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El presidente de la federación de fútbol de Brasil fue denunciado por acoso sexual: le quiso dar comida para perro a una empleada

Una empleada de la Confederación Brasileña de Fútbol presentó una denuncia contra el presidente de la entidad, Rogério Caboclo. Lo acusa de haber sufrido abuso sexual y moral, sobre los cuales asegura tener pruebas. El escándalo se desató en medio de la polémica por la organización de la Copa América.

Según detalla el documento presentado por la mujer ante el Comité de Ética de la CBF y la Dirección de Gobernanza y Cumplimiento, el mandatario le habría hecho vivir numerosos episodios de vergüenza en presencia de otros directivos durante viajes y reuniones.Asegura que le preguntó si se “masturbó” y lo acusa de haber intentado obligarla a comer una galleta de perro mientras la llamaba “perra”. Además, Caboclo habría inventado falsos relatos sobre su vida sexual.También expone que, durante los sucesos, el presidente de la CBF se encontraba alcoholizado y éste le habría pedido que esconda bebidas en lugares previamente acordados, para que pueda consumirlas durante la hora de trabajo.”He estado pasando por un momento muy difícil en los últimos días. Incluyendo tratamiento médico. De hecho, hoy presenté una queja ante el Comité Ético del Fútbol Brasileño y la Junta de Gobierno y Cumplimiento, para que se puedan tomar medidas administrativas”, aseguró la empleada.Por el momento, Caboclo no respondió a las acusaciones formales, pero que ya venían dándose desde el mes pasado, cuando algunos medios informaron que atravesaba una crisis interna que podría terminar con su mandato.

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Elisa Carrió fue a la Justicia para defender a Alberto Abad en la denuncia de Cristóbal López y Fabián de Sousa

Elisa Carrió defendió hoy ante la Justicia al extitular de la AFIP de Mauricio Macri, Alberto Abad, en la causa que investiga una presunta asociación ilícita denunciada por los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, que desató un escándalo judicial internacional tras el pedido de detención de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien reclama asilo político en Uruguay.
La líder de la Coalición Cívica presentó este jueves un escrito para respaldar a Abad y manifestó que el exfuncionario, ahora en el centro de las denuncias de conglomerado de medios oficialista propiedad de López y De Sousa, actuó siempre “con diligencia y legalidad” en el marco de las denuncias que presentó ella como diputada luego de que el periodista Hugo Alconada Mon, de La Nación, revelara un complejo entramado a través del cual la petrolera de Indalo no había pagado a la AFIP impuestos por 8.000 millones de pesos.“Desde febrero de 2016 en adelante, tanto por escrito en presentaciones o accesos a la información que realizara como diputada nacional, como personalmente, le solicité a Alberto Abad que investigue distintos hechos de corrupción que habían ocurrido durante las gestiones anteriores en el organismo a su cargo”, indicó Carrió en el escrito que presentó de manera espontánea ante el juzgado federal N°1, a cargo de la jueza María Servini.En ese documento, al que tuvo acceso Clarín, la referente opositora marca que muchos de los hechos revelados en esa acusación de corrupción ella los había “denunciado y seguido de cerca por haber ocurrido en el marco de la asociación ilícita que comandara Néstor Kirchner y que integraron entre otros Ricardo Echegaray y Cristóbal Manuel López”.

El extitular de la AFIP, Alberto Abad, en su acto de despedida de la función pública en marzo de 2018. Foto Pedro Lázaro Fernández.

Por esa razón, señaló ella fue “informando al nuevo titular del ente recaudador de distintas circunstancias para que las corrobore y/o investigue”.La investigación que destapó una supuesta evasión multimillonario fue publicada el 13 de marzo de 2016 en una nota titulada “Cristóbal López no pagó a la AFIP $ 8.000 millones durante el kirchnerismo”.En ella se explicaba que la petrolera Oil había retenido indebidamente el dinero del impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC), ya que según constaba en sus balances nunca los había transferido a la AFIP. La investigación explicaba que cuando alguien cargaba nafta en las estaciones de servicio de la compañía de los empresarios K, se debían girar $ 4 por cada litro a la AFIP (es decir, el 26% de los $ 14 que costaba el litro). A esto se sumaban otros impuestos y tasas. Y señalaba que Oil no lo había hecho, sino que esos fondos se habrían usado para expandir el emporio de Indalo.Ahora, cinco años después, tras las prisiones preventivas de López y de Sousa durante el macrismo, las múltiples denuncias de lawfare por parte del propio presidente Alberto Fernández, su vice Cristina Fernández de Kirchner y una decena de funcionarios kirchneristas, en medio de una avanzada oficialista contra la Justicia, los apuntados son los ex colaboradores de Macri que estuvieron involucrados en la causa que investigó ese desfalco multimillonario, como Alberto Abad. El expediente en el que ahora se presenta Carrió se inició en 2019 tras una denuncia de Fabián de Sousa, el socio de Cristóbal López en Indalo, quién acusó a la llamada “mesa judicial” del macrismo de haberlos presionado para que modificaran la línea editorial de sus medios periodísticos y luego para que vendieran sus empresas.

Según la acusación del fiscal Guillermo Marijuan, la investigación se centra en la “presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional -encabezado por Mauricio Macri- o a instancias de aquellos que, mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil”.Carrió es categórica: “Resulta muy llamativo ver que quienes defraudaron al Estado en miles de millones de pesos a lo largo de tres periodos presidenciales, desde el año 2003 al 2015, intenten hacerse pasar por víctimas. Que quieran encausar y castigar a quienes ─luego de haber dejado el poder político e institucional quienes comandaron la asociación ilícita– cumplieron con su deber de promover las acciones penales pertinentes e intentar cobrar el dinero que se había defraudado al Estado”. “No se escapa a quien suscribe que el actual presidente de la Nación ha admitido haber asesorado a empresas del grupo Indalo del señor Cristóbal López, que mandó al Congreso Nacional un proyecto de ley para otorgar una moratoria inédita porque incluía a los quebrados sin continuidad. Lo que, todo indica, fue hecho para beneficiar a Cristóbal López justamente en relación con la empresa quebrada Oil Combustibles. Tampoco se me escapa quién es la vicepresidente de la Nación y cuáles son sus vínculos con el empresario referido”, denuncia la exdiputada de la Coalición Cívica. “Por eso, entiendo que resulta oportuno y pertinente realizar estas aclaraciones en relación al contexto en que su sucedieron los hechos que aquí se investigan, porque creo que aún puede haber Justicia”, concluye Carrió su presentación en la que repasa sus denuncias contra Cristóbal López y las enmarca en la megacausa por asociación ilícita que denunció en Tribunales en 2008, en el expediente N° 15.734/08, caratulado “KIRCHNER, NESTOR Y OTROS SOBRE ASOCIACION ILÍCITA…”.En esa causa, la Coalición Cívica-ARI, con Carrió a la cabeza, puso en la mira a las “concesiones petroleras ganadas por las empresas del juego y de la obra pública ligadas a Néstor Kirchner”, sobre todo a las vinculadas a Lázaro Báez y Cristóbal López.

El empresario Cristóbal López radicó la denuncia contra Alberto Abad junto con Fabián de Souza.

También apuntaron ahí al “beneficio extraordinario que logró López con el dictado del decreto N°1851/07, emitido el 5 de diciembre del año 2007, mediante el cual se resolvió otorgarle a “Casino Club” —una sociedad propiedad de Cristóbal López— una prórroga hasta el año 2032 de la concesión de la operatoria en el Hipódromo de Palermo”. Ese fue uno de los últimos DNU firmados por Kirchner antes de cederle el poder a Cristina Kirchner, su esposa, el 10 de diciembre de 2007.“Los hechos referidos a los beneficios excepcionales que obtuvo Cristóbal López por parte de la AFIP durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner siempre entendimos que se daban en ese marco de delitos organizados entre los miembros de la banda”, escribió Carrió en el escrito que ya esta en manos de Servini.“Más tarde comprobamos que se trataba de una de las estafas más grandes de la historia fiscal hechas con la complicidad de la AFIP durante la gestión de Ricardo Echegaray”, ratificó en referencia a la denuncia de 2016 de la evasión de $ 8.000 millones que pidió incorporar al expediente de asociación ilícita.

Carrió no menciona a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón en el escrito que presentó ante la Justicia.

¿Por qué Carrió presenta este escrito ahora? Según confiaron a Clarín desde su entorno, la acción tiene un único objetivo: defender el papel de Alberto Abad en el expediente.Otro dato llamativo del documento de cinco páginas es que no menciona en ninguna oportunidad a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, otro de los apuntados por López y De Sousa en la causa, que está en Uruguay mientras se define su pedido de detención internacional dictado por Servini, algo que reclama el abogado Alberto Beraldi, letrado de De Sousa y también principal defensor de Cristina Kirchner en sus causas de corrupción. La líder de la Coalición Cívica ya había expresado, en una entrevista con Clarín, su opinión sobre el pedido de asilo de Rodríguez Simón. “Esa causa es muy grave, porque los denunciantes son unos ladrones. Cristóbal López y Fabián De Sousa son unos ladrones y lo serán siempre. Entonces, yo puedo tener muchas diferencias con ‘Pepín’, y las tengo en otras cosas, pero es el tipo que le puso la cara al juego y que los hizo pagar impuestos. Yo misma denuncié ante la AFIP”.”Más allá de mis diferencias en otras cosas o sus roles, perseguir a los que les hacen pagar impuestos a los ladrones carece de sentido. Yo creo que Servini es una jueza honesta, pero hasta Alberto Abad es citado, el mejor funcionario público de la historia Argentina. Me parece de una injusticia notoria. Yo no voy a discutir la decisión de los jueces. Yo voy a comparecer siempre, y jamás voy a pedir asilo, ¿está claro? Pero es un derecho que él tiene”, manifestó.

