísticas y especialistas, como uno de los gobiernos más corruptos en la historia de México.A casi dos años de haber iniciado su sexenio, una revelación periodística puso en jaque a la administración del ese entonces presidente Enrique Peña Nieto.Habían quedado atrás los elogios de la prensa extranjera que, con titulares como “Saving Mexico” y “The Mexican Moment”, alababan las reformas implementadas por el presidente priista como la Energética y la Educativa.Tras la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, la prensa nacional e internacional condenaba los hechos, así como la nula actuación del gobierno mexicano encabezado por Enrique Peña. Había una fuerte indignación social.El 09 de noviembre de 2014 Aristegui Noticias, Proceso y Sin Embargo publicaron una investigación periodística en la que se reveló la existencia de la llamada Casa Blanca, una residencia ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec y valuada en 86 millones de pesos, alrededor de 7 millones de dólares (USD).La casa fue construida por Grupo Higa, una de las empresas preferidas de Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador en el Estado de México (Foto: Internet)El reportaje desató un escándalo y un sinnúmero de reacciones. El gobierno se vio obligado a dar una explicación la cual llegó a través de la primera dama, Angélica Rivera. Mediante un video, la esposa del presidente aseguró ser la propietaria del inmueble, el cual dijo, adquirió con el dinero producto de 25 años de su trabajo como actriz en la empresa Televisa.El clip causó una gran indignación por lo que el propio presidente salió a admitir que se equivocó al permitir que su esposa diera explicaciones.Después surgieron otros casos de corrupción como el de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz acusado de encabezar una red delictiva que permitió desviar al menos 223 millones de pesos provenientes del erario público.Al caso de veracruzano, también se sumaron los casos de corrupción del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge y el del ex mandatario de Chihuahua César Duarte; los cuales, el propio Peña Nieto alababa como la cara del “nuevo PRI”.A lo largo de su gobierno también se destaparon los escándalos de La Estafa Maestra, mediante la cual, 11 dependencias usaron 128 empresas fantasma para desaparecer 7,760 millones de pesos.Durante la administración del político originario del Estado de México, también se concretó la implementación de las reformas Energética y Educativa, las cuales se aprobaron de forma polémica, al señalarse que dañarían al país.FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCUROAunado a ello, también se destaparon diversos casos de corrupción en Pemex que involucraron tanto al titular de la empresa productiva del Estado, Emilio Lozoya, a trabajadores (por el robo de combustible -”huachicoleo”-), como al líder sindical Carlos Romero Deschamps.Además, el en ese entonces aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador (hoy presidente de la República), señaló que la campaña de Peña Nieto habría sido financiada con recursos provenientes del lavado de dinero.El 18 de junio, un diario de circulación nacional reveló que autoridades de Estados Unidos investigan al ex presidente Enrique Peña Nieto, por haber participado en la transacción de Fertinal. A pesar de que no debería haber tenido influencia en las compras de Pemex, ha trascendido que recibió sobornos por parte de Fabio Massimo Covarrubias Piffer, italiano con mayor número de acciones con Fertinal.Dos meses después, en una entrevista otorgada al portal Aristegui Noticias en agosto de 2019, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto reveló que ya se indagaban las cuentas del ex presidente en el sistema financiero nacional e internacional, e incluso, dijo que antes de que terminara el 2019 tendrían completo el expediente.Sin embargo, pese a todos los señalamientos, el ex mandatario no tiene una denuncia en su contra. Unas semanas después de haber concluido su gobierno, Peña Nieto fue visto en calles de España con una mujer que después se supo, era su novia: la modelo Tania Ruiz.Tras darse a conocer las fotografías, su aún esposa Angélica Rivera anunció que se estaba divorciando. Después de concretarse su separación, Peña y Tania fueron vistos en Bruselas y Estados Unidos. Algunas versiones señalan que el ex mandatario vive en España.Emilio LozoyaFoto: Gustavo Martinez Contreras, AP/ Archivo (Gustavo Martinez Contreras/)Emilio Ricardo Lozoya Austin, era uno de los hombres más cercanos a Enrique Peña Nieto. Se desempeñó como director de Pemex de 2012 al 2016 y antes de terminar su gestión, fue acusado por los delitos de cohecho, defraudación fiscal y lavado de dinero.Durante su administración al frente de la ahora empresa productiva del Estado, ocurrieron varios casos de corrupción como el de Odebrecht, la compra de Agronitrogenados y Fertinal, así como el de La Estafa Maestra, en donde se desviaron 83 millones de pesos a través de empresas fachada.De acuerdo con el gobierno federal, en diciembre de 2013, Lozoya Austin presuntamente recibió sobornos por 5 millones de dólares de manos del gigante de la construcción brasileña Odebrecht para que le fuera adjudicado el proceso de modernización de la refinería de Tula, Hidalgo. En total, cinco presuntos sobornos habrían sido transferidos entre 2013 y 2014, lo cual coincide con las fechas clave de la asignación de un contrato con Pemex por 1,436 millones de pesos en la refinería de Tula.Pero oficialmente, el caso contra Lozoya se centra en la polémica compra que hizo Pemex de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados, propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA), por la que habría pagado por cerca de 500 millones de dólares cuando estaba valuada en unos 50 millones de dólares, una suma que, según los analistas, estaba drásticamente inflada y provocó pérdidas millonarias a la petrolera.Después de que se dieron a conocer estos hechos, Emilio Lozoya escapó de México, pero ante el asedio judicial, lanzó serias acusaciones contra el ex presidente Peña Nieto.Emilio Lozoya fue arrestado en Málaga, España el pasado 12 de febrero (Foto: REUTERS/Jon Nazca) (JON NAZCA/)Lozoya Austin aseguró que el mandatario, el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray y el ex presidente del Consejo de Pemex y ex secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, avalaron la compra de Agronitrogenados. Incluso pidió que el ex presidente fuera citado a declarar como testigo.Luego de permanecer nueve mese prófugo, Lozoya Austin fue detenido en una de las zonas más exclusivas de la provincia de Málaga, España, el miércoles 12 de febrero. Este jueves un juez ordenó la prisión provisional incondicional (sin libertad bajo fianza) ante el inminente riesgo de fuga.Este miércoles 19 de febrero, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, adelantó, que hasta el momento hay 14 cuentas congeladas de personas físicas y morales ligadas a la triangulación de dinero en el caso de Emilio Lozoya. Aunque aclaró que por procedimiento no puede dar nombre de las personas a quienes se les congelaron las cuentas, el funcionario señaló las investigaciones continúan para detectar a más involucrados. “Se han presentado cuatro denuncias, hay dos investigaciones todavía pendientes que tienen que ver con el astillero (en España) y otra adquisición ilícita desde nuestro punto de vista a partir de la administración del señor Lozoya en Pemex y hay dos que ya se encuentran judicializadas”, señaló.Rosario Robles BerlangaRosario Robles (Foto: Cuartoscuro)Fue secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. A pesar de que surgió de la izquierda mexicana, Rosario Robles se convirtió en una de las personas más allegadas al entonces presidente priista y es el rostro más reconocible de la mayor trama de desvíos del erario en los últimos tiempos: La Estafa Maestra.Una investigación periodística destapó una compleja red de corrupción en la que varias dependencias gubernamentales, muchas bajo la tutela del círculo cercano del ex presidente, Enrique Peña Nieto, desviaron más de 7,760 millones de pesos.Se trató de un modus operandi con varios años en marcha, y que no se ha visto de esa manera en otros países: las secretarías contrataban a universidades públicas para que realizaran algún servicio del que no estaban capacitadas o no tenían personal para desarrollarlo.Las instituciones educativas se veían obligadas a subcontratar a una o varias empresas que tampoco podían hacer el trabajo. Entonces, pedían los servicios de otras compañías, así hasta llegar a la que realmente tiene la capacidad de cumplir. Gran parte del fraude se realizó entre 2013 y 2014.De acuerdo a la investigación de La Estafa Maestra, 11 dependencias del gobierno federal desviaron los recursos. La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo y Petróleos Mexicanos, en la gestión de Emilio Lozoya, son las tres principales responsables del fraude millonario.FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO (©MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM/)Pero la acusación principal recayó sobre Rosario Robles, quien el 12 de agosto de 2019 se presentó ante el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo (sobrino de la ahora morenista Dolores Padierna) y después de una audiencia que duró más de 12 horas, fue vinculada a proceso y recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, ubicado al oriente de la Ciudad de México, el 13 de agosto.Durante esa audiencia, Robles Berlanga aseguró que tanto el ex presidente Enrique Peña Nieto como el ex secretario de Hacienda y candidato presidencial, José Antonio Meade Kuribreña, estaban al tanto de las irregularidades en la Sedesol y la Sedatu, las cuales habían sido notificadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).“Sí le puse en conocimiento al ex presidente Enrique Peña Nieto a través de la línea roja. La forma de comunicación era mediante la red federal y en las reuniones de gabinete”, dijo Robles.A pesar de que el delito del que se le acusa (uso indebido del servicio público), no amerita prisión preventiva, Rosario Robles continúa en prisión.Juan ColladoJuan Collado (Foto: Cuartoscuro)Durante años, el abogado Juan Collado fue litigante de los funcionarios y políticos más poderosos del país. Entre sus clientes se encontraban el ex presidente Enrique Peña Nieto, el también ex mandatario Carlos Salinas de Gortari y el ex líder del Sindicato Petrolero, Carlos Romero Deschamps.Justo cenaba con éste último, cuando Juan Collado fue arrestado el 9 de julio de 2019, en un reconocido restaurante de Las Lomas, en la Ciudad de México.Juan Collado fue acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y fraude con Libertad Servicios Financieros, ubicada en Querétaro. De acuerdo con la orden de aprehensión, el denunciante Sergio Bustamante, señaló a Collado de estar involucrado en la supuesta compra y venta simulada del edificio sede de Caja Libertad.En su declaración en junio pasado, Bustamante señaló a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, de ser los verdaderos de Caja Libertad. Incluso, reveló que que camionetas de valores llegaban a las instalaciones de la empresa con dinero en efectivo, enviados por Peña Nieto.Los ex presidentes Carlos Salinas y Enrique Peña NIeto (Foto: Especial/ Cuartoscuro)Pero no solo eso. De acuerdo con la diligencia, basada en la declaración del quejoso, desde el 2006 Caja Libertad financiaba campañas para presidentes municipales, senadores y gobernadores de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional en las entidades de Querétaro, Guanajuato y Aguscalientes.Tras su detención, Juan Collado fue enviado al Reclusorio Norte, ubicado en la Ciudad de México, una de las más peligrosas de la capital mexicana.El 13 de enero, el juez Jesús Eduardo Vázquez Rea presidió una audiencia en donde la defensa del esposo de Yadhira Carrillo solicitó una copia del proceso por falsedad de declaraciones de Sergio Hugo Bustamante Figueroa, ex socio de Caja Libertad y principal testigo contra Collado.Además, el juez le negó la concesión de un amparo contra la vinculación a proceso, lo cual fue impugnado por la defensa del abogado.A siete meses de su captura, Juan Collado no ha recibido ninguna sentencia.MÁS DE ESTE TEMA:Aseguran que tras la captura de Emilio Lozoya la Justicia mexicana investiga al ex presidente Peña NietoLa caída de Emilio Lozoya y su efecto dominó: a quiénes podría implicar el ex director de PemexRadiografía de un sexenio: dónde están ahora los personajes más polémicos durante la administración de Peña Nieto“No es mi fuerte la venganza”: López Obrador desconoce investigación en contra de Peña Nieto

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Emilio Lozoya y la lista de sus propiedades y mansiones de lujo en distintas ciudades del mundo

El ex director de Pemex posee lujosas residencias en distintas partes del mundo (Fotos: archivo)Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue detenido este 12 de febrero en Málaga, España, por su relación con el caso Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción más grandes a nivel mundial.De 2012 a 2016, Lozoya se desempeñó como director de Pemex. Antes de llegar a la dirección de la empresa productiva del estado fungió como director para América Latina del Foro Económico Mundial, fue ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo y miembro del Consejo de Administración del grupo empresarial OHL. Su padre, Emilio Lozoya Thalmann fue amigo cercano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari en una relación que inició en su juventud, pero que terminó abruptamente hace unos años. Nacido en 1974, en Chihuahua, Lozoya Austin vivió en un ambiente privilegiado que le permitió estudiar en universidades privadas en México y asistir a otras instituciones de Educación Superior, como Harvard, en el extranjero.En 2016 abandonó la dirección general de la paraestatal en medio de acusaciones en su contra por haber recibido presuntamente sobornos de hasta USD 10 millones de dólares por parte de la constructora Odebrecht, a cambio de apoyar a la compañía brasileña para obtener contratos.Una vida sin problemasUna lujosa casa en el conodiminio Quinta Mar, es propiedad de la esposa de Emilio Lozoya, ex director de Pemex (Foto: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad) Una casa de 38 millones de pesos, cuentas bancarias en dólares, francos y euros, fueron algunas de las pistas que se detectaron en las declaraciones patrimoniales de Emilio Lozoya y que pusieron al exdirector de Pemex, en la mira.La inconsistencia en sus declaraciones patrimoniales llevó a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a inhabilitar por 10 años al exfuncionario. Las lujosas propiedades de Emilio Lozoya La adquisición de una casa, ubicada en Ixtapa, Guerrero, se efectuó en julio de 2013, doce días después de que Pemex autorizó la compra de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, perteneciente a AHMSA. Las autoridades determinaron que el pago de dicha planta fue hecho a un sobrecosto estimado de 620 millones de pesos, ya que las instalaciones eran chatarra.Una investigación del colectivo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad demostró que a la par que Petróleos Mexicanos negociaba la compra de la planta de AHMSA, un ejecutivo de esa empresa intervino en la adquisición de una casa de descanso para la familia Lozoya, en la zona de Contramar, uno de los sitios más exclusivas de Ixtapa, Zihuatanejo.Emilio Lozoya con su esposa, Marielle Helene Eckes. (Foto: El Universal)El inmueble ubicado en el condominio de Quinta Mar, tiene un valor de USD 1.9 millones y cuenta con cinco recámaras, todas con baño propio y cuatro de ellas con vestidor. La habitación principal tiene una estancia, terraza descubierta, una pérgola, palapa y mirador con vista al mar.En los distintos desniveles se distribuyen el comedor, dos estancias, una terraza, la cocina, un gimnasio, un cuarto de televisión, dos bodegas, cuarto de lavado, cuarto de servicio con un baño completo, alberca y cochera para tres autos. La residencia tiene acceso al mar y una playa privada. A un costado del condominio se ubica el restaurante exclusivo Kau Kan. Al otro lado se ubica la Casa Jaguar, una residencia de ultralujo diseñada por el despacho Zozoya Arquitectos.La residencia tiene un valor de USD 1.9 millones (Foto: Especial) Nueva York, Suiza y otros destinosLa Fiscalía General de la República ha identificado tres domicilios del ex funcionario en Nueva York y uno en Ginebra, Suiza.De acuerdo con información a la que tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Fiscalía localizó un domicilio en Ginebra atribuido a Lozoya, cuando rastreaba los movimientos de una cuenta en el banco suizo Gonet & Cie, de la que se realizaron transferencias para la adquisición de la residencia del ex director de Pemex en el fraccionamiento Lomas de Bezares, en la ciudad de México, en 2012, y de la mansión en Ixtapa a nombre de su esposa Marielle Eckes, en 2013.El dinero para adquirir ambas propiedades –según la pesquisa oficial- salió de una cuenta en Suiza que estaba a nombre de la empresa offshore Tochos Holding Limited, que la Fiscalía sospecha, fue utilizada para triangular sobornos de Odebrecht y de Altos Hornos de México.En pedidos de colaboración con autoridades de Suiza, la Fiscalía pudo saber que los beneficiarios de Tochos eran Lozoya y su hermana Gilda Susana.(Foto: Cortesía Presidencia)Y en la información compartida apareció como supuesto domicilio de Lozoya el número 22 de la calle Jacques Grosselin, en Carouge, una pequeña ciudad del cantón de Ginebra, en Suiza.Ese domicilio corresponde a un edificio de departamentos, ubicado en una zona residencial con teatros, museos, galerías, restaurantes y tiendas de lujo, a cuatro cuadras del río Arve, que une a Suiza con Francia. La casa en Las Lomas La casa en Las Lomas es una de las claves de la FGR para trazar la ruta de los supuestos sobornos entregados al ex funcionario (Foto: Cuartoscuro) (Isaac Esquivel Monroy/)La residencia de Emilio Lozoya en la Ciudad de México, se encuentra en el fraccionamiento Las Lomas de Chapultepec. Es un condominio horizontal en la calle Ladera número 20, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo. Este inmueble fue comprado por 38 millones de pesos, a finales de 2012. Sin embargo, como parte de la acusación por lavado de dinero contra Lozoya, la casa fue asegurada por la FGR, el pasado 28 de mayo. Trascendió que la mansión es clave en la trama Odebrecht , pues según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, fue adquirida con fondos originados de una transferencia de 2.58 millones de francos suizos realizada el 1 de diciembre de 2012 y que se atribuyen a pagos de la constructora brasileña. Según la FGR, Lozoya vivía en la casa, pero el domingo 27 de mayo, intentaron, sin éxito, encontrarlo en ese domicilio.La publicación de MCCI refiere que Luis Weyll, un ejecutivo de Odebrecht, declaró que en 2012 acordó pagar USD 4.000.000 a Lozoya por haber auxiliado a la firma brasileña en el proyecto Etileno XXI en Veracruz, durante el sexenio de Felipe Calderón.A partir de septiembre de 2012 Lozoya empezó a trabajar como Coordinador de Asuntos Internacionales en el equipo de transición de Enrique Peña Nieto. Previamente no tenía impedimento para prestar servicios a empresas privadas y cobrar por ello. No obstante, ya como director general de Pemex, Lozoya era el jefe de funcionarios que a partir de 2014 adjudicaron directamente a Odebrecht contratos que sumaron 3 mil 247 millones de pesos y USD 85.9 millones. (Foto: Cortesía MCCI)Una nueva empresa en Londres Cuando tomó posesión de su cargo al frente de Petróleos Mexicanos, en diciembre de 2012, declaró ser cofundador de JF Holding SA, una empresa afincada en Luxemburgo, y poseer títulos en tres organizaciones privadas, de las que no aportó nombres.En registros públicos consta que, además de la compañía de Luxemburgo, Lozoya ha participado en tres empresas más en Alemania, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) le atribuye otra en las Islas Vírgenes Británicas, que supuestamente fue utilizada para la triangulación de sobornos.Una investigación periodística localizó una nueva empresa en Londres, Inglaterra, que no se conocía, y en la que Lozoya se hizo accionista mayoritario en plena campaña presidencial de 2012, cuando era coordinador de vinculación internacional del entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.(Foto: Cortesía MCCI)En su declaración patrimonial, Lozoya aseguró que en diciembre de 2012 poseía 4.151 títulos en tres organizaciones privadas, pero tan sólo en la compañía de Londres era poseedor, en esos días, de 84 mil 825 acciones, según revela la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un consorcio internacional de periodistas.La investigación identificó que la compañía en Londres tenía como domicilio el primer piso del Royal Exchange, el edificio de la antigua bolsa de comercio británica, construido en 1565, y que hoy es uno de los centros comerciales más lujosos del Reino Unido, con joyerías y tiendas exclusivas, como Mont Blanc, Omega, Tiffany, Gucci, Hermes y Bulgari.El fraccionamiento en España(Foto: Sitio web La Zagaleta)(Foto: Sitio web La Zagaleta)Lozoya Austin fue detenido en una urbanización de lujo llamada La Zagaleta en la capital de la Costa del Sol, en la que, según señalan fuentes al diario El País, residía en una vivienda de la que prácticamente no salía. De acuerdo con la nota firmada por Óscar López-Fonseca y Javier Lafuente, “la detención se produjo, precisamente, en una de esas salidas. Fuentes policiales señalan que no opuso resistencia”. Emilio Lozoya se encontraba escondido en la misma ciudad, un paraíso en el Mediterráneo, en donde apenas en mayo pasado fue detenido su presunto socio en negocios ilegales, el empresario mexicano Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA).Las citadas fuentes señalaron que el exdirectivo de Pemex habría estado oculto en una villa de lujo. No obstante, fuentes del complejo residencial señalaron en un comunicado que el arrestado “no tiene ni ha tenido jamás vivienda en propiedad o alquiler –en el lugar–” y que “en los registros de seguridad nunca ha constado acceso o salida con el nombre de Emilio Lozoya, por lo que si ha accedido al interior ha sido con documentación falsa y como invitado de residentes”.MÁS SOBRE ESTE TEMA: Una de las más hacinadas y violentas de España, así es la prisión en la que ya duerme Emilio LozoyaDetuvieron a Emilio Lozoya en EspañaEmilio Lozoya, Rosario Robles, Javier Duarte: se cierra el cerco alrededor de Enrique Peña NietoDe García Luna a Medina Mora: la política mexicana se sacude con la caída de “peces gordos”

