Un cambio técnico en las causas judiciales podría acelerar el ritmo de las investigaciones.
Category: opinión
El campo de batalla está hoy en Ucrania, pero la partida y ambiciones de Rusia y China son globales.
Caputo, el joven, tuvo un ataque de furia con tres diputados del Pro. Y como no podía contenerse, se puso el saco y se fue del recinto. Visto el resultado del primer paro, no habrá por ahora un segundo. La calle quedará para los grupos piqueteros.
Es necesario sincerar el mercado de la yerba mateLa fijación de precios políticos en la economía viene fracasando desde el año 301, cuando el Emperador romano Diocleciano emitió el Edicto de Precios Máximos. En la Argentina tenemos una amplia experiencia en esta materia, especialmente en los gobiernos kirchneristas, con espejos de colores que terminan en experiencias catastróficas.La acumulación de regulaciones, la maraña de intervenciones estatales y la vocación de direccionar la producción y comercialización de un determinado sector no son políticas que tengan fundamentos para sostenerse en el tiempo. Cuando se aplican, desalientan la inversión y, por ende, la creación de empleo.El mega decreto de necesidad y urgencia del Presidente Milei que, entre gran cantidad de temas, avanza en la desregulación del sector de la Yerba Mate, pone sobre el tapete esta cuestión, a menudo oscurecida por intereses sectoriales o conveniencias políticas.El abanico regulatorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) no se limita a la fijación de los precios de hoja verde o canchada, sino que incluye los permisos de nuevas plantaciones, contralor del contenido de palo fijado por el INAL, etc., entre sus aspectos más relevantes.Entre las particularidades del sector, se observa una gran disparidad en la productividad de las plantaciones. Mientras las explotaciones viejas obtienen en promedio rindes del orden de los 4.000 kg/ha, los yerbales modernos con alta densidad y genética controlada llegan a obtener rindes de hasta 15.000 kg/ha.El mercado de la yerba mate acarrea un comportamiento cíclico (exceso de oferta-caída de precios, abandono de yerbales-faltante de materia prima, suba de precios-recuperación de yerbales y nuevas plantaciones). Cada ciclo implica, como es natural, una creciente concentración a favor de las empresas con mayor capacidad financiera.Este poderío se suele traducir en la introducción de innovaciones tecnológicas orientadas a reducir costos y lograr mayores escalas de producción, lo cual tiende a desalojar del mercado a las unidades de menor productividad.Al tratarse de un sector que involucra a una importante cantidad de pequeños productores, el tema reviste una marcada sensibilidad social y política. Tanto es así que luego de un período de diez años en que la actividad estuvo desregulada y ante una de sus recurrentes crisis, en 2002 se creó el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). El proyecto original no contemplaba la fijación del precio entre sus atribuciones, sino que sus funciones se asemejaban al Instituto Nacional de la Vitivinicultura.Cuando el precio fijado obedece a la realidad económica, éstos se cumplen. Pero cuando ello no ocurre, a la larga el productor no logra que se pague el precio fijado porque se escalonan los pagos mermando su valor presente, o porque directamente se establece un valor en función de la oferta y la demanda.Los precios, al fracasar habitualmente el consenso de los sectores, los fija el Estado, y por lo general obedecen a la estructura de costos del productor marginal, lo que termina acarreando una serie de distorsiones a lo largo de toda la cadena productiva. Si a esto se le suma, como pasó en los gobiernos kirchneristas, controles en los precios finales de venta, la consecuencia es el endeudamiento de las empresas y por ende la desinversión.Las excesivas regulaciones a la economía yerbatera tendientes a restringir la oferta de materia prima corren el riesgo de que, ante un pico de demanda, el abastecimiento se concrete a través de importaciones de Paraguay o Brasil, países que producen más que la Argentina. Ello ya ocurrió ante retracciones de la oferta debido a factores climáticos.La situación del sector yerbatero no difiere en general con lo que se verifica en otras economías regionales, como por ejemplo la vitivinicultura, donde el proceso de concentración se refleja en el tamaño de las explotaciones. El Instituto