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La Corte Suprema consideró “insuficientes” las estadísticas presentadas por el Gobierno para justificar la suspensión de las clases

Alberto Fernández y Carla Vizzoti, ministra de Salud (Foto: Presidencia)Para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el argumento de la emergencia sanitaria del gobierno para suspender las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires fue “sin mayores explicaciones” e “insuficiente”. Así lo entendieron los jueces del máximo tribunal que hoy hicieron lugar a la demanda del gobierno porteño para que la educación siga siendo en las aulas.El gobierno de Alberto Fernández había suspendido del las clases presenciales en el AMBA y dispuesto que sean virtuales por la crítica situación que se vivía en esa región por el aumento de casos de coronavirus y la demanda al límite que comenzaba a tener el sistema sanitario. Según el Ejecutivo, el incremento de un 25% en el uso del transporte público con el regreso de las clases, el aumento de la cantidad de casos positivos de chicos de entre seis y 17 años (en enero era de 5,3% y que en marzo y abril -con las escuelas abiertas- subió al 7,3%), y que los grupos etarios de 13 a 18 años y de 20 a 29 “son los que mayor aumento relativo presentaron en las últimas semanas”. Con esos datos el Estado nacional entendía que se debía cortar la circulación de la gente que iba a la escuela.Los mismos argumentos utilizó la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Carlos Zannini, cuando le pidió a la Corte Suprema que se rechace la demanda del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti señalaron que esos argumentos sanitarios no estaban justificados.Los jueces de la Corte Suprema (CSJN)“En el caso, las alegaciones ensayadas sobre la cantidad de personas que utilizaron el transporte público de manera coincidente con el inicio de las clases presenciales, la circulación masiva de personas entre el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, o el aumento de la proporción de casos de COVID-19 en personas de trece (13) a dieciocho (18) años y de veinte (20) a veintinueve (29) años, sin mayores explicaciones sobre la particular incidencia relativa de la educación presencial en la propagación del COVID-19, no alcanza para justificar el ejercicio de una competencia sanitaria federal que incide de manera tan drástica en la modalidad de la enseñanza, en lo que aquí interesa, porteña”, sostuvieron en su voto conjunto Rosatti y Maqueda.Los magistrados agregaron que su postura “no significa avalar (o desautorizar) decisiones sanitarias” pero que deben “basarse en criterios de razonabilidad entre los que pueden mencionarse la necesidad, la proporcionalidad y el ajuste a los objetivos definidos conforme a criterios científicos , elementos estos que resultan ajenos al pronunciamiento adoptado por esta Corte en la presente decisión”.Por su parte, el juez Rosenkrantz señaló en la misma línea que el gobierno nacional hizo referencia “al transporte de pasajeros dentro del territorio denominado AMBA pero lo hace de modo global, sin discriminar el transporte interno de cada jurisdicción y el transporte que pasa de una a otra”. Para el Presidente de la Corte Suprema “ello resulta insuficiente” para determinar en qué medida el uso del transporte público “se habría incrementado como consecuencia del comienzo de las clases presenciales dentro de la Ciudad Autónoma”. Y agregó que el gobierno nacional no rebatió el argumento del estado de la ciudad de que solo tres de cada diez personas que van al colegio en ese distrito usan el transporte público.En la causa, el gobierno de Rodríguez Larreta informó en su última presentación de la semana pasada que desde el regreso a las clases presenciales el 17 de febrero hubo 9.008 casos de coronavirus hasta el 22 de abril, lo que es cerca del 1,40% de los alumnos y personal docente y no docente.“La Ciudad de Buenos Aires ha proporcionado elementos de juicio que indican que el impacto interjurisdiccional de la actividad regulada es meramente conjetural. Ha mostrado el carácter geográficamente acotado de a prestación de clases presenciales en función de varios indicadores, tales como la baja incidencia de los contagios dentro de los establecimientos educativos, el criterio de proximidad con el que se asignan las vacantes en el sistema público y la reducción en el uso de transportes públicos por alumnos en relación con la tasa de uso previa a la pandemia”, concluyó Rosenkrantz.El uso de transporte público para ir a las escuelas (Adrián Escandar)En su voto, el juez Lorenzetti hizo referencia a que los jueces no son los encargados de evaluar las estadísticas sanitarias. “La magistratura carece de información suficiente para decidir sobre cuestiones vinculadas a la salud pública”, sostuvo.Y agregó en su argumento: “No se pueden analizar los datos empíricos relativos a la conveniencia o no de clausurar las clases presenciales, pues ello supondría conocer cuántas escuelas hay, el estado de los edificios, el cumplimiento efectivo de las normas de seguridad en la pandemia, si se ha asegurado la preservación de la salud de los docentes, si los alumnos tienen que usar transporte o pueden llevarlos sus padres, si esa actividad es contagiosa o no”.“El Poder Judicial no puede evaluar si ese contagio se propaga dentro de un barrio, de la ciudad o al área del AMBA, o si, como ocurrió en el año 2020, lo que sucede en el AMBA luego termina trasladándose a todo el país”, explicó y propuso que “deberían existir mediciones científicamente inobjetables sobre el efecto que estas aperturas y cierres tienen sobre el nivel de contagio general” y contar con “información específica que exponga de modo comparativo la influencia del contagio en las escuelas con otras actividades que se permiten”.SEGUIR LEYENDO:Cristina Kirchner calificó el fallo de la Corte Suprema por las clases presenciales como “un golpe contra las instituciones”

