Parlamentaria andina se mostró en contra de la desaparición de la Comisión de Ética. | CongresoLa parlamentaria andina Leslye Lazo, electa por Acción Popular, se refirió a la propuesta de que la Comisión de Ética del Congreso de la República sea eliminada ante la demora en sus investigaciones, considerando que ello brinda una mala imagen a la entidad. En diálogo con Infobae Perú, la funcionaria se mostró en contra de dicha iniciativa e indicó los motivos.A su consideración, el grupo de trabajo está conformado por un equipo técnico especializado con muchos años de experiencia y es más bien a los congresistas a quienes se debería apuntar por sus decisiones frente a los informes elaborados. “No veo que exista el interés de un grupo especializado en dilatar un caso; por el contrario, creo que los profesionales buscar concluir en menor tiempo todos los casos acumulados que se tienen, además, los parlamentarios siempre tienen la opción de exigir que un caso camine de acuerdo al plazo reglamentario”, explicó a este medio.En esa línea, sostuvo que “es momento de que la Comisión de Ética del Congreso sea objetiva y sanciones sin miedo a los congresistas que no hayan respetado nuestras normas internas y estén involucrados en presuntas irregularidades, creo que un grupo tan importante debe ser imparcial”.La Comisión de Ética tuvo que levantar la sesión del lunes 15 de abril por falta de quorum. – Crédito: Congreso de la RepúblicaA su juicio, este grupo legislativo debe realizar sus labores sin protagonismos y evaluar las denuncias —que lleguen de parte o se aperturen de oficio— sin miedo a la presión de alguna bancada o la presión mediática, a fin de que se logre sancionar a un investigado cuando existen medios probatorios y suficientes elementos. “Cuando no existan elementos suficientes para una sanción, el caso debe archivarse. Creo que se debe ser justo en una decisión tan importante, ya que se ha visto casos, en periodos legislativos anteriores, donde los congresistas sancionaban por presión de la prensa, que es lo que no debe suceder ahora”, manifestó Lazo. En otro momento, mencionó que no cree que sea conveniente que un parlamentario sancionado sea reemplazado por su accesitario, puesto que podría generar que existan muchos casos de denuncias sin sentido contra los legisladores y hasta “podría politizarse” una sanción, a fin de que se busque beneficiar a un accesitario. “Considero que el reemplazo de un accesitario, sin duda, podría politizar las sanciones en la Comisión de Ética y eso no sería bueno para ese grupo legislativo, además, de que podría generar un exceso de denuncias sin argumentos que solo perjudicaría la imagen del Congreso de la República, que es algo importante en vista de la baja aprobación que tiene, según las encuestas”, refirió la parlamentaria andina.
Tag: PERU-POLITICA
| Fotocomposición: Infobae Perú / Keiko FujimoriLa Fiscalía de la Nación archivó el caso Limasa, que implicaba a los hijos del expresidente Alberto Fujimori: Hiro, Sachi y Kenji, tras no encontrar evidencia suficiente para continuar con la investigación. La decisión fue comunicada por el abogado Elio Riera.“Se ha determinado archivar esta investigación calumniosa por la cual se injurió y se mancilló el honor. Saludamos la resolución del doctor [Eduardo] Cueva, con imparcialidad, en la que se ha demostrado que tenemos la razón”, señaló el letrado en Canal N.La resolución emitida por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos consideró que no existe “mérito para formalizar ni continuar con la investigación preparatoria”, por lo que dispuso el archivo definitivo.Foto de archivo del expresidente peruano Alberto Fujimori (c) (1990-2000), acompañado de sus hijos, Keiko (d) y Kenji Fujimori (i). EFE/ Aldaír Mejía
(Aldaír Mejía/)La decisión se dio en respuesta a la solicitud remitida por Riera “por convenir al derecho de defensa y del debido proceso”. En el documento, se precisa que recurre al despacho de la Fiscalía “a mérito de lo dispuesto en el Artículo 334 del Código Procesal Penal, con la finalidad de solicitar que se disponga el archivo definitivo de la presente investigación”.¿Qué es el caso Limasa?El caso Limasa inició en febrero de 2017, cuando el fiscal Eduardo Cueva inició una indagación preliminar contra Kenji Fujimori por un presunto lavado de activos a través de Integrated Global Logistics (IGL), previamente conocida como Logística Integral Marítima Andina (Limasa), vinculada a la familia Fujimori Higuchi. Se sospechaba que esta organización había sido usada para blanquear fondos obtenidos ilícitamente durante la gestión presidencial de Alberto Fujimori en los años noventa. Curiosamente, Limasa fue constituida en abril de 2009, con un capital inicial de 40 mil soles, que para el año 2014 ya superaba los 2 millones de soles.El caso ganó notoriedad en 2013, cuando se descubrieron 300 kilogramos de droga en uno de los almacenes de la empresa, ubicado en Callao. A pesar de que inicialmente se abrió una investigación por tráfico de drogas, esta también fue archivada. La evolución del capital de la empresa, levantó sospechas y generó interrogantes sobre la fuente de este crecimiento exponencial.Exparlamentario tenía un desbalance de más de 400 mil soles, según la PNP. | EFE (Ernesto Arias/)¿Cuánto dinero ilícito habría adquirido cada implicado en el caso?El cálculo de desbalance patrimonial registrado por el Ministerio Público superaba los tres millones de soles, representando un monto exacto de S/ 3′021.493,88; el que, según la tesis fiscal, habría sido repartido entre los cuatro implicados en el caso.De acuerdo a la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la PNP, que remitió los informes contables correspondientes, Kenji Fujimori registró un desbalance patrimonial de S/466.747 soles; su hermana Sachi Fujimori y su esposo, Marc Koenig, registraron entre los dos un desbalance de S/1 millón 395 mil 691 soles; mientras que Hiro Fujimori registró un total de S/1 millón 159 mil 54 soles. Estos desbalances fueron detallados por un informe extenso del medio Ojo Público en el 2021.En ese entonces, la defensa del exparlamentario presentó un Informe Económico Financiero de Parte para que la Fiscalía considere, entre otras cosas, S/. 301,700 por un contrato de mutuo celebrado con Miguel Ramírez Huamán, así como una prima de capital de S/. 304,750. Sin embargo, este fue rechazado porque carecía de legalización notarial, y “técnica y legalmente dicho documento no [es] factible de ser valorado como ingreso”.En el caso de Hiro, alegó que reside en Japón y obtuvo ingresos por concepto de alquiler de inmuebles, préstamos, transferencias y remuneraciones. No obstante, el informe pericial señaló que “no existe evidencia documentaria que las referidas sumas de dinero hayan sido remitidas al Perú a través del sistema financiero, envíos por courrier u otros de carácter formal, a fin de que forme parte del flujo de los ingresos”.
La presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra participó en inauguración de nuevas instalaciones de la I. E. Genaro Martínez Silva en Catacaos, Piura. (Melina Mejia/)El despacho de la presidenta Dina Boluarte desmintió este lunes una denuncia que figura en el Sistema de Registro y Control de Denuncias de la Policía Nacional (PNP) respecto a la “perdida” de una supuesta boleta de venta que se encontraba dentro de una caja con “cuatro Rolex”.Según el documento de consulta, el reporte fue registrado a las 22:50 horas del pasado 28 de marzo, 14 días después del destape periodístico de La Encerrona. Boluarte presuntamente fue enterada del suceso ese mismo día, después de que su “personal de limpieza” le dijera había “botado” el documento. “Consulté e indica que fueron hace varios días antes […] no pude percatarme por mis labores como funcionaria”, se lee en el reporte online de la PNP, cuya autenticidad fue desmentida por la oficina presidencial. “[Rechazamos] este tipo de prácticas malintencionadas y tendenciosas”, anotó un escueto comunicado. El estudio de Mateo Castañeda, abogado de la gobernante en este caso, también indicó que la denuncia es falsa, de acuerdo con un despacho de Jonathan Castro, editor del noticiero que expuso el llamado ‘Rolexgate’, por el cual la gobernante está incursa en una investigación de presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaración. La denuncia, registrada por el sistema de la institución policial un día antes del allanamiento de la residencia de Boluarte y Palacio de Gobierno, consigna el DNI de la jefa de Estado, su fecha de nacimiento y su situación de “denunciante”. Hasta el momento, la PNP no se ha pronunciado al respecto.En desarrollo.
El expresidente peruano Alberto Fujimori (c), acompañado de sus hijos, Keiko (d) y Kenji Fujimori (i), sale del penal luego de quedar en libertad en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional, el 6 de diciembre de 2023, en Lima (Perú). EFE/ Aldaír Mejía
(Aldaír Mejía/)La sentencia del Tribunal Constitucional que restituye el negociado indulto a favor del exdictador Alberto Fujimori, así como su liberación a inicios de diciembre, ha sido invocada en la audiencia de apelación de sentencia por el caso ‘Mamanivideos’, caso por el que los excongresistas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel han sido condenados en primera instancia a 4 años y 6 meses de prisión efectiva.Fue la defensa de Bocángel quien solicitó a la Sala Suprema Penal Permanente que preside el juez supremo César San Martín que se consideren las resoluciones del TC al emitir la sentencia del caso. Argumentan que la excarcelación de Fujimori Fujimori corrobora que el indulto fue “legal” y “legítimo”, por lo que, afirma, los investigados no habrían incurrido en delito de tráfico de influencias.Este argumento fue rechazado por el fiscal César Augusto Zanabria Chávez, de la Primera Fiscalía Suprema Penal. Al respectó, recordó que el Estado peruano es parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).Zanabria también sacó a colación que este tribunal supranacional ordenó al Perú abstenerse de ejecutar el indulto en dos ocasiones y que, ante el incumplimiento por parte del Gobierno, declaró al Estado en desacato.“Esto significa que las autoridades correspondientes emitan el pronunciamiento que puedan recaer. El hecho de que se haya emitido esta resolución en el TC no significa que no haya existido cohecho ni tráfico de influencias en el indulto del 24 de diciembre del año 2017 firmado por Pedro Pablo Kuczynski. No solo porque no lo dice el Tribunal Constitucional en estas resoluciones, sino porque ello ha sido acreditado con los audios y videos que hemos mencionado anteriormente, y con la propia versión del señor (Moisés) Mamani”, aseveró el representante del Ministerio Público.Kenji Fujimori en su juicio oral por el caso ‘Mamanivideos’. (Poder Judicial)Los pedidosKenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel solicitan a la Sala Suprema Penal Permanente que la sentencia de la Sala Penal Especial sea revocada y, a cambio, que se les absuelva del delito de tráfico de influencias. Los 3 exparlamentarios, a través de sus defensas, alegaron que las grabaciones entregadas por Moisés Mamaní habrían sido manipuladas para incriminarlos en actos ilícitos.Por otro lado, la Fiscalía solicita que la sentencia de primera instancia sea revocada en el extremo que declaró inocentes a los investigados del delito de cohecho activo genérico y se eleve la pena privativa de la libertad a 6 años y 6 meses.A su turno, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, representada por el procurador Milton Vílchez Grandez, requirió al tribunal supremo incrementar la reparación civil a favor del Estado de 500 mil soles a un millón de soles. Este monto deberá ser cancelado por los condenados de manera solidaria.El amparoLa invocación de la sentencia del TC a favor de Alberto Fujimori y los argumentos relacionados a las pruebas no son las únicas vías con las que los excongresistas del bloque ‘Avengers’ buscan evadir ir a prisión.Guillermo Bocángel reiteró su pedido para que sea excluido del caso por la sentencia en un proceso de amparo que anula la acusación constitucional en su contra por el caso ‘Mamanivideos’ ya que votaron miembros de la Comisión Permanente en el Pleno del Congreso, algo que está prohibido por la Constitución.Kenji Fujimori y Bienvenido Ramírez alegaron lo mismo, no obstante, no son beneficiarios en el proceso de amparo. Infobae Perú informó previamente que dichos exlegisladores intentaron sin éxito incorporarse, en calidad de litisconsortes, al proceso constitucional que inició Bocángel.
