Category: Editoriales

escucharescucharEl sorpresivo triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales ha revuelto varios avisperos. Uno de ellos es el de los activistas de la cultura nacional y popular.Durante 20 años, el kirchnerismo utilizó los programas de estudio, los medios de comunicación, las voces de periodistas y las palabras de intelectuales para dar una pátina de progresismo a su estrategia de vaciamiento de las arcas del Estado. Obtuvo el apoyo de grupos que reivindican valores muchas veces inobjetables, en provecho de personajes sórdidos cuyo interés ha sido –y sigue siendo– el enriquecimiento personal a costa del bienestar general. Prefiriendo así ser pobres, pero progres.Fue Antonio Gramsci quien mejor planteó, ante su público marxista, la necesidad de ir más allá de la lucha de clases política, para adentrarse en el mundo de la cultura, develando la hegemonía que la clase explotadora ejerce sobre la sociedad a través de ideas y creencias compartidas pero que la someten, mediante instituciones en apariencia democráticas, a una verdadera explotación inadvertida. Suele decirse que el kirchnerismo ganó esa batalla cultural, ya que tuvo ocasión de “lavar la cabeza” durante dos décadas a toda una generación de jóvenes que solamente escucharon esa interpretación gramsciana de la historia nacional, de sus conflictos y armonías, de nuestros próceres, estadistas y líderes populares.Así que, además de los cambios indispensables para transformar la economía y mejorar el nivel de vida de la población, es indispensable que el nuevo gobierno también disponga un giro de 180 grados a la ideología de la decadencia que se adoptó desde 2003 con el perverso objetivo de legitimar un plan de expoliación al pueblo argentino, cuyo éxito se refleja en los índices de inflación y pobreza.Para ello, podría adoptarse la misma receta del autor de los Cuadernos de la cárcel, pero en sentido inverso. Quizás el mismo Gramsci ayudaría a hacerlo, enterado que fuera del uso infame que el matrimonio presidencial dio a sus escritos. Sin duda, se alarmaría por el relato falseado de profesores revisionistas, actores clientelistas, filósofos sibilinos, cantautores acomodados, periodistas militantes, locutores sometidos y demás voceros funcionales al interés de sindicalistas ladrones, empresarios prebendarios, intendentes millonarios y militantes inescrupulosos. Solo ver las imágenes de cualquiera de ellos hubiese llevado a la tumba al fundador del PC italiano, antes de ser liberado de prisión el 21 de abril de 1927.El sardo se horrorizaría al encontrar su panegírico en la página del Ministerio de Cultura de la Nación (“La cultura emancipadora de Antonio Gramsci”) y la consideraría una utilización tramposa de su imagen y pensamiento para legitimar una vulgar hegemonía del dinero mal habido usando el poder del Estado.Poner la cultura oficial al servicio de contratos dirigidos, mercados cautivos, créditos privilegiados, concesiones fraudulentas, “cajas” apropiadas, retornos escondidos, pautas ficticias, proveedores digitados, dólares (oficiales) subastados, subsidios indebidos, designaciones torcidas y contratos fraguados configura un delito gravísimo por corroer dolosamente el capital social de los argentinos, hipotecando su futuro.La Universidad Nacional de La Plata, en lugar de dar el premio Rodolfo Walsh (2011) al ex presidente de Venezuela Hugo Chávez por “afianzar la libertad de los pueblos” o a Evo Morales (2008) por su “compromiso con los valores democráticos” o de rendir homenaje al Che Guevara (2013) al cumplirse 46 años de su muerte, debería distinguir a quienes recuperen las virtudes que destacaron a nuestro país en el concierto de las naciones.Es necesaria una nueva batalla cultural que, en lugar de exaltar levantamientos armados y luchas por la liberación, reestablezca los principios que convocan a trabajar con libertad, a superarse con esfuerzo, a destacarse conforme al mérito y a prosperar sobre la base del ahorro, recurriendo a historias bien argentinas, ocultadas por el kirchnerismo, y que conmueven de solo evocarlas. Cuando ser “progre” era ser ilustrado, entusiasta, confiado en el futuro y artífice del destino propio y colectivo.Las nuevas generaciones deben saber que este era un país pobre, con población dispersa e iletrada, sin oro, ni plata, ni cultivos, ni infraestructura. Fue transformada por ideas progresistas, no por un golpe