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“Memo me hacía cosas muy malas”: el estremecedor caso del ex funcionario de Alperovich condenado por abusar de su nieto

Uno de los audios del nene abusado“No quiero quedarme solo con la mamá. Quiero quedarme a vivir solo con el papá y no con la mamá porque la mamá me llevaba con una persona muy mala que se llama Memo. Memo es una persona muy mala. Me hacía cosas muy malas”.Esta frase es parte del relato de B., un nene tucumano que hoy tiene 11 años que fue, según la acusación que investiga la Justicia, abusado cuando tenía cuatro años por su abuelo materno. “Memo” es Guillermo Ernesto Gray, un hombre de 65 años que en ese momento se desempeñaba como director de Obras Públicas de la localidad de Tafí del Valle, bajo el ala del entonces gobernador José Alperovich, otro dirigente que también enfrenta un acusación similar por parte de una sobrina.Hoy, “Memo” fue condenado a 10 años de prisión por la Sala 1 de la Cámara Penal de Tucumán. Lo hallan culpable en el juicio que se le sigue por el delito de abuso sexual agravado por el parentesco y la convivencia agravado por su extensión en el tiempo y por ser gravemente ultrajante.Según detalló Juan Pablo Gallego, abogado querellante que representa al papá del chico, los hechos ocurrieron en Tafí del Valle entre abril de 2013 y abril de 2014, año en el que el chico pudo contar lo que pasaba luego de que el padre comenzara a notar que, cada vez que su hijo regresaba de la casa del abuelo, volvía con marcas de golpes.Uno de los dibujos aportados por el chico durante la investigaciónLas pruebas en su contra son abrumadoras. De acuerdo con el letrado, a Gray le juega en contra -además del relato del propio chico en cámara Gesell, donde surgió que los abusos por parte de su abuelo materno eran sistemáticos y se prolongaron en el tiempo- que hasta su propio perito de parte aceptó que el hombre le pegaba al nene y que además se aportó “la producción gráfica y los dibujos del niño que confirman y condicen con su relato”.Los signos compatibles con abusos fueron confirmados por el Hospital de Niños y los médicos forenses de la Policía en abril de 2014. Una pericia médico-legal desarrollada por el perito Pascual Rousse comprobó las lesiones en las partes íntimas en el niño. De hecho, durante la jornada del debate de hoy un profesional definió a Gray como un “psicópata perverso anti social y con tendencia a manipular conflictivamente con la sexualidad y egocéntrico”.Pero llegar a este juicio no fue un camino fácil. Pasaron siete años para que Gray, reconocido arquitecto de la provincia e integrante de una tradicional familia tucumana, se sentara en el banquillo de los acusados. La querella no tiene dudas de que sus relaciones con lo más alto del poder tucumano influyeron para la dilación del proceso pese a las pruebas en contra del abuelo.“Ha habido mucha complicidad del sistema judicial con el acusado”, aseguró el abogado Gallego, con una larga historia en querellas en causas por abuso sexual como la seguida contra el cura Julio César Grassi.El horror en la voz del niño y una Justicia que no funcionaEl llamado a la mamáInfobae accedió a parte de los elementos que dan cuenta de los presuntos abusos de Gray, quien hasta hoy niega la acusación. En uno de los relatos ante profesionales del gabinete de psicólogos que lo evaluaron, B. pide que no lo lleven a la casa de su abuelo.En el audio, del año 2017, incluso se escucha cómo el psicólogo en algún momento se ríe del menor y no toma en serio lo que dice.“Ayer por la noche me enteré de que la jueza ordenó de que vuelva a Tucumán por una visita. No, no quiero eso. (…) Memo es una persona muy mala. Me hacía cosas muy malas. Me retaba, me metía el dedo en la cola, me apretaba el brazo, me ponía de plantón, espantoso. Por eso me quiero quedar a vivir con mi papá”, pidió encarecidamente el chico.