Ha pasado más de un año desde que Dina Boluarte asumió las riendas del país ante el fallido autogolpe de Pedro Castillo, pero también más de 360 días desde que se iniciaron las protestas en su contra que dejó más de 50 fallecidos. A la fecha, aún no se encuentra a los responsables de los asesinatos en diversas regiones.En una entrevista al seminario Hildebrandt en sus trece, su exministra de Educación, Patricia Correa Arangoitia, manifestó cómo fue la reacción de la jefa de Estado y qué hizo al enterarse a través de las redes sociales de la represión en Ayacucho y Apurímac —su región natal—.Es así como, la entonces titular de esta cartera junto a su colega Jair Pérez Brañez (Cultura) fueron recibidos por Boluarte. En ese momento, la ministra le enseña los videos que circulaban y se evidenciaba disparos de las fuerzas del orden en contra de los ciudadanos y los comentarios de lo sucedido.Discurso de Dina Boluarte donde lamenta muertes en protestas, a pesar de que había visto los videos| Andina/ OjoPúblico (Miguel Gutiérrez)A pesar de la insistencia, Boluarte prefirió decir que “no es la información” que ella manejaba y que incluso “no la tenía completa”. Sin embargo, afirmaba que manejaba detalles de que fue la propia población que había emboscado a la Policía Nacional del Perú y así justificaba el ingreso de los militares.Ante los clips que ya había visto y la presunta información recibida, de la que decía desconocer, no se comunicó con ninguna autoridad para conocer más de los escenarios violentos que se reportaron esos días durante casi una hora de este encuentro.Una renuncia y sin explicacionesSe desconoce si la presidenta fue la primera vez que visualizó estos videos, pero finalmente no mostró ningún interés por conocer lo sucedido. Correa Arangoitia no solo fue a presentar su renuncia a su cargo, sino también a pedir explicaciones.A su vez, le pidió que realice una reunión con todos los titulares y que debería “pedir perdón” a la población. Además, que buscara la salida del entonces premier y de los ministros de Defensa e Interior, “porque ellos eran los responsables políticos de esas muertes”.Dina Boluarte y Patricia Correa Arangoitia en la ceremonia de juramentación| PresidenciaLa exministra junto a su colega Pérez Brañez le recomendaron no asistir a una actividad militar, la cual sería la ceremonia de graduación de los alféreces y subtenientes de la Escuela Militar de Chorrillos. Boluarte hizo caso omiso a las palabras de sus titulares.“Lamento los trágicos acontecimientos que ha cegado la vida de varios compatriotas en varias regiones del país, esto tiene que parar. Este gobierno de transición que presido, entiende y sigue recogiendo las demandas de los millones de peruanos y peruanas que han salido legítimamente a alzar su voz, la misma que seguimos respaldando y ratificando que la Policía y las Fuerzas Armadas tienen claras instrucciones para salvaguardar y la integridad de los derechos humanos de los manifestantes”, fueron sus primeras palabras del 16 de diciembre de 2022.Asimismo, indicó que “condena enérgicamente actos vandálicos” que utilizaron algunos “radicales”. Por ello, señalaba que había convocado a líderes de las iglesias para que se instale una mesa de diálogo en cada región que acataron las protestas.Premier brindó los anuncios adoptados en el último consejo de ministros. | PCMTensos momentosApurímac, el departamento que vio crecer a la presidenta, también reportaba fallecidos en medios de las protestas. Por ello, la jefa de Estado le pidió al entonces ministro de Defensa, Alberto Otárola, que busque dialogar con los manifestantes de la región, pero esto no pudo darse.“Él [Otárola] no pudo aterrizar, la población no lo dejó. Al día siguiente, en sesión de Consejo de Ministros, lunes 11 de diciembre, Boluarte le reclamó duramente cómo es que no había podido llegar a Andahuaylas. Todo el gabinete vio a un ministro de Defensa humillado, disminuido, pero después todo cambió”, dijo al citado medio.