de fortuna ni por inversiones de un imperio colonial. En lugar de leer las zonceras de Arturo Jauretche o las denuncias de Scalabrini Ortiz, se debe volver a Juan Bautista Alberdi, cuyas obras parecen escritas para el momento actual. Lo mismo respecto de su contrincante, el “loco” Sarmiento (incluyendo sus célebres “Viajes” con sus humanos “Gastos”), los discursos vibrantes de Avellaneda, los debates enconados de la ley 1420, los ensayos de Juan B. Justo, el socialista liberal y los diarios de tantos extranjeros que recorrieron nuestro país en el siglo XIX y que dan testimonio impactante de aquella realidad.Para potenciar los valores que se requieren en el momento actual basta recurrir a las hazañas que tuvieron lugar desde la Organización Nacional en adelante. Las historias de inmigrantes y las nuevas colonias como Esperanza, San Carlos y Moises Ville, instaladas en medio de la nada. Las biografías inspiradoras de los grandes educadores, como Sara Eccleston, Pablo Pizzurno y Rosario Vera Peñaloza o las vidas de luchadores de la salud, como Cosme Argerich, Guillermo Rawson y Enrique Finochietto, entre tantos otros, sin olvidar a Bernardo Houssay, Luis Agote o René Favaloro, en tiempos recientes.Los jóvenes podrían tener lecturas más provechosas que el fraudulento caso de Santiago Maldonado y conmoverse con Santiago Avendaño, el niño cautivo que atravesó el desierto huyendo de los ranqueles; o compartir los sueños de Francisco P. Moreno, que descubrió el lago Nahuel Huapi viajando desde el Atlántico o las aventuras del comandante Luis Piedrabuena, quien custodió nuestros mares australes y rescató vidas de naufragios, sin otro móvil que la azul y blanca.La educación para el progreso no debería omitir las epopeyas de los primeros industriales como Noel, Bieckert, Bianchetti, Bagley, Bemberg, Tornquist y tantos otros que desmienten el sesgo antifabril del llamado “modelo agroexportador”. En aquella época, la ventaja comparativa era el capital barato, la seguridad jurídica, la expansión de la infraestructura, el entusiasmo nacional y el espíritu emprendedor. Todo ello, demolido por un kirchnerismo que instauró la cultura del pobrismo, el atraso, la queja, el reclamo de derechos y el olvido de obligaciones para tapar la corrupción tras un seductor cortinado cultural.En esos tiempos, la modernidad eran las escuelas y los hospitales, el telégrafo y los ferrocarriles, los puertos y los faros, las leyes y la moneda. Ahora la transformación debe elevar a quien trabaja y se esfuerza, a quien estudia y se instruye para no perder el tren de la prosperidad en un contexto donde prevalecen tecnologías que serán inaccesibles para quienes continúen excluidos con el relato de la liberación, marchando con redoblantes por una Coca y un choripán.LA NACIONTemasOpiniónNota de OpinionPobrezaJavier MileiConforme a los criterios deConocé The Trust ProjectOtras noticias de Nota de OpinionAlberto: el títere que se autopercibió tardeCuáles son las certezas sobre MileiRumbo a Olivos. El giro del León en una jungla peligrosa

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escucharescucharGobierno de unidad, unión nacional, llamado a la concordia. Con distintos matices, ese concepto ha estado presente en buena parte de nuestra historia. Y, las más de las veces, se ha apelado a él en vísperas de momentos fundacionales o de crisis profundas. Lo usó larga y sentidamente Manuel Belgrano en su artículo “Causas de la destrucción o de la conservación y engrandecimiento de las naciones”, publicado el 19 de mayo de 1810 en el diario Correo de Comercio, es decir, seis días antes de la Revolución de Mayo.“La historia misma de nuestra nación, en la época que estamos corriendo, nos presenta más de una prueba de que la desunión es el origen de los males comunes en que estamos envueltos y que nos darán muchos motivos para llorarlos mientras existamos”, escribió Belgrano.El propio Preámbulo de la Constitución nacional enumera como uno de sus objetivos “constituir la unión nacional”.Lamentablemente, a lo largo de los tiempos, ese concepto se fue tornando abstracto. Parte de nuestra dirigencia política, sindical y empresarial se encargó de vaciarlo de contenido anteponiendo divisiones de todo tipo al verdadero esfuerzo por cristalizar los necesarios acercamientos.Las prácticas autoritarias y excluyentes; la cerrazón frente a las ideas del adversario; la falta de capacidad para aceptar el disenso, acercar posiciones y, eventualmente, corregir el rumbo en pos de una salida concertada a problemas de índole diversa han sido la regla y no la excepción.