Jartum, 17 abr (EFE).- El regreso de los refugiados sudaneses a ciudades como Omdurmán -la mayor y más poblada del país- impulsada por las autoridades supone aún una amenaza para los ciudadanos ante la existencia los graves riesgos ambientales, la destrucción de los servicios públicos, así como la presencia de cadáveres y deshechos militares.Así lo advierten a EFE expertos ambientales locales, que han alertado sobre el peligro de fomentar el regreso de los ciudadanos a sus hogares sin antes adoptar medidas para confirmar la viabilidad de las viviendas, las infraestructuras y si es seguro residir en una zona asolada por un año de combates.Tras recuperar gran parte de la ciudad de manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), las autoridades controladas por el Ejército están animando a los desplazados a que regresen a sus hogares, restableciendo funciones públicas como la policía, los mercados y bancos.No hay medidas, sin embargo, para controlar la grave contaminación que afectó a la ciudad tras un año de feroces combates en las que se empleó todo tipo de armamento y explosivos que han dejado contaminado “aire, tierra y agua”.Algunas viviendas y edificios han sido demolidos, otros severamente dañados y se entiende que hay todavía municiones y bombas sin detonar entre los escombros.Otra amenaza son los cadáveres acumulados en calles y edificios, que no se han retirado, y la presencia de manadas de perros y gatos callejeros.Unas 15.000 personas han muerto por la guerra, según la ONU, que también ha declarado a Sudán como el país con la peor ola de desplazados del mundo, con más de 8,5 millones.Los expertos señalan que la destrucción generalizada que sufrieron hospitales y escuelas de medicina, que contaban con muestras de bacterias y virus, ha provocado que se rompiera la cadena de seguridad y que se hayan filtrado al exterior, lo que constituye “una amenaza muy peligrosa para la salud y el medio ambiente”.Talaat Dafaalá, especialista en gestión ambiental, describió a EFE la situación en el Viejo Omdurman como “catastrófica” y dijo que “los llamamientos para el regreso de los residentes sin planificación ni prestación de servicios aumentarán el sufrimiento”, un drama que además “caerá en oídos sordos”.”La situación medioambiental es catastrófica, no sólo por los restos de los muertos, sino también por los restos de proyectiles y balas. Hay contaminación del aire, del agua y también contaminación acústica debido al sonido de cañones y proyectiles, además de otros efectos que no fueron supervisados de manera profesional por falta de seguridad”, dijo.Así, instó a que la sociedad civil tome medidas para restablecer la habitabilidad de la ciudad una vez vuelva a haber seguridad, y que las agencias oficiales combinen sus esfuerzos para limpiar los desechos, deshacerse de los restos militares, proporcionar electricidad, agua y servicios antes de convocar a la población para que regrese de manera organizada.La destrucción que afectó a los hospitales y laboratorios, donde se produjeron “fugas”, así como la destrucción de los lugares de tratamiento de aguas residuales y de los equipos que emiten radiación aún no ha sido revisada por falta de equipos y personal especializado.”La situación requiere un plan de emergencia urgente para un seguimiento científico preciso”, dijo Dafaalá, quien instó a que participen en esta tarea organizaciones de las Naciones Unidas “que cuentan con personal capacitado para atender estos casos”.Por su parte, el portavoz del Ministerio de Salud, Mohamed Ibrahim, afirmó a EFE que se había preparado un plan integrado para hacer frente a las condiciones en hospitales y laboratorios, cuya implementación ya ha comenzado.En ese sentido, indicó que la recomendación es que el regreso de los ciudadanos sea gradual tras revisar el estado del entorno y se pueda garantizar que no haya, por ejemplo, minas sembradas alrededor de las viviendas o la presencia de materiales inflamables y proyectiles sin detonar. Al Nur al Zaki
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Caracas, 26 dic (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó este martes la “persecución penal” contra “dirigentes opositores” en Venezuela que -aseguró- busca “obstaculizar” la participación política de antichavistas.En un comunicado, la CIDH afirmó que las órdenes de captura anunciadas este mes por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) contra 14 personas, entre ellas tres “dirigentes opositores e integrantes del equipo de trabajo de la aspirante presidencial María Corina Machado”, forman parte de un “patrón de persecución dirigido a desalentar la participación política” del antichavismo.Señaló también el caso de Roberto Abdul, presidente de la ONG Súmate, dedicada a la promoción