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Tras la denuncia de Marcelo Tinelli, la Justicia imputó a un socio de San Lorenzo por las amenazas de muerte

La fiscalía especializada en eventos masivos actuó rápido este sábado tras la denuncia de Marcelo Tinelli, presidente de San Lorenzo, que había declarado que había sido amenazado de muerte junto a su familia, y realizó un allanamiento en el que imputó a un socio del club de Boedo.
“En el día de hoy a primera hora de la mañana se llevó a cabo el allanamiento solicitado por la Dra. Celsa Ramírez (titular de la Fiscalía Especializada en Eventos masivos) y autorizado por el Juez a cargo del Juzgado PCyF 7 , Dr. Rodolfo Ariza Clerici”, le informaron a Clarín desde la fiscalía.y agregaron: “En ese marco se logró el secuestro del teléfono celular de una de las personas imputadas de haber proferido amenazas al presidente del Club San Lorenzo de Almagro, Marcelo Tinelli; con el objeto de determinar si desde ese dispositivo se materializó el hecho investigado. Finalmente, se identificó a la persona y se lo citó para que concurra a la Fiscalía.”.

El socio imputado por las amenazas a Marcelo Tinelli.

Se trata de Pablo Ezequiel Cuccaro, socio activo de San Lorenzo, de 36 años. Ahora la Justicia deberá investigar si fue desde el teléfono celular de Cuccaro que se enviaron las amenazas hacia Tinelli y su familia.El empresario, conductor y dirigente deportivo -también es presidente de la Liga Profesional de Fútbol- había radicado la denuncia este viernes en la Fiscalía General de la Ciudad. “Se tiene que terminar la impunidad para estos violentos, que se amparan en ‘defender los intereses y los colores del club’. Mi apoyo absoluto a mi familia en este difícil momento”, había manifestado Tinelli a través de sus redes sociales.”Cuánta locura, cuánta agresión. Qué momento difícil de odio estamos viviendo. Me amenazan vía redes sociales y WhatsApp, amenazan a mis hijos. Y todo esto por… resultados futbolísticos (sí, por eso)”, añadió en su cuenta de Instagram.

El celular del imputado será peritado como parte de la investigación.

Tinelli viene sumando cuestionamientos en los últimos meses porque San Lorenzo no termina de encontrar un rumbo futbolístico. El irregular andar del equipo provoca que cada vez que San Lorenzo pierde se multipliquen en las redes los mensajes con el hashtag #AndateTinelli. Hinchas y socios del club de Boedo lo acusan de estar más pendiente de sus otras actividad y no estar encima de lo que sucede puertas adentro.Sin embargo, los mensajes vía WhatsApp al celular colmaron la paciencia de Tinelli que decidió acudir a la Justicia. Y este sábado tras conocer la noticia del allanamiento, volvió a manifestarse en las redes.

El tuit de Marcelo Tinelli.

Le agradeció a la Fiscalía General de la Ciudad y prometió avanzar con la causa: “Vamos a seguir con esto, hasta que sean imputados todos los responsables”, advirtió en su cuenta de Twitter.

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Mariah Carey fue denunciada por su hermana por revelar secretos familiares en su biografía

En la imagen, la cantante estadounidense Mariah Carey. EFE/Mike Nelson/Archivo
(EFEI0499/)La cantante Mariah Carey fue denunciada por su hermana mayor Alison, quien asegura que la ha humillado públicamente al revelar ciertos secretos familiares en su biografía “The Meaning of Mariah Carey”, que salió a la venta el pasado mes de septiembre.En el libro, la estrella del pop aseguraba que Alison Carey la había drogado cuando era niña, que otro de sus hermanos la maltrataba físicamente, y que uno de los novios de su madre amenazó con matarla cuando ella decidió dejar la relación.En concreto, en un capítulo titulado “Dandelion Tea”, Mariah Carey revela que cuando ella tenía 12 años, su hermana Alison, de entonces 20 años, la drogó con Valium y la dejó montarse en un coche con el novio de otra de sus hermanas, que estaba armado.Además, la cantante acusó a Alison de haberla quemado al lanzar sobre ella un té con agua hirviendo, según un documento presentado en la Corte Suprema de Manhattan este lunes, según el medio local Page Six.Alison A. Carey fue arrestada por ejercer la prostitución y afirma que sufre estrés postraumático po su turbulento pasadoLa hermana mayor de la responsable de “Hero”, que no tiene un abogado y que se representa a sí misma en el caso, asegura que Mariah Carey nunca le dio oportunidad para defenderse de las acusaciones que expone en el libro, ni presentó pruebas que demuestren lo que cuenta en él.Alison, de 59 años, que previamente ha sido arrestada por prostitución y que fue atacada en 2015, asegura que sufre de síndrome de estrés post-traumático por su turbulento pasado, y que pese a conocer sus problemas, la intérprete utilizó su estatus como figura pública para atacar a su hermana, “generando titulares sensacionalistas para promocionar las ventas del libro”, apunta el documento.Además, afirma que está volviendo a tener problemas con el alcohol después de haber estado sobria durante “mucho tiempo” como consecuencia del estrés provocado por la publicación del libro.Por ello, Alison ahora pide en la denuncia una compensación de 1,25 millones de dólares a Mariah Carey por “infligir intencionalmente un inmenso estrés emocional” por la “humillación desalmada, despiadada, vengativa, despreciable e innecesariamente pública”.(Con información de EFE)MÁS SOBRE ESTE TEMA:“Mi hermana me drogó con Valium”: Mariah Carey se confesó sobre su terrible niñez en medio de violencia y racismoMariah Carey, íntima: el día que su hermana la drogó para venderla, un matrimonio “en la cárcel” y el increíble gesto romántico de Luis MiguelRomances famosos, un trastorno de bipolaridad y los éxitos más importantes de la música pop: los 50 años de Mariah Carey

