Author: adminazeit

Con una inversión de más de $25.000 millones de pesos, Enel-Codensa puso en funcionamiento Portugal, la primera subestación 100% digital de Colombia, un hito importante en la modernización e innovación en el sector eléctrico del país, en el marco de la actual transición energética.En la subestación, toda la información de procesos y funcionamiento es trasmitida vía fibra óptica. Además, cuenta con tecnología y equipos inteligentes, que le permiten tomar decisiones autónomas y facilitar su operación.La subestación Portugal, ubicada en Engativá, tiene una capacidad de 40 millones de voltamperios (MVA), y será la encargada de proveer la energía para el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre, obra clave en la descontaminación del río Bogotá, Además, atenderá la creciente demanda del occidente de Bogotá, por la Avenida Calle 80 (Autopista Medellín), el cual es un eje principal en el desarrollo de la ciudad y municipios aledaños.Para Francesco Bertoli, gerente general de Enel-Codensa, “la digitalización es un camino que construimos día a día, para entregar un mejor servicio a nuestros clientes. En la Subestación Portugal, los procesos de adquisición de información en campo, supervisión y control son completamente digitales, generando beneficios adicionales en seguridad, productividad y fiabilidad de la información”.La subestación Portugal es la segunda que entra en operación, de las más de 30 que se tienen contempladas en el plan de expansión Bogotá-Región 2030, el cual busca fortalecer la infraestructura eléctrica en Bogotá y Cundinamarca.En rueda de prensa, Bertoli respondió a Infobae Colombia que este proyecto de largo plazo que tiene previsto para la capital del país, será financiada 100% por Enel-Codensa.Aquí puede ver la respuesta del gerente general: Durante 2021, también se tienen previstos avances significativos en tres subestaciones más: Terminal, ubicada en la localidad de Fontibón; San José, en localidad de Los Mártires; y la subestación Calle Primera, que recibió la Licencia Ambiental recientemente, y cuyo proyecto consiste en trasladar la infraestructura actual, y diseñar, construir y poner en funcionamiento, una nueva subestación y su línea de transmisión subterránea, con el fin de asegurar las distancias de seguridad con la Primera Línea del Metro.En el proyecto del Metro de Bogotá están realizando diferentes obras civiles y eléctricas; además del montaje y tendido de redes, que se llevan a acabo de manera secuencial en estos lugares:- Parque Gibraltar.- Transversal 74F entre Calles 41 Sur y 40 Sur.- Avenida Primero de Mayo con Avenida 68.- Calle 67 con Avenida Caracas.- Avenida 8va Sur con Carrera 30.- Calle 6ta con Avenida Caracas.“Las redes eléctricas son claves en la transformación que actualmente está teniendo el sector energético en Colombia, con implicaciones en la confiabilidad y seguridad del suministro. Luego del covid-19, las personas son cada vez más dependientes de la energía eléctrica. Por ello, los clientes son más exigentes y requieren mayor confiabilidad del servicio”, señaló Bertoli.Este plan cuenta con una inversión de $430 millones de euros, los cuales serán destinados a la construcción de nuevas subestaciones eléctricas de alta tensión.Le puede interesar: Hernán Giraldo Serna, el paramilitar que a partir de la violación de niñas engendró un ejército que aterroriza todavía la Sierra Nevada de Santa MartaEstos son los ocho exintegrantes del secretariado de las Farc a los que la JEP les imputó cargos por secuestro

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Una niña recibe una clase virtual a través de un computador portátil el 7 de agosto de 2020 en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Carlos Lemos/Archivo