de los derechos políticos y a la participación en comicios, quien fue “detenido, temporalmente desaparecido y presentado ante los tribunales sin contar con acceso a una defensa técnica de su elección”, y liberado el 20 de diciembre, tras 14 días preso.Estas cuatro personas, junto con otras diez que se encuentran en el exterior, fueron acusadas por la Fiscalía de “traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir”, en una supuesta conspiración contra el referendo del 3 de diciembre sobre la disputa territorial con Guyana.La CIDH aseguró que el sistema de justicia venezolano “no ofrece garantías de independencia e imparcialidad” y que “ha jugado un rol significativo en la represión de opositores al Gobierno” del presidente Nicolás Maduro.Además, advirtió que el “uso de figuras penales extremadamente amplias, vagas y ambiguas, como traición a la patria, pueden instrumentalizarse para perseguir e impedir la legítima participación política”.La comisión exigió al Estado venezolano, además de liberar “de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente”, adoptar, “con urgencia, medidas para restablecer la separación e independencia de los poderes públicos y garantizar la participación política de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024”.El pasado 9 de diciembre, Machado, candidata presidencial de la principal coalición opositora, afirmó que se ha incrementado la “arremetida” del Gobierno en contra de su partido, Vente Venezuela (VV).La exdiputada, inhabilitada para competir por cargos de elección popular, denunció entonces agresiones contra la sede de la formación, bloqueo de cuentas bancarias y amenazas “con órdenes de captura a ciudadanos que lo único que hacen es dedicarse a trabajar por Venezuela”.
Nueva Delhi, 22 dic (EFE).- Los partidos de la oposición mostraron este viernes su ira con manifestaciones en varias ciudades de la India por la suspensión de 146 parlamentarios esta semana, la mayor en la historia de la democracia del país asiático.El Gobierno del primer ministro, Narendra Modi, está “estrangulando la Constitución del país, la democracia de la India está en peligro”, dijo el parlamentario y secretario general del Partido del Congreso (INC), Randeep Surjewala, durante un acto en Nueva Delhi.Cientos de personas y decenas de políticos opositores abarrotaron el manifestódromo capitalino de Jantar Mantar, uno de los pocos lugares donde las autoridades permiten las protestas en Nueva Delhi, lanzando eslóganes como “el Parlamento está en peligro”.Un total de 146 políticos opositores de ambas cámaras han sido suspendidos esta semana por exigir explicaciones al Gobierno del partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP), tras una grave falla de seguridad la semana pasada que permitió a dos hombres irrumpir en el hemiciclo con bombas de humo.Si las protestas, griterío y caos general en el Parlamento son desde hace años una constante en ambas cámaras, la expulsión de un número tan elevado de opositores es inédita en la India democrática, y dejó esta semana imágenes de sesiones parlamentarias medio vacías.Mientras, el Gobierno pasaba importantes legislaciones como una reforma del código penal, y las autoridades de ambas cámaras acortaron en un día una sesión parlamentaria en curso que debía acabar este viernes.”Dos o tres jóvenes entraron al Parlamento y lanzaron bombas de humo, y los parlamentarios del BJP huyeron. En este incidente hay una cuestión relacionada con la seguridad, pero también sobre por qué protestan así. La respuesta es el desempleo en el país”, dijo a los congregados uno de los líderes del histórico INC, Rahul Gandhi.Otros estados del país asiático, como el norteño Haryana o el sureño Telangana fueron escenario de protestas similares, llevadas a cabo por una alianza integrada por el INC y otros partidos opositores, y bautizada como INDIA, de cara a los comicios generales del próximo año.Sin embargo, los opositores denunciaron que buena parte de la atención mediática se ha centrado estos días no en la expulsión récord de parlamentarios, sino en la supuesta ofensa al vicepresidente del país y presidente de la cámara alta del Parlamento, Jagdeep Dhankhar.Kalyan Banerjee, parlamentario del opositor All India Trinamool Congress (TMC) y uno de los decenas de expulsados del hemiciclo, fue grabado durante una protesta a las afueras del Parlamento gesticulando e imitando a Dhankhar.La cuestión se agravó cuando el aludido declaró sentirse insultado como vicepresidente y miembro de una comunidad agraria, recibiendo llamadas de apoyo tanto de Modi como de la presidenta india, Droupadi Murmu.”Me consternó ver la forma en que nuestro respetado vicepresidente fue humillado en el complejo del Parlamento”, dijo esta última el pasado miércoles.