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Nueva denuncia contra Victoria Donda y pedido de informes por los ofrecimientos a su empleada doméstica

Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), fue denunciada este martes en la Justicia Federal “por la posible comisión de delitos de fraude a la administración, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, y por malversación de caudales públicos” por los ofrecimientos laborales a su empleada doméstica.
Además, diputados de Juntos por el Cambio presentaron una nota al Poder Ejecutivo para que la funcionaria dé “las explicaciones pertinentes”. La denuncia penal, presentada por la Fundación Apolo, “se basa en el reconocimiento por parte de la denunciada -a partir del escándalo producido con el ofrecimiento de un contrato en INADI a su empleada doméstica- de que habría incorporado personal a ese organismo en función de la “cercanía” de éstos con su persona. La misma fundación extendió su denuncia ante la Oficina Anticorrupción, “por la vulneración de diversas normas y principios establecidos por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y por el Código de Ética de la Función Pública”. Quienes labraron la denuncia fueron los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, quienes manifestaron que de comprobarse los hechos denunciados, Victoria Donda carecería de “idoneidad moral” para desempeñarse en sus funciones, por lo que solicitaron que la Oficina Anticorrupción recomiende al Poder Ejecutivo que proceda a cesar en el cargo.La causa penal, que lleva el número 33/2021 quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 6, a cargo de la Dra. María Eugenia Capuchetti. La denuncia en la Oficina Anticorrupción lleva el número de expediente web 6743.La presentación de Juntos por el CambioEn tanto, el diputado Waldo Wolff, de Juntos por el Cambio, presentó un pedido al Poder Ejecutivo para que Donda “brinde las explicaciones pertinentes respecto a informes periodísticos que indican que la funcionaria ofreció a una empleada particular suya un plan asistencial estatal y/o un puesto en la administración pública nacional a modo de aparente compensación por sus servicios y/o de no formular reclamos laborales”.La presentación fue acompañada por los diputados Fernando Iglesias, Pablo Torello, Carmen Polledo y Graciela Ocaña, entre otros. “La cuestión supera las transgresiones administrativas a la legislación laboral para transformarse en la posible comisión de un delito. La funcionaria, además de inducir a la trabajadora indebidamente a silenciar sus reclamos, pretende disponer de los bienes del Estado como si fueran propios, con una liviandad asombrosa y vulnerando la igualdad ante la ley. Todo esto, en aras de preservar su propia imagen e interés personal”, señala el pedido de informes.Y agrega: “La situación resulta tanto más lamentable cuando se recuerda que durante toda su trayectoria pública Donda se ha proclamado defensora de los humildes, las minorías y de los derechos e igualdad de las mujeres”.La explicación de DondaDonda, por su parte, defendió su postura en una entrevista en Todo Noticias y explicó: “Esta señora -a quien hace mucho conocía- trabaja en casa desde 2016 y está registrada desde ese año. En esta última etapa de la pandemia manifestó problemas físicos y problemas con un familiar que le impedía viajar; entonces le ofrecí una mejora laboral”, dijo Donda, ​brindando una versión diferente al abogado de la trabajadora que presentó una denuncia penal y otra laboral.”No es cierto que no le pagué. Tengo los recibos firmados por ella, le pagué como indica la ley”, aseguró Donda y sumó que todo está registrado en la página de la ANSeS.Osvaldo Barsanti, abogado de la empleada doméstica de Donda, había denunciado que la funcionaria le ofreció a su representada un contrato en el INADI o anotarla en un plan social, si ella renunciaba al trabajo en su casa. Donda sostuvo al respecto: “Le ofrecí gestionar una ayuda social, no entiendo por qué es delicado. Es una mujer que lo necesitaba, no le ofrecí que renunciara a ninguno de sus derechos”. Añadió en su intento de justificar su actitud: “Yo no se lo iba a gestionar personalmente, cualquier ayuda social es pública, está en la página. Es una señora que por ejemplo es muy difícil que pueda saber cómo reclamar el cobro de IFE y seguramente no lo hizo”. La titular del organismo confirmó que le ofreció a su empleada doméstica un contrato en el INADI “como vos podés ayudar a una persona que hace mucho tiempo conocés”, y admitió que muchas personas entran a trabajar “por cercanía”. También, que se ofreció a ayudarla a gestionar una jubilación.Finalmente, cruzó al abogado de la empleada doméstica: “La agarró un vivo que lo que quiere es ser famoso y (ella) es usada políticamente. Lamento que la usen en su situación de vulnerabilidad”.JPE