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Lozoya desvió de Pemex 83 mdp a través de empresas fachada

El ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, desvió 83 millones de pesos a través de empresas fachada durante su administración (Foto: Cuartoscuro)El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, desvió 83 millones de pesos a través de empresas fachada durante su administración, anunció Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).En la plenario de los senadores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el funcionario habló sobre los casos nuevos de corrupción y destacó que la administración pasada se caracterizó por el desvío de recursos a través de empresas fantasmas, como ocurrió en la llamada “Estafa Maestra”, la cual fue una nueva modalidad para obtener recursos con fines electorales o personales.Santiago Nieto dejó claro que el nuevo caso de corrupción está relacionado con Pemex y Emilio Lozoya. “Es un caso de 83 de millones, donde se utiliza nuevamente a una universidad y esa universidad contrata empresas fachadas. En este caso lo que encontramos en la administración, fue la generación de empresas fachada; esas empresas fachadas competían ilícitamente contra los empresarios porque ganaban los contratos y estas empresas tres o cuatro meses de haber ganado millones de pesos desaparecían”,explicó. Nieto Castillo destacó que el problema con las empresas fachada es que al final del día son un camino de corrupción (Foto: Jovani Pérez Silva/Infobae México)El dinero, dijo, era trasladado a cuentas particulares, “de ahí se sacaba el dinero en efectivo y por traslados de valores era llevado a distintos lugares de la República, e inclusive, fuera de las fronteras nacionales, evidentemente distrayendo recursos públicos para fines de naturaleza personal o electoral”.Nieto Castillo destacó que el problema con las empresas fachada es que al final del día son un camino de corrupción. Anteriormente era común que se efectuaran sobornos hacia los servidores públicos. Sin embargo, el caso de Lozoya se asemeja a otros tantos que han sido detectados en la anterior administración del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), donde se generaban empresas fachada que ganaban contratos millonarios y posteriormente desaparecían. Ante los senadores, el titular de la UIF destacó que su dependencia ya informó a Secretaría de Relaciones Exteriores para que se proceda conforme al marco constitucional vigente. Frente a esta problemática, Santiago Nieto también les pidió a los legisladores integrar a través de una reforma legal, a la UIF dentro del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para tener mayores herramientas de fiscalización y combatir este tipo de delitos. Santiago Nieto dijo que durante 2019 la FGR presentó 160 denuncias que involucran montos de depósitos por 317 mil millones de pesos y en retiros de 286 mil millones (Foto: Archivo)”Es muy importante que estas herramientas con las que cuenta la UIF se coordinen de mejor forma con las demás instituciones del Estado Mexicano y una posibilidad de esa mejora en la coordinación podría ser que la UIF formara parte del SNA. Es una de las iniciativas que está presentada en este Senado”, explicó.Asimismo, les recordó a los senadores morenistas, que durante 2019 esta instancia presentó a la Fiscalía General de la República (FGR) 160 denuncias que involucran montos de depósitos por 317 mil millones de pesos y en retiros de 286 mil millones. El funcionario recordó que la actual administración, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fijó como estrategia combatir la estructura financiera del sicariato de los cárteles del narcotráfico que operan en México.Santiago Nieto dejó claro que “los grupos delincuenciales no surgen por generación espontánea, son protegidos, promovidos o apoyados por grupos de poder, particularmente local; y esa es la corrupción política que tiene que ser combatida es precisamente esa, para poder abatir la protección que tienen, particularmente territorial estos grupos”. El funcionario destacó que la apuesta de esta administración es congelar las cuentas y encontrar las personas físicas y morales que son utilizadas para el lavado de dinero. “Si bien se han congelado cuentas y se ha hecho un combate al lavado de dinero, también hay que minar la corrupción política de grupos locales, que le da protección a estas organizaciones delincuenciales”. Por último, agregó que es necesario contrarrestar la corrupción al interior de los ministerios públicos y la judicial, debido a que también les otorga mecanismos jurídicos de protección.MÁS SOBRE EL TEMA:La nueva acusación que prepara el Gobierno contra Emilio LozoyaLozoya, García Luna, Zona Divas y “El Marro”: la UIF congeló USD 52 millones al crimen organizado y de cuello blancoLos detalles de la alianza Peña Nieto – Salinas de Gortari que el gobierno de López Obrador rastrea con paciencia absoluta