¿Puede resultar entonces extraño el escepticismo que se percibe en buena parte de la sociedad frente a la promesa hecha por Sergio Massa de que, si llega a la presidencia de la Nación, convocará a “un gobierno de unidad nacional”?, ¿se le debe creer así sin más a Javier Milei cuando dice que, en un eventual gobierno suyo, convocaría a sus adversarios sin importar la procedencia política, habiendo denostado a muchos de ellos, calumniándolos de manera grosera?¿Acaso no restan los irresponsables pases de factura interna de las últimas horas entre dirigentes de la oposición con vistas al próximo balotaje? Si hubiera una real intención de forjar la unidad nacional, ¿no debería trabajarse para lograrla ya mismo?¿Por qué habría que creer, como dijo Massa, que el domingo se murió la grieta en la Argentina si se la sigue cavando con fuerza y esmero desde casi todo el arco político y, por inevitable efecto cascada, desde parte importante de una sociedad sumida en el hartazgo y la decepción?El 9 de julio de 2012, al conmemorarse el 196º aniversario de la Declaración de la Independencia, Cristina Kirchner convocó a la unión de los argentinos. “Unidad nacional no quiere decir que todos pensemos lo mismo. Unidad nacional es ponerse de acuerdo en las cosas básicas para que el país siga creciendo”, dijo quien más se ocupó en las dos últimas décadas de profundizar la fosa en que está dividida la sociedad, hastiada del ninguneo de su dirigencia respecto de los verdaderos problemas que la aquejan.¿Qué respuesta recibió Fernando de la Rúa de la dirigencia política intra y extrapartidaria cuando el 22 de noviembre de 2001 –poco menos de un mes antes de su caída– convocó a un gobierno de unidad nacional, “deponiendo todo el interés mezquino y sectorial”?Nunca en un conflicto la responsabilidad es de una sola de las partes. Como sociedad, los ciudadanos debemos estar dispuestos a exigir que se concreten esos tan demorados acuerdos y a trabajar decididamente para intentar cerrar las heridas que dejaron las sucesivas grietas, sabiendo que no será ni fácil ni inocuo y que, para lograrlo, deberemos anteponer el bienestar general al individual. Porque, si no es así, ningún llamado a la unidad tendrá posibilidades de concretarse. La unidad no se decreta, se construye a paso firme y sostenido.En 1810, los revolucionarios de Mayo fueron conscientes de que no alcanzaba con proclamar la existencia de una nueva nación. Entendieron que la independencia, la soberanía y el afianzamiento de la unidad nacional solo podía lograrse con el esfuerzo sostenido y mancomunado de una población dispuesta a hacer sacrificios.El camino no fue fácil ni estuvo allanado. Hubo luchas intestinas, peleas por liderazgos y sangrientos enfrentamientos entre argentinos. Pero la idea de unidad no era por entonces una abstracción. Si, aun en medio de aquellas lejanas diferencias, en algún momento llegamos a ser un país potencialmente competitivo, con crecimiento económico y niveles de educación y de salud envidiados por una porción importante del mundo, podríamos plantearnos volver a intentar aquella gesta.No hay dudas del nocivo efecto que producen tantos años de decadencia y retroceso cultural en el más amplio sentido de la palabra. Nunca es sencillo pedir un esfuerzo más –especialmente a los que más padecen– máxime si quienes lo reclaman son los mismos que, con nefastos procederes, nos llevaron a esta situación y que nunca mostraron estar dispuestos a dar el ejemplo.La cuestión es más que creer o no creer. Es actuar con pragmatismo y sin más demora para que la desunión no nos gane la batalla porque, como bien decía Belgrano, “es el origen de los males comunes en que estamos envueltos y que nos darán muchos motivos para llorarlos mientras existamos”.LA NACIONTemasOpiniónNota de OpinionSergio MassaJavier MileiCristina KirchnerFernando de la RúaConforme a los criterios deConocé The Trust ProjectOtras noticias de Nota de OpinionInsólito renunciamientoEl vencedor menos pensadoSin ley de trazabilidad de la pesca