“El relato en la cámara Gesell del niño es clarísimo y abrumador. Describe al abuelo como el agresor, describe la escena del crimen, el domicilio del abuelo materno describiendo los lugares”, agregó el letrado, quien representa a Nicholas W., ciudadano norteamericano y padre de B., quien hoy está a cargo del cuidado total del chico. La madre, por su parte, es testigo de la defensa del abuelo. A diferencia de lo que podría creerse, la mujer se puso de lado de Gray.Gray amenazaba a B. con tirarlo al volcánEn otro de los audios a los que tuvo acceso este medio, se escucha cómo el nene, con sus recursos, increpa a la mamá para contarle lo que le hacía su abuelo Memo. Ella se mostró incrédula. “No me han sacado de Memo. Me han entregado a Memo para que me haga las cosas feas que me hizo”, le dijo el niño a su madre, quien le respondió: “Ya sé, mi rey. ¿Esas cosas quién te cuenta?”, le preguntó. Ahí, el chico manifestó cierto enojo y le retrucó: “No, Memo me lo hizo. Mi abuelo Memo, que vive en la casa de él. Entonces yo ya me mudé a otra casa”.No fue lo único. En el expediente quedó asentado que Gray le “pegaba”, lo “retaba” y hasta lo “amenazaba con tirarlo dentro de volcanes”. Uno de los dibujos hechos por el menor durante los peritajes lo reflejó casi de manera exacta. “Son concordantes”, dijo Gallego.Capítulo aparte merece la actitud del Poder Judicial hacia el chico. Fue citado 37 veces a declarar y revivir una y otra vez lo que le pasó. “Lo revictimizaron incansablemente”, cuestionó Gallego. El propio B. envió una carta escrita de puño y letra en la que expresó su malestar por los constantes llamados para que repita lo que dijo una y otra vez.Revictimización: al menor lo citaron 37 veces a declarar“Me enojó bastante que me sigan llamando después de que ya me hayan llamado miles de veces y cada vez que voy ni siquiera me escuchan o no les importa mi opinión. Yo ya dije mil veces lo que me hizo mi ex abuelo. Yo no quiero ir a Tribunales y punto”, escribió B. con una claridad que asombra en una misiva.La pericias al cuerpo del chico son concluyentes y causan horror. De acuerdo con lo que supo este medio, el perito concluyó que “el niño a la edad de cuatro años presentaba signos inequívocos de abuso sexual infantil, con manipulación y acceso carnal” y “también mostraba signos indiciarios, categóricos e inequívocos de abuso sexual infantil en sus actitudes de rechazo y sumisión”, dijo el experto.La carta escrita por el nene en la que pide no concurrir nuevamente a tribunalesEl resto de las pericias son prácticamente irreproducibles, ya que reflejan los daños que presuntamente le ocasionó Gray a su nieto en su cuerpo, además de las consecuencias psíquicas y emocionales que hoy hacen que B. no considere a su abuelo como tal.“Es un caso con una prueba tan abrumadora pocas veces visto. El chico describió el lugar donde ocurrían, dijo que le pegaba para que no hablara, las pericias son concluyentes y son tremendas”, agregó el abogado querellante.Gallego había pedido 18 años de cárcel para el ex funcionario de Alperovich y la detención inmediata, mientras que la fiscal del juicio Marta Gerez solicitó 10 años y también que la prisión fuera efectiva. Ahora los jueces Emilio Páez de la Torre, Wendy Kassar y María Fernanda Bahler después de siete años de espera y luego de que la víctima contara casi 40 veces lo que le pasó, finalmente le dio la razón a la Fiscalía.SEGUIR LEYENDO:La dura carta de la sobrina de José Alperovich a un año de denunciarlo por abuso sexual: “Sigo esperando justicia”El senado aprobó una licencia de seis meses para José Alperovich tras la denuncia de violación de su sobrinaPidieron la indagatoria del senador de Tucumán José Alperovich en la causa por abuso sexual contra su sobrina

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Video: una mujer intentó arrojarse desde un puente hacia la General Paz

Momentos de tensión se vivieron este viernes en el cruce de la avenida General Paz y Balbín, donde una mujer intentó tirarse desde un puente.
La mujer era contenida y salvaguardada por personal policial hasta que uno de los efectivos realizó una rápida maniobra para sujetarla y mantenerla fuera de peligro. La escena ocurrida a metros del Parque Sarmiento quedó registrada en una cámara de seguridad, donde se ve el momento exacto donde el policía se lanza hacia la mujer y evita una tragedia.Noticia en desarrollo.

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