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¿Por qué Almeida construye actualmente tres veces más vivienda social en Madrid que Ayuso?

José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press) (Alejandro Martínez Vélez – Europ/)Los datos oficiales son los que son. En lo que llevamos de legislatura, es decir, desde mayo de 2023, el Ayuntamiento de la capital que dirige José Luis Martínez-Almeida ha entregado 673 viviendas sociales. De nueva construcción. El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso ha adjudicado, en cambio, solo 117. También de nueva construcción. Y cuando nos referimos a vivienda social, hablamos de la que está en suelo público, edificada por la propia Administración y cuyo alquiler está gestionado en el caso del Ayuntamiento por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), y en el caso de la Comunidad, por la Agencia de Vivienda Social (AVS). Si nos centramos en los proyectos que están en marcha, Almeida está construyendo actualmente otros 4.210 pisos y Ayuso solo 1.687. Traducido: el Consistorio está poniendo en el mercado tres veces más vivienda pública que el Ejecutivo autonómico.¿Por qué? Todo depende del suelo que haya disponible y de la voluntad política de cada Administración. Pedro Barrero, concejal socialista, señala que Almeida “está levantando muchas viviendas sociales porque las parcelas fueron liberadas en su día por Manuela Carmena en la legislatura 2015-2019. La exalcaldesa puso mucho suelo a disposición de la EMVS, pero no le dio tiempo a terminar los pisos. Son proyectos heredados que ahora están viendo la luz”. Jorge Moruno, diputado de Más Madrid, explica sencillamente que los Gobiernos regionales del PP nunca han apostado por la vivienda pública. “Por razones políticas consideran que la vivienda pública debe funcionar como caridad y no como un derecho de la ciudadanía. De hecho, entienden que la vivienda pública degrada la calidad de las ciudades, lo dijo textualmente el Viceconsejero de Vivienda en la Asamblea. Su idea es que la vivienda pública debe limitarse a la población más vulnerable, algo que tampoco es cierto y no cumplen”.En 2005 (primer año del que hay registros), el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), hoy rebautizado como Agencia de Vivienda Social (AVS), tenía un patrimonio inmobiliario de 24.187 inmuebles. Los últimos datos (a 31 de marzo de 2024) revelan que ese mismo patrimonio es de 24.910. Es decir, que el saldo positivo es de un crecimiento de 723 inmuebles. O lo que es lo mismo: en 19 años, la Comunidad de Madrid solo ha construido una media de 38 viviendas públicas al año.También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en FacebookLa Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) presume de ser actualmente la primera promotora pública de España. En el presente mandato, ha finalizado ocho promociones con 673 viviendas públicas que ya han sido adjudicadas a los madrileños que cumplían los requisitos para ser inquilinos. Estas ocho promociones son La Rosilla 1, La Rosilla 2, La Rosilla 3 (en Vallecas Villa), Nuestra Señora de los Ángeles 4 y San Francisco Javier VI (en Puente de Vallecas), Ingenieros 1 (Villaverde), y Cañaveral 1 y Cañaveral 2 (en el distrito de Vicálvaro). Así, el patrimonio actual de la EMVS es de 8.515 viviendas, un 36% más que en 2019. Ahora mismo tiene otros 2.110 pisos en distintas fases de proyecto y ejecución, distribuidos en 25 promociones, y quiere sumar otras 2.100 viviendas más en nuevas promociones. El Ayuntamiento tiene mucho suelo en los nuevos desarrollos del sureste.Suelo fuera de la capitalEn el caso de la Comunidad, Ayuso ha entregado esta legislatura 117 viviendas, de las que solo 44 estaban en la capital. El resto se distribuyeron en municipios tan dispares como Ciempozuelos, Patones de Abajo, Robregordo y Berzosa de Lozoya. Actualmente, tiene otros 1.687 pisos sociales en ejecución. Por ejemplo, una promoción de 140 casas en Majadahonda y nuevos proyectos en Los Berrocales y Valdecarros, nuevos barrios de la capital. El dato, para una autonomía como la madrileña, motor económico del país, es bajo. Sobre todo si se tiene en cuenta que en junio de 2020, cuando Ayuso solo llevaba un año gobernando, firmó el Pacto Regional