Para poder ejercer, quienes se dedican a la abogacía deben ser miembros del Colegio de Abogados de su país, pero en Guinea Ecuatorial, las injerencias políticas en el Ilustre Colegio de Abogados hacen peligrar el acceso a la justicia, el Estado de derecho y la protección efectiva de los derechos humanos. En los últimos meses, se ha utilizado indebidamente esta institución para perseguir a un abogado y a una abogada defensores de los derechos humanos en un país en el que la independencia de la abogacía y del poder judicial ya está gravemente amenazada, tras varios ejemplos de detención arbitraria. En este caso, se ha suspendido del ejercicio profesional a dos miembros del Colegio de Abogados, Gemma Jones y Ángel Obama, y se les ha impedido continuar con su trabajo de defensa de los derechos humanos.Seguir leyendo