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escucharescucharLa práctica gubernamental de anunciar bonos, subsidios y ampliación de beneficios de todo tipo resulta harto reiterada durante épocas electorales.El llamado “plan platita”, que en esta oportunidad el ministro-candidato Sergio Massa está llevando a extremos insospechados, aun sin saber si se contará con los fondos suficientes para concretar semejante dispendio de dineros públicos dada la debacle provocada por su propio gobierno, se ha convertido en una clara extorsión en La Rioja. En esa provincia, el gobernador Ricardo Quintela anunció que dará un bono de 15.000 pesos a los estatales de planta transitoria y permanente y que se congelarán tarifas de servicios, pero lo condicionó al resultado electoral.Las personas contratadas y becadas, las tutorías y quienes son beneficiarias del Programa de Empleo Municipal (PEM), en tanto, recibirán 10.000 pesos, así como los retirados y jubilados de la policía y del Servicio Penitenciario provinciales. Y también habrá un incremento de 5000 pesos para el monto actual del adicional compensatorio destinado a jubilados, entre otros trabajadores estatales.El día del anuncio y al ser consultado por los periodistas sobre si esos bonos se mantendrán en el tiempo o se cobrarán por única vez, Quintela respondió: “Tenemos que pasar el mes de octubre, tenemos que ver el resultado de las elecciones y tenemos que conversar en paritarias y con los gremios y ver las posibilidades reales que tenga la provincia”.El gobernador riojano es uno de los mandatarios peronistas más alineados con la campaña de Unión por la Patria. Tanto es así que desde hace tiempo recorre su provincia pregonando la inconveniencia de votar a otros candidatos en los comicios presidenciales de este mes. A tal punto lleva su prédica alarmista que ha dicho que, en caso de ganar Javier Milei, presentará la renuncia a su cargo.Quintela presenta a Massa como emergente de algún tipo de revelación de fe, desconectándolo de las aberraciones que ha cometido y sigue cometiendo el gobierno que el tigrense integra desde hace más de un año. Y, sin siquiera sonrojarse, asegura a los riojanos que el país necesita a Massa porque es un “candidato racional”, que va a sacarlo “de la situación prácticamente terminal en la que se encuentra, similar a la de 2001″.No obstante esa incoherencia discursiva, achacársela con exclusividad a Quintela sería una grosera simplificación.Según un video que se hizo viral, difundido por la cuenta Indignado (indignadoxd) en X (ex-Twitter), se observa a una mujer, presumiblemente docente o sindicalista de ese gremio, intentando convencer en el aula de una escuela tucumana a alumnos adolescentes respecto de que tienen que votar a Massa porque, si no, van a perder todos los derechos.Con argumentos variados y de distintos tonos, los alumnos le retrucan que el partido que la mujer defiende nunca ha hecho nada por ellos ni por los barrios donde viven ni por la provincia. Casi abatida por la contundencia de sus interlocutores, la mujer los insta a que, si no piensan en ellos, que piensen en sus padres. Otra extorsión indisimulada. Hay muchos Quintelas en el país.En la introducción al video en cuestión se comenta que la mujer es una de las tantas enviadas de Roberto Baradel, de quien se asegura que instruye a docentes de todo el país para llamar a votar a Massa bajo la consigna de que “no gane la derecha”. Adoctrinamiento puro y duro.Sirven estos dos ejemplos para resumir la enorme cantidad de tergiversaciones que se están difundiendo desde las usinas más diversas. También resultan útiles para reflejar el pavor de cierta dirigencia a perder sus lugares de poder, sus prebendas y canonjías, llegado el caso de resultar perdidosa en los próximos comicios.Si alguno de ellos cree que replicando la estrategia de la mentira y la humillación logrará salir a flote electoralmente, es probable que logre todo lo contrario.No está exenta de cometer estos viles errores ninguna de las fuerzas contendientes con vistas al próximo domingo 22. La diferencia con comicios anteriores es el nivel de descreimiento de la sociedad respecto de esos artilugios, el hartazgo frente a una dirigencia que la sigue subestimando y la necesidad de muchos de dar vuelta la página de la decadencia en la que se encuentra hoy nuestro país.LA NACIONTemasOpiniónNota de OpinionLa RiojaElecciones 2023EducaciónConforme a los criterios deConocé The Trust ProjectOtras noticias de Nota de OpinionAvance del rugby inclusivoNueva maratón de lecturaProstitución: no pagar por violar

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escucharescucharEl dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, en el que ratifica la constitucionalidad de la prohibición de votar para las personas que se encuentren presas con condenas firmes de tres años o más resulta acertadamente fundamentado y será la Corte Suprema de Justicia, en definitiva, la que deberá pronunciarse sobre este asunto.La intervención de Casal tiene su origen en la presentación judicial realizada por un preso que purga una condena a seis años de cárcel por haber sido considerado autor penalmente responsable del delito de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por haber intervenido más de tres personas para cometerlo. Su abogado presentó la demanda para que se habilite a su representado a votar en los comicios de este año y, paralelamente, que se declare la inconstitucionalidad de artículos de los códigos penal y electoral nacional que determinan aquella prohibición. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, a cargo de la ejecución de la pena, rechazó la denuncia, pero la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió por mayoría que resultan inconstitucionales las normas que impiden el derecho al voto.En rigor, la inhabilitación para votar no es una pena autónoma de la principal, por la cual se dispuso el monto de la condena y finaliza cuando esta concluye. Se trata de una accesoria del delito cometido, que los legisladores sancionaron en función de los parámetros que los jueces toman en cuenta a la hora de determinar la pena. Eso implica que tampoco sea una inhabilitación idéntica en el tiempo para todos los condenados, sino que dependerá de la gravedad de cada delito.Desde algunas usinas políticas defensoras de los derechos humanos se ha intentado establecer un parangón entre este caso y lo decidido por la Corte Suprema de Justicia, en 2002, cuando se pronunció en favor de los derechos de los detenidos a no quedar fuera de la nómina de electores habilitados para sufragar que integran el padrón electoral. Como se ve, no es un hecho para nada asimilable. Aquel pedido había sido realizado mediante la presentación de un amparo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y los detenidos en esas condiciones pudieron sufragar en los comicios de 2007, tras haber reglamentado el Poder Ejecutivo la modificación legislativa al Código Electoral. El presidente para esa fecha era Néstor Kirchner. Antes de 2007 las personas detenidas no votaban.Respecto del cuestionamientos que plantea este nuevo caso, Casal sostiene en su dictamen que, “en efecto, la inhabilitación electoral priva a quien la sufre del ejercicio del derecho del voto, que es trascendental para la vida democrática”, pero aclara también que el derecho a la libertad, que tiene la misma o incluso mayor trascendencia, admite penas accesorias como, por ejemplo, establecer multas, inhibiciones, decomisos, privación de la patria potestad o de la administración de bienes, previstas en el Código Penal. Es decir, no es un hecho novedoso que ello ocurra ni sucede fuera de ningún marco legal.Por otro lado, recuerda el procurador general, que, cuando se refiere a derechos políticos, la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, luego de declarar la vigencia del derecho a votar y a ser elegido, aclara expresamente que la ley puede restringir su ejercicio, entre otras razones, precisamente “por condena, por juez competente, en proceso penal”.Cabe recordar que otros factores admisibles a la hora de establecer restricciones al derecho al voto son la edad, la capacidad civil o mental, la residencia o el idioma. Ello muestra que la misma Convención no previó a ese derecho como un absolutoPor lo demás, resulta determinante el dictamen de Casal cuando establece que la “declaración de inconstitucionalidad configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como de última razón de orden jurídico y que solo cabe acudir a ella cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución nacional.Más allá de que lo que se cuestiona en esta nueva presentación judicial –lo que las propias leyes hoy determinan–, pensar en que, a mayor condena corresponden mayores restricciones, no parece una valoración desacertada desde el propio sentido común.LA NACIONTemasOpiniónNota de OpinionElecciones 2023Derechos HumanosCárceles en la ArgentinaJusticiaConforme a los criterios deConocé The Trust ProjectOtras noticias de Nota de OpinionDigitalización en el aulaAnálisis. La crisis económica perseguirá al candidato MassaLa mesa no está servida

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escucharescucharUno de los latiguillos más oídos en boca de dirigentes kirchneristas como el gobernador bonaerense Axel Kicillof es “La derecha va por tus derechos”, una aliteración tendiente a asustar a los ciudadanos frente a la próxima contienda electoral. La inclinación por esa figura literaria ya la había demostrado cuando, hace más de dos décadas, formó la agrupación “Tontos pero no Tanto” (TNT) en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Ambos giros retóricos reflejan su afición por las teorías conspirativas, compartida con su mentora Cristina Kirchner.Según aquel eslogan, la “derecha” tiene un solo programa que es restringir, privar, reducir o quitar derechos, en contraste con su propuesta progresista de expandirlos para “enfrentar a los poderes reales desde el Estado en beneficio de las mayorías”.¿A qué derechos se referirá Kicillof? ¿A la doble pensión de privilegio de la vicepresidenta? ¿A los cargos que ocupan los militantes de La Cámpora en los organismos públicos que más recursos manejan? ¿A los miles de contratados sin concurso? ¿A los 92 diputados y 46 senadores de la legislatura provincial, con retribuciones superiores a los nacionales? ¿A las cajas negras que administran mediante nombramientos ficticios, subsidios injustificados y becas a personas inexistentes? ¿A los fondos que manejan las organizaciones piqueteras, sin rendir cuentas? ¿O a las transferencias discrecionales a provincias gobernadas por caudillos, a cambio de votos en el Senado de la Nación?Esos no son derechos, sino desvío de recursos públicos con fines partidistas y en provecho privado. No son conquistas progresistas ni benefician a las grandes mayorías. Son prebendas de endeble legalidad para sostener el poder kirchnerista a costa del bolsillo de quienes viven de subsidios o tienen ingresos de pobreza.Si Kicillof se refiere a los derechos introducidos durante el gobierno de Cristina Kirchner mediante la legalización del aborto, la ley de identidad de género, la patria potestad compartida, el matrimonio igualitario, el cupo femenino para cargos electivos, el “voto joven” o los surgidos del nuevo Código Civil y Comercial, su profecía no menciona la trágica degradación de derechos que ya ocurre en la actualidad.La profecía de Kicillof no menciona la trágica degradación de derechos que ya ocurre en la actualidadKicillof parece ignorar que esos “nuevos derechos” presuponen la existencia de otros, de mayor impacto sobre la vida cotidiana de los argentinos. Los que permiten comer, abrigarse, vestirse y curarse. Los que permiten trabajar y ejercer toda industria lícita, producir riqueza y pagar impuestos para sostener la estructura del Estado, incluyendo los que el gobernador y su mentora prometen ampliar.Las labores diarias de la gente se desarrollan gracias a derechos mucho más generales y más amplios que aquellos y no fueron creados en los últimos 16 años, sino que existen desde hace 170. A partir de esa base institucional creció la economía, se expandió la educación, surgió una clase media y sobre esa plataforma de prosperidad fue posible incorporar derechos sociales y colectivos.Cada momento en la vida habitual de un argentino, cuando circula, cuando trabaja, cuando expresa sus ideas o desarrolla iniciativas está protegido por derechos consagrados en la Constitución Nacional. Cuando constituye una familia y cuando disfruta la intimidad de su hogar, tiene la ley fundamental como garantía de sus derechos, cualquiera fuese su ideología o nivel social. Son propios de una democracia republicana, superiores al poder político y no concedidos por líderes carismáticos.Es posible que Kicillof, por exceso de John William Cooke y déficit de Juan Bautista Alberdi, se confunda con la República de Cuba donde los derechos y garantías constitucionales están subordinados a las leyes que dicte la Asamblea Nacional del Poder Popular y no al revés, como limitaciones a sus facultades. En Cuba, la población agradece a sus dictadores cuando conceden derechos.En la Argentina, el amplísimo universo de derechos para quienes habitan nuestro suelo no depende de los gobiernos de turno, sino del texto constitucional que está por encima de ellos. Nada pueden quitar los gobernantes que lleguen, si funciona el Poder Judicial como contralor de constitucionalidad y en su vértice, una Corte Suprema independiente.Cuando la inflación sumerge a la población en la pobreza, también la somete al arbitrio del poder populistaSin embargo, no es necesario derogar leyes para restringir, privar, reducir o quitar derechos, como presagia el augur kirchnerista. Basta con emitir moneda sin respaldo hasta dejarla sin valor. La inflación arrasa con los nuevos derechos, con los derechos históricos, con los ya maduros y con los recién nacidos. Termina con los derechos individuales o de primera generación; con los sociales, de la segunda, y con los colectivos, de la tercera.Con inflación desbordada, se rompen las reglas de convivencia, se expanden los paros, las tomas y los piquetes. Con inflación desbordada, se acaban los derechos y se entroniza la sumisión a la dádiva. Eso lo advirtió, en una declaración reciente, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, cuando manifestó que no defender el valor de la moneda es “traicionar la Constitución Nacional”.Cuando la inflación sumerge a la población en la pobreza, también la somete al arbitrio del poder populista, experto en otorgar subsidios, contratos, privilegios y canonjías para ganar apoyos en base a la extorsión del hambre. Como en Cuba o Venezuela.Sin recursos para hacerlos valer, los derechos carecen de vigencia práctica. Eso no lo enseña Adam Smith, sino el “socialismo nacional” en que abrevó el camporismo. El derecho burgués predicaba, consagra libertades formales que solo son reales para quienes pueden pagar por ellas. En la Argentina, cuando la inflación proyecta un incremento del 150% anual y la mitad de la población sufre pobreza, los derechos esenciales son arrasados, no por catástrofe natural, sino por acción del propio Estado. Al ahora candidato del oficialismo, Sergio Massa, le va a resultar muy difícil durante la campaña explicar que, de ganar las elecciones, hará algo muy diferente de lo que ha venido haciendo como ministro de Economía, luego de que la inflación pasara del 78 al 114% interanual durante su gestión.Luego de la revolución de 1917, Vladimir Lenin procuró abolir el dinero – símbolo de la alienación capitalista– mediante la emisión descontrolada de rublos hasta que el caos, el trueque y la hambruna lo forzaron a detener esa experiencia devastadora e introducir el “chervonet” con respaldo en oro (1922).Suponemos que el desborde monetario es solo fruto de la ineptitud del trío gobernante, incapaz de privilegiar el bien común sobre sus intereses mezquinos. Y que no se demolerán las instituciones con el subterfugio de enfrentar a los poderes reales como propone el gobernador mientras distrae con “las derechas y los derechos”.LA NACIONTemasOpiniónInflación y preciosAxel KicillofCristina KirchnerPobrezaConforme a los criterios deConocé The Trust ProjectOtras noticias de Inflación y preciosAlquileres. Cuánto aumentarán los contratos en julio y las reacciones de los inquilinos y propietariosInflación. Una familia necesitó casi $100.000 para no ser indigente en mayoEfecto secundario sorprendente. En Argentina, la inflación supera el 100 por ciento (y los restaurantes están llenos)

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escucharescucharTal como consignamos días atrás en esta columna editorial, el Estado nacional acordó reconocer como “sitio sagrado” de la comunidad de encapuchados Lafken Winkul Mapu, un espacio de 10 hectáreas en Villa Mascardi. Los usurpadores colocaron allí un objeto de madera que consideran “sagrado” para que su jefa espiritual o “machi” pueda poner en práctica “sus dotes de sanación” dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Los años de civilización, el proceso de secularización y de búsqueda de instituciones que promuevan una ciudadanía libre y lúcida que ha permitido la práctica de cualquier fe religiosa en el ámbito de lo privado parecen haber sido abolidos por las actuales autoridades.Como todo grupo humano, los pueblos indígenas poseen sitios sagrados, símbolos esenciales de su identidad. Integran su patrimonio cultural, que incluye todas las expresiones de la relación entre un pueblo, como colectividad, con su tierra, con otros seres vivos y con conceptos inmateriales, y que comparten un mismo espacio. Sin embargo, imponer al pueblo argentino un acuerdo celebrado casi a escondidas entre la Secretaría de Derechos Humanos y Parques Nacionales y miembros de una supuesta comunidad nunca registrada constituye un acto de inusitada gravedad institucional. A este grupo que se afincó en Villa Mascardi de modo violento, ahora el Estado le concede sin más el sitio usurpado otorgándole carácter sagrado.Es necesario recordar que la causa judicial relacionada con los numerosos hechos delictivos perpetrados en Villa Mascardi está suspendida a la espera de juicio oral y público por intromisión del Poder Ejecutivo Nacional. A la fecha existen detenidos y prófugos de la Justicia por haber usurpado y vandalizado al extremo tanto propiedades públicas como privadas. En ese contexto y entrometiéndose nuevamente en el accionar judicial, violando toda independencia y división de poderes, el Estado nacional crea una supuesta “mesa de diálogo” a la que le faltan patas para buscar una solución a un conflicto que ya se encuentra judicializado y a la espera de juicio oral. A las conversaciones solo fueron convocados los delincuentes y con ellos, a solas, se suscribió este escandaloso e ilegal acuerdo que no contempla ni a los damnificados ni a los vecinos.Con este injustificable proceder, el Gobierno vuelve a violentar el Estado de Derecho y desalienta la tramitación de la regularización de cualquier comunidad indígena por vías legales: es más eficaz usar capuchas, palos, piedras y bombas y, en el siglo XXI, dar a un pedazo de madera recientemente ubicado en un Parque Nacional el carácter de “sagrado”. Ocurre que basta con que algunas autoridades admitan que el sitio usurpado reviste carácter sagrado para considerar que los hechos ocurridos no han constituido delito.En un acto de última voluntad destructiva, un gobierno que se despide pretende dar la espalda una vez más a la ciudadanía y a la ley y premiar a los violentos que con actitudes guerrilleras enfrentan a la sociedad y a sus normas.El propio Sindicato de Guardaparques Nacionales así lo reconoció en un comunicado que expresa: “El acuerdo no solo constituye un antecedente deplorable al pactar conciliaciones con quienes desarrollaron actos de terrorismo, atormentando física y moralmente a personas inocentes, incluyendo funcionarios públicos, apropiándose, ilegalmente y por la fuerza, de tierra del dominio público, destruyendo el ambiente y la propiedad privada; significa también un destrato hacia las legítimas comunidades y pobladores originarios de las áreas protegidas que siguen los circuitos legales de reconocimiento y autorización de uso y ocupación de la tierra, dejando demostrado que la receta de no cumplir con la ley funcionó exitosamente para obtener beneficios ilegítimos, arrogándose derechos de la ley 26.160 de comunidades indígenas, sin acreditar los requisitos que la misma ley exige. Rechazamos todo tipo de entrega de tierras para el asentamiento de cualquier grupo que no haya sido debidamente reconocido, como lo dictamina en las leyes, para su asentamiento en territorios ubicados dentro de los parques nacionales”.El supuesto acuerdo resulta a todas luces ilegal y es más que justificadamente rechazado por la ciudadanía. De hecho, ya se han iniciado acciones contra el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, por garantizar la impunidad de quienes han realizado y cometido hechos delictivos. Debe responsabilizarse a todos los funcionarios públicos que entregan tierras de los argentinos a quienes han violado su ley y quemado su bandera. Cometen traición a la patria. Insistir con instaurar una cultura en la que prevalezca la violencia por sobre el imperio de las leyes en un marco de paz es propio de un tan ideologizado como ya vetusto pensamiento. Estos funcionarios son cómplices de quienes han incendiado, robado, amedrentado y dañado a los argentinos. Premiarlos es continuar azuzando una violencia que la sociedad no está dispuesta a aceptar.Todo el arco político debe pronunciarse enfáticamente y sin demoras para evitar esta entrega ilegal del territorio de todos los argentinos que sienta tan peligroso precedente. Con el mismo compromiso, sociedad y dirigencia deben impulsar el debido castigo para que estas acciones de funcionarios irresponsables no se repitan.LA NACIONTemasOpiniónNota de OpinionPatagoniaUsurpaciónConforme a los criterios deConocé The Trust ProjectOtras noticias de Nota de OpinionEl sobreseimiento de Cristina KirchnerVandalismo en IránSeudocooperativas

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