El Congreso de Perú ha rechazado este viernes las declaraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha calificado de “intromisión”, después de que esta haya pedido al Gobierno peruano que suspenda de forma “inmediata” el trámite del proyecto de ley que prescribe los delitos de lesa humanidad o crimen contra la humanidad perpetrados antes de 2002.
En un comunicado publicado en la red social X, el Congreso ha rechazado “cualquier forma de intromisión nacional o extranjera en (sus) decisiones”, y ha asegurado que tramitará los proyectos de ley correspondientes con “total independencia y autonomía”.
Estas declaraciones llegan después de que la CIDH pidiera este jueves al Ejecutivo andino que suspenda este proyecto de ley que ya fue rechazado por la Junta de Fiscales Supremos de Perú, el órgano de gobierno de mayor jerarquía del Ministerio Público del país.
Este organismo advirtió este jueves, de aplicarse el proyecto d de ley, prescribirían aproximadamente 600 casos e impactaría “de manera directa en los casos ya sentenciados”, afectando a más 550 víctimas, a sus familiares, además de “a la sociedad en su conjunto”, ya que “tienen el derecho a conocer la verdad”.
Además, según señaló, la propuesta normativa resulta “inviable jurídicamente” y “evidentemente inconstitucional al ser incompatible con la jurisprudencia supranacional en materia de Derechos Humanos y los estándares del Derecho Internacional”.
Ahora, la CIDH ha pedido paralizar la tramitación de este proyecto de ley hasta que “cuente con todos los elementos necesarios para pronunciarse” sobre la solicitud de medidas provisionales y su impacto en el caso conocido como Barrios Altos y La Cantuta, después de que varias asociaciones de Derechos Humanos presentaran esta solicitud.
Para ello, celebrará una audiencia pública virtual el próximo lunes por la mañana en la que están convocados el Estado peruano, los representantes de las víctimas de estos casos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La proposición de ley declara la prescripción de los procesos relativos a delitos de lesa humanidad correspondientes a hechos anteriores a la vigencia del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. El texto ha sido aprobado en primera votación con 60 votos a favor, 36 en contra y once abstenciones, aunque es necesaria una segunda votación para su aprobación definitiva.
La aprobación paralizaría cualquier investigación y proceso judicial activo relativo a casos relevantes de las décadas de 1980 y 1990, como el caso de las esterilizaciones forzadas de indígenas, en el que está siendo procesado el expresidente Alberto Fujimori, y anularía las penas impuestas en casos correspondientes al mandato de Fujimori, excarcelado en diciembre de 2023 bajo el amparo de un indulto concedido por razones humanitarias y pese a la objeción de la Justicia interamericana.
El exmandatario, que indicó recientemente que le fue detectado un tumor maligno en la lengua, fue condenado a 25 años de prisión por los delitos de usurpación de funciones, homicidio calificado con alevosía y secuestro, peculado y falsedad ideológica, corrupción y espionaje.