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Otorgan más tiempo para investigación de sobornos en Panamá

PANAMÁ (AP) — Los fiscales panameños tendrán algo más de tiempo para ampliar las investigaciones de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, lo que podría alcanzar a otras dos administraciones en la pesquisa de corrupción de más alto perfil en el país centroamericano.Una juez de un alto tribunal recovó la orden de otro magistrado que había rechazado a inicios del año pasado el pedido de una nueva prórroga por parte de una fiscal anticorrupción, informó el Órgano Judicial el martes.El caso estuvo paralizado desde entonces. La medida de la jueza implica que los fiscales tendrán cinco meses y una semana más para ampliar sus averiguaciones.La fiscal del caso había pedido más tiempo para indagar a más personas y analizar órdenes de pago correspondientes a parte del periodo del entonces gobierno de Martín Torrijos (2006-2009), durante el cual la empresa brasileña obtuvo sus primeros contratos. Además, la prórroga buscaría extender las investigaciones al quinquenio de Juan Carlos Varela (2014-2019).El partido de Torrijos es el mismo que llevó al poder al actual mandatario Laurentino Cortizo.En el marco de un acuerdo de culpabilidad ante la justicia estadounidense, Odebrecht aceptó a fines de 2016 haber pagado sobornos multimillonarios en varios países latinoamericanos para acceder a contratos públicos, incluyendo 59 millones a altos funcionarios en Panamá entregadas entre 2010 y 2014 cuando gobernaba Ricardo Martinelli. Las pesquisas se circunscribieron hasta ahora a ese periodo con la imputación de 82 personas.Odebrecht, que aún opera en Panamá, aceptó pagar una multa de 220 millones de dólares al país en 2017.

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Bajo el acecho de la Interpol: Caro Quintero y César Duarte están entre los 63 mexicanos buscados por sus crímenes

Rafael Caro Quintero dio un reportaje hace La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés) busca a 63 mexicanos reclamados en cinco países, por su probable responsabilidad por los delitos de lavado de dinero, narcotráfico, fraude, secuestro, peculado, tortura, tráfico de personas, robo de niños, asesinato y violación de menores, entre otros.De acuerdo con el diario Milenio, México, Estados Unidos, Uruguay, Argentina y Guatemala; pidieron la intervención de la Interpol, por lo que la organización realiza una búsqueda en 194 países al tiempo que emitió las fichas rojas que ordenan su captura provisional con fines de extradición.Entre los mexicanos prófugos destacan el ex gobernador de Chihuahua César Duarte, el narcotraficante Rafael Caro Quintero y el sacerdote Eduardo Córdova Bautista, acusado de violar a menores de edad en San Luis Potosí.De los 63 casos, solo en 56 Interpol ofrece detalles de los países que solicitaron el auxilio de los 194 que integran la organización, así como de los delitos que imputan a cada uno. (Foto: Cuartoscuro)En los siete casos restantes no hizo pública la información ni exhibió su fotografía, pero de acuerdo con Milenio que cita a funcionarios del gobierno federal, se trata del ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin, su hermana Gilda Susana y su esposa Marielle Helene Eckes, así como Nelly Maritza Aguilera Concha, involucrados en los casos de Agronitrogenados y Odebrecht. Lo mismo ocurre con el ex gobernador de Puebla Mario Marín Torres, el empresario José Kamel Nacif Borge, llamado “El Rey de la Mezclilla”, y el ex jefe de la Policía Judicial de la citada entidad Adolfo Karam Beltrán, contra quienes hay una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en la tortura contra la periodista Lydia Cacho, delito catalogado como grave, por lo que no prescribe, según el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, de quien se cree está en Estados Unidos, México lo busca por peculado agravado y peculado. Sobre él pesan 15 órdenes de aprehensión por el desvío y disposición indebida de mil 200 millones de pesos, además de ser acusado de haber entregado recursos de la nómina del estado a varias campañas del PRI en 2015.El narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien desde 1985 ha logrado evadir su entrega a Estados Unidos por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena Salazar, es requerido para ser juzgado por crímenes violentos en ayuda del crimen organizado (cuatro cargos), conspiración para cometer crímenes violentos en ayuda del crimen organizado y para secuestrar a un agente federal, plagio de un agente federal y asesinato grave de un agente federal.Se dice que Rafael Caro Quintero, regresó al narcotráfico (Foto: Cuartoscuro) El 9 de agosto de 2013, Caro Quintero salió libre tras permanecer 28 años en una prisión mexicana, gracias a que un tribunal colegiado le concedió un amparo. La ex Procuraduría General de la República (PGR) apeló la decisión y llevó el caso a la Corte donde el 6 de noviembre de ese año la Primera Sala revocó la sentencia.Sin embargo, el pasado mes de diciembre, un juez mexicano concedió una suspensión de oficio y de plano a Rafael Caro Quintero, que evita su extradición a Estados Unidos en caso de ser localizado y detenido. Washington ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por él. Mientras que el sacerdote Eduardo Córdova es buscado por privación ilegal de la libertad, abuso sexual calificado, corrupción de personas menores de 18 años o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, o de personas que no tienen la capacidad de resistirlo, y violación equiparada.MÁS DE ESTE TEMA:Caro Quintero y los 10 más buscados por el FBI“El Príncipe” del narco, uno de los más buscados en EEUU y México, se pasea por las tierras de “El Chapo”“Chapitos” y Rafael Caro Quintero, los líderes del narco que unen fuerzas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación

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Tribunal evalúa prisión contra Keiko Fujimori por caso Odebrecht en Perú

Un tribunal peruano comenzó este sábado la primera de tres audiencias para determinar si vuelve ordenar prisión preventiva para la líder opositora Keiko Fujimori, quien salió de la cárcel hace un mes, en base a nuevas pruebas presentadas por la fiscalía en el escándalo Odebrecht.El juez Víctor Zúñiga dispuso el jueves que el caso de prisión preventiva a Fujimori solicitada por el fiscal José Domingo Pérez se evaluará en tres audiencias: el 28 de diciembre, el 31 de diciembre y el 2 de enero de 2020.Al inicio de la audiencia, el fiscal Pérez justificó su pedido de 36 meses de prisión preventiva indicando que “existe peligro de fuga y de obstrucción a la justicia por parte de Fujimori, a raíz de nuevas pruebas surgidas en las últimas semanas”.Aseguró que a Fujimori se le acusa de recibir dinero sucio de la constructora brasileña Odebrecht y otras fuentes para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2016, que buscaron llevarla sin éxito a la presidencia de Perú.Además, sostuvo que “Keiko Fujimori formó parte de una organización de más de tres personas para obtener activos ilícitos”.”Se le imputa que en la campaña del 2011 solicitó 1 millón de dólares a Odebrecht, así como la participación del empresario Ricardo Briceño para captar dinero efectivo en maletines entre empresarios y no fueron declarados al órgano electoral”, dijo.A la acusación de lavado de activos, Pérez sumó obstrucción a la justicia, asociación ilícita, falsedad genérica, fraude procesal y organización criminal.La fiscalía obtuvo recientemente en Brasil una declaración de un exejecutivo de Odebrecht, Luiz Eduardo da Rocha Soares, quien habría confirmado ante fiscales peruanos el aporte de 1 millón de dólares de la empresa para solventar la campaña de la líder de Fuerza Popular en 2011.Keiko, de 44 años y madre de dos hijas (de 12 y 10 años), declaró recientemente: “No existe peligro de fuga porque así lo determinaron los jueces, y los presuntos peligros de obstrucción, el Tribunal Constitucional en su fallo que me dio libertad, los descartó”.La primogénita del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) salió en libertad el 29 de noviembre, tras permanecer casi 13 meses en prisión preventiva. El Tribunal Constitucional había aceptado un habeas corpus a su favor, que anuló su encarcelamiento.La opositora había sido enviada a prisión el 31 de octubre de 2018 por supuestamente interferir en las investigaciones de la fiscalía anticorrupción. Debía permanecer en prisión hasta abril de 2020.rc/rsr

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Odebrecht, en el centro de caso de corrupción, despide a su expresidente

El grupo brasileño Odebrecht despidió a su expresidente Marcelo Odebrecht, en detención domiciliaria, en medio de una disputa interna y de las incertidumbres por el futuro de la que fue una de las mayores constructoras de América Latina, destronada por la operación anticorrupción Lava Jato.En un comunicado, la compañía afirma que “la desvinculación del funcionario de su plantilla atiende a una recomendación hecha por veedores externos independientes del Ministerio Público Federal y del Departamento de Justicia de Estados Unidos que actúan en la empresa hace dos años y medio”.Marcelo Odebrecht, de 51 años, hijo del actual patriarca de la empresa, Emilio Odebrecht, fue apartado de sus funciones ejecutivas tras su detención en 2015, pero seguía en la nómina de la compañía.Según el comunicado, que no detalla las razones de la decisión, el expresidente “mantiene su condición de socio minoritario indirecto”, con lo que su relación con el grupo se dará “de ahora en adelante en el ámbito de los accionistas”.Marcelo Odebrecht fue condenado en 2016 a más de 19 años de cárcel tras la operación Lava Jato, que a partir de 2014 desveló una gigantesca red de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos para obtener contratos en la estatal Petrobras.La sentencia fue reducida a 10 años después de que aceptase colaborar con la justicia, y en 2017 pasó a cumplir prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Desde el pasado mes de septiembre, tiene autorización para salir a trabajar.Según la prensa local, el despido de Marcelo Odebrecht obedece a una decisión de su padre en medio de una disputa en el seno de la compañía que se trasladó a los medios de comunicación.En un comunicado enviado a la AFP, la defensa de Marcelo Odebrecht denuncia que su despido es “otro acto de abuso de poder” del actual presidente del grupo, Ruy Sampaio, en un intento de “paralizar las investigaciones” sobre denuncias hechas en su contra por el propio Marcelo.En una entrevista publicada el viernes por el diario económico Valor, Ruy Sampaio acusó a Marcelo Odebrecht de chantajear a la empresa “por dinero y poder”.Las confesiones de 77 exejecutivos del grupo en 2017 sirvieron de base para nuevas tandas de acusaciones contra políticos de primer plano.El esquema trascendió las fronteras y provocó crisis políticas en varios países. En Perú, tres expresidentes están bajo investigación y otro, Alan García, se suicidó en abril al ser detenido como presunto beneficiario de coimas en la construcción del metro de Lima.Odebrecht fue condenada a pagar diversas multas, incluyendo una de 2.600 millones de dólares a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza.Las finanzas del grupo se vieron muy afectadas por el escándalo. Actualmente está en proceso de recuperación judicial, pero los debates de la asamblea de acreedores para liderar un plan de rescate fue aplazada tres veces.jm/gma

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Odebrecht, en el centro de caso de corrupción, despide a su expresidente

