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Caso Ayotzinapa: general Rafael Hernández Nieto enfrentará su proceso en prisión domiciliaria

Una jueza determinó la modificación a la medida cautelar
(Foto: Twitter/@azucenau)Al general en retiro del Ejército, Rafael Hernández Nieto, le fue concedida su libertad según fue informado durante el martes 25 de agosto, por lo que dicho hombre, señalado por su presunta participación en el caso Ayotzinapa, enfrentará su proceso bajo prisión domiciliaria. Lo anterior debido a que ganó un amparo y una jueza federal modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra Hernandez Nieto. Fue la jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte, quien determinó el cambio de medida en acato a un amparo. Además, Hernández Nieto tendrá que firmar de manera quincenal y deberá pagar una fianza de MXN 50 mil, según lo detalló el periodista Ciro Gómez Leyva, quien también dijo que el general en retiro no podrá salir de Puebla ni acercarse a testigos o víctimas del caso. Hernández Nieto estaría implicado en el caso Ayotzinapa
(Foto: REUTERS/Henry Romero) (HENRY ROMERO/)El pasado 20 de agosto fue celebrada una audiencia en la que el Ministerio Público no pudo justificar la medida de prisión preventiva, por lo que la citada jueza determinó modificar la medida.Cabe recordar que el general en retiro fue detenido el pasado 6 de julio luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo diversas órdenes de aprehensión en contra de diferentes elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Posteriormente el hombre estuvo recluido en el Campo Militar 1A en la capital del país. Cuando sucedió la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (en septiembre del 2014) el ahora general en retiro era comandante de uno de los cuarteles de Iguala. INFORMACIÓN EN DESARROLLO…

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“Duro golpe a su credibilidad”: el dardo de Anabel Hernández a AMLO por la salida del GIEI del caso Ayotzinapa

El GIEI salió del país por falta de condiciones para avanzar en su investigación (Archivo) La semana pasada el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) anunció que se iba de México por la “falta de condiciones” para seguir indagando la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el estado de Guerrero en 2014.“Se hace imposible continuar. El ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden llegar a la verdad”, declaró Carlos Beristain, integrante del GIEI.Para la periodista de investigación Anabel Hernández las recientes declaraciones del GIEI suponen un duro golpe a la credibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su intento por sancionar, como él mismo prometió, a todos los responsables del crimen.Señaló que la situación se equipara con lo ocurrido por el GIEI en 2016 durante la gestión de Enrique Peña Nieto (EPN), cuando anunciaron su salida de México argumentando “obstáculos” a su trabajo.“En aquel momento, abiertamente el gobierno de Peña Nieto no renovó tácitamente el acuerdo para que el grupo enviado por la CIDH siguiera con su trabajo. Ahora es más bien un portazo indirecto que el gobierno de AMLO da a los investigadores, al permitir que la SEDENA y la Marina no entreguen la información que requieren”, señaló Hernández en su última entrega para Deutsche Welle.De igual forma subrayó que también ha habido “acoso” y “boicot” contra los integrantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, que desde el 2014 se dedican a representar a los familiares de los 43 normalistas y a ejercer presión a las autoridades para que esclarezcan el caso.Lo mismo ocurrió, apuntó Heernández, con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa de la Secretaría de Gobernación encabezada por Alejandro Encinas.“Encinas, su equipo y testigos actuales y potenciales han sido víctimas de espionaje, poniendo en riesgo no solo la disposición de personas a seguir dando información inédita de lo que pasó esa noche, sino además su vida”, apuntó.Dijo que que a un año de que concluya el mandato del presidente López Obrador, se torna “muy difícil” que el Estado mexicano reconozca la verdad y sanciones a los responsables directos del ataque y desaparición de los normalistas, pues solo rompiéndo desde arriba la cadena de protección se romperá el “omertá” o código de silencio que prevalece en los pocos funcionarios detenidos.López Obrador, en su caso, se beneficia con el encubrimiento por el hecho de que designó como titular de la Sedena a un hombre que en aquella época era de los más cercanos al entonces secretario Salvador Cienfuegos, y dado que el ejército es actualmente una de las principales columnas del gobierno de AMLO, no quiere incomodarlos, aseguró la periodista.“La SEDENA no solo obstaculiza las investigaciones, sino que protege a los pocos militares que han sido detenidos. Los tiene aislados en cárceles militares, y en varios casos les provee y paga abogados de defensa”, indicó.Según Hernández, son cuatro personajes los que tienen que ser llamados a la rendición de cuentas y han sido evadidos en la actual gestión de AMLO: el ex presidente Enrique Peña Nieto; el entonces titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos; la ex procuradora Arely Gómez: y Omar García Harfuch, actual titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

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