por la Vivienda, comprometiéndose, entre otras cuestiones, a incrementar el patrimonio de la AVS en 1.500 nuevas casas sociales durante esa legislatura. No se cumplieron las expectativas. Solo entregó 321. En junio de 2023, durante la primera jornada del debate de investidura previo a la reelección oficial de la líder del PP como presidenta madrileña, Ayuso prometió otros 1.700 pisos protegidos para familias con dificultades económicas en este nuevo mandato.Rosilla 1, promoción nueva de la EMVS en Villa de VallecasEl Ayuntamiento señala que tiene “un gran compromiso” para aumentar el “parque público de vivienda”, aunque el concejal socialista Barrera recuerda que en el anterior mandato, 2019-2013, “Almeida prometió 15.000 viviendas y ha entregado 1.819″. De todas formas, el mensaje del alcalde está calando entre los madrileños mucho más que el de la Comunidad. Las personas que se han inscrito en el registro municipal de demandantes de vivienda social superan ya las 43.000, cuando hace cuatro años eran 33.000. La AVS de la Comunidad solo tiene, en cambio, unos 4.000 demandantes apuntados. Los requisitos para apuntarse en ambos casos son no tener una vivienda en propiedad y no superar ciertos límites de ingresos familiares.El Gobierno regional lo está apostando todo a la colaboración público privada de su plan VIVE, el proyecto estrella de Ayuso. Según este plan, la Administración cede suelo a una empresa para que construya pisos y los explote en concesión durante 50 años en régimen de alquiler para jóvenes y familias de rentas bajas a un precio, según afirma la Comunidad, un 40% más barato que en el mercado. En mayo de 2019, cuando Ayuso era candidata, aseguró que el plan VIVE pondría en el mercado 25.000 viviendas, cifra que rebajó meses después a 15.000. Los últimos datos ofrecidos son que se están construyendo 8.500 pisos en 21 municipios. La Comunidad de Madrid es propietaria de 10,4 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable. Para el diputado Moruno, Ayuso podría utilizar estos terrenos en construir más vivienda social, pero “no los utiliza y en muchos casos prefiere venderlo”.

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¿Por qué Almeida construye actualmente tres veces más vivienda social en Madrid que Ayuso?

José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press) (Alejandro Martínez Vélez – Europ/)Los datos oficiales son los que son. En lo que llevamos de legislatura, es decir, desde mayo de 2023, el Ayuntamiento de la capital que dirige José Luis Martínez-Almeida ha entregado 673 viviendas sociales. De nueva construcción. El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso ha adjudicado, en cambio, solo 117. También de nueva construcción. Y cuando nos referimos a vivienda social, hablamos de la que está en suelo público, edificada por la propia Administración y cuyo alquiler está gestionado en el caso del Ayuntamiento por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), y en el caso de la Comunidad, por la Agencia de Vivienda Social (AVS). Si nos centramos en los proyectos que están en marcha, Almeida está construyendo actualmente otros 4.210 pisos y Ayuso solo 1.687. Traducido: el Consistorio está poniendo en el mercado tres veces más vivienda pública que el Ejecutivo autonómico.¿Por qué? Todo depende del suelo que haya disponible y de la voluntad política de cada Administración. Pedro Barrero, concejal socialista, señala que Almeida “está levantando muchas viviendas sociales porque las parcelas fueron liberadas en su día por Manuela Carmena en la legislatura 2015-2019. La exalcaldesa puso mucho suelo a disposición de la EMVS, pero no le dio tiempo a terminar los pisos. Son proyectos heredados que ahora están viendo la luz”. Jorge Moruno, diputado de Más Madrid, explica sencillamente que los Gobiernos regionales del PP nunca han apostado por la vivienda pública. “Por razones políticas consideran que la vivienda pública debe funcionar como caridad y no como un derecho de la ciudadanía. De hecho, entienden que la vivienda pública degrada la calidad de las ciudades, lo dijo textualmente el Viceconsejero de Vivienda en la Asamblea. Su idea es que la vivienda pública debe limitarse a la población más vulnerable, algo que tampoco es cierto y no cumplen”.En 2005 (primer año del que hay registros), el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), hoy rebautizado como Agencia de Vivienda Social (AVS), tenía un patrimonio inmobiliario de 24.187 inmuebles. Los últimos datos (a 31 de marzo de 2024) revelan que ese mismo patrimonio es de 24.910. Es decir, que el saldo positivo es de un crecimiento de 723 inmuebles. O lo que es lo mismo: en 19 años, la Comunidad de Madrid solo ha construido una media de 38 viviendas públicas al año.También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en FacebookLa Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) presume de ser actualmente la primera promotora pública de España. En el presente mandato, ha finalizado ocho promociones con 673 viviendas públicas que ya han sido adjudicadas a los madrileños que cumplían los requisitos para ser inquilinos. Estas ocho promociones son La Rosilla 1, La Rosilla 2, La Rosilla 3 (en Vallecas Villa), Nuestra Señora de los Ángeles 4 y San Francisco Javier VI (en Puente de Vallecas), Ingenieros 1 (Villaverde), y Cañaveral 1 y Cañaveral 2 (en el distrito de Vicálvaro). Así, el patrimonio actual de la EMVS es de 8.515 viviendas, un 36% más que en 2019. Ahora mismo tiene otros 2.110 pisos en distintas fases de proyecto y ejecución, distribuidos en 25 promociones, y quiere sumar otras 2.100 viviendas más en nuevas promociones. El Ayuntamiento tiene mucho suelo en los nuevos desarrollos del sureste.Suelo fuera de la capitalEn el caso de la Comunidad, Ayuso ha entregado esta legislatura 117 viviendas, de las que solo 44 estaban en la capital. El resto se distribuyeron en municipios tan dispares como Ciempozuelos, Patones de Abajo, Robregordo y Berzosa de Lozoya. Actualmente, tiene otros 1.687 pisos sociales en ejecución. Por ejemplo, una promoción de 140 casas en Majadahonda y nuevos proyectos en Los Berrocales y Valdecarros, nuevos barrios de la capital. El dato, para una autonomía como la madrileña, motor económico del país, es bajo. Sobre todo si se tiene en cuenta que en junio de 2020, cuando Ayuso solo llevaba un año gobernando, firmó el Pacto Regional por la Vivienda, comprometiéndose, entre otras cuestiones, a incrementar el patrimonio de la AVS en 1.500 nuevas casas sociales durante esa legislatura. No se cumplieron las expectativas. Solo entregó 321. En junio de 2023, durante la primera jornada del debate de investidura previo a la reelección oficial de la líder del PP como presidenta madrileña, Ayuso prometió otros 1.700 pisos protegidos para familias con dificultades económicas en este nuevo mandato.Rosilla 1, promoción nueva de la EMVS en Villa de VallecasEl Ayuntamiento señala que tiene “un gran compromiso” para aumentar el “parque público de vivienda”, aunque el concejal socialista Barrera recuerda que en el anterior mandato, 2019-2013, “Almeida prometió 15.000 viviendas y ha entregado 1.819″. De todas formas, el mensaje del alcalde está calando entre los madrileños mucho más que el de la Comunidad. Las personas que se han inscrito en el registro municipal de demandantes de vivienda social superan ya las 43.000, cuando hace cuatro años eran 33.000. La AVS de la Comunidad solo tiene, en cambio, unos 4.000 demandantes apuntados. Los requisitos para apuntarse en ambos casos son no tener una vivienda en propiedad y no superar ciertos límites de ingresos familiares.El Gobierno regional lo está apostando todo a la colaboración público privada de su plan VIVE, el proyecto estrella de Ayuso. Según este plan, la Administración cede suelo a una empresa para que construya pisos y los explote en concesión durante 50 años en régimen de alquiler para jóvenes y familias de rentas bajas a un precio, según afirma la Comunidad, un 40% más barato que en el mercado. En mayo de 2019, cuando Ayuso era candidata, aseguró que el plan VIVE pondría en el mercado 25.000 viviendas, cifra que rebajó meses después a 15.000. Los últimos datos ofrecidos son que se están construyendo 8.500 pisos en 21 municipios. La Comunidad de Madrid es propietaria de 10,4 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable. Para el diputado Moruno, Ayuso podría utilizar estos terrenos en construir más vivienda social, pero “no los utiliza y en muchos casos prefiere venderlo”.

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El Gobierno de Ayuso no garantiza que parte de la línea 7B de Metro de Madrid vuelva a abrir tras gastarse más de 150 M: “Hay graves patologías en el túnel”

Obras en San Fernando de Henares por la Línea 7B de MetroLa Línea 7B de Metro, que une la capital con los municipios de Coslada y San Fernando de Henares, se está convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza para la Comunidad de Madrid, la Administración que gestiona el suburbano. Actualmente, parte de la línea (las cuatro estaciones de San Fernando, Jarama, Henares y Hospital del Henares) lleva casi dos años cerrada porque los terrenos son inestables y han provocado que varias viviendas que están encima del recorrido tengan que ser derribadas. “A día de hoy no estamos en condiciones de asegurar que este tramo vuelva a funcionar”, han explicado altos cargos de la Consejería de Transportes y Vivienda, que no obstante aseguran que están haciendo todo lo posible para que los problemas técnicos puedan ser subsanados, una tarea que está siendo titánica y que es un pozo sin fondo para las arcas públicas regionales.La prolongación de la Línea 7 del Metro (la 7B) fue ejecutada por el Gobierno de Esperanza Aguirre entre los años 2003 y 2007. El proyecto se dividió en tres tramos, aunque el que no hace más que dar disgustos es el tercero, el que discurre por San Fernando de Henares. Aguirre inauguró los tres tramos el 5 de mayo de 2007 (con una paella para 2.000 personas y un concierto de Antonio Carmona incluido), 22 días antes de las elecciones autonómicas que ganó. Un año después, en 2008, empezaron los primeros síntomas de que algo no iba como debía. Y es que este último tramo adolece de un grave problema endémico: los túneles de Metro se construyeron bajo un suelo con alto contenido en sales y aguas subterráneas que hunden y ponen en peligro este medio de transporte. La Comunidad de Madrid ha tenido que cerrar la línea en nueve ocasiones a lo largo de los años. La parte final lleva clausurada desde agosto de 2022. Y este verano está previsto que se cierre la que sigue operativa, entre las estaciones de Metropolitano y la Rambla, para hacer obras de mejora por un periodo que el Gobierno que ahora dirige Isabel Díaz Ayuso calcula que será de siete meses.“Esto es la crónica de una muerte anunciada. Están intentando reflotar una línea que literalmente hace aguas desde el año 2008″, señala Alejandro Escribano, uno de los portavoces de la Plataforma de Afectados por la Línea 7B de Metro, que asegura que los distintos Ejecutivos autonómicos han sido incapaces de solucionar un problema que requería “soluciones urgentes”. Sumando los distintos contratos licitados para invertir en la mejora de esta línea y sufragar los gastos de sus consecuencias (como las indemnizaciones a los vecinos afectados), la línea 7B ya se ha tragado más de 150 millones de euros. La última adjudicación fue en junio de este año por 34,2 millones de euros para ejecutar obras de impermeabilización y reparaciones de la superestructura y del drenaje del túnel entre las estaciones de Hospital del Henares y San Fernando.Graves patologíasDiecisiete años después de la inauguración, el último informe técnico, realizado por la empresa Intemac y fechado el 16 de abril de 2024, recalca la “existencia de graves patologías en el túnel” en la parte final del trazado, como el desprendimiento de material de las dovelas (los prefabricados de hormigón que recubren los túneles), “desconchones del sellado de las juntas” en esas dovelas, degradación del hormigón, corrosión de elementos metálicos y grietas en elementos estructurales. “Todo ello debido a los fenómenos de disolución-precipitación de sales presentes en el agua que circula por el trasdós del túnel (su parte exterior) y que se filtra a su interior, “lo que produce un estado de debilidad estructural en determinados puntos. Así está la situación después de que el túnel ya haya sufrido obras de mejora en 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Y que la infraestructura esté cerrada desde agosto de 2022.Una de las grietas de los edificios afectados por la Línea 7B de MetroEl informe también revela que se está deformando la rasante del túnel por movimientos del terreno a profundidades de entre 35 y 45 metros, “sometiendo a la estructura del túnel a un estado tensional no previsto”. El túnel se mueve, para abajo. “El incremento de la velocidad de descenso de la estructura del túnel se está duplicando, registrándose valores en los últimos 35 días de velocidad de asiento de 0,20 mm/día, mientras que en los últimos 60 días era de 0,12 mm/día. La confluencia de los citados factores constituye un estado de grave inestabilidad estructural del túnel”. “Todo ello conlleva un grave peligro para personas y bienes”, sentencian los técnicos.Y mientras esto pasa abajo, los “problemas geológicos han provocado un drama social”, explica Escribano. De momento ya hay más de 600 viviendas afectadas por grietas, de las que 73 han sido derribadas y otras 88 han tenido que ser desalojadas. En total hay una veintena de calles afectadas; varios comercios cerrados y espacios públicos perdidos. “El problema es que nadie quiere ser el político que anuncie que hay que cerrar definitivamente parte de la línea 7B. Y cada día que pasa crece el número de afectados”, concluye Escribano. Y los gastos. Solo el contrato de autobuses gratuitos para dar servicio al tramo de Metro cerrado costará 4,3 millones de euros en los dos próximos años.Otras ampliaciones de MetroY mientras la línea 7B es una china, y de las gruesas, en el zapato de la consejería de Vivienda y Transportes, la Comunidad sigue avanzando en otras ampliaciones de Metro. El Ejecutivo autonómico ya ha construido el 74% del túnel de 2,6 kilómetros que amplía la línea 3 para unir las estaciones de Villaverde Alto y El Casar (Metrosur), en Getafe. Está previsto que pueda funcionar antes de las Navidades de 2024. Mientras, la ampliación de la línea 11, que pasará de ocho a 33 kilómetros, sigue con sus plazos. De momento, Metro estudia cuatro posibles trazados para el tramo norte, el que unirá Mar de Cristal con Valdebebas. Se barajan estaciones en Ifema, la futura Ciudad de la Justicia, el hospital Isabel Zendal y el aeropuerto. Por último, también se está trabajando en una nueva ampliación desde Chamartín a Madrid Nuevo Norte, la nueva zona empresarial y residencia de la capital. Un trazado presupuestado en 290 millones de euros.

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“El hospital Zendal es una vergüenza”: la familia de un paciente con trastorno neurológico pide un cambio de centro ante los escasos medios

La pandemia se cobró más de 120.000 vidas en España y, cuatro años después, más de dos millones de personas sufren covid persistente. Uno de esos pacientes a los que la enfermedad ha machacado es José, un hombre de 60 años que a raíz de la infección por coronavirus sufrió un trombo pulmonar y problemas en las cuerdas vocales. Su estado de salud se complicó el pasado mes de diciembre, cuando le diagnosticaron el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico poco frecuente que provoca debilidad muscular progresiva y que le ha dejado en silla de ruedas al no tener sensibilidad en la pierna derecha.Después de pasar los primeros días ingresado en el Hospital 12 de Octubre en Madrid, José fue derivado al Hospital Virgen de la Poveda para que pudiera recibir rehabilitación, lo que incluía fisioterapia, terapia ocupacional y apoyo psicológico, “lo cual era importante para su recuperación”, cuenta a Infobae la hermana de este paciente, Marisol. Pero todo empezó a complicarse cuando de nuevo le trasladaron al 12 de Octubre, pues allí “apenas tenía espacio en la habitación para moverse con la silla de ruedas” ni disponía de los mismos servicios que en el otro centro hospitalario para tratar su patología. “En menos de un mes le cambiaron de habitación hasta en cinco ocasiones”, explica Marisol.Te puede interesar: La enésima obra del Hospital Zendal (y no es para la gripe): Ayuso gastará 1,2 millones para 60 plazas que traten a pacientes con ELALa situación empeoró cuando el pasado 20 de mayo José fue trasladado al Hospital Enfermera Isabel Zendal, la joya de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso para descongestionar la sanidad, que fue inaugurado en diciembre de 2020 y que aspira a convertirse, a finales de 2025, en centro de referencia para lesiones medulares y cerebrales. También contará con un centro de día para enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), si bien desde finales de abril, según informó el Gobierno regional en un comunicado, ya empezó a atender a los primeros pacientes afectados por esta enfermedad neurológica progresiva.A pesar de esos nuevos planes que el Ejecutivo regional ha diseñado para el Zendal, Marisol asegura que se ha encontrado con un “panorama desolador”: un hospital sin quirófanos ni luz natural que describe como “un hangar con biombos en vez de paredes” en el que apenas hay intimidad para los pacientes. Un lugar, por tanto, “especialmente complicado” para personas como su hermano, pues al estar inmunodeprimido se enfrenta a un mayor riesgo de infecciones.Uno de los pasillos del Zendal. (Cedida)“Cuando voy andando por el pasillo para ir a la máquina del café, voy viendo a los pacientes de todos los cubículos, independientemente del estado en el que estén, así que ves hasta cómo les cambian la sonda. Es una vergüenza. Y en cuanto a los baños, no es que tengan uno para cada cuatro personas, sino que lo comparten los pacientes de todo el pasillo”, critica Marisol. “Además, al ser un espacio tan diáfano compartido por muchos enfermos, la probabilidad de que pacientes como mi hermano se pueda contagiar de algo es mayor y, en su caso, afectaría negativamente a su enfermedad, porque le debilita más”.Además, desde que su hermano entró al Zendal “la rehabilitación ha sido prácticamente nula”, porque los profesionales sanitarios estaban realizando un curso especializado en ELA, al igual que tampoco ha vuelto a ser el mismo su ánimo. “Está hasta encorvado”, lamenta. Por todo ello, Marisol ha reclamado que trasladen a su hermano a un centro hospitalario “donde pueda recibir la rehabilitación adecuada”, aunque de momento no ha tenido éxito.Te puede interesar: ¿Qué ha sido de los trasplantes de órganos de cerdo a humanos? Ya son tres los pacientes fallecidos“La comida es lamentable”A la falta de medios y equipos, se suma otro problema, y es que, como el Zendal tampoco dispone de cocina, la comida llega a través de un servicio de catering “cuya calidad es lamentable”, asegura Marisol, que ha enviado a este periódico varias imágenes con platos servidos en este centro. Es más, asegura que el personal del propio hospital le ha recomendado “llevar su propia comida de casa” y que presente una reclamación. “Toda la comida caduca al día siguiente, y no solo es horrible el aspecto, sino el sabor. Las espinacas a la crema del otro día parecían caca de vaca líquida”.Un plato de espinacas y otro de pasta servidos en el hospital Enfermera Isabel Zendal. (Cedida)Después de unos días en este centro hospitalario, Marisol tiene la sensación de que “aquí mandan a los pacientes que no saben dónde colocar, que no tienen un diagnóstico claro”, y lamenta que en Madrid la privatización de la sanidad “vaya en aumento”. De hecho, según un reciente informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Madrid es la región con un mayor grado de privatización de sus servicios sanitarios, tal y como también denunciaron el pasado domingo 19 de mayo las miles de personas que salieron a protestar contra las “políticas privatizadoras” del Gobierno de Ayuso así como la “falta de inversión y la ausencia de profesionales”, además de otros problemas como la infrafinanciación, las listas de espera, la atención de las urgencias extrahospitalarias o el “maltrato” a los MIR.Ante la falta de respuestas, Marisol ha acudido a la Asociación El Defensor del Paciente, que ha enviado un escrito a la Consejería de Sanidad que dirige Fátima Matute para denunciar la situación de José, pues, según indican, “tiene derecho a elegir hospital y médico, más aún teniendo en cuenta su condición médica”. “Esperamos sentido común y responsabilidad por parte de la Comunidad de Madrid con un paciente que está pidiendo un traslado para poder recibir la rehabilitación que necesita”, concluye la presidenta de la asociación, Carmen Flores, que asegura que no dudarán en acudir a la Fiscalía si su petición no es atendida.

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Investidura o no investidura: barones del PP creen que Feijóo debe intentarlo, pero Génova lo condiciona a sus apoyos

El presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, atiende a los medios a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP tras las elecciones generales del 23J, en la sede del PP. (Fernando Sánchez – Europa Press)
(Fernando Sánchez – Europa Press/)Las posibilidades de que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, gobierne son pocas, algo que la Dirección Nacional del PP sabe y reconoce. Pero han ganado las elecciones, y eso conlleva una responsabilidad, por lo que el partido intentará ir a una investidura “por todas las vías posibles”.Te puede interesar: Sumar encarga a Jaume Asens iniciar las negociaciones con Junts para reeditar un Gobierno de coaliciónFeijóo ya empezó a buscar apoyos desde este lunes. El primer contacto fue con Pedro Sánchez, con quien volverá a hablar cuando se conozca el escrutinio del voto desde el extranjero (CERA). Durante la mañana de este lunes habló también con Vox, UPN, PNV y Coalición Canaria. De momento, solo el UPN confirmó su apoyo, según avanzó el propio Feijóo. Pero lo cierto es que reunir el resto de apoyos es prácticamente imposible, ya que las exigencias de unos y otros son eliminatorias. Si el PP mete a Vox en el gobierno, como exigen los de Santiago Abascal, Coalición Canaria y PNV no apoyarían una investidura de Feijóo.Te puede interesar: Pactómetro elecciones generales 23-J | Consulta cómo pueden quedar los pactos entre PP, Vox, PSOE y SumarEl PP lo tiene muy complicado, de hecho, y aunque Feijóo haya dicho que intentará presentarse a una investidura, fuentes del partido aseguran que la decisión no está tomada. Esta dependerá de los apoyos que recaben. Para ello tienen cerca de un mes, porque a partir de la semana del 21 de agosto el rey Felipe VI decidirá a quién encarga someterse a la sesión de investidura. Cabe recordar que en 2016 el rey encargó al ganador de las elecciones, el ‘popular’ Mariano Rajoy, pero el líder del PP declinó la oferta al no contar con los apoyos para someterse a la investidura.Los barones dicen “sí” a la investiduraVarios barones territoriales se han pronunciado abiertamente sobre si Feijóo debería ir a una investidura, aunque resultase fallida. Tanto el presidente andaluz, Juanma Moreno, como la madrileña, Isabel Díaz Ayuso, creen que el candidato del PP debería someterse a esa sesión, porque, tal y como dijo Ayuso este lunes, no hay que “cruzarse de brazos ante la adversidad”. “Hay que encarar la vida. No siempre salen las cosas como uno prevé al comienzo, pero lo que no podemos hacer es tirar la toalla y, desde luego, comprar el relato de perdedores”, advirtió la baronesa.Desde Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también ha opinado que Feijóo se ha ganado el derecho a liderar el diálogo para presentarse a la investidura, lo que opinan todos los presidentes regionales y autonómicos del partido, ha asegurado.Seguir leyendo:Feijóo reúne a la cúpula del PP para afianzar su liderazgo: tiene el sí de UPN y ha hablado con PNV, Vox, CC y PSOESumar encarga a Jaume Asens iniciar las negociaciones con Junts para reeditar un Gobierno de coalición

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