En Sarratea, Pedro Castillo mantuvo encuentros extraoficiales con altos funcionarios y empresarios. Foto: composición InfobaeEl golpista expresidente Pedro Castillo está en la obligación de entregar la lista de funcionarios y empresarios que lo visitaron en la vivienda ubicada en el pasaje Sarratea de Breña, inmueble que era propiedad del prófugo Alejandro Sánchez Sánchez. Ello luego de que el Poder Judicial confirmara la sentencia en primera instancia que ordena al exmandatario a dar cumplimiento a la solicitud de transparencia formulada por el ciudadano Jorge Lazarte Molina.En la resolución a la que accedió Infobae Perú, La Tercera Sala Constitucional de Lima, tribunal que ratificó el fallo de enero de este año, dio un plazo de 5 días hábiles a la Presidencia de la República para que se entregue la información requerida bajo apercibimiento de que el no acatamiento de la orden judicial sea notificado al Ministerio Público “para que actúe de acuerdo con sus atribuciones”.La lista a entregar deberá contener nombres y apellidos de los asistentes, documentos de identidad, fecha y hora de ingreso y motivo de visita. El plazo requerido es del miércoles 20 de octubre de 2021 al martes 16 de noviembre de 2021.Actualmente, la casa del inmueble ubicado en el pasaje Sarratea 179 está en poder del Programa de Bienes Incautados (Pronabi), luego de que el Poder Judicial confirmara el allanamiento y el descerraje en enero de este año.| Imagen: Latina – Punto FinalPresidencia dice no tener registro de SarrateaEn su recurso de apelación, la Presidencia de la República aseguró no tener información documental sobre la lista de personas que ingresaban a la casa del pasaje Sarratea ya que esta no es sede del Gobierno “a pesar de haberse solicitado a todas las instituciones correspondientes”.Según la entidad, sí cumplió con el mandato de la Primera Sala del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia, solo que no existe —oficialmente— un documento que dé cuenta de las visitas y reuniones del exmandatario en dicho inmueble.Palacio de Gobierno niega tener registro de las reuniones en Sarratea. (Foto: Captura Panamericana Tv)Pese a que la Ley 28024, que regula la gestión de intereses en la administración pública, establece que los funcionarios están prohibidos de entablar encuentros oficiales fuera de la sede de la entidad. La norma precisa que se puede dar una excepción “siempre que sea programado previamente en la agenda oficial, y en cuyo caso debe dejarse constancia del hecho y registrar la gestión conforme al reglamento”.“No se cuenta con la información correspondiente, a pesar de haberse solicitado a todas las instituciones correspondientes, no obstante, ello, el juez de manera genérica sostiene que las entidades demandadas no han cumplido con el mandamus (orden)”, insistió la entidad.Sin embargo, la Tercera Sala Constitucional de Lima aseveró que los argumentos de la apelación de la Presidencia están dirigidos a “cuestionar la validez de lo resuelto en sede administrativa (Primera Sala del Tribunal de Transparencia)”, cuando el Poder Judicial únicamente supervisa si se ha cumplido con el mandato.“Se ha señalado, además, que el inmueble particular ubicado en Pasaje Sarratea 179, distrito de Breña, es uno distinto a la sede de gobierno o a un organismo público, donde no se cuenta con la información correspondiente, a pesar de haberse solicitado a todas las instituciones correspondientes, y que las reuniones allí realizadas no habían sido programadas. Se trata de alegaciones orientadas a cuestionar la validez de lo resuelto en sede administrativa, como si la apelación de sentencia fuese una apelación administrativa, lo que no es viable en el presente proceso de cumplimiento”, indicó la sala.Por estos argumentos, el colegiado integrado por los jueces Paredes Flores, Escudero López y Velarde Acosta rechazaron la apelación de la Presidencia y confirmaron la sentencia de primera instancia. Sala confirma orden para que Pedro Castillo entregue registro de Sarratea by Diego Casimiro on Scribd
Patricia Benavides en un evento oficial del Ministerio Público. Foto: AndinaInés Tello, miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), solicitó este miércoles al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, un informe detallado sobre la condecoración entregada en marzo pasado a la fiscal general, Patricia Benavides, centrada en una pesquisa a raíz de ese distintivo.Desde hace cinco meses, el organismo investiga a la magistrada por recibir la Medalla de Lima en el Día Internacional de la Mujer, un reconocimiento promovido por el burgomaestre limeño, incurso en una investigación fiscal por la presunta comisión del delito de lavado de activos.A través de un oficio difundido por RPP, Tello requirió entregar una copia del acta de la Sesión de Consejo Metropolitano que dio lugar al acuerdo con el que se “respaldó y ratificó” la decisión de reconocer a la titular del Ministerio Público, así como derivar la documentación de todas las personas reconocidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).