Es para adaptar la normativa local a las internacionales. El texto endurece las penas para el delito de terrorismo hasta de 25 años de cárcel e incluye nuevos delitos como financiamiento del terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas y prevé la confiscación de bienes.
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Bolivia: fuertes protestas de trabajadores informales por un proyecto de ley antiterrorista impulsado por el gobierno