de Vitivinicultura pondera que el tamaño medio de un viñedo era en 1990 de 5,8 has, en 2010 de 8,8 ha y en 2020 de 9,1 ha. También ha disminuido la cantidad de ha cultivadas, pero producto de la reconversión de los viñedos la producción no solo no cayó, sino que se ha incrementado.El destino de las explotaciones de baja rentabilidad es su reconversión con nuevas variedades y mejores técnicas de cultivo u otros destinos como la producción de nueces, por ejemplo, o el negocio inmobiliario.Está claro que estos procesos son inherentes a la dinámica del sistema capitalista, pero ello no significa abandonar sin más a los sectores de mayor vulnerabilidad. El Estado tiene sobradas herramientas para abordar esta problemática, pero para ello debe abandonar la tendencia a especular políticamente con la situación y encarar planes de reconversión y diversificación serios y sustentables.En la transición, lo primero que debe hacerse es actualizar la segmentación del sector, para lo cual el INYM cuenta con los instrumentos necesarios. Algunas explotaciones serán susceptibles de ser reemplazadas por otras de mayor rendimiento; en otros casos se podrán sustituir por otros cultivos, como la forestación en el marco de la Ley 25.080, asociados a esquemas de engorde vacuno donde los kilos de carne proporcionen el flujo y los árboles la capitalización de las chacras.Se deben identificar a las distintas cuencas productivas y elaborar proyectos para cada una de ellas, ya que existe una variedad de productos que pueden abastecer el mercado interno provincial e incluso ser destinados a la exportación. En otros casos, la falta de escala e integración vertical se puede suplir con el apoyo a mecanismos asociativos.Para emprender estas acciones, tanto el Estado nacional como provincial tienen, además deI INYM y su fuente de financiación (estampillado), decenas de organismos y programas que pueden utilizar de manera coordinada.Siguiendo el paralelismo con la vitivinicultura, es necesario que el INYM mantenga funciones de contralor en lo que hace a los estándares de calidad y salubridad, además de acciones tendientes a incrementar la demanda en colaboración con el sector privado.Este esbozo de propuestas requiere de un debate más amplio y profundo, pero el esquema vigente hasta ahora no resolvió las cuestiones estructurales y en términos generales constituyó un corsé para el desenvolvimiento del sector.Haciendo salvedad de las complejidades del caso, no hay dudas de que es necesario sincerar el mercado, donde la oferta y demanda establezcan el precio de equilibrio.Estamos ante una oportunidad de avanzar en un esquema que impulse la producción y que aliente a una mayor productividad de la mano de innovaciones tecnológicas y comerciales.
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Mujeres en guerra
Yahel Shoham, de 3 años, fue tomada como rehén por Hamas y liberada el 25 de noviembre (Foto: Oficina del primer ministro de Israel vía AP) (Israel Prime Minister Office/)Luego de mi visita al Kibbutz Bee´ri, me reuní en Tel Aviv con Tatiana Kotlyarenko, miembro de la “Agencia para las Instituciones Democráticas y Derechos Humanos” (ODIHR, por sus siglas en inglés). Su especialidad es el impacto que las guerras tienen sobre niños, niñas y mujeres.Me contó que en la guerra de Ucrania logró construir corredores humanitarios para que los infantes puedan ser evacuados de las zonas de conflicto y refugiarse en lugares seguros fuera del país. Esto es algo que, al mirarla, se nota que la llena de alegría y orgullo. Ella lo cuenta como una hazaña personal, dado que Naciones Unidas no la “ayudó mucho”, y terminó haciéndolo en equipo con mujeres civiles que se fueron sumando para preservar lo que ellas consideran como el tesoro más preciado del lugar: la niñez.La experta me compartió sus preocupaciones vinculadas con el uso que Hamas dio a la violencia sexual sobre mujeres y niñas. Esa es, justamente, la razón de su visita a Israel después del 7/10. Me explicó algo muy inquietante: cuáles fueron las razones por las que Hamas ejecutó estas agresiones sexuales. Y las comparó con las violaciones sistemáticas que soldados locales realizaron en Kosovo durante la guerra de la ex Yugoslavia entre 1998 y 1999. También encontró marcadas similitudes con la invasión rusa a Ucrania. En los tres casos la violencia sobre mujeres fue usada como arma de guerra.Tatiana Kotlyarenko me explicó que la violencia sexual utilizada en conflictos armados genera múltiples fenómenos accesorios. Primero, produce una industria de tráfico de niñas y mujeres que florece apenas nace el conflicto. Esto ocurre porque las víctimas de violencia sexual suelen quedar aisladas y desvalidas. Esto puede darse por dos razones: (i) porque son rechazadas por sus propias familias, quienes no saben realmente cómo manejar la angustia de lidiar con un sobreviviente de abuso sexual y optan por su alejamiento; o (ii) porque las propias víctimas, superadas por la vergüenza y miedo al rechazo de sus propias familias, deciden alejarse y seguir su vida en soledad. Entonces, esas víctimas, aisladas y quebradas, caen fácilmente en las garras de la industria del tráfico de personas y la prostitución.El otro negocio que florece, desgraciadamente, es la pornografía. Al igual que hizo Hamas, muchos ejércitos filman sus delitos sexuales. Esto alimenta una industria (gigantesca) que ofrece estos contenidos. La especialista me comentó que, apenas comenzada la guerra de Ucrania, crecieron un 800% las búsquedas en Google de “niñas/mujeres ucranianas violadas”.Por último, me explicó el fundamento táctico de los delitos sexuales cuando son utilizados como arma de guerra. Por ejemplo, en la guerra de la ex Yugoslavia su objetivo era convertir a las niñas y jóvenes en ciudadanas “inviables”: por eso dañaban severamente sus genitales durante las violaciones, y las dejaban embarazadas. La idea era que esas mujeres no puedan volver a engendrar descendencia. Era una forma de invadir el lugar (en el sentido más potente y oscuro del término).Aún no he mencionado el efecto más destructivo de esta arma: la destrucción del tejido social. Yo lo ignoraba completamente, hasta reunirme con Tatiana Kotlyarenko, quien vino a Tel Aviv el 15 de diciembre para integrar el primer panel internacional de evaluación de los casos de violencia sexual sufridos el 7/10. Para explicar la dinámica de esta destrucción, es útil una metáfora bélica. Actualmente existen bombas que, una vez que impactan en la tierra, sueltan una segunda carga que explota más adentro del objetivo gracias al espacio que genera la primera explosión. Se usan para destruir bunkers bajo tierra, por ejemplo. Esta es la figura que se me ocurre para explicar cómo funcionan las “bombas sexuales” del Hamas. El primer impacto (la primera explosión) genera la destrucción física y espiritual de las mujeres y niñas abusadas. Pero luego existe una segunda explosión, tan letal como la primera, que está pensada para dañar más allá de la víctima. El objetivo de esta segunda explosión es dañar todo el tejido social. La experta Kotlyarenko fue muy enfática en esto punto: “Este daño toma varias generaciones en repararse. Durante décadas los hombres de todo el país atacado, que son padres de niñas, y maridos o hermanos de mujeres estarán pensando, todos los días de su vida, mientras están en su trabajo: ´¿Qué hago si en este momento entran a mi casa para violar a mi esposa e hijas? ¿Cómo llego rápidamente a mi hogar para defenderlas?’”.La violencia sexual como arma de guerra tiene una eficacia sin precedentes. Su capacidad destructiva supera toda carga explosiva conocida por la humanidad. No sólo extingue la vida de la víctima destrozada, sino que apaga la vida de quienes deben seguir viviendo con ese recuerdo. Además, según esta experta, la violación deja una herida en el corazón, pero también en el estómago de las personas que no fueron atacadas. Hay una conexión muy primitiva del ser humano con estos delitos. Según la especialista, “nos hemos acostumbrado a ver la muerte. Está en la TV todo el día. Pero hay algo reptiliano que se activa en nosotros cuando nos enteramos de una violación. Algo en nuestro corazón, y en nuestro estómago, se retuerce”.Los delitos sexuales de Hamas han sido tan atroces como poderosos. La humanidad debería ponerse de acuerdo en prohibir, castigar y erradicar este tipo de armas de guerra luego de entender que ponen en severo riesgo a nuestra especie. Ya lo hemos logrado con las armas nucleares que caen en manos de países terroristas. Hoy existe un claro y firme consenso mundial que las prohíbe, inclusive por la fuerza. Ahora debemos hacer lo mismo con estas armas. Que destruyen a la víctima y al tejido social que la rodea. Que dañan a una sociedad entera. Que aniquilan todo. Que son las verdaderas armas.
Tras el cierre de las negociaciones con el FMI, el ministro Luis Caputo ratificó la meta fiscal de conseguir un superávit primario de 2% del PBI y se comprometió a acumular USD 10.000 millones de reservas internacionales netas desde el inicio de la presidencia de Javier Milei hasta fines de 2024 (Reuters) (MATIAS BAGLIETTO/)Tras el cierre de las negociaciones con el FMI, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó la meta fiscal de conseguir un superávit primario de 2% del PBI y se comprometió a acumular USD 10.000 millones de reservas internacionales netas desde el inicio de la presidencia de Javier Milei hasta fines de 2024. Ambos objetivos lucen muy ambiciosos y requerirán de un importante esfuerzo de la sociedad, a menos de que se vuelva a recuperar confianza y crédito.Respecto al objetivo fiscal, el superávit primario de 2% del PBI es el mismo que sostiene desde hace un mes el gobierno entrante. Tal como fuera anunciado por el ministro, esta medida es consistente con un resultado financiero (incluyendo intereses) equilibrado e implica un fuerte cambio con respecto al déficit mayor a 5% del PBI de 2023. Así, habrá que sostener una política fiscal sumamente contractiva, que atentará contra el desempeño de la actividad y reducirá los ingresos de las familias.Para lograrlo, el Gobierno aspira a un mix de aumento de los ingresos con un recorte del gasto. Desde los ingresos, tras la suba del impuesto PAIS, se aspira a revertir la reforma de Ganancias, elevar los derechos de exportación y los efectos de la nueva moratoria/blanqueo y el pago adelantado de Bienes Personales.Este conjunto de medidas está bajo aprobación en la Ley de Bases para la Reconstrucción, que está siendo tratado por el Congreso, y representa algo más del 40% del ajuste comprometido. Es el conjunto de ingresos que caerán sobre el sector productivo y el patrimonio privado.El Gobierno aspira a un mix de aumento de los ingresos con un recorte del gastoLa otra pata del esfuerzo proviene del recorte de gastos, donde su logro parecería más fácil al no depender de manera directa de la necesidad de implementar nuevas leyes sino directamente de resoluciones o decisiones de contener la ejecución presupuestaria (no por ello fácil, en la política).Mientras que la baja de los subsidios será consecuencia de la actualización de las tarifas y la disminución de los costos operativos, el menor gasto de capital, las menores transferencias a provincias y los ajustes en el gasto de funcionamiento del Estado dependerán de la habilidad del gobierno para mantenerlos controlados, en un marco de aceleración de la inflación. Control de gastos que va a competir con la posibilidad de sacar a flote la ley ómnibus.Ahora también existe un costo social de la medida al preverse recortes en las transferencias de jubilaciones y pensiones y los programas sociales con intermediarios, donde si bien se mantendrían las prestaciones en términos reales, se haría desde bajos niveles.Por otra parte, en los hechos, el menor gasto también se dará sólo por la llegada al gobierno de nuevas autoridades. Cuando llegan no saben cómo son los procesos para gastar y no se autorizan en general las erogaciones de las autoridades previas, sin antes haber examinado sus fundamentos. Ello per se asegura tener un excedente de caja los primeros meses del año, que estacionalmente son equilibrados.Cuentas externasEl otro desafío será juntar las reservas comprometidas. Sin acceso al mercado de capitales, el Gobierno parte de una situación comprometida. Incluso con el refinanciamiento del capital por parte de organismos internacionales, deberá cancelar cerca de USD 10.000 millones en el año por los pagos de intereses a organismos internacionales (USD 3.700 millones al FMI y USD 2.000 millones al resto) y USD 4.300 millones a los bonistas por los conceptos de intereses y amortización de la deuda.Para poder cumplir con la meta de reservas el Gobierno deberá conseguir al menos USD 17.300 millones a lo largo del corriente añoO sea, para poder cumplir con la meta el Gobierno deberá conseguir al menos USD 17.300 millones a lo largo de 2024 (ya habría conseguido USD 2.700 millones desde fines de 2023). Una parte de ella saldrá de la postposición de pagos determinada por el BCRA a los importadores, que acercarán cerca de USD 5.500 millones contra el incremento de la deuda comercial (que ya era elevada).Otra parte restante podría salir del superávit comercial, pero a costa de una reducción superior al 15% de las importaciones y una caída de la actividad no agropecuaria que se ubicaría en torno al 5% en el año.En síntesis, el camino que ha empezado a transitar el país será sumamente complejo y necesitará de una fuerte baja del nivel de consumo y actividad para poder poner las cuentas externas y fiscales en caja. Baja de la actividad que se verá reflejada en una caída de los ingresos de las familias y un incremento del nivel de desempleo, que habrá que ver si la sociedad logra soportar.El autor es economista, director asociado de la consultora Eco Go
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¿Cuántas veces el escándalo es la mejor publicidad?
La creación de un entorno donde todas las personas se sientan valoradas, respetadas y parte integral del equipo es no solo es un imperativo ético, sino también una estrategia inteligente.
escucharescucharAnte la inminente consideración por parte del Congreso del DNU 70/23, resulta propicio dejar en claro que su tratamiento en el plenario de ambas Cámaras, no depende en absoluto de su inclusión por parte del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), en el temario de sesiones extraordinarias, como se ha difundido ampliamente.En tal sentido no ameritan dudas, que del art. 99 inc. 3 de nuestra Constitución y de la ley 26.122 reglamentaria del Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, se deriva una construcción jurídica: el dictado de un DNU es un acto complejo, que requiere de un control expreso e inmediato del Congreso, debiendo realizarse el mismo incluso durante su receso, toda vez que dicha función es una facultad propia asignada expresamente en el texto constitucional.El régimen de sanción y vigencia de los DNU está integrado por distintas etapas, que parten del principio general de la absoluta prohibición para el PEN en cuanto a emitir disposiciones de carácter legislativo, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, la excepción de hacerlo cuando circunstancias excepcionales de necesidad y urgencia hicieran imposible seguir los trámites ordinarios de sanción de las leyes, con expresa prohibición de abordar las materias expresamente vedadas, todo lo cual debe ir acompañado de un análisis y control por parte de la Comisión Bicameral de Tramite Legislativo, la que elevará “..su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara, para su expreso tratamiento, el que de inmediato consideraran las Cámaras.” (Art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional).La ley 26.122 reglamentaria de este régimen, aún cuando fue a contramano del objetivo de atenuar el presidencialismo que animó a los constituyentes reformadores del 94, mantuvo la lógica constitucional del avocamiento inmediato para su escrutinio por parte del Congreso, formando parte de un sistema integral para la vigencia de los DNU.Es así que su artículo 6 establece que la Comisión Bicameral Permanente cumple funciones aún durante el receso del Congreso de la Nación; su artículo 18 dispone su abocamiento de oficio para el caso en que el Jefe de Gabinete no remita un DNU dentro del plazo estipulado, el 19 le otorga un plazo de diez días hábiles para expedirse y elevar el dictamen a los respectivos plenarios, el artículo 20 determina que vencido el plazo sin que la bicameral se expidiese, ambas Cámaras se abocarán a su expreso e inmediato tratamiento y por último el 21 dispone que elevado por la Comisión el dictamen, estas “…deberán darle inmediato y expreso tratamiento”¿Qué sentido tendrían las concretas y expresas disposiciones constitucionales y de su norma reglamentaria, si no fuera asegurar un control expeditivo y pleno por parte del Congreso? Mal podría sostenerse que este no pueda ejercer una función propia de control por el hecho de que el Poder Ejecutivo no disponga el tratamiento, en la convocatoria a extraordinarias, de su propio decreto.Siguiendo esta absurda premisa y teniendo en cuenta además, el resguardo de los derechos adquiridos que el artículo 24 de la ley 26.122 hace durante la vigencia de un DNU, concluiríamos que durante el receso del Congreso, el PEN asume las funciones plenas de legislador, sancionando normas sin control parlamentario, que otorgan derechos adquiridos durante su vigencia.Sin partir de la lógica constitucional que expresamos, esto es prohibición de legislar para el PEN, excepcionalidad, materias vedadas y control legislativo inmediato, desvirtuaríamos completamente nuestro sistema constitucional y republicano.Sin perjuicio de la decisión que el pleno de cada cámara del Congreso tome sobre la validez o invalidez Constitucional del DNU 70/23 , resignar su potestad de ejercer su rol propio e indelegable de contralor constitucional a expensas de la decisión del poder controlado de incluir o no su tratamiento en extraordinarias, constituye un grave retroceso institucional.* El autor ha sido secretario y prosecretario Parlamentario del Honorable Senado de la Nacion en los períodos 2015- 2019 y 2019-2023Juan Pedro TunessiConforme a los criterios deConocé The Trust Project
Las universidades públicas y el efecto distributivo de esta intervención del Estado.