Categories
españa

La Justicia argentina obliga a una madre a devolver a su hijo de 11 años a España por petición del padre y pese a la voluntad del menor

Ignacio, de 11 años, junto a su madre. (Cedidas)La Corte Suprema de Justicia argentina, el más alto tribunal del país, ha obligado a la madre de un niño de 11 años a devolverlo a España por petición de su padre casi siete años después de abandonar el país y pese a la voluntad del menor de permanecer en Argentina. Es el caso de Ignacio, apodado Nano, quien tendrá que ser restituido a España, país que abandonó junto a su madre con la autorización de un juzgado de Madrid.El fallo de la Corte Suprema argentina, al que ha tenido acceso Infobae España, subraya que el retorno debe ser “inmediato y seguro” para que, una vez de regreso, los tribunales españoles decidan sobre la situación del menor. Sin embargo, el mismo juzgado que autorizó la marcha de Ignacio junto a su madre se abstuvo “por falta de competencia internacional”, ya que la misma correspondía “a los órganos judiciales de la República Argentina”, según una resolución de septiembre de 2023.La sentencia del tribunal argentino llega después de que el padre recurriera la resolución de la Suprema Corte de Buenos Aires, quien sí escuchó al menor y determinó que debía permanecer junto a su madre en Argentina dado su arraigo tras casi siete años viviendo en el país. Ahora, un juez tendrá que determinar “la forma y el modo en que deberá llevarse a cabo el retorno, procurando siempre decidir por aquellas que resulten menos lesivas para el niño”.Ignacio nació en marzo de 2013 en España, donde se habían trasladado sus padres argentinos, casados, en busca de una nueva vida. La familia, especialmente su madre, tenía dificultades para encontrar trabajo al no poder homologar su título como arquitecta. La relación sentimental se fue deteriorando y 18 meses después del nacimiento del menor, que quedó bajo la custodia de la madre de mutuo acuerdo, se materializó el divorcio.Tres años después y dadas las dificultades de la progenitora para encontrar trabajo, recibió una oferta laboral en Argentina y decidió regresar junto al menor. Tras el abandono del país, el padre presentó la primera solicitud de restitución, el mecanismo por el cual un progenitor puede recurrir a la justicia si su hijo ha sido retenido o trasladado a otro país supuestamente de forma ilícita. Ante esta situación, la madre de Ignacio, quien mantenía cautelarmente la custodia, decidió regresar a España con el menor a finales de 2017 para esperar la resolución judicial.La Justicia autorizó el regreso a ArgentinaEl Juzgado de Primera Instancia número 22 de Madrid ratificó la custodia para la madre y autorizó su retorno a Argentina. El progenitor recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que estimó la petición del padre pese a reconocer que la custodia materna era la más procedente para el menor. El fallo daba un plazo máximo de dos meses a la madre para devolver a Ignacio a España, con o sin ella.Dadas las dificultades para estabilizarse en España, la mujer solicitó medidas cautelares ante la Justicia argentina para que el menor permaneciera en el país. Tanto en primera instancia como en el ámbito de Familia, los tribunales ordenaron la restitución del menor pese a que su “centro de vida” estaba en Argentina. Ignacio estaba escolarizado y tenía un nuevo entorno familiar, ya que su madre se había vuelto a casar y había tenido un segundo hijo. Mientras tanto, su padre nunca se había desplazado a Argentina para verlo.A finales de 2020, en plena pandemia mundial, el tribunal argentino de Primera Instancia ordenó ejecutar la sentencia. Daba un plazo de 15 días a la madre de Ignacio para devolverlo a España, aunque finalmente, dado el riesgo para el menor, la resolución quedó sin efecto.Una larga batalla judicialLa madre continuó su particular batalla judicial y recurrió ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, que acordó una entrevista y peritajes psicológicos al menor. Los peritos concluyeron que Ignacio contaba “con los recursos y mecanismos psicológicos necesarios para afrontar una situación de traslado y que probablemente la restitución sea propiciatoria para su devenir subjetivo”. Sin embargo, la Suprema Corte de Buenos Aires atendió la voluntad del pequeño y rechazó su restitución, lo que suspendió la ejecución del fallo en Primera Instancia.Corte Suprema argentina en Buenos Aires. (EFE/David Fernández) (EFEI0658/)Finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema Nacional argentina, el más alto tribunal del país, tras el recurso de casación presentado por el padre del menor. En su sentencia, el tribunal establece que “corresponde hacer lugar a la restitución del niño a España” porque “existe una retención ilícita del niño en este país en los términos del artículo 3° del Convenio de La Haya de 1980″ sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Además, la sentencia recoge el informe de los peritos -favorable a la restitución- pese a que la Suprema Corte de Buenos Aires priorizó la voluntad del menor.Los abogados de la madre de Ignacio, del despacho internacional Cremades y Calvo Sotelo, recurrirán el fallo ante la Corte Iberoamericana de Derecho Humanos, según avanzan a Infobae España. Desde el entorno de la progenitora denuncian la “nula” comunicación entre las autoridades argentinas y españolas en el caso. Aseguran que el Estado español no había sido notificado del procedimiento de restitución que se seguía en los tribunales argentinos. Asimismo, muestran su “preocupación” por el devenir del menor después de que la Justicia española se haya declarado no competente en el caso.

Fuente

Categories
españa

Marta Rovira cruza la frontera y regresa a España seis años después tras el error de García-Castellón que obligó a archivar Tsunami

Marta Rovira y Ruben Wagensberg cruzan la frontera en su regreso a España tras el archivo de Tsunami. (Lorena Sopêna/ Europa Press) (Lorena Sopêna / Europa Press/)El archivo del caso Tsunami en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo obra su primera noticia relevante. Marta Rovira, secretaria general de ERC, ha abandonado Suiza, donde ha residido los últimos seis años, y regresado a Cataluña. Junto a ella, el diputado Ruben Wagernsberg, también investigado por terrorismo. Pero el juez Manuel García-Castellón prorrogó la instrucción 24 horas fuera de plazo en 2021 y hoy todas las pruebas, todo el trabajo se quedan en un cajón, como también ocurre con Carles Puigdemont, principal impulsor del referéndum ilegal del 1-O y beneficiario de la ley de amnistía recientemente aprobada por las Cortes. Marta Rovira y Ruben Wagensberg cruzan la frontera en su regreso a España tras el archivo de Tsunami. (Lorena Sopêna/ Europa Press) (Lorena Sopêna / Europa Press/)(Noticia en ampliación)

Fuente

Categories
españa

Cinco guardias civiles aceptan penas de prisión por apalizar a un joven al que detuvieron sin motivo en Majadahonda (Madrid)

Entrada de la Audiencia Provincial. (Gustavo Valiente/Europa Press)
(Gustavo Valiente – Europa Press/)Cinco agentes de la Guardia Civil han aceptado penas de hasta 3 años y 9 meses de prisión por dar una paliza a un joven al que detuvieron sin motivo y cuando estaba inmovilizado en la parte trasera de una gasolinera en la localidad madrileña de Fuenlabrada. Los cinco funcionarios, que también falsificaron el atestado de la intervención, han evitado la celebración del juicio, prevista para este lunes, al llegar a un acuerdo con la Fiscalía.Dos de los agentes acusados por apalizar a la víctima, que además son hermanos, han aceptado un total de 3 años y 9 meses de cárcel. Asimismo, han aceptado 4 años de inhabilitación absoluta por el delito de detención ilegal, por lo que podrán ser apartados del cuerpo.Te puede interesar: Dos españoles entre los afectados por el ataque terrorista de Hamas: el Gobierno no da más detalles “por seguridad”Los otros tres agentes, que no participaron en la agresión, han aceptado 1 año y 9 meses de prisión por los delitos de falsificación documental y contra la integridad moral. Para los dos hermanos la Fiscalía pedía en su escrito de acusación 10 años de cárcel, mientras que para los otros tres solicitaba penas de 4 años y 6 meses de prisión.Según el relato del ministerio fiscal, sobre las 12:55 horas del 1 de diciembre de 2019 los agentes recibieron un aviso porque en la calle Doctor Mariano Alcaraz de la localidad madrileña de Majadahonda dos jóvenes estaban causando desórdenes en la vía pública. En concreto, estaban deteniendo a los vehículos que estaban circulando y “golpeándolos con una botella de cristal, increpando e insultando a los conductores así como al resto de viandantes”.Te puede interesar: Ayuso resucita la Ciudad de la Justicia: 660 millones para unificar (por fin) todos los juzgadosCuando los acusados llegaron al lugar, los agentes de la Policía Local les explicaron que ya habían levantado un acta contra los dos jóvenes y que ambos se habían marchado tras la denuncia administrativa. Sin embargo, los cinco guardias civiles acudieron a una gasolinera situada en las inmediaciones y allí encontraron a los dos jóvenes, quienes fueron conducidos a la zona exterior del lavadero del establecimiento.Estando ambos arrinconados en una pared hablando con los agentes, “de repente, sorpresiva y arbitrariamente, sin mediar previamente ninguna clase de comportamiento agresivo” por ninguno de los jóvenes, dos de los guardias pegaron puñetazos a uno de ellos “reiterada e innecesariamente” y le derribaron, según indica el escrito fiscal.Tras caer el suelo continuaron con los golpes, “asumiendo el padecimiento físico al que estaba siendo sometido sin ejercer defensa alguna” y sin arremeter contra los agentes “ni antes ni durante ni después” de estar siendo golpeados. El joven quedó “reducido y engrilletado infundadamente con las manos a la espalda y con todo el cuerpo boca abajo durante aproximadamente diez minutos con el frío y el suelo mojado por la lluvia”.La víctima de la agresión fue introducida a continuación en el vehículo de los agentes y conducida a dependencias policiales, donde los dos guardias civiles que le habían golpeado le detuvieron “con conocimiento de que no existía causa legal para ello”. El joven herido fue trasladado dos veces al médico con heridas leves y pasó la noche en el calabozo.Los cinco acusados, “con el fin de justificarse y de eximirse cada uno de ellos de las respectivas responsabilidades por su actuación precedente”, confeccionaron un atestado firmado por ellos mismos como fuerza actuante donde narraban “unos hechos al margen de la realidad”.Noticia elaborada con información de EFE

Fuente