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Tragedia del ARA San Juan: envían a juicio oral a cuatro marinos y sigue abierta la hipótesis de las responsabilidades políticas

Fotografía de archivo que muestra a un hombre que sostiene una pancarta con imágenes de algunos tripulantes del submarino argentino ARA San Juan el 15 de noviembre de 2018, durante homenaje al cumplirse un año de la tragedia. EFE/ Eduardo López
(Eduardo López/)La Justicia ordenó avanzar llevar a juicio oral a cuatro marinos acusados por el hundimiento del ARA San Juan, en el que murieron 44 personas en noviembre de 2017. Se trata de una elevación parcial, que los familiares cuestionaron. La investigación no está completa: todavía no pudieron realizarse las pericias submarinas en el lugar de la tragedia. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó este jueves que un tribunal oral juzgue al contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien en el momento de la tragedia era comandante de Adiestramiento y Alistamiento (máximo cargo operativo en la Armada); el capitán de navío Claudio Villamide, quien conducía la Fuerza de Submarinos; el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa. Están procesados por Incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.“No nos alcanza -dijo Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas y querellante en la causa-. Estamos lejos aún en nuestra búsqueda de verdad y la justicia”. Tagliapietra aseguró que la jueza a cargo “no ha realizado las pericias necesarias para saber la verdad ni ha investigado a los responsables políticos”. “Nos sentimos mal, sentimos que nos usan, manipulan y mienten, unos y otros sin importar demasiado el signo político. Nos falta justicia, nos falta la verdad”.El 15 de noviembre de 2017, el submarino ARA San Juan de la Armada Argentina desapareció de las aguas del mar argentino, con 44 personas a bordo. La nave fue encontrada un año y dos días después por una empresa privada, muy cerca del punto de desaparición y en el lugar donde se suponía que se encontraba, a 907 m de profundidad. Estaba a unos 505 kilómetros del litoral marítimo argentino; en línea perpendicular con la costa de la localidad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz. La Justicia intenta determinar si existió responsabilidad penal por parte de las autoridades que posibilitaron que el submarino y sus 44 tripulantes, zarpara del Puerto de Mar del Plata el 24 de octubre de 2017 y no llegara a su destino.Inicialmente, la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yañez dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, contra Luis Enrique López Mazzeo, Eduardo Luis Malchiodi, Claudio Javier Villamide, Héctor Aníbal Alonso, Hugo Miguel Correa y Jorge Andrés Sulia, como responsables del delito de Incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte, en concurso ideal.La hipótesis de la causa sostiene que hubo un “incumplimiento imprudente que habría quebrado el deber de cuidado a cargo de los imputados en virtud del cargo o posición de mando que detentaban como oficiales superiores de la Armada Argentina, lo que habría llevado a un deficiente estado en el alistamiento del material por ausencia de mantenimiento regular y del adiestramiento del personal; conducta (acción por omisión culposa) que guardaría suficiente nexo causal con el hundimiento por implosión”.Ara San Juan (REUTERS) (HANDOUT/)Apelaciones mediante, en 2020, la Cámara Federal sólo confirmó el procesamiento de López Mazzeo, Villamide, Alonso y Correa y revocaron y dictaron la falta de mérito de los otros tres. Allí instaron a a realizar una serie de medidas de prueba para esclarecer la situación de esas personas. Entre ellas estaba la pericia técnico-informática “sobre el material fílmico y mosaico de fotografías correspondientes al hallazgo del SUSJ por parte de la empresa Ocean Infinity” y una pericia integrada por un cuerpo de técnicos en la especialidad submarinista o ingenieros navales.En esa misma resolución ordenó investigar la eventual responsabilidad penal del expresidente Mauricio Macri, el exministro de Defensa Oscar Aguad y el exjefe de la Armada Marcelo Srur. Por el momento, no hubo avances sobre esa hipótesis que sigue abierta.En tanto, a fines de mayo pasado, la fiscalía entendió que la investigación estaba completa sobre los acusados procesados y pidió ir a juicio. Las defensas se opusieron porque querían a todos sentados en el banquillo.Ahora, los jueces de la Cámara Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez entendieron que aún había que profundizar las medidas ordenadas anteriormente y por lo tanto avaló la elevación parcial de la causa, teniendo en cuanta que esos procesamientos estaban firmes. “No es ocioso recordar que el derecho a que un juez o tribunal decida los casos sometidos a su conocimiento sin dilaciones innecesarias constituye una de las garantías judiciales generales exigibles en el marco de cualquier proceso”, se resaltó en la resolución.A casi siete años de la tragedia, la pericia técnico informática sigue sin realizarse. El fallo señala que “las únicas potencias que contaban con expertos en la materia eran Países Bajos, Portugal, Estados Unidos, Egipto e India”, y precisa que se presentaron “obstáculos” que impidieron avanzar.