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La muestra antirreligiosa de León Ferrari en Madrid ya tiene 10.000 firmas en contra y una denuncia: la quieren cerrar

Pasaron 16 años y todo está igual. Era Buenos Aires y ahora es España y todo está igual. En Madrid, la Asociación Española de Abogados Cristianos presentó una querella contra el director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, por una muestra de León Ferrari que se exhibe en el museo. Quieren que la muestra cierre y punto. Todo muy parecido a lo que pasó por acá en 2004.
En 2004, la obra de León Ferrari -parte de ella explícitamente antirreligiosa- se mostró en el Centro Cultural Recoleta y la Corporación de Abogados Católicos pidió la renuncia del entonces ministro de Cultura de la Ciudad, Gustavo López. Hubo una obra rota por un fundamentalista, hubo denuncias penales, alegando “discriminación religiosa e incitación al odio religioso”. Hubo una jueza -Elena Liberatori- que clausuró la exposición, donde se veían santos en una sartén y un Cristo colgado de un avión de guerra. Hubo declaraciones de blasfemia del parte del cardenal Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco. Hubo una marcha en favor de la muestra, que finalmente fue reabierta pero estaba herida: poco después, cansado de las agresiones, el artista decidió clausurarla.Este año estaba planeada una gran exhibición de León Ferrari -de cuyo nacimiento se cumplieron 100 años en septiembre- en el Museo Nacional de Bellas Artes, pero la pandemia la frustró, como tantas cosas, y apenas pudo verse el ya mítico avión desde la calle. El viaje de Ferrari siguió en Madrid, donde el 16 inauguró la muestra La bondadosa crueldad.
Pues nada, parece que León Ferrari sigue dando en el centro de la cruz después de muerto. Quizá esté, si tal cosa es posible, sentado a la izquierda de Dios Padre, con quien se estará descojonando de los Abogados Cristianos, mientras picotean al alimón hostias consagradas. pic.twitter.com/RlcAgXFVlv— Gilituiter (@gilituiter) December 18, 2020

Ferrari, que murió en 2013, es mucho más que un provocador. Recibió el premio León de Oro en la Bienal de Venecia de 2007, su obra se expuso en el MoMA de Nueva York y en el Museo Reina Sofía. Y, en vida, The New York Times lo consideró uno de los cinco artistas más importantes del mundo.Hijo de un pintor de iglesias -Arturo- y padre de un desaparecido -Pablo- fundó el Club de impíos, herejes, apóstatas, blasfemos, ateos, paganos, agnósticos e infieles -a la vez irónico y no- y discutió conceptos religiosos como el del castigo eterno. Postulaba que los tormentos que se preveían para los pecadores no eran sino violaciones a los Derechos Humanos y que habilitaban, daban fundamento, a las violaciones terrenales.

Plancha, tostadora, sartén. La muestra de León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta, en 2004. Foto Guillermo Viana_Tlam

Por eso, le pidió a Juan Pablo II “la anulación de la inmortalidad y la vuelta a la justicia del Pentateuco: que con la muerte terminen los sufrimientos que el Evangelio quiere eternizar”. Ahora, en Madrid, la la Asociación Española de Abogados Cristianos habla de “delitos contra los sentimientos religiosos e incitación al odio” .Según cuenta el diario español ABC, los Abogados Cristianos se suman a una iniciativa en la plataforma Hazteoir.org para retirar la exposición, que consideran preparada “para insultar a Jesús” y que “se burla del evangelio”. Esa iniciativa reunió cerca de 10.000 firmas.”Él no critica las creencias religiosas, pero sí juzga el uso de ciertas imágenes”, había dicho hace unos días Borja Villel, atajando las críticas. “Nadie tiene obligación de ver la exposición, el museo tiene una gran oferta. Los museos deben ser lugares de libertad, refugio y acogida”, dijo. Y reforzó: “Si un museo no puede debatir sobre los terrores (de la historia), tampoco se podría representar teatro griego”. 

Duelo. La obra “Papa con Gorila”, del artista León Ferrari en el museo Reina Sofía de Madrid. Foto EFE

No alcanzó para convencerlos. Los Abogados Cristianos detallas su rechazo a “un cristo en una parrilla, otro crucificado en un avión de guerra americano y varios collage que mezclan imágenes religiosas con otras de contenido sexual explícito”.Alegan, además que no es la primera vez: “se trata de un comportamiento reincidente y que va en contra del propio código deontológico de los museo”.Abogados Cristianos pidió medidas urgentes para cerrar la exposición y, de paso, la destitución de Borja-Villel y su inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.Si no tienen éxito, la exposición seguirá hasta abril. Abril de 2021. Siglo XXI.PK

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Grave denuncia sobre la investigación por la muerte de dos chicas argentinas en Paraguay