“[El informe se deberá] acompañar [con] las resoluciones de alcaldía correspondientes mediante las cuales se dispusieron y/o efectivizaron tales condecoraciones”, remarca en el documento. López Aliaga, líder de Renovación Popular y empresario turístico, es investigado por hechos vinculados al caso de los Panamá Papers.La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se presentó ante la Comisión de Justicia por investigación sumaria contra la JNJ.En julio del 2022, el Ministerio Público formalizó la investigación contra el actual alcalde, un socio suyo y tres de sus compañías offshore. Para la JNJ, existen “elementos suficientes sobre la presunta comisión de una falta disciplinaria” de Benavides y, por ello, dispuso abrir una investigación preliminar en su contra para determinar si procede o no la apertura de un procedimiento disciplinario.Benavides también es investigada por presuntas irregularidades en los cambios de un equipo que investiga una red de corrupción en la Judicatura conocida como ‘Los cuellos blancos del Puerto’ y por las tesis no habidas con las que obtuvo sus grados académicos.La semana pasada, la Tercera Sala Constitucional de Lima anuló una medida cautelar presentada por la fiscal de la Nación para suspender las pesquisas abiertas por la JNJ. El tribunal dispuso que el juzgado de origen (Sexto Juzgado Constitucional de Lima) expida un nuevo pronunciamiento que tome en cuenta las pautas señaladas en la resolución expedida, referidas a la motivación, y observando el principio de celeridad.La comisión de Fiscalización del Congreso conformará un grupo de trabajo para investigar los grados académicos de Patricia Benavides – crédito AndinaDe esta forma, fue aceptado el recurso de apelación presentado por el procurador de la Junta para revertir la resolución, en primera instancia, de la jueza Jacqueline Tarrillo, quien había suspendido provisionalmente las investigaciones.En desarrollo.
Javier Valle Riestra declara ante medios durante su labor como diputado, años atrás. (Foto: Andina)El constitucionalista Javier Valle Riestra, exlegislador e histórico líder del Partido Aprista Peruano (APRA), figura como parte peticionaria en la demanda interpuesta contra el Estado peruano por Víctor Polay Campos, sentenciado fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió esta acusación a inicios de 2022, pero la decisión recién se hizo pública en Lima esta semana. Los demás firmantes del documento son los abogados César Oyola y Javier Mujica Petit, así como dos familiares del exlíder emerretista, Otilia Campos y Otilia Clemencia Polay.El proceso ante la CIDH aguarda la programación de una audiencia en la que ambas partes expondrán sus argumentos para eventualmente emitir una decisión sobre el fondo del petitorio. Sin embargo, el Ejecutivo ya anunció que remitirá una “contrarrespuesta” al organismo internacionalPolay (72), condenado por terrorismo a 35 años de cárcel por dirigir las actividades del MRTA entre 1980 y 1992, fue un dirigente de la juventud aprista después de la década de los ochenta. “Tuvo mucha cercanía con el propio [exmandatario] Alan García, ambos hicieron su posgrado en Francia y me imagino que tenían también cierto grado de amistad”, dijo a Infobae Perú el historiador Héctor Huerto, editor de la Nueva Colección Documental de la Independencia del Perú (Editorial UPC).Parte peticionaria de la demanda de Polay ante la CIDH“No olvidemos tampoco que, cuando Alan García es elegido presidente en 1985, el MRTA se pronuncia y declara que van a parar toda actividad de lucha guerrillera […] porque le dieron la oportunidad al nuevo gobierno de implementar los cambios que ellos consideraban que el Perú necesitaba”, siguió. En julio de 1990, 47 miembros del MRTA, incluido el mismo Polay, fugaron del penal de alta seguridad de Castro Castro a través de un túnel con sistema de electricidad instalado. Fue un golpe duro para la lucha antisubversiva durante el gobierno de García, justo doce días antes de que Alberto Fujimori tomara el poder. El túnel de escape ―250 metros de largo, un metro y medio de diámetro y ocho metros de profundidad— había sido construido y planeado desde hace meses. Conectaba la cárcel con una vivienda aledaña que había sido comprada previamente. Desde ahí realizaron los trabajos de excavación con apoyo técnico y profesional durante casi un año. Las investigaciones determinaron que miembros policiales, encargados del resguardo en la prisión, fueron cómplices de la huida. Infobae Perú documentó este episodio en una crónica difundida en 2022. Dos años después del túnel, Polay fue recapturado y, a la fecha, se encuentra recluido en la Base Naval del Callao. En su demanda ha reclamado que sus derechos fundamentales fueron violados al momento de su detención y que su reclusión violó sus derechos a la libertad religiosa y de estudios.Su agrupación desapareció de la escena local cuando un comando dirigido por Néstor Cerpa ingresó a la residencia del embajador japonés en la capital para tomar cientos de rehenes en 1996, aunque fueron abatidos en una operación militar de rescate cuatro meses después.El MRTA es la segunda organización subversiva incluida en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) como responsable del 1,5% de las más de 69.000 víctimas que causó la violencia política en el país entre 1980 y 2000.La situación judicial de Polay generó, en 2006, un pronunciamiento de políticos de izquierda, intelectuales y artistas, quienes pidieron una “sentencia justa” y afirmaron, de igual modo, que había sido sometido a condiciones infrahumanas en los años que lleva recluido. Asimismo, consideraron que su “reincorporación” a la vida política era “fundamental para el desarrollo de la democracia”.La admisión de su demanda en el fuero internacional se ha hecho pública la misma semana del vigésimo aniversario del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que consigna también 19.200 personas desaparecidas durante el conflicto armado interno (1980-2000).
