José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press) (Alejandro Martínez Vélez – Europ/)Los datos oficiales son los que son. En lo que llevamos de legislatura, es decir, desde mayo de 2023, el Ayuntamiento de la capital que dirige José Luis Martínez-Almeida ha entregado 673 viviendas sociales. De nueva construcción. El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso ha adjudicado, en cambio, solo 117. También de nueva construcción. Y cuando nos referimos a vivienda social, hablamos de la que está en suelo público, edificada por la propia Administración y cuyo alquiler está gestionado en el caso del Ayuntamiento por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), y en el caso de la Comunidad, por la Agencia de Vivienda Social (AVS). Si nos centramos en los proyectos que están en marcha, Almeida está construyendo actualmente otros 4.210 pisos y Ayuso solo 1.687. Traducido: el Consistorio está poniendo en el mercado tres veces más vivienda pública que el Ejecutivo autonómico.¿Por qué? Todo depende del suelo que haya disponible y de la voluntad política de cada Administración. Pedro Barrero, concejal socialista, señala que Almeida “está levantando muchas viviendas sociales porque las parcelas fueron liberadas en su día por Manuela Carmena en la legislatura 2015-2019. La exalcaldesa puso mucho suelo a disposición de la EMVS, pero no le dio tiempo a terminar los pisos. Son proyectos heredados que ahora están viendo la luz”. Jorge Moruno, diputado de Más Madrid, explica sencillamente que los Gobiernos regionales del PP nunca han apostado por la vivienda pública. “Por razones políticas consideran que la vivienda pública debe funcionar como caridad y no como un derecho de la ciudadanía. De hecho, entienden que la vivienda pública degrada la calidad de las ciudades, lo dijo textualmente el Viceconsejero de Vivienda en la Asamblea. Su idea es que la vivienda pública debe limitarse a la población más vulnerable, algo que tampoco es cierto y no cumplen”.En 2005 (primer año del que hay registros), el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), hoy rebautizado como Agencia de Vivienda Social (AVS), tenía un patrimonio inmobiliario de 24.187 inmuebles. Los últimos datos (a 31 de marzo de 2024) revelan que ese mismo patrimonio es de 24.910. Es decir, que el saldo positivo es de un crecimiento de 723 inmuebles. O lo que es lo mismo: en 19 años, la Comunidad de Madrid solo ha construido una media de 38 viviendas públicas al año.También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en FacebookLa Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) presume de ser actualmente la primera promotora pública de España. En el presente mandato, ha finalizado ocho promociones con 673 viviendas públicas que ya han sido adjudicadas a los madrileños que cumplían los requisitos para ser inquilinos. Estas ocho promociones son La Rosilla 1, La Rosilla 2, La Rosilla 3 (en Vallecas Villa), Nuestra Señora de los Ángeles 4 y San Francisco Javier VI (en Puente de Vallecas), Ingenieros 1 (Villaverde), y Cañaveral 1 y Cañaveral 2 (en el distrito de Vicálvaro). Así, el patrimonio actual de la EMVS es de 8.515 viviendas, un 36% más que en 2019. Ahora mismo tiene otros 2.110 pisos en distintas fases de proyecto y ejecución, distribuidos en 25 promociones, y quiere sumar otras 2.100 viviendas más en nuevas promociones. El Ayuntamiento tiene mucho suelo en los nuevos desarrollos del sureste.Suelo fuera de la capitalEn el caso de la Comunidad, Ayuso ha entregado esta legislatura 117 viviendas, de las que solo 44 estaban en la capital. El resto se distribuyeron en municipios tan dispares como Ciempozuelos, Patones de Abajo, Robregordo y Berzosa de Lozoya. Actualmente, tiene otros 1.687 pisos sociales en ejecución. Por ejemplo, una promoción de 140 casas en Majadahonda y nuevos proyectos en Los Berrocales y Valdecarros, nuevos barrios de la capital. El dato, para una autonomía como la madrileña, motor económico del país, es bajo. Sobre todo si se tiene en cuenta que en junio de 2020, cuando Ayuso solo llevaba un año gobernando, firmó el Pacto Regional por la Vivienda, comprometiéndose, entre otras cuestiones, a incrementar el patrimonio de la AVS en 1.500 nuevas casas sociales durante esa legislatura. No se cumplieron las expectativas. Solo entregó 321. En junio de 2023, durante la primera jornada del debate de investidura previo a la reelección oficial de la líder del PP como presidenta madrileña, Ayuso prometió otros 1.700 pisos protegidos para familias con dificultades económicas en este nuevo mandato.Rosilla 1, promoción nueva de la EMVS en Villa de VallecasEl Ayuntamiento señala que tiene “un gran compromiso” para aumentar el “parque público de vivienda”, aunque el concejal socialista Barrera recuerda que en el anterior mandato, 2019-2013, “Almeida prometió 15.000 viviendas y ha entregado 1.819″. De todas formas, el mensaje del alcalde está calando entre los madrileños mucho más que el de la Comunidad. Las personas que se han inscrito en el registro municipal de demandantes de vivienda social superan ya las 43.000, cuando hace cuatro años eran 33.000. La AVS de la Comunidad solo tiene, en cambio, unos 4.000 demandantes apuntados. Los requisitos para apuntarse en ambos casos son no tener una vivienda en propiedad y no superar ciertos límites de ingresos familiares.El Gobierno regional lo está apostando todo a la colaboración público privada de su plan VIVE, el proyecto estrella de Ayuso. Según este plan, la Administración cede suelo a una empresa para que construya pisos y los explote en concesión durante 50 años en régimen de alquiler para jóvenes y familias de rentas bajas a un precio, según afirma la Comunidad, un 40% más barato que en el mercado. En mayo de 2019, cuando Ayuso era candidata, aseguró que el plan VIVE pondría en el mercado 25.000 viviendas, cifra que rebajó meses después a 15.000. Los últimos datos ofrecidos son que se están construyendo 8.500 pisos en 21 municipios. La Comunidad de Madrid es propietaria de 10,4 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable. Para el diputado Moruno, Ayuso podría utilizar estos terrenos en construir más vivienda social, pero “no los utiliza y en muchos casos prefiere venderlo”.