En septiembre, la muerte de dos nenas argentinas en un operativo militar en el norte de Paraguay causó conmoción y un cruce diplomático. Ahora las autoridades de Asunción están en la mira de organizaciones internaciones por la presunta violación de derechos humanos.
“Las autoridades de Paraguay destruyeron pruebas fundamentales relacionadas con la muerte de dos chicas argentinas de 11 años causada por agentes de fuerzas de seguridad del Estado y violaron tanto sus propios protocolos de investigación como normas internacionales de derechos humanos”, denunció Human Rights Watch. Y remarcó que el gobierno de ese país “debe garantizar una investigación de esas muertes de forma independiente, imparcial, transparente y sin demoras”.El 2 de septiembre, miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, una unidad de élite dirigida por las Fuerzas Armadas que incluye a policías y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas, presuntamente mataron a Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba durante un operativo contra un campamento del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en un área boscosa unos 360 kilómetros al noreste de Asunción. La madre de una de las chicas, que eran primas, dijo a Human Rights Watch que ambas nacieron y vivían en Argentina pero se encontraban en el campamento visitando a sus padres, que son miembros del grupo armado.“Hay graves irregularidades en la investigación”, señaló José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. “El gobierno paraguayo debe permitir inmediatamente que peritos forenses argentinos realicen una autopsia y que ellos y los familiares de las víctimas tengan pleno acceso a las evidencias recogidas. Cuanto más se demore el gobierno, más probabilidades habrá de que desaparezcan posibles pruebas en los restos”, agregó, según un comunicado de la organización.

El presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez, junto a los militares en la zona del campamento guerrillero atacado en septiembre.

Poco después de la operación, el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, viajó hasta el campamento, describió el operativo como “exitoso en todos los sentidos” y dijo que dos mujeres miembros del EPP habían sido abatidas. Nadie más murió. Un agente de la Fuerza de Tarea Conjunta sufrió heridas leves.Human Rights Watch revisó las declaraciones públicas de las autoridades sobre el caso y la evidencia disponible públicamente. En respuesta a un pedido de la entidad, el Grupo de Expertos Forenses Independientes (Independent Forensic Expert Group, IFEG) del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (International Rehabilitation Council for Torture Victims, IRCT), elaboró un dictamen sobre algunos elementos de la investigación.Human Rights Watch detalló que encontró irregularidades graves en la investigación de las muertes desde el comienzo, y mencionó algunas acciones de las autoridades:- “Se apresuraron a enterrar a las víctimas sin realizar una autopsia”- “Quemaron las ropas de las víctimas”,- “Sostienen, en función de un examen forense que no es confiable, que una de las niñas de 11 años disparó un arma”- “Hicieron una determinación sobre la distancia de disparo que no puede ser fundamentada con evidencia forense”.- “Le prohibieron a un representante de los familiares estar presente en un examen forense de los restos y le negaron acceso a la investigación”.Según concluyeron Onder Ozkalipci y Karen Kelly, dos peritos médicos forenses con una larga trayectoria internacional que forman parte del IFEG, la destrucción de la ropa de las niñas “representa la destrucción de evidencia crucial que viola los principios más básicos y fundamentales forenses y de la investigación penal”, señaló HRW.

Miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta del ejército de Paraguay, en la zona del secuestro del ex vicepresidente de Paraguay, Oscar Denis, también atribuida a la guerrilla del EPP, en septiembre. Foto. EFE

La organización remarcó que “las normas internacionales que exigen la investigación efectiva de todos los casos de muertes causadas por fuerzas del Estado requieren la preservación de estas pruebas”.Vivanco recordó que el perito forense paraguayo que examinó los cuerpos en el lugar de los hechos, Cristian Ferreira, dijo a los medios de comunicación que a las chicas les dispararon de frente y luego de espaldas y de costado, y que los cuerpos quedaron boca abajo en el suelo. “La posición en que quedaron los cuerpos nos indica en que evidentemente estaban huyendo ambas” de las fuerzas del Estado que atacaban el campamento, dijo el experto. Las autoridades no difundieron ninguna imagen de los cuerpos tal como fueron encontrados, recordó HRW.Ferreira dijo que, en función de su examen externo de las heridas, las víctimas habían recibido disparos desde una distancia de entre 10 y 20 metros. Sin embargo, los dos expertos del IFEG dijeron que el análisis forense no puede determinar una distancia de disparo superior a aproximadamente 1,5 metros, dado que “los disparos efectuados desde 1,5, 50 o 150 metros producen orificios de entrada con aspectos idénticos”.La policía realizó una prueba de parafina para identificar residuos de pólvora en las manos de las víctimas y así determinar si habían disparado un arma. Un fiscal dijo que el resultado fue positivo para una de las niñas y negativo para la otra. Pero los expertos del IFEG afirman que las pruebas de parafina no son confiables y que su valor es “marginal en el mejor de los casos”, dado que varias sustancias pueden producir un resultado positivo, incluyendo porotos, lentejas y otras plantas leguminosas, orina, fertilizante, tabaco, esmalte de uñas, jabón e, incluso, agua del grifo, detalló el informe presentado por Human Rights Watch.La edad de las chicasSegún Human Rights Watch, “el gobierno paraguayo insistió durante días en que la edad de las víctimas era mucho mayor que la verdadera, a pesar de las pruebas proporcionadas por sus familiares y corroboradas por el gobierno argentino”. Debido a esta controversia, las autoridades paraguayas exhumaron los cuerpos y, tras un análisis de ADN y de muestras óseas, Lemir confirmó que tenían 11 años.Acceso a la investigaciónUna abogada que representa a la familia de las víctimas manifestó a Human Rights Watch que las autoridades no le permitieron estar presente durante un examen forense realizado el 5 de septiembre y que han seguido negándole el acceso a la investigación, lo cual viola estándares internacionales de derechos humanos.El 15 de septiembre, el gobierno argentino solicitó que Paraguay autorizara al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una prestigiosa institución científica de profesionales con experiencia en investigaciones forenses en todo el mundo, a exhumar los cuerpos y realizar una autopsia. “No han recibido tal autorización hasta el momento”, señaló HRW. Pedido al Congreso paraguayoEl 9 de septiembre, la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), una coalición de organizaciones de derechos humanos, envió una carta al Congreso de Paraguay en la cual solicitó que se creara una comisión para investigar el caso. El Congreso aún no respondió, según el grupo. Human Rights Watch apoya ese pedido.La guerrilla del EPP fue acusada de varios homicidios y raptos, incluido el secuestro el 9 de septiembre del ex vicepresidente paraguayo Óscar Denis, cuyo paradero aún se desconoce.“Las autoridades de Paraguay atribuyen delitos muy graves a miembros del EPP, quienes deberán responder por sus acciones si se demuestra su culpabilidad tras una investigación y un juicio justo”, manifestó Vivanco. “Pero la acción del Estado también debe ajustarse a los límites de la ley. Toda muerte causada por fuerzas del Estado debe ser investigada de forma imparcial y con la mayor rigurosidad”, concluyó.CB