El congresista Diego Bazán, de Avanza País, fue nombrado presidente de la Comisión de Ética, del Congreso, el pasado lunes 28 de agosto, en un momento en el que se espera que este grupo de trabajo sancione al presidente del Parlamento, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), por las graves denuncias que pesan en su contra.En ese sentido, el parlamentario aseguró que las investigaciones para determinar la sanción contra el presidente de la Mesa Directiva se realizarán de forma rápida. Prometió hacerlo en tres meses y no en seis como se hizo en la legislatura pasada.“Hay que entender que todos los casos se van a ver de manera célere, no solo el del congresista. Sin embargo, creo que era necesario dar una muestra a la población de que queremos trabajar de manera distinta y convocar de manera inmediata para votar de oficio el inicio del proceso indagatorio […] Todos los casos se ven de manera independiente, debo reunirme con el equipo técnico para ver qué casos se van a votar”, explicó.Sin embargo, este jueves 31 de agosto, el parlamentario Diego Bazán aclaró que si encuentran culpable al presidente del Parlamento la Comisión de Ética solo podrá sancionarlo con 120 días.Aclaró que no pueden castigarlo con una suspensión superior a esta cantidad de días porque la norma del Congreso lo impide.“La máxima sanción que se le puede dar es de 120 días, no se puede dar más porque así está establecido. Tendríamos que tener una reforma constitucional al respecto, pero este procedimiento podría verse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales si así se determina”, dijo en RPP Noticias.El nuevo titular de la Comisión de Ética también declaró que en este grupo de trabajo solo se analizarán las denuncias presentadas contra Alejandro Soto desde el 23 de julio de 2021 en adelante. Es decir, desde que asumió su cargo como congresista.Luego, prometió que desde su despacho impulsará una reforma constitucional para que las sanciones impuestas contra los congresistas hallados responsables de irregularidades sean más severas.Para eso, dijo que propondrá la modificación del reglamento del Congreso. Así podrán tener procedimientos más rápido en casos de flagrancia en los que están involucrados los parlamentarios.“Voy a proponer la modificación del reglamento en el Congreso para tener procedimientos exprés en casos de flagrancia porque vimos casos vergonzosos que demoran cinco a seis meses. También plantearé eliminar el llamado de atención”, precisó.Máximo representante del Poder Legislativo tiene graves cuestionamientos. | Crédito: Infobae Perú / Camila CalderónDiego Bazán se opuso a la censura de Alejandro SotoA principios de agosto de 2023, se reveló que existen 55 denuncias fiscales contra Alejandro Soto, presidente del Congreso. Sin embargo, congresistas de Avanza País, entre los que figuraron Diego Bazán, se opusieron a votar a favor de la moción de censura en contra de su colega.Comentó que él volvería a votar a favor de la lista liderada por Alejandro Soto para administrar la Mesa Directiva del Congreso. Recordemos que esta propuesta fue integrada por parlamentarios de Fuerza Popular y Perú Libre, quienes finalmente terminaron ganando por mayoría de votos.En ese entonces, Diego Bazán explicó que mientras las denuncias en contra de Alejandro Soto estén en investigación no hay prueba alguna de que haya cometido un delito.“Sabíamos nosotros que definitivamente Alejandro Soto era lo mejor que estaba en ese momento en elección. Yo volvería a votar por Alejandro Soto déjame decirte. (…) Todo está en investigación. Nosotros no podemos determinar responsabilidad”, declaró en el programa televisivo ‘Octavo Mandamiento’.Diego Bazán, miembro de la Comisión de Ética, habla sobre el caso de Alejandro Soto. | Infobae Perú / Camila Calderón