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Denunciaron que el gobierno de Alberto Fernández entregó al menos 13 terrenos del Ejército y la Fuerza Aérea a gremios

Roberto Baradel, uno de los apuntadosTras una investigación preliminar, el fiscal federal Carlos Stornelli denunció penalmente que el gobierno de Alberto Fernández entregó al menos 13 terrenos administrados por la Agencia de Bienes del Estado (AABE) a distintos gremios allegados al oficialismo durante la última parte de su gestión. Los predios apuntados pertenecían en su gran mayoría al Ejército Argentino y a la Fuerza Aérea, y se sospecha que fueron cedidos “con el presunto fin de beneficiar indebidamente” a diferentes sindicatos para llevar adelante obras y proyectos para sus afiliados.La denuncia apunta a investigar “la presunta existencia de un conjunto de acciones perpetradas en el ámbito de la Agencia de Administración de Bienes del Estado” y la posible intervención de distintas áreas como la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo entonces de Agustín Rossi, de quien dependía la AABE. Las cesiones habrían sido resueltas de manera irregular y con el presunto fin de favorecer a “distintas entidades gremiales mediante el otorgamiento de permisos precarios de uso gratuito de distintos terrenos e inmuebles propiedad del Estado Nacional y en detrimento de los intereses de este último”.Luego del sorteo, el expediente quedó radicado en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, quien intervendrá junto a la fiscal Alejandra Mángano. Ambas serán las responsables de evaluar el contenido y los pasos a seguir respecto de la denuncia a la que tuvo acceso Infobae.Héctor DaerEl fiscal Stornelli fundó su planteo en una serie de resoluciones donde la AABE dispuso la desafectación de terrenos estatales para otorgarlos a distintos sindicatos que los pedían. Tal es el caso del documento del 8 de septiembre de 2023, donde se desafectó de la jurisdicción de la Fuera Aérea Argentina un predio de 120 mil metros cuadrados ubicado en la Autopista Ricchieri Km 33.5 para “otorgarle un permiso de uso precario y gratuito de dicho sector al Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH)”, a cargo del gremialista Víctor Santa María, quien lo había requerido para desarrollar un “Complejo recreativo y deportivo SUTERH”.Del mismo día consta otra resolución de la Agencia, donde otra propiedad en manos de la Fuerza Aérea, lindero al anterior, de 160.00 metros cuadrados, también fue desafectado y se entregó bajo las mismas condiciones de “uso precario y gratuito” al Sindicato Unificado de Trabajaores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), cuyo secretario General, Roberto Baradel, lo había pedido para construir un “Camping Recreo Ezeiza Suteba” para afiliados e invitados.19 días después, la Agencia que administra las propiedades nacionales resolvió quitarle a la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) un predio ubicado en la calle Humberto 1° al 550, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 1500 metros cuadrados, y otro de 1200 metros cuadrados al Instituto Nacional del Teatro con el fin de entregárselo a la Confederación General del Trabajo (CGT), en virtud de una solicitud de su secretario General Héctor Daer para “poner el inmueble en valor” y llevar adelante “talleres, tareas de índole formativa, educativa, social y solidaria, entre otros”.El fiscal dio cuenta, a su vez, de que la AABE firmó el 17 de noviembre de 2023 la desafectación del Ejército Argentino de un sector de aproximadamente 80 mil metros cuadrados, ubicado en la intersección de la Autopista Camino del Buen Aire y General Soler, en el Partido de Tres de Febrero, con el propósito de “otorgarle un permiso de uso precario y gratuito de dicho inmueble” a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), tras