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Denunciaron a López Obrador por homicidio: lo acusaron de la muerte de un niño con cáncer

Foto: Presidencia de México.Los padres de Evan Omar Polina, quien falleció a los dos años de edad a causa del cáncer que padecía, denunciaron por homicidio al presidente Andrés Manuel López Obrador, al director del IMSS, Zoé Robledo, y al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, ante la Fiscalía General de la República (FGR).La denuncia expone que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) les negó las quimioterapias para Evan Omar.La representante legal de la familia, Andrea Rocha Ramírez, señaló que “el pequeño Evan se atendía en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 25 del IMSS (ubicada en Monterrey, Nuevo León). El día 26 de mayo de 2019, es diagnosticado con cáncer, a partir de ahí sus padres decidieron llevarlo a la clínica para que iniciara su tratamiento, pero muchas veces le negaban las quimioterapias como vincristina y metra” y eso fue deteriorando su tratamiento, señaló.“En una ocasión, Evan tuvo una recaída, lo que ocasionó una metástasis y, pues, lamentablemente el 16 de diciembre del año 2019 el pequeño perdió la vida, y el día de hoy está aquí su mamá para presentar la denuncia del presidente”, indicó la abogada.Denuncian por homicidio a AMLO. Lo acusan de la muerte de un niño que padecía cáncer (Foto: especial)Rocha Ramírez detalló que la culpa del deceso del infante fue la falta de medicamentos para el neuroblastoma fase 4 que padecía.“Queremos que esta situación de la falta de medicamentos en el sistema de salud pública de México se judicialice a fin de evitar más decesos de nuestros niños por negligencia de estas autoridades”, destacó.La abogada aseguró que buscan “que se prive de la libertad a quien tenga que caer por la irresponsabilidad y muerte (por cáncer) de tantos niños” y que pedirán “la reparación del daño y una disculpa pública de las autoridades responsables”, aseguró.Tras la denuncia, el Instituto Mexicano del Seguro Social emitió una tarjeta informativa en la que aseguró que “en todo momento y en todos los casos”, la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 25 de Monterrey, Nuevo León, “otorgó la atención médica integral y oportuna a los pacientes pediátricos que lo necesitaron”.“Desde que Evan fue diagnosticado con la enfermedad, se le proporcionaron los medicamentos y servicios médicos que requirió durante su tratamiento” y aseguró que como prueba de ello están los informes médicos de la jefa de Servicios de Pediatría en Nuevo León, la doctora Sayda Fuerte Olvera, señaló el IMSS.La abogada detalló que la próxima semana interpondrán otra denuncia similar por el fallecimiento de otro niño a causa de la escasez de medicamentos en el sector salud.Padres de familia aseguran que continúa el desabasto de los medicamentos para el tratamiento del cáncer. (Foto: EFE/ Mario Guzmán)
(Mario Guzmán/)El pasado 6 de julio, la Oficial Mayor de la Hacienda, Raquel Buenrostro, recibió a una comisión de padres de familia a quienes aseguró que tienen comprados los medicamentos pero que existe un problema de distribución.Uno de los padres de familia que asistió a la reunión, Israel Rivas, aseguró a la agencia EFE que la situación sigue igual, entrampada, y los niños siguen sin medicamentos.Dijo que les aseguraron que a nivel internacional existe un desabastecimiento de medicamentos oncológicos y es esa la razón por la que algunos de los fármacos no han llegado al país. “Pero esto es mentira”, expresó.Aceptó que la adquisición de medicamentos oncológicos no es fácil, sin embargo, pidió que las autoridades acepten que no han podido encontrar una solución “que nos digan (que no hacen las compras) porque no sabían hacerlas y ver para adelante y buscar soluciones”.La crisis por el desabastecimiento de medicamentos en el sector salud se agudizó en 2019 debido a los recortes presupuestarios y a los cambios en la forma de comprar las medicinas impuestos por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia de la República el 1 de diciembre de 2018.MÁS DE ESTE TEMA:Padres de niños con cáncer en México siguen a la espera de fármacosPadres de familia denunciaron que continúa el desabasto de medicamentos para niños con cáncer“Si la pandemia no los mata, los va a matar el desabasto”: padres de niños con cáncer en huelga de hambre por falta de medicamentos