Seis años después de asumir la presidencia del Club Departamental Apurímac ―integrado por apurimeños que residen en Lima―, Dina Boluarte presentó su dimisión irrevocable en medio de acusaciones de conflicto de intereses, expulsiones arbitrarias y actos irregulares para perpetuarse en el poder, según un informe difundido este martes en Al estilo Juliana.La empresaria Dina Bustinza, exsocia y exintegrante del Consejo Directivo en dos gestiones consecutivas, lidera una acusación a la que se han sumado decenas de exsocios que, en 2019, fueron expulsados irregularmente por oponerse a la jefatura de la ahora mandataria.“Después de su primera gestión, algunos no estuvimos de acuerdo con el manejo que ella tenía con el club. Se reeligió. Los que no le caíamos bien, como ella es abogada, vio que habíamos dejado de pagar y buscó la excusa para sacarnos”, señaló.El programa expuso un documento que será remitido al Ministerio Público e implica a Boluarte en la expulsión del 60% de asociados, sin respetar el debido proceso, por no estar al día en sus cuotas, pese a que el estatuto del Club Apurímac establece que esta sanción recae sobre quienes adeudan montos por un año consecutivo y tras un proceso en el Tribunal de Honor en segunda instancia.Gobernador de Puno critica una posible visita de Dina Boluarte. (Foto: Andina)“¿Cómo me saca de la intuición por no haber pagado dos meses? En tal caso, primero hay un tema de prevención que se debió comunicar a mí y a todos los expulsados, somos un montón. Es una cosa no solo injusta, sino incorrecta”, consideró Bustinza.El oficio que será dirigido a Fiscalía también contiene información sobre la supuesta colocación ‘a caballazo’ ´de 60 nuevos miembros, una acción con la cual Boluarte buscaba para tener mayoría y ser reelegida en el período 2019-2020. Los asociados no cumplían con los requisitos reglamentarios. Esta “confabulación” ya había sido expuesta en el semanario Hildebrandt en sus Trece.El mismo documento menciona que, días antes de que juramentara como vicepresidenta de Pedro Castillo y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la actual gobernante modificó el estatuto para prorrogar su mandato hasta 2024.Ya en el gobierno, Boluarte solicitó licencia y nombró como presidenta interina a Gladys Delgado, una figura eventualmente anticonstitucional, pues, según expertos, los ministros están impedidos presidir simultáneamente una asociación privada o de gestionar empresas y asociaciones sin fines de lucro.28/07/2023 LIMA, July 29, 2023 — Peruvian President Dina Boluarte attends an event to commemorate Peru’s independence in Lima, Peru, on July 28, 2023.
POLITICA
Europa Press/Contacto/Mariana Bazo
(Europa Press/Contacto/Mariana Ba/)En junio de 2022, el legislador Jorge Montoya (Renovación Popular) presentó una moción de interpelación porque, según indicó, la titularidad en el Club Apurímac contravenía el artículo 126 de la Carta Magna a partir de la supremacía constitucional recogida en el artículo 51.En el mismo reportaje, Bustinza también acusó a la política de emplear las instalaciones del club durante la campaña de Perú Libre, cuando incluso Castillo y la excandidata Verónica Mendoza firmaron una alianza política en la sede de Jesús María. “Para situaciones políticas no se usa. Cuando he ido he visto hasta la secretaria con chaqueta de Perú Libre”, abundó.La Contraloría ya había notificado que la mandataria firmó documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando formaba parte del Ejecutivo. Algunos nuevos asociados, incluso, ganaron contratos por 3,2 millones con el Estado.En su carta de dimisión, fechada el 9 de agosto, pero hecha pública esta semana, Boluarte señaló que, por razones ajenas a su voluntad, quedó impedida de “hacer llegar su renuncia anticipadamente”. La mandataria enfrenta, a la fecha, una investigación fiscal por las muertes durante las protestas antigubernamentales y por el plagio registrado en dos libros que consignó en su biografía académica para postular a un cargo en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).