un requerimiento del líder sindical Francisco Abel Furlán para crear “un nuevo polo multifuncional”.Para el fiscal Stornelli, además de estas resoluciones donde habrían “ciertas irregularidades” en la tramitación de los expedientes administrativos”, se logró determinar la existencia de otras nueve resoluciones “contemporáneas a las anteriores y del mismo tenor”, a través de las cuales “se desafectara de predios pertenecientes a las Fuerzas Armadas y otros organismos públicos en favor de otras entidades gremiales”.En ese marco, al hablar de las cuatro concesiones que expuso, el representate del Ministerio Público expresó: “resulta cuanto menos incierto cómo es que estos sindicatos tomaron conocimiento de la existencia y del supuesto desuso y/o desocupación de estos bienes inmuebles, lo que podría sugerir un posible favorecimiento por parte de la AABE, para con ellos. En este sentido, no hay evidencia de que se haya realizado, previo al otorgamiento de los permisos, algún tipo de convocatoria pública para que distintas entidades puedan presentarse y obtener el permiso de uso de estos inmuebles. En su lugar, todos los procesos se han iniciado directamente desde la AABE a partir de presentaciones realizadas por las distintas entidades gremiales antes referidas”.Abel Furlán Luego agregó: “es preciso remarcar que durante el transcurso del año 2023 existieron un total de 13 resoluciones -incluyendo a las cuatro aquí analizadas- todas ellas vinculadas a la entrega de propiedades del estado a entidades sindicales o de similar naturales, siendo que la mayoría de ellas fueron dictadas durante la segunda mitad del año, es decir antes de que finalice la gestión del gobierno que culminara el 10 de diciembre de 2023″.“Además, -continuó el fiscal en su denuncia- es dable observar que once de ellas se ocupan de desafectar, pura y exclusivamente, territorios e inmuebles propiedad del Ministerio de Defensa, en especial del Estado Mayor General del Ejército y de la Fuerza Aérea, para entregárselos para su uso a distintas entidades gremiales (…)”.Por otro lado, el fiscal destacó como “fundamental” el hecho de analizar “si los sindicatos o las entidades gremiales cumplen con los requisitos necesarios para la concesión de este tipo de permisos, basándose en las actividades que declaran en sus solicitudes”. Bajo esos términos, dijo: “Aunque los sindicatos o entidades gremiales generalmente son consideradas organizaciones sin fines de lucro, su objetivo primordial es defender los intereses laborales de sus miembros, lo que podría no cumplir con el criterio de impacto directo e inmediato en el interés público, como lo requiere el reglamento -de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional-, ya que los beneficios se limitan principalmente a sus afiliados y no al público en general”.Agustín Rossi (EFE) (MATIAS MARTIN CAMPAYA/)“En otro orden de ideas, -continuó- debo señalar, además, que los sindicatos que solicitaron los permisos precarios de uso gratuito ante la AABE habrían cometido una omisión significativa en sus presentaciones, esto es, la falta de un Cronograma del Proyecto. Esta información resulta crucial para detallar el plan de trabajo, debiendo incluir las fechas tentativas de inicio, los plazos de obra, y los tiempos estimados para la habilitación de uso de los distintos sectores o espacios. En lugar de proporcionar estos detalles, los sindicatos se habrían limitado a entregar, únicamente, gráficos de las obras sin fechas concretas ni planificación temporal específica”.Y cerró: “Esta ausencia de información esencial podría sugerir posibles irregularidades en el proceso de solicitud”.El fiscal consideró que si se corroboran los hechos señalados en su denucia se estaría frente a “distintos delitos de acción pública” por fraude al Estado, por eso solicitó iniciar una investigación penal.

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“Mamá, soy yo, me tienen acá, me van a golpear y matar”: condenaron a una banda de gitanos por realizar secuestros virtuales

Condenan a prisión a una comunidad gitana dedicada a extorsionar a través de secuestros virtuales (Foto ilustrativa)“Mamá, soy yo, me tienen acá, me van a matar y a golpear. Buscá lo que tengas en casa”. La frase sintetiza un modus operandi. Una suerte de arma verbal. Formaba parte de una puesta en escena que ponía en práctica una banda de gitanos para llevar a cabo sus secuestros virtuales más conocidos como el “cuento del tío”. En general llamaban a la madrugada, cuando era más difícil que las víctimas se pusieran en contacto con sus familiares supuestamente secuestrados, amenazaban con matar o golpear al rehén y exigían grandes rescates en efectivo. Llegaron a conseguir casi medio millón de dólares a base de extorsiones.A través de un juicio abreviado, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 porteño condenó a nueve integrantes de una organización dedicada a extorsionar a distancia. Las penas oscilaron entre los 3 y 5 años de prisión. Los condenados -algunos familiares entre sí- pertenecían a una comunidad gitana, cuyo dialecto romaní utilizaban con frecuencia por temor a ser descubiertos. En esa línea, la Fiscalía General 27, representada por el fiscal Nicolás Stivala, dio cuenta de una serie de hechos ocurridos entre el 2019 y el 2021 que describieron cabalmente la forma de actuar del grupo en cuestión: roles y funciones bien definidas, donde había investigadores que hacían la tarea de inteligencia previa para determinar a quién agobiar, “habladores” que se encargaban de actuar y de amedrentar, y recolectores del botín que luego se repartían. También había personas de logística, dedicadas a proveer los chips telefónicos que iban tirando al usar.Uno de los hechos más paradigmáticos lo tuvo de protagonista a Alejandro Tan, uno de los miembros de los hermanos Tan, metidos en el rubro de la compra y venta de metales y chatarra, cuando no de la asociación ilícita y la extorsión. Eran las 10 de la noche del 13 de mayo del 2019 cuando alguien no identificado llamó al teléfono fijo de Ana, una mujer de por entonces 62 años que vivía en un departamento de la calle Gelly y Obes, del barrio de Recoleta. Una voz se hizo pasar por su hijo:-Mamá, mamá, me robaron-¿Quién sos? ¿Pablo?, preguntó Ana, inquieta.-No, mamá, soy yo, me tienen acá, me van a matar y a golpear. Buscá lo que tengas en casa.-Sólo tengo encima 6000 dólares, dijo la mujer.-Mamá, ¿no tenés cincuenta mil dólares? Tenés que ir y sacarlos del banco, replicó la voz.De repente, otra persona, con una voz más áspera, agarró el teléfono y lanzó una indicación: “Señora, vaya a un banco y retire dólares. Sabemos que tiene como quinientos mil”. Luego, como pidiéndole colaboración a la víctima, exclamó: “tengo que calmar a mis muchachos, le quieren cortar un dedo”.Al final de esa llamada, arreglaron que la mujer bajaría en una bolsa todo lo que “tuviera encima” en ese momento. La orden concreta era salir de su departamento con una vestimenta que no llamara la atención. Siguieron la comunicación por celular. Ana cumplió paso a paso lo que iban dictando desde el anonimato, aterrada por la idea de su hijo secuestrado. Llevó la bolsa a un contenedor de residuos ubicado en la esquina de la avenida Pueyrredón y Vicente López y Planes, pero después, por indicación del interlocutor, dejó el paquete en un árbol ubicado en la esquina de Luis Agote y Vicente López.La banda solía llamar de madrugada y amenazar a la víctima con la muerte de algún familiar; así lograban rescates grandes rescates en dólaresMás tarde, durante la madrugada, la víctima siguió recibiendo llamadas con amenazas del mismo número. Distintas voces le juraban que matarían a su hijo si no ponía más plata para su rescate. Ella imploraba por señales de vida. Sin embargo, a primera hora del nuevo día se acercó a su banco y retiró por ventanilla U$S 90.000. A las 10:45 se encontró con Alejandro Tan en una esquina de la calle Roque Sáenz Peña. La voz rasposa que salió de su garganta -y que ella reconoció- le dijo que lo saludara como si se conocieran de toda la vida. Después le reclamó el botín y se fue apurado.Pero el infierno continuó. La insistencia de los virtuales captores produjo que Ana se fuera a la casa central de otro de sus bancos y retirara por ventanilla U$S 67.000. Después pidió pasar al sector de las cajas de seguridad y extrajo otros U$S 259.000. Colocó todo en dos bolsas, se subió a un taxi y, por indicación expresa, se bajó en la avenida Rivadavia al 4500 para caminar hasta Río de Janeiro. Ahí dobló y se encontró otra vez con Alejando “Chulo” Tan, a quien le entregó, sin más, todos sus ahorros.-Volvé por Río de Janeiro hasta Lezica -le dijo Alejandro-, ahí vas a encontrarte con una Traffic. Va a estar tu hijo, que lo vamos a liberar.Ana corrió hasta el lugar. Cuando llegó, cayó en la cuenta de que todo había sido un engaño.La denuncia de este caso y de otros con idénticos elementos activaron las investigaciones que luego confluyeron en la sentencia del juez de cámara Hugo Daniel Navarro a través de expedientes conexos. En dicha instancia, el magistrado se encargó de verificar la legalidad del acuerdo entre la fiscalía y las distintas defensas, que confesaron la modalidad y el afán delictivo de la banda -en total se hicieron casi medio millón de dólares a base de extorsión-, integrada por hermanos e hijos, personas más grandes y más jóvenes, amigos y conocidos entre sí. Un grupo de “fuertes lazos”, según describió el fiscal.Por otro lado, no es la primera ocasión en la historia reciente que miembros de una comunidad gitana son arrestados por delitos similares. En rigor, una mujer de 87 años, también vecina de Recoleta, entregó a fines de 2020 una suma de 220 mil dólares a los falsos captores de su hijo. En esa ocasión, la voz en el teléfono le dijo: “Soy Juan Carlos. Tenemos a tu hijo, le cortamos un dedo y está perdiendo mucha sangre. Queremos plata. Danos tu celular”. La Policía Federal logró identificar a los sospechosos y determinó: Nicolás Christon, de Villa Lugano, fue acusado de ser el responsable de los llamados, así como el jefe de la banda. Cristian Papadopulos también habría tomado parte en las extorsiones. Ricardo y José Ariel Papadopulos habrían actuado como cobradores. Varios de ellos fueron arrestados en abril de 2021: se descubrió que un policía porteño les oficiaba de custodia.Parte de las pruebas surgieron de las filmaciones del Centro de Monitoreo Urbano porteño. En ellas se logró ver cómo retiraban el rescate los secuestradores virtuales (Walter Carrera/)A su vez, ese mismo año, y luego de operativos en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección Departamental de Investigaciones de San Isidro de la Policía Bonaerense, en colaboración con sus pares porteños, logró desarticular a una banda de delincuentes, también miembros de la comunidad gitana, que cometían secuestros virtuales y recaudaron varios miles de dólares con sus ataques. A una odontóloga vecina de Nordelta, por ejemplo, la despojaron de 38 mil dólares en efectivo con otro falso secuestro. La supuesta víctima era su hija, que estaba con amigas al momento del ardid y no contestaba el teléfono.En tanto, durante la investigación de la familia Tan y su círculo cercano colaboró la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que hizo uso de las filmaciones registradas por los domos del Centro de Monitoreo Urbano. También intervino la Unidad Especializada en Investigación Criminal Compleja. Las pruebas de la acusación, a su vez, estuvieron cargadas de escuchas telefónicas, grabaciones y registros de los llamados de las distintas compañías telefónicas. Incluso se rastrearon los autos con los que los extorsionadores iban a retirar la plata de los falsos rescates. Por esa cuerda, además, los investigadores llegaron a los domicilios de los criminales diseminados en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires como Ramos Mejía, La Matanza y Pilar. En diferentes allanamientos encontraron múltiples celulares, chips, sumas de dinero en efectivo en moneda local y extranjera, chequeras, joyas y alhajas.Al momento de dictar la resolución a la que tuvo acceso Infobae, el juez Navarro dijo: “Quedó en evidencia la cohesión del grupo, ligado incluso por lazos de familia que vincularon a un buen número de participantes –al menos nueve personas–, todos ellos intervinientes a título de coautores materiales con plena voluntad –sostenida en el tiempo– para llevar a cabo un sinnúmero de maniobras delictivas, bajo la modalidad del secuestro virtual, que hemos repasado a lo largo de todo el fallo”.En ese marco, el magistrado decidió que fueran condenados Alejandro Tan y Jonathan Cristian Svanovek a cinco años de prisión de efectivo cumplimiento en orden a la autoría y coautoría de los delitos de extorsión en concurso real con asociación ilícita -extorsión reiterada para el caso de Svanovek-.Para Carlos Daniel Oscar, Fabio, Alexis Ezequiel y Ariel Tan -hermanos de Alejandro-, el juez dispuso una pena de tres años de prisión en suspenso en virtud de la coautoría penalmente responsable del delito de asociación ilícita. La misma decisión tomó para Lucas Emmanuel Vázquez, Darío Marcelo Papadopulos y Roberto Ariel Felipoff. Algunos de los condenados cursan actualmente otros juicios por hechos similares.

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Dejaron en libertad al empleado judicial acusado de violar a un adolescente en el Palacio de Tribunales

El empleado judicial acusado por abuso sexual de un menor en el Palacio de TribunalesUn juez procesó pero dejó en libertad al empleado judicial acusado de haber obligado a un adolescente a practicarle sexo oral en un baño del séptimo piso del Palacio de Justicia. El delito por el que se dictó el procesamiento sin prisión preventiva fue abuso sexual agravado con acceso carnal y por su comisión con armas. La fiscalía reclama la detención.El fallo fue firmado por el juez en lo criminal y correccional porteño Luis Schlegel, quien dictó el procesamiento de Pablo Ferreyra, empleado del archivo del Poder Judicial. Le fijó una serie de pautas y le trabó embargo por 500 mil pesos.Sin embargo, la decisión de dejarlo en libertad fue apelada por el fiscal de la causa, Patricio Lugones, que entendió que el imputado debe permanecer detenido mientras dure el proceso por los riesgos procesales en juego, indicaron a Infobae fuentes judiciales.Todo ocurrió el viernes 14 de julio pasado, previo al inicio de la feria judicial de invierno. De acuerdo a la denuncia, la víctima —de 17 años— llegó al Palacio de Justicia acompañado de su bisabuela. Había ido porque estaba involucrado en una causa judicial. Pero su familiar sufrió una descompensación y tuvo que ser asistida en enfermería y derivada a un hospital. El chico tuvo que ir al baño. El Palacio de Tribunales es un verdadero laberinto para quien no lo conoce.Te puede interesar: Detuvieron a un empleado judicial tras la denuncia de abuso sexual de un menor en el Palacio de TribunalesImagen de las cámaras de seguridad del Palacio de TribunalesSegún la denuncia, le consultó a un hombre que lo acompañó hasta un baño en el séptimo piso del edificio. Así lo señalan las filmaciones. En el baño, dice la acusación, el hombre le exhibió un arma de fuego: “Callate y seguime”. Y lo abusó sexualmente al obligarlo a practicarle sexo oral. Luego, dijo el joven, le “tiró” 250 pesos y lo condujo hasta la enfermería.El menor hizo la denuncia de inmediato. En la causa se avanzó en el análisis de las cámaras de seguridad del edificio. Los investigadores las visualizaron para poder dar con el sospechoso involucrado en la denuncia. El acusado resultó ser integrante de la planta permanente del Poder Judicial de la Nación. El “registro de empleados de los Tribunales” completó la información que necesitaban: tiene 11 años de trabajo bajo la órbita del Poder Judicial y es oriundo de Ingeniero Allan, en la provincia de Buenos Aires.El trabajo de identificación se hizo en conjunto con personal de la División de Seguridad del Poder Judicial de la Nación de la PFA y así ayer por la tarde se detuvo al sospechoso, quien hace tareas en los archivos del Palacio.En ese contexto, se concretó la declaración indagatoria en el día de hoy. Asesorado por su defensor oficial, el acusado aceptó declarar. Según trascendió, su versión fue sostener que se trató de sexo consentido. Tras su indagatoria, el imputado permaneció detenido, pero en las últimas horas se ordenó su libertad: el procesamiento firmado era sin prisión preventiva.La noticia sobre el tenor de la denuncia y la detención conmocionó a los empleados del Poder Judicial cuando se hizo público el caso por la gravedad de la acusación.Seguí leyendo:Diego Ferrón: “Pérez Corradi se va llevar a la tumba todo lo que sabe del Triple Crimen”Una obra social deberá comprarle un dispositivo especial a una joven con síndrome de Rett para favorecer su comunicaciónEl tribunal del caso Cuadernos le pidió a otro juez que se abstenga de investigar las irregularidades de los anotadores

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