El grupo brasileño Odebrecht despidió a su expresidente Marcelo Odebrecht, en detención domiciliaria, en medio de una disputa interna y de las incertidumbres por el futuro de la que fue una de las mayores constructoras de América Latina, destronada por la operación anticorrupción Lava Jato.En un comunicado, la compañía afirma que “la desvinculación del funcionario de su plantilla atiende a una recomendación hecha por veedores externos independientes del Ministerio Público Federal y del Departamento de Justicia de Estados Unidos que actúan en la empresa hace dos años y medio”.Marcelo Odebrecht, de 51 años, hijo del actual patriarca de la empresa, Emilio Odebrecht, fue apartado de sus funciones ejecutivas tras su detención en 2015, pero seguía en la nómina de la compañía.Según el comunicado, que no detalla las razones de la decisión, el expresidente “mantiene su condición de socio minoritario indirecto”, con lo que su relación con el grupo se dará “de ahora en adelante en el ámbito de los accionistas”.Marcelo Odebrecht fue condenado en 2016 a más de 19 años de cárcel tras la operación Lava Jato, que a partir de 2014 desveló una gigantesca red de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos para obtener contratos en la estatal Petrobras.La sentencia fue reducida a 10 años después de que aceptase colaborar con la justicia, y en 2017 pasó a cumplir prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Desde el pasado mes de septiembre, tiene autorización para salir a trabajar.Según la prensa local, el despido de Marcelo Odebrecht obedece a una decisión de su padre en medio de una disputa en el seno de la compañía que se trasladó a los medios de comunicación.En un comunicado enviado a la AFP, la defensa de Marcelo Odebrecht denuncia que su despido es “otro acto de abuso de poder” del actual presidente del grupo, Ruy Sampaio, en un intento de “paralizar las investigaciones” sobre denuncias hechas en su contra por el propio Marcelo.En una entrevista publicada el viernes por el diario económico Valor, Ruy Sampaio acusó a Marcelo Odebrecht de chantajear a la empresa “por dinero y poder”.Las confesiones de 77 exejecutivos del grupo en 2017 sirvieron de base para nuevas tandas de acusaciones contra políticos de primer plano.El esquema trascendió las fronteras y provocó crisis políticas en varios países. En Perú, tres expresidentes están bajo investigación y otro, Alan García, se suicidó en abril al ser detenido como presunto beneficiario de coimas en la construcción del metro de Lima.Odebrecht fue condenada a pagar diversas multas, incluyendo una de 2.600 millones de dólares a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza.Las finanzas del grupo se vieron muy afectadas por el escándalo. Actualmente está en proceso de recuperación judicial, pero los debates de la asamblea de acreedores para liderar un plan de rescate fue aplazada tres veces.jm/gma

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Juicios por escándalo Odebrecht demoran en despegar en Perú

Llega el 2020 y muchos peruanos comienzan a impacientarse por la lentitud de la fiscalía en llevar a juicio a los tres expresidentes y otros políticos involucrados en el escándalo de corrupción de la brasileña Odebrecht, que estalló hace cuatro años.El escándalo de los pagos ilegales de la constructora a políticos domina la agenda peruana desde 2016, pero todavía no comienza ningún juicio. Están bajo investigación los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), y la opositora Keiko Fujimori.También era investigado Alan García (1985-1990 y 2006-2011), pero la causa fue cerrada luego de que el expresidente se suicidara el pasado 17 de abril cuando iba a ser detenido.”La demora en llevar a juicios los casos se debe a una incapacidad de los fiscales en investigar adecuadamente”, declaró a la AFP el analista Fernando Rospigliosi.”Los fiscales han reemplazado esa incapacidad con las prisiones preventivas, una suerte de juicio popular donde filtran información a medios y hacen creer a la opinión pública que están haciendo justicia”, agregó.En prisión preventiva -sin juicio- durante meses estuvieron Humala y su esposa Nadine y Keiko, además de varios exfuncionarios. Kuczynski está con arresto domiciliario desde abril y Toledo detenido en Estados Unidos por un pedido de extradición.Con instituciones débiles y partidos políticos en crisis, Perú es el país más golpeado por el escándalo de Odebrecht, después de Brasil.Responsables de la constructora entregaron testimonios contra los expresidentes y Keiko Fujimori a los fiscales, a cambio de un acuerdo de impunidad, pero los casos no han prosperado.”Encontramos una veta de información agotada. En adelante, estas investigaciones deberán concretarse en los juicios y las condenas que faltan y la solución final al problema de las reparaciones” al Estado, dijo el exprocurador público (abogado del Estado peruano) César Azabache en Twitter.Según Rospigliosi, la demora en iniciar los juicios se debe a que luego de “más de cuatro años” de indagaciones “no hay acusación seria, eso quiere decir que no hay evidencias suficientes”.- Cuestionamiento a fiscales -El caso de Humala y su esposa es hasta ahora el único en la recta final para entrar a juicio, pero aunque se suponía que empezaría en el segundo semestre de 2019, sigue sin fecha de inicio.El equipo especial de la fiscalía a cargo del caso Odebrecht acusa a la expareja presidencial de lavado de activos, por haber presuntamente recibido tres millones de dólares en aportes ilegales de campaña.Humala y su mujer, que niegan las imputaciones, estuvieron nueve meses presos.”Cada vez es más extendido, plural y justificado el cuestionamiento a los fiscales anticorrupción porque, casi cinco años después (…) no hay nadie condenado porque nadie ha sido acusado”, criticó el analista Augusto Álvarez en una columna del diario La República.”(Esto) va acompañado de prisiones preventivas, constituyendo un problema que ensombrece a la justicia”, agregó.La liberación en las últimas semanas de media docena de políticos y funcionarios que estaban en prisión preventiva disparó las críticas a los fiscales del caso, quienes han gozado de mucho apoyo ciudadano, según encuestas.- 13 meses presa -El caso más reciente de prisión preventiva afecta a César Villanueva, ex número dos del presidente Vizcarra, acusado de haber recibido dádivas de Odebrecht hace 10 años cuando era gobernador regional, y de intentar obstruir esta investigación.Pero el más mediático ha sido el de Keiko Fujimori, liberada el 29 de noviembre por orden del Tribunal Constitucional después de 13 meses recluida sin juicio.La Corte ordenó que la hija del expresidente Alberto Fujimori enfrente en libertad las investigaciones, pero la fiscalía contraatacó y presentó un nuevo pedido de 36 meses de prisión preventiva que debe ser decidido por la justicia en los próximos días.”La prisión preventiva sirve para muy poco si la mantenemos desconectada, como está, con un plazo corto y concluyente en el que sea obligatorio (para la fiscalía) presentar acusación”, expresó el exprocurador Azabache.Para Álvarez “el respaldo que [los fiscales] requieren [de los tribunales] no puede ser entendido como cheque en blanco para eludir las críticas”.El nuevo pedido de prisión contra Keiko provoca críticas de que el fiscal José Domingo Pérez y sus colegas se concentran en casos de opositores al presidente Martín Vizcarra.”No cabe duda que hay una orientación política en las investigaciones, los fiscales filtran información de adversarios del gobierno”, dijo Rospigliosi.Una crítica similar hizo una hija de Kuczynski: “Aún no hay acusación alguna y mucho menos sentencia judicial, pero ya le han embargado su casa de campo”, dijo Alex Kuczynski sobre el arresto domiciliario de su octogenario padre, quien se convirtió el 21 de marzo de 2018 en el primer presidente en ejercicio en América en renunciar por el escándalo de Odebrecht.ljc/fj/rsr

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Juicios por escándalo Odebrecht demoran en despegar en Perú

Llega el 2020 y muchos peruanos comienzan a impacientarse por la lentitud de la fiscalía en llevar a juicio a los tres expresidentes y otros políticos involucrados en el escándalo de corrupción de la brasileña Odebrecht, que estalló hace cuatro años.El escándalo de los pagos ilegales de la constructora a políticos domina la agenda peruana desde 2016, pero todavía no comienza ningún juicio. Están bajo investigación los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), y la opositora Keiko Fujimori.También era investigado Alan García (1985-1990 y 2006-2011), pero la causa fue cerrada luego de que el expresidente se suicidara el pasado 17 de abril cuando iba a ser detenido.”La demora en llevar a juicios los casos se debe a una incapacidad de los fiscales en investigar adecuadamente”, declaró a la AFP el analista Fernando Rospigliosi.”Los fiscales han reemplazado esa incapacidad con las prisiones preventivas, una suerte de juicio popular donde filtran información a medios y hacen creer a la opinión pública que están haciendo justicia”, agregó.En prisión preventiva -sin juicio- durante meses estuvieron Humala y su esposa Nadine y Keiko, además de varios exfuncionarios. Kuczynski está con arresto domiciliario desde abril y Toledo detenido en Estados Unidos por un pedido de extradición.Con instituciones débiles y partidos políticos en crisis, Perú es el país más golpeado por el escándalo de Odebrecht, después de Brasil.Responsables de la constructora entregaron testimonios contra los expresidentes y Keiko Fujimori a los fiscales, a cambio de un acuerdo de impunidad, pero los casos no han prosperado.”Encontramos una veta de información agotada. En adelante, estas investigaciones deberán concretarse en los juicios y las condenas que faltan y la solución final al problema de las reparaciones” al Estado, dijo el exprocurador público (abogado del Estado peruano) César Azabache en Twitter.Según Rospigliosi, la demora en iniciar los juicios se debe a que luego de “más de cuatro años” de indagaciones “no hay acusación seria, eso quiere decir que no hay evidencias suficientes”.- Cuestionamiento a fiscales -El caso de Humala y su esposa es hasta ahora el único en la recta final para entrar a juicio, pero aunque se suponía que empezaría en el segundo semestre de 2019, sigue sin fecha de inicio.El equipo especial de la fiscalía a cargo del caso Odebrecht acusa a la expareja presidencial de lavado de activos, por haber presuntamente recibido tres millones de dólares en aportes ilegales de campaña.Humala y su mujer, que niegan las imputaciones, estuvieron nueve meses presos.”Cada vez es más extendido, plural y justificado el cuestionamiento a los fiscales anticorrupción porque, casi cinco años después (…) no hay nadie condenado porque nadie ha sido acusado”, criticó el analista Augusto Álvarez en una columna del diario La República.”(Esto) va acompañado de prisiones preventivas, constituyendo un problema que ensombrece a la justicia”, agregó.La liberación en las últimas semanas de media docena de políticos y funcionarios que estaban en prisión preventiva disparó las críticas a los fiscales del caso, quienes han gozado de mucho apoyo ciudadano, según encuestas.- 13 meses presa -El caso más reciente de prisión preventiva afecta a César Villanueva, ex número dos del presidente Vizcarra, acusado de haber recibido dádivas de Odebrecht hace 10 años cuando era gobernador regional, y de intentar obstruir esta investigación.Pero el más mediático ha sido el de Keiko Fujimori, liberada el 29 de noviembre por orden del Tribunal Constitucional después de 13 meses recluida sin juicio.La Corte ordenó que la hija del expresidente Alberto Fujimori enfrente en libertad las investigaciones, pero la fiscalía contraatacó y presentó un nuevo pedido de 36 meses de prisión preventiva que debe ser decidido por la justicia en los próximos días.”La prisión preventiva sirve para muy poco si la mantenemos desconectada, como está, con un plazo corto y concluyente en el que sea obligatorio (para la fiscalía) presentar acusación”, expresó el exprocurador Azabache.Para Álvarez “el respaldo que [los fiscales] requieren [de los tribunales] no puede ser entendido como cheque en blanco para eludir las críticas”.El nuevo pedido de prisión contra Keiko provoca críticas de que el fiscal José Domingo Pérez y sus colegas se concentran en casos de opositores al presidente Martín Vizcarra.”No cabe duda que hay una orientación política en las investigaciones, los fiscales filtran información de adversarios del gobierno”, dijo Rospigliosi.Una crítica similar hizo una hija de Kuczynski: “Aún no hay acusación alguna y mucho menos sentencia judicial, pero ya le han embargado su casa de campo”, dijo Alex Kuczynski sobre el arresto domiciliario de su octogenario padre, quien se convirtió el 21 de marzo de 2018 en el primer presidente en ejercicio en América en renunciar por el escándalo de Odebrecht.ljc/fj/rsr

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