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Ministro de Justicia desmiente alcances de decreto sobre dosis mínima: Uribe dijo que abre la puerta al fentanilo

La expedición del Decreto 2114 del 7 de diciembre de 2023 levantó una polvareda en la que las imprecisiones y verdades a medias han desenfocado la discusión. Si bien el decreto levanta la prohibición para el porte de la dosis mínima en Colombia —que el gobierno de Iván Duque definió era objeto de multas—, desde la oposición al Gobierno nacional han cuestionado la medida diciendo que solo beneficia a los jíbaros o que abre la puerta al consumo de fentanilo en el país.Es por esto por lo que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, salió a aclarar los alcances de la norma, despejando las preocupaciones que pueden suscitarse ante mensajes, como los del expresidente Álvaro Uribe, que advirtió que la expedición del decreto “es el camino ascendente al fentanilo y a la muerte”.Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.Lo primero que dijo el ministro Osuna, en un video que publicó el presidente Gustavo Petro en X, es que el decreto “no elimina la prohibición de comercio, ni de tráfico, de microtráfico, ni ningún comercio de drogas. Eso sigue severamente prohibido por la ley colombiana. No nos llamemos a engaños”.Después, enfático, recalcó que “lo único que hace” el Decreto 2114 de 2023 es “derogar la sanción de multa que había puesto el gobierno anterior para el porte de dosis personal” y que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado determinaron que el porte de la dosis personal “no se puede sancionar administrativamente”.“La Corte Constitucional, en varias sentencias, ha mencionado que el porte no se puede sancionar administrativamente. También el Consejo de Estado, revisando ese decreto que estamos derogando ahora, manifestó que no se podía utilizar la figura de una sanción con multa para el porte, porque lo que está prohibido en Colombia es el comercio, el tráfico. Por eso estamos derogando esa norma que permitía establecer una multa para el porte de dosis personal”También reiteró que en Colombia está prohibido el comercio y el tráfico de drogas, no el consumo, y que el Gobierno está es ajustando las normas a lo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado: “No va a haber multas, ni persecución policial para el porte de dosis personal, a eso es a lo que se reduce el decreto que se ha expedido el Gobierno el 7 de diciembre, es decir, ajustar las normas a lo que ha dicho la jurisprudencia desde ya unos cuantos años y que lo ha reiterado el año pasado y este año también”.¿Qué es lo que ha dicho la oposición?El ministro de Justicia salió a defender el Decreto 2114 de 2023, luego de las críticas que suscitó – crédito @MinjusticiaCo/XEl líder natural de la oposición, el expresidente Uribe, en X, reaccionó a la noticia con un mensaje que se presta para prender las alarmas, pues a su juicio, con el Decreto 2114 de 2023, prácticamente, ese está legalizando el consumo recreativo —cosa que no es cierta— y que es el “camino ascendente al fentanilo y la muerte”.“Ir más allá, con la legalización del consumo recreativo y la eliminación de controles policivos, es un paso para generalizar la familia disfuncional, para destruirla, para llevar a la juventud a la ansiedad y a la aniquilación. Esto contribuye a destruir la Nación, así al principio no se note. Es el camino ascendente al fentanilo y a la muerte”El expresidente también comentó la expedición del Decreto 2114 de 2023 – crédito @AlvaroUribeVel/XPor su parte, el expresidente Duque, que es padre del decreto que derogó el Gobierno Petro, reaccionó a la noticia diciendo esta es “otra medida en favor del crimen” y que “les llegó su diciembre a los delincuentes”:“El decreto derogado buscaba decomisar drogas en las calles, no criminalizar consumidores. Era una medida contra los jíbaros para garantizar entornos seguros. Con las nuevas deposiciones, les llegó su diciembre a los delincuentes. Otra medida en favor del crimen y el detrimento de los niños, niñas, la juventud y las familias colombianas”El expresidente arremetió contra el Gobierno Petro por su decisión de derogar el decreto que daba facultades a la Policía para luchar contra el microtráfico – crédito @IvanDuque/XEl presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, en diálogo con Infobae Colombia, cuestionó la expedición del decreto diciendo que este “deja sin instrumentos a la Policía, precisamente, para evitar que los jíbaros terminen comercializando marihuana en el país”. También advirtió que este tipo de medidas “está es acabando con el futuro de Colombia”.“Es una idea que el Gobierno ha venido, ha sido impulsada incluso en el Congreso, pero que creo que no le va a traer al país ningún beneficio al futuro, especialmente con la juventud y sobre todo con sectores de clase media, que muy seguramente terminarán presos de jíbaros que permanentemente están ofreciendo droga en cuanta plaza pública, y cómo ahora la pueden fumar en la calle con la derogatoria del decreto, que facilita el consumo, me parece que es una muy mala idea para el país”

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Ministro de Justicia alerta sobre casos de asesinatos y amenazas, tras endurecimiento de estrategias contra la extorción en las cárceles

Ministro de Justicia, Néstor Osuna,| Foto: Cortesía Ministerio de JusticiaEl ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha emitido una preocupante alerta sobre una serie de incidentes violentos que han afectado a los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en diferentes regiones del país en los últimos meses. Los asesinatos, amenazas y desapariciones que han sufrido estos trabajadores han generado una grave situación que requiere medidas inmediatas.Según el ministro, se ha registrado un aumento notable de amenazas contra la vida e integridad de los funcionarios que desempeñan labores de custodia y vigilancia en el Inpec, incluso el director de la institución, el Coronel Gutiérrez, ha sido objeto de estas amenazas.En un caso reciente, el dragoneante Diego Hernando Lemus fue asesinado en la cárcel de Valledupar. El sindicato de trabajadores de centros penitenciarios (UTC) había advertido sobre un presunto plan para atacar a los uniformados, y la denuncia se difundió a través de panfletos en distintas ciudades. Además, Sebastián Carrillo Ochoa, otro miembro del cuerpo de custodia del Inpec, lleva más de tres meses desaparecido.El Ministro Osuna se mostró firme en su condena a estos actos violentos y subrayó que tales sucesos han cobrado fuerza a medida que se implementan estrategias para combatir la corrupción en el sistema carcelario y delitos como la extorsión perpetrada desde los centros penitenciarios.El funcionario advirtió que estas situaciones podrían estar relacionadas con la estrategia novedosa que el gobierno ha implementado para luchar contra la corrupción y la extorsión en las cárceles. “Estamos pisando callos de estructuras criminales poderosas y también de funcionarios del Inpec que se han dejado corromper y que son cómplices o partícipes de esos actos de corrupción”, afirmó.El ministro hizo hincapié en que la mayoría de los funcionarios del Inpec son víctimas de la combinación entre la criminalidad y la corrupción que afecta a algunos de sus compañeros. Destacó que la representación sindical se opone a estas prácticas y se compromete a seguir trabajando en la lucha contra la extorsión y la corrupción.Asimismo, Osuna remarcó que los funcionarios del Inpec son servidores públicos de vital importancia para la sociedad y que merecen el apoyo y reconocimiento. Hizo un llamado a respaldar especialmente a aquellos que desempeñan labores de seguridad y vigilancia en los centros penitenciarios. “No puede ser que en nuestra sociedad haya muertos de mayor categoría que otros”, subrayó.Osuna resaltó la importancia de entender que un ataque contra un funcionario del Inpec es como un ataque a un miembro de la familia, ya que están protegiendo y sirviendo a la comunidad de manera similar a los miembros de la Policía y las Fuerzas Militares.Para abordar esta problemática, el Ministro anunció que se implementarán estrategias de choque, que incluirán un refuerzo de la seguridad para los servidores del Inpec. Además, en colaboración con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se convocará a un consejo de seguridad para revisar estrategias y acciones que permitan enfrentar esta creciente ola de inseguridad y criminalidad.En un gesto de respaldo y solidaridad, el gobierno acompañará las marchas convocadas por los funcionarios del Inpec, las cuales tendrán lugar el jueves, con el fin de reclamar medidas para garantizar su vida y seguridad.

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