DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO.COMA sólo cinco días de haber sido nombrado encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, Gabriel Alejandro Hernández Mendoza sorprendió al dar a conocer su renuncia al cargo en la institución en donde también se desempeña como vicefiscal de Investigación.La dimisión se produce debido a que Hernández Mendoza no cumple con el requisito de edad mínimo establecido por la Constitución del Estado, pues el artículo 111, fracción II, establece criterios específicos de elegibilidad para este tipo de cargos.Al haberse identificado que no cumple con estos criterios, Hernández Mendoza ha decidido presentar su renuncia.Gabriel Alejandro Hernández Mendoza renunció este martes.
(X/@azucenau)En una carta dirigida a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Cecia Salgado Pineda, destaca el servicio “objetivo, honrado, transparente y profesional” que Hernández Mendoza ha procurado brindar durante su mandato.El ahora exvicefiscal mencionó su satisfacción por el deber cumplido pero reconoció la necesidad de acatar los lineamientos constitucionales, razón primordial de su dimisión.Como consecuencia inmediata de su renuncia y conforme a lo previsto en el artículo 144 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía de Guerrero, ahora será Gustavo Romero Rosas, actual Vicefiscal de Prevención y Seguimiento, quien asumirá las responsabilidades como encargado de la FGE.Carta de renuncia de Gabriel Alejandro Hernández Mendoza.Este cambio en la estructura organizativa de la Fiscalía General del Estado de Guerrero se produce el mismo día en el que Sandra Luz Valdovinos fue destituida como titular de la FGE tras la sacudida a las autoridades que implicó el asesinato del normalista Yanqui Khotan Gómez Peralta a manos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.En un comunicado, la FGE dijo que con Gustavo Romero Rosas al frente se espera que la institución mantenga su enfoque en las tareas esenciales de prevención, investigación y seguimiento de delitos, así como en la promoción de iniciativas que refuercen la seguridad y la justicia en el estado de Guerrero.Congreso avala destitución de la fiscalEste martes el Congreso del Estado de Guerrero ha procedido a la destitución de Sandra Luz Valdovinos como Fiscal General, dando pie al proceso de selección de un nuevo titular para este cargo.La medida se adoptó tras las críticas de la gobernadora Evelyn Salgado, quien expuso ineficiencias y la falta de superación de evaluaciones de confianza por parte de Valdovinos. La apertura de la convocatoria para designar al nuevo fiscal ha sido ya oficializada.Sandra Luz Valdovinos fue destituida este día.
FOTO: CGAURTOSCURO.COM (Fotógrafo Especial/)Esta acción legislativa responde a las preocupaciones manifestadas por Salgado, destacando una serie de insuficiencias en la gestión de Valdovinos, sobre todo en lo que respecta a la investigación de delitos de gran impacto.Entre los casos señalados por la Gobernadora, destaca el homicidio del estudiante Yanqui Khotan Gómez Peralta, que implicó directamente a un agente de la policía y que, de acuerdo con Salgado, ha afectado la estabilidad y paz en la región.Salgado también subrayó que, conforme a documentos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dirigida por Rosa Icela Rodríguez, Valdovinos no ha cumplido con las evaluaciones de confianza requeridas desde agosto de 2019.Los reclamos por justicia en el caso de Gómez Peralta y otros incidentes similares han engendrado protestas estudiantiles, lo que llevó a Salgado a tomar medidas drásticas, no sólo con la destitución de Valdovinos sino también solicitando la renuncia de otros altos oficiales, incluyendo al Secretario General de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso y al Secretario de Seguridad Pública, Rolando Solano.La Gobernadora anunció la remoción de Valdovinos el 14 de marzo, señalando que era una decisión tomada desde su competencia constitucional para garantizar la ejecución de procedimientos administrativos y jurídicos adecuados. Sin embargo, Valdovinos advirtió que cualquier intento de destitución debería seguir los procesos constitucionales y legales correspondientes, asegurando su derecho a la defensa.