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Drones y equipo especializado de vigilancia: la inversión solicitada por Lozoya para combatir ‘huachicoleo’ que no sirvió

(Foto: especial)Durante la administración de Emilio Lozoya al frente de Petróleos Mexicanos (Pemex) el robo de combustible o “huachicol” se incrementó 83%, a pesar de que se utilizaron lanchas con ametralladoras, drones, aviones con radares, helicópteros y vehículos todo terreno para combatir el delito.De acuerdo con un estudio de la Cámara de Diputados elaborado con datos de Pemex y el cual fue citado por Milenio, en 2013 se registraron 2,871 tomas clandestinas, mientras que en 2015 se detectaron hasta 5,252 puntos de ordeña de hidrocarburo.Durante el primer año de Lozoya al frente de Pemex, si se compara con el último año del sexenio del ex presidente Felipe Calderón, el robo de combustible pasó de 1,635 tomas a 2,871, un incremento de 75.5%.Según la denuncia presentada por Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 11 de agosto, cuando asumió la dirección de Pemex solicitó una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio; de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; y de la Marina, Vidal Francisco Soberón, para la creación de un grupo de trabajo que combatiera el huachicoleo.Emilio Lozoya Austin (REUTERS/Henry Romero) (HENRY ROMERO/)Acorde con la declaración de Lozoya Austin, se determinó invertir en tecnología y equipamiento, ya que lo adquirido por el gobierno federal entre 2011 y 2012 estaba obsoleto, tal es el caso de “lanchas con ametralladoras y drones que, después de cierta distancia perdían la señal y se desplomaban”.La inversión consistió en la adquisición de “aviones con radares, helicópteros y vehículos todo terreno que tenían comunicación entre sí y permitían detectar delitos y de esa forma operativamente responder con más rapidez”. Sobre el equipo, Lozoya mencionó que tardó entre 18 y 20 meses en ser entregado y que, cuando comenzó a utilizarse, el robo de combustible “bajó de forma importante”.En el documento relata que sus sucesores cancelaron este programa contra el huachicol al considerarlo un gasto, puntualizando que la medida derivó en el incremento de este ilícito en los últimos tres años del sexenio de Enrique Peña Nieto.“Sin embargo, de forma absurda e incongruente, mis sucesores decidieron parar este programa por considerarlo un gasto, ante la fuerte protesta de las fuerzas armadas. El resultado fue que en los últimos tres años del sexenio se incrementó el robo en más de 150%, resultando en pérdidas monumentales para las finanzas de la nación”, dijo Lozoya Austin.Foto: REUTERS/Daniel Becerril (DANIEL BECERRIL/)Todas las mañanas en tu correo: suscríbete al newsletter de Infobae MéxicoJosé Antonio González Anaya sustituyó a Emilio Lozoya en la dirección de Pemex (en febrero de 2016,) mismo que es mencionado en diversas ocasiones en la denuncia que se presentó ante la FGR.Además, aclaró que el General Eduardo León Trauwitz, quien fue subdirector del Área de Salvaguarda Estratégica de Pemex, “no dependía de mí y estaba plenamente coordinado con las áreas de seguridad del gobierno federal”.León Trauwitz, quien fuera escolta de Peña cuando era gobernador del Estado de México, es uno de los señalados por su complicidad a grupos delictivos para la sustracción de combustible (delitos de delincuencia organizada y sustracción de hidrocarburos).En enero de 2019, León Trauwitz era agregado militar en Panamá y se le pidió regresar al país como parte de la pesquisa, además se amparó para que sus cuentas bancarias no siguieran congeladas. Después huyó del país por lo que a inicios de 2020, la FGR solicitó apoyo a la Interpol para lograr su captura.MÁS DE ESTE TEMA:Lozoya reveló cómo saqueaban: López Obrador insistió que intentaban arruinar a PemexEsta es la denuncia completa de Emilio Lozoya: el documento que cimbró a toda una generación de políticos en MéxicoHuachicoleo marítimo: Emilio Lozoya también es investigado por robo de combustible en altamar, informó UIF

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Daniel Vila, contra Macri: “Mandó al ministro Aguad a meterme una denuncia penal”

El empresario aseguró que tiene “capturas” y “fotocopias” de una presunta presión del mandatario a favor de Clarín, certificadas por un escribano. Mirá el video.

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