Uruguay atravesó en 2023 una crisis hídrica que obligó a la población de Montevideo y sus alrededores a tomar agua salada durante algunos días. El gobierno entonces apuró una serie de medidas paliativas para solucionar el asunto de manera transitoria, pero la solución de fondo pasaba por otro lado. La gestión de Luis Lacalle Pou ya había anunciado que pretendía tomar agua del Río de la Plata para abastecer a buena parte de la población.El proyecto se denomina Aguas de Montevideo y fue presentado por el consorcio Aguas de Montevideo (compuesto por las empresas Berkes, Saceem, Ciemsa y Fast), y propone la instalación de una toma de agua del Río de la Plata a la altura del balneario Arazatí (en San José, a 92 kilómetros de la capital uruguaya). La obra incluye la construcción de una planta potabilizadora, una estación de bombeo y una tubería aductora.El proceso para la construcción de este proyecto fue largo e incluyó algún revés judicial. En junio, la Justicia ordenó a la empresa estatal OSE –que es la encargada del suministro de agua en el país– a no suscribir el contrato con Aguas de Montevideo. Sin embargo, esta prohibición luego fue levantada por un Tribunal de Apelaciones.Superado este inconveniente, faltaba un paso más: la autorización ambiental, que otorga el Ministerio de Ambiente. Este paso se cumplió este lunes, con la aprobación de la Autorización Ambiental Previa (AAP), que otorgó esa secretaría de Estado.El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, comunicó que el informe fue elaborado por los técnicos del Área de Evaluación de Impacto Ambiental de esa secretaría de Estado y se llegó a la conclusión después de un proceso “exhaustivo, transparente y participativo”.“Este proyecto no generará impactos ambientales inadmisibles”, dijo Bouvier en una conferencia de prensa. “Para el ministerio este ha sido un proceso clave, sobre todo por la transparencia, la solvencia técnica y el compromiso que asegura un desarrollo que respeta el entorno y garantiza la sostenibilidad de nuestros recursos para el futuro”, agregó.Eugenio Lorenzo, un ingeniero del ministerio, fue consultado sobre los reparos que genera esta iniciativa en varias organizaciones. El técnico explicó que hubo reuniones con las “fuerzas vivas” de las zonas más cercanas al proyecto. “Como corolario de alguno de esos intercambios surgió la necesidad de instrumentar modificaciones al proyecto de forma tal de minimizar los efectos ambientales que tenían algunos de esos componentes”, señaló Lorenzo.Estas instancias se desarrollaron “mucho antes” de la audiencia pública que tiene que haber en este tipo de proyectos. “Enriquecieron el proceso de evaluación, una cuestión que se ve reflejada en el informe que ha sido presentado”, sostuvo.Pero este proyecto ahora tendrá otro inconveniente que sortear. Uruguay está atravesando un período de cambio de gobierno, luego de la victoria del frenteamplista Yamandú Orsi en el balotaje de noviembre. La administración electa ha manifestado reparos a la construcción del proyecto Arazatí e impulsa, en cambio, la obra de una represa en Casupá, en el departamento de Florida.“No es prioridad. (Lo es) Casupá”, dijo la vicepresidenta electa, Carolina Cosse, al ser consultada en una conferencia de prensa por este anuncio. Las bases programáticas del Frente Amplio tienen establecido que se construirá en esa localidad un embalse de 118 millones de metros cúbicos de agua del río Santa Lucía para mejorar el abastecimiento de la zona metropolitana del país. El proyecto “tiene todavía observaciones que no ha levantado y no sería sano para Uruguay que comenzara una obra con observaciones pendientes”, dijo Cosse.En el Frente Amplio ven riesgos en esta propuesta, según informó este miércoles El País. Prefieren la construcción sobre el Río Santa Lucía y no sobre el Río de la Plata porque el agua embalsada allí no tendría cloruros, socios y bromuros. Orsi había expresado que este proyecto tiene aspectos que no lo “terminan de convencer”.