(EFEI0373/)La esperanza de que la educación en Colombia volviera a ser presencial se ha desvanecido a causa de las altas cifras de contagio de covid-19 que se han registrado en el país durante este enero. En Bucaramanga, capital del departamento de Santander, las autoridades todavía creen que es viable retornar a esta modalidad en marzo, pero el personero de la ciudad, Daniel Arenas, pidió al alcalde, Juan Carlos Cárdenas, que mantenga la virtualidad durante todo 2021.“El primero de marzo no nos da las garantías suficientes para salvaguardar la vida y la integridad de niños, niñas y adolescentes y sus familias especialmente en Bucaramanga”, manifestó Arenas, quien también aprovechó para extender la propuesta al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado.El personero explicó que el principal obstáculo para volver a las instituciones es que no hay condiciones físicas óptimas que permitan crear estrategias de prevención contra el contagio del virus. Arenas señaló que, este problema no solo pondría en riesgo a los menores de edad y sus familias, sino también a la planta docente y administrativa que labora en los distintos colegios del departamento.“La infraestructura física, las baterías sanitarias, pero también el hacinamiento en las aulas no brindan las garantías para el regreso a clases”, aseguró el personero.A esta denuncia se unen más de 12.000 profesores miembros del Sindicato de los Trabajadores del Sector Educativo de Santander (SES), quienes desde el pasado 6 de enero denunciaron que no se sienten seguros volviendo a trabajar presencialmente ya que el riesgo de contagio es muy alto, teniendo en cuenta el volumen de estudiantes y el tamaño de las aulas de los colegios públicos del departamento. Además, afirmaron que en las instalaciones no se cuenta con los elementos de aseo necesarios para desinfectar las áreas y a las personas.“Se necesitan kilos y kilos de detergente para desinfectar baños, aulas y áreas comunes. Elementos de aseo, personal para ello y elementos de protección para todos”, dijo la docente Sandra Jaimes, vocera del grupo sindical.La Secretaría de Educación de Santander aseguró que, antes de finalizar 2020 entregó más de 8.000 elementos de bioseguridad a las directivas de cada institución. Con estos artículos se pretende garantizar un retorno seguro a las aulas, pero los docentes santandereanos afirman que esto no es suficiente para proteger su vida y la de los estudiantes.Teniendo esto en cuenta, el SES solicitó a la Gobernación de Santander realizar un estudio de las plantas físicas de los colegios públicos del departamento, para evidenciar la falta de garantías que existen en esos lugares con y sin pandemia. Además, los docentes propusieron que con los resultados de la investigación se cree un plan de remodelación que establezca condiciones sanitarias seguras.El gremio aseguró que tiene toda la intención de laborar, pero que su objeción es a volver a las clases presenciales con el virus en el ambiente, condiciones físicas inseguras y sin la vacunación en marcha.“Nosotros si queremos educación en las aulas, pero con garantías que protejan la vida de nosotros, de la comunidad educativa y de los niños. Hay colegios con infraestructuras muy antiguas, con baterías sanitarias insuficientes”, aseguró Jaimes.Es importante recordar que, las clases virtuales también presentan obstáculos porque no todos los estudiantes tienen acceso a internet y/o equipos tecnológicos . Con el fin de acabar, o al menos disminuir, este problema, la Alcaldía de Bucaramanga entregó más de 1.000 computadores a estudiantes de zonas rurales.Le puede interesar:Lo qué opinan los colombianos de sus políticos: ninguno tiene una favorabilidad por encima del 50 %, según Gallup

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28/01/2021 El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, junto al resto del alta mando de las extintas FARC en la firma de los acuerdos de paz de 2016.
POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA INTERNACIONAL
JHON PAZ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO
(Jhon Paz/) MADRID, 28 (EUROPA PRESS) La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha acusado de secuestro a ochos antiguos altos mandos de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entre ellos al actual líder de Comunes, el partido surgido de la guerrilla, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’. Se trata de uno de los movimientos más significativos desde que se creó la JEP en 2017, un año después de los acuerdos de paz ratificados en La Habana, y en los cuales la guerrilla dejaba las armas para participar en la sociedad civil a través de la vía política. El conocido como caso 01, abierto en octubre de 2018, contempla casi 21.400 secuestros y “graves privaciones de la libertad” cometidos por las FARC entre 1993, año en el que se comenzó a tener registro de los mismos, y 2012, aunque la mayoría de estos delitos, apunta, se cometieron entre 1998 y 2002. La JEP, a cuyo escrito ha tenido acceso el diario colombiano ‘El Espectador’, reconoce que la investigación, debido a la “magnitud” de los hechos, podría estar viciada, ya que “no fue posible determinar un número preciso”, puesto que muchas víctimas no denunciaron por temor a represalias, o algunos de los casos pudieron ser cometidos por delincuentes u otros grupos armados que se hicieron pasar por las FARC. Además de ‘Timochenko’, entre los acusados están Pastor Alape; Jorge Torres, alias ‘Pablo Catatumbo’; Julián Gallo, alias ‘Carlos Antonio Lozada’; Rodrigo Granda Escobar, conocido como ‘Ricardo Téllez’; y Milton de Jesús Toncel, apodado ‘Joaquín Gómez’. La lista la completan Jaime Alberto Parra, alias ‘Mauricio Jaramillo’; y Juan Hermilo Cabrera, también conocido como ‘Bertulfo Álvarez’, quien falleció este miércoles. Algunos de ellos forman parte del partido Comunes, el cual dejó de llamarse como la disuelta guerrilla tras sus primeros dos años bajo el acrónimo FARC. La JEP les responsabiliza como coautores no sólo de privaciones de libertad y toma de rehenes, sino también de las torturas, violencia sexual y los atentados a la dignidad personal que se cometieron por sus subalternos cuando ellos estaban al mando. El único que ha sido señalado como autor de estos delitos ha sido el ahora senador por comunes ‘Pablo Catatumbo’, a quien se le acusa de “privar de la libertad a civiles como parte de las dinámicas de control social y territorial” cuando ejercía “como comandante, desde 2011, del ‘Bloque Occidental’ de las FARC”.VÍAS JUDICIALES PARA LOS ANTIGUOS GUERRILLEROS Londoño y el resto de acusados disponen ahora de 30 días hábiles para decidir si aceptan o no su responsabilidad en estos crímenes que se les imputan, al igual que las víctimas y la Fiscalía que podrán presentar sus alegaciones. Tras ello, la JEP emitirá sus conclusiones y será el Tribunal de Paz quien decida las sanciones. En caso que los antiguos altos mandos del grupo armado acepten los cargos se pueden enfrentar a penas de prisión domiciliaria de entre 5 y 8 años, tal y como contempla la JEP, creada también para facilitar la desmovilización de los guerrilleros y su incorporación a la vida civil. Si optan por no aceptar los cargos e ir a juicio, en caso de que se falle en su contra, pueden recibir penas de cárcel de entre ocho y 20 años, y de entre cinco y ocho años si dan marcha atrás y se declaran culpables durante el proceso judicial.EL PERDÓN DE COMUNES En septiembre de 2020, el antiguo partido FARC, hoy Comunes, a través de su secretario general, Rodrigo Londoño, y otras voces importantes de la formación como ‘Pablo Catatumbo’ o ‘Carlos Antonio Lozada’, enviaron una carta a las víctimas de secuestro para mostrarles su arrepentimiento y solicitar su perdón. “Después de haber silenciado para siempre nuestros fusiles, en el sosiego de la vida civil que nos ha permitido la reflexión profunda sobre la guerra en la que participamos y fuimos protagonistas, queremos decirles que el secuestro fue un gravísimo error del que no podemos sino arrepentirnos”, decía el texto. “El secuestro sólo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad. Tomada esa decisión, en las circunstancias excepcionales de la guerra irregular y buscando equilibrar fuerzas, tuvimos que arrastrar este lastre que hasta hoy pesa en la conciencia y en el corazón de cada una y cada uno de nosotros”, continuaba. Comunes dio un paso más y puso rostro a su culpa, mencionando a Andrés Felipe Pérez, un niño enfermo, que murió sin poder volver a ver a su padre, un miembro del Ejército de Colombia, pese a que durante meses envió mensajes radiofónicos a las FARC para poder reencontrarse con él. “Sentimos como una daga en el corazón la vergüenza que nos produce no haber escuchado a Andrés Felipe Pérez (…). No podemos devolverles el tiempo arrebatado para evitar el dolor y las humillaciones que les causamos a todos los secuestrados”, lamentaron.

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