Francisco Javier Zuluaga, alias Gordolindo, narcotraficante financiador de los paramilitares – crédito Colprensa/ArchivoFrancisco Javier Zuluaga, alias Gordo Lindo, intentó burlar la extradición que pesaba en su contra a Estados Unidos colándose en el proceso de desmovilización paramilitar, pero fue descubierto como un narcotraficante puro. Pese a ese antecedente buscó acogerse a la JEP para ser beneficiado con la libertad, y aunque fue rechazado por el tribunal especial, logró su objetivo por otro camino: el desorden judicial.
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Ministro de Justicia, Néstor Osuna,| Foto: Cortesía Ministerio de JusticiaEl ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha emitido una preocupante alerta sobre una serie de incidentes violentos que han afectado a los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en diferentes regiones del país en los últimos meses. Los asesinatos, amenazas y desapariciones que han sufrido estos trabajadores han generado una grave situación que requiere medidas inmediatas.Según el ministro, se ha registrado un aumento notable de amenazas contra la vida e integridad de los funcionarios que desempeñan labores de custodia y vigilancia en el Inpec, incluso el director de la institución, el Coronel Gutiérrez, ha sido objeto de estas amenazas.En un caso reciente, el dragoneante Diego Hernando Lemus fue asesinado en la cárcel de Valledupar. El sindicato de trabajadores de centros penitenciarios (UTC) había advertido sobre un presunto plan para atacar a los uniformados, y la denuncia se difundió a través de panfletos en distintas ciudades. Además, Sebastián Carrillo Ochoa, otro miembro del cuerpo de custodia del Inpec, lleva más de tres meses desaparecido.El Ministro Osuna se mostró firme en su condena a estos actos violentos y subrayó que tales sucesos han cobrado fuerza a medida que se implementan estrategias para combatir la corrupción en el sistema carcelario y delitos como la extorsión perpetrada desde los centros penitenciarios.El funcionario advirtió que estas situaciones podrían estar relacionadas con la estrategia novedosa que el gobierno ha implementado para luchar contra la corrupción y la extorsión en las cárceles. “Estamos pisando callos de estructuras criminales poderosas y también de funcionarios del Inpec que se han dejado corromper y que son cómplices o partícipes de esos actos de corrupción”, afirmó.El ministro hizo hincapié en que la mayoría de los funcionarios del Inpec son víctimas de la combinación entre la criminalidad y la corrupción que afecta a algunos de sus compañeros. Destacó que la representación sindical se opone a estas prácticas y se compromete a seguir trabajando en la lucha contra la extorsión y la corrupción.Asimismo, Osuna remarcó que los funcionarios del Inpec son servidores públicos de vital importancia para la sociedad y que merecen el apoyo y reconocimiento. Hizo un llamado a respaldar especialmente a aquellos que desempeñan labores de seguridad y vigilancia en los centros penitenciarios. “No puede ser que en nuestra sociedad haya muertos de mayor categoría que otros”, subrayó.Osuna resaltó la importancia de entender que un ataque contra un funcionario del Inpec es como un ataque a un miembro de la familia, ya que están protegiendo y sirviendo a la comunidad de manera similar a los miembros de la Policía y las Fuerzas Militares.Para abordar esta problemática, el Ministro anunció que se implementarán estrategias de choque, que incluirán un refuerzo de la seguridad para los servidores del Inpec. Además, en colaboración con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se convocará a un consejo de seguridad para revisar estrategias y acciones que permitan enfrentar esta creciente ola de inseguridad y criminalidad.En un gesto de respaldo y solidaridad, el gobierno acompañará las marchas convocadas por los funcionarios del Inpec, las cuales tendrán lugar el jueves, con el fin de reclamar medidas para garantizar su vida y seguridad.
En una visita realizada a las celdas de Carlos Mattos y Emilio Tapia en la cárcel La Picota de Bogotá, tras las denuncias reveladas en días pasados sobre que ambos tenían lujos e incluso estaban remodelando sus sitios de reclusión, la Contraloría en compañía de la Defensoría no encontraron nada irregular. (Colprensa-Externos).Después de que se revelara que el empresario Carlos Mattos, culpable por corrupción judicial, ha abusado de los beneficios que le han otorgado las autoridades, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenó que lo cambiaran de centro reclusorio. En la noche de este 2 de marzo, el presidiario fue trasladado de la cárcel La Picota de Bogotá hasta la cárcel el Barne, en Combita, Boyacá.“Fue trasladado el señor Carlos Mattos desde la Penitenciaria La Picota, en Bogotá, hacía el establecimiento el Barne, ubicado en Cómbita, Boyacá. Allí estará con personal de custodia, que brindará vigilancia permanente. (…) Mattos será recluido en las mismas condiciones en las que se encuentran los demás privados de la libertad”, informó el ministro de Justicia, Wilson Ruiz.En video quedó registrado cómo funcionarios del Inpec llegaron a la celda de Mattos en La Picota y le informaron que tenían una orden para trasladarlo. El presidiario aceptó sin objetar y empezó a empacar sus pertenencias y sus medicinas.“Tenemos órdenes para trasladarlo a otro establecimiento de reclusión nacional”, informó el guardia del Inpec.El único cuestionamiento que hizo Mattos fue acerca de a donde sería trasladado. Por razones de seguridad la información no podía ser revelada, por lo que el guardia del Inpec le indicó al empresario que en el camino se “iría dando cuenta”.Antes de salir con destino a Cómbita, Mattos pidió ser atendido por un médico porque informó que estaba descompensado. Aseguró que durante todo el día se había sentido mal.Una vez fue revisado por el médico, salió a Cómbita escoltado por personal del Inpec. Se indicó que a las 11:30 p. m. el exempresario ya estaba en su nuevo centro reclusorio, donde fue reseñado y le tomaron las huellas dactilares de nuevo como parte del proceso.Trsladas de cárcel a Carlos MattosMientras Mattos era trasladado, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación llegaron a la oficina del empresario, ubicada al norte de Bogotá, para allanarla. Los agentes están buscando documentos o elementos irregulares después de que se conociera que el presidiario se voló un par de horas de la cárcel La Picota para reunirse allí con diferentes personas, entre ellas, su abogado Iván Cancino.Esta información fue revelada este mismo 2 de marzo por Noticias Caracol, que publicó un video en el que ve al presidiario saliendo del médico, actividad para la que supuestamente sí tenía permiso. El problema es que posteriormente se moviliza del centro de salud a su oficina, que queda ubicada en el norte de Bogotá.Se resalta que el traslado lo hizo sin ningún tipo de seguimiento por parte del Inpec. Además, fue capturado por las cámaras usando el carril de TransMilenio para su movilización, lo que para muchos son escenarios aptos para una posible fuga.Cabe mencionar que dos semanas antes de que se revelara esta información, funcionarios de la Contraloría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo visitaron La Picota porque habían recibido denuncias de que el presidiario tenía lujos en la cárcel. Incluso, se habló de que el presidiario estaba remodelando su celda.Esta información fue desmentida por el contralor Sebastián Montoya, encargado de realizar la visita y quien aseguró no encontrar elementos irregulares.“Dentro de ella (la celda de Mattos) no se encontró ningún elemento que fuera irregular para las condiciones en las que se encontraban”, sostuvo Montoya.Las autoridades aseguraron que continuarían vigilando las instalaciones de La Picota para detectar cualquier irregularidad a tiempo, sin embargo, el medio de comunicación les ganó la denuncia.Debido al escándalo que se ha desatado por posibles problemas de corrupción al interior del reclusorio, este miércoles el presidente de la República, Iván Duque, ordenó destituir al director del Inpec, Mayor General Mariano Botero Coy y al director de la cárcel La Picota, Wilmer Valencia.Así mismo, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial informó en sus redes sociales que se encuentra evaluando la posibilidad de que se abra una investigación en contra de los abogados Iván Cancino y Laura Kamila Toro, quienes estuvieron reunidos con Mattos en su oficina. Como se ven en una carta firmada por Diana María Vélez, el caso fue enviado a la Comisión Seccional de Bogotá para que establezca si los litigantes incurrieron en “faltas disciplinarias en el ejercicio de profesión de abogado”.SEGUIR LEYENDO:Tras el pedido de 39 países, el fiscal de la Corte Penal Internacional investigará la invasión de Rusia a UcraniaColombia se ofrece a mediar en el conflicto Ucrania – Rusia