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Se oficializaron las restricciones del Gobierno para controlar las fronteras

El Gobierno oficializó este sábado la prorroga de las restricciones contra el coronavirus -vigentes hasta este viernes- a través de un nuevo DNU que se extenderá hasta el 9 de julio y que busca limitar el flujo de personas del exterior para evitar la entrada al país de la peligrosa variante Delta del virus.

Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 411/2021, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández y todo su gabinete, se mantiene por 15 días el sistema de “semáforo epidemiológico” que dispuso el DNU anterior, el 287/21, y que clasifica a las distintas jurisdicciones del país como zonas de riesgo sanitario bajo, medio y alto o de “alarma epidemiológica”. Los distintos tipos de restricciones, ya sea desde horarios de circulación, de atención comercial, aforo, actividades recreativas y/o presencialidad escolar se toman, según la normativa, en función de la categoría en que se encuentre la jurisdicción, la cual se determina principalmente por ocupación de camas de terapia intensiva y cantidad de casos.La principal novedad es la reducción del cupo de viajeros que se permitirá ingresar por día a través del Aeropuerto Internacional de Ezeiza que oscilaba entre 1.600 y 2.000 pasajeros por día y ahora se redujo a 600.Esta medida fue dispuesta porque en las últimas horas hubo alarma en el Gobierno tras detectar que aproximadamente el 40% de los pasajeros que llegan del exterior no cumple con el aislamiento preventivo.A esto se agrega la preocupación expresada tanto por la Ciudad como por la Provincia de Buenos Aires por el posible ingreso de la nueva variante del coronavirus.Justamente en los fundamentos del nuevo decreto se señala que “se han detectado variantes del virus SARS-CoV-2, consideradas de preocupación (Alpha, Beta, Gamma y Delta), en diversos países afectando varios continentes, por lo que se desarrollaron estrategias para disminuir la posibilidad de transmisión de estas variantes a nuestro país”. Puntualmente hace referencia a la variante Delta, que originalmente fue detectada en India como variante de preocupación, que ha sido reportada en 85 países, de los cuales 11 se detectaron en las últimas dos semanas.Según el DNU, la variante Delta tiene mayor contagiosidad y transmisibilidad que las otras variantes detectadas con anterioridad, se estima entre un 50 y un 70% más contagiosa que la variante Alpha, y existe evidencia que demuestra que demanda “mayores cantidades de oxígeno, tratamiento en UTIs y conlleva mayores probabilidades de fallecimiento de las personas contagiadas”.Se extiende el cierre de fronterasEn este contexto, el Gobierno también extendió el cierre de las fronteras para los turistas que quieran ingresar a la Argentina hasta el 9 de julio inclusive, mientras que se mantendrán suspendidos los vuelos a los países con mayor circulación de las nuevas cepas de coronavirus.sLa medida se prorrogó a través de la Decisión Administrativa 643/2021, que confirma que la Administración Nacional de Aviación Civil dispondrá “un cupo de 600 plazas diarias en vuelos de pasajeros para el reingreso al territorio nacional de los argentinos, las argentinas y residentes que se encuentren en el exterior”.Asimismo se mantendrá la suspensión de las autorizaciones y permisos que se hubieran dispuesto relativas a las operaciones de transporte aéreo de pasajeros en vuelos directos procedentes de Gran Bretaña, Irlanda, Turquía, países africanos, Brasil, Chile y la India.Como parte de la normativa, los viajeros deberán declarar los lugares en donde estuvieron los últimos 14 días previos al reingreso al país.Quienes regresen del exterior entre el 1° de julio y el 31 de agosto, están obligados a aislarse en los lugares que determinen los gobiernos provinciales y de la CABA, durante 10 días, contados desde el testeo realizado en el país de origen.La estadía en los lugares de aislamiento estarán a cargo del pasajero.​ Se controlará que quienes regresaron de viaje estén cumpliendo el aislamiento en sus domicilios y se radicarán denuncias penales en caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento, de acuerdo con los arts. 205 y 239 del Código Penal, por violación a medidas contra epidemias y desobediencia a autoridad pública, sancionadas con prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años y con prisión de QUINCE (15) días a UN (1) año, respectivamente.Los viajeros deberán hacerse un testeo para poder abordar el avión con destino a la Argentina. Además, deberán hacerse un testeo al llegar al país y otro testeo al séptimo día de ingreso.Quienes resulten negativos, al ingreso al país, deberán cumplir con el aislamiento en los lugares que dispongan los gobierno provinciales y de la CABA y deberán realizar un nuevo test para finalizarlo.Quienes resulten positivos, al ingreso al país deberán realizar otro testeo de secuenciación genómica y, junto con sus contactos estrechos, cumplir aislamiento en los lugares que indