Catherine Juvinao, representante a la cámara por Bogotá, acusó al gobierno de contratar bodegueros – crédito @CathyJuvinaoLas fuertes declaraciones sobre la reforma a la salud emitidas por la representante a la Cámara Catherine Juvinao, han desatado diversas reacciones por parte de distintos actores. Sin embargo, la congresista ha denunciado un presunto caso de “bodegueros” en su contra, dedicados a difundir información en su contra.Uno de los más recientes señalamientos por parte de la congresista habría sido en contra de la Presidencia, en cuya oficina, de acuerdo con su acusación, se estarían gestionando contratos con grupos de personas encargadas de divulgar información. sea cierta o falsa, debido a apoyar algunos intereses, especialmente, políticos. Este fenómeno habría adquirido el nombre de ‘bodegas’ en el argot digital.Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News“La oficina de la Presidencia de la República de Colombia contratando bodegueros para que injurien y calumnie (ambas cosas son delito) a los críticos del gobierno. Presidete @petrogustavo, es muy grave. Usted debe aclararle al país si está financiando bodegas, y por qué”, fue la denuncia realizada por Juvinao en su cuenta de X (anterior Twitter).Denuncia de Cathy Juvinao sobre bodegas en la oficina de Presidencia – crédito @CathyJuvinaoEl anterior es uno de los varios comentarios que la congresista ha publicado en su perfil, tras manifestar que habría sido víctima de publicaciones con información presuntamente injuriosa y falsa en su contra. La representante ha insistido que se trata de una campaña intencional en su contra, como respuesta a su posición crítica en contra de proyectos de Gobierno, como la controversial reforma a la salud.El señalamiento se habría generado por la posible implicación de un asesor de comunicaciones de PresidenciaY es que la relación entre los funcionarios públicos, la prensa y la presidencia de Gustavo Petro se tensa cada vez más, y con mayor razón, tras las recientes acusaciones sobre actividades de perfilamiento a ciudadanos, políticos y medios de comunicación por parte de Camilo Andrés García Cortés, un periodista asesor de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Presidencia de la República.García, quien en la misma red social ha expresado que ha desempeñado tareas de monitoreo a 163 cuentas de Twitter, estaría señalado de determinar activamente qué contenido es desinformativo, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la libertad de prensa y la desinformación en Colombia en algunos sectores, entre los que se encuentra Juvinao.El hombre además ha aceptado estar vinculado con la empresa Hyperconectado, una agencia de comunicaciones que presuntamente ha estado relacionada con ataques cibernéticos a entidades, empresas y funcionarios a través de la difusión de piezas gráficas y mensajes posiblemente sugerentes con contenidos difamatorios.Denuncia de Cathy Juvinao sobre bodegas en su contra – crédito @CathyJuvinaoY pese a que García ha defendido su labor argumentando que se trataría de un necesario análisis de comunicación que no emite juicios de valor, sino que se basa en evidencias para sus investigaciones, ha sido blanco de serias acusaciones en su contra como la de Juvinao, quien en sus redes de forma directa lo ha señalado, luego de la publicación de un video que la congresista catalogó como “conspiración”.Ante la defensa del asesor de comunicaciones, Cathy Juvinao le solicitó que borrara los respectivos trinos en los que, según ella de “forma ligera e insinuosa”, García habría insinuado una relación entre la funcionaria con la prensa. Allí le cuestionó si él tenía algún contrato con el sector público.La respuesta de García enardeció a la congresista. Al reconocer que trabajaba para la Presidencia, Juvinao no tuvo reparos en anunciar que presentaría una queja. “Este señor que trabaja para la presidencia, para @petrogustavo, difundió información falsa sobre mí basado en una bodega, sin ningún método de verificación (…) ¿Están contratando personas en el gobierno para injuriar/calumniar a los críticos? Me parece muy grave”, sentenció la representante, quien en otro trino aseveró que al tener contratos con el sector público mientras “distribuye información contra los críticos de presidente, debe responder disciplinariamente”.De ese modo, Juvinao cuestionó al jefe de Estado por el posible hecho de que los parlamentarios que “tienen reparos a la reforma a la salud” deben soportar a “contratistas bodegueros de la Oficina de Presidencia que simplemente difunden información sin verificar”.El presidente y la prensaAunque todavía queda por esclarecer la naturaleza exacta del trabajo que lleva a cabo García para la administración de Petro y cómo este se alinea con los estándares de ética periodística y transparencia gubernamental, se vale recordar que el escenario entre el mandatario y la prensa ha resultado complejo, tanto, que incluso la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha advertido sobre posibles intentos por parte del presidente de influir en la agenda mediática.
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Ciudad de México, 9 nov (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó este jueves que a casi dos años del Gobierno de que preside Xiomara Castro, en Honduras “prevalece un ambiente de confrontación en contra de la libertad de expresión”.”El discurso gubernamental se centra en ocasiones en criticar y descalificar a quienes no están de acuerdo con la actual gestión, lo que genera una atmósfera de polarización”, subrayó la SIP en su 79 Asamblea General que se inició hoy en Ciudad de México.En su informe preliminar, que debe ser aprobado este domingo por la Comisión de Libertad de Prensa en la Asamblea, el organismo señaló que en el país centroamericano no ha cambiado el ambiente de inseguridad y peligro para los periodistas y que continúan en la impunidad “más de 100 asesinatos de periodistas y comunicadores ocurridos en los últimos años”.Destacó además que el diario El Heraldo, que se edita en Tegucigalpa, reveló que entre 2022 y 2023 hubo atentados físicos, agresiones, denuncias en los tribunales, amenazas, hostigamiento, intimidaciones y asesinatos de seis personas relacionadas con los medios, y que 96 asesinatos de periodistas y comunicadores (en lo que va del presente siglo) continúan impunes.La SIP también recordó que en Honduras se derogó la denominada Ley de Secretos, “que mientras estaba en vigencia favoreció la impunidad y la opacidad en el manejo de la administración pública, fomentó la corrupción y escondió a funcionarios que cometieron irregularidades en el ejercicio del poder”.Además, la SIP resaltó la importancia de fortalecer y destinar los recursos necesarios para que el Sistema de Protección y Seguridad para Periodistas pueda garantizar la vida de los periodistas hondureños. El sistema acoge actualmente a 14 operadores de justicia, 12 periodistas, 119 defensores de derechos humanos y 13 comunicadores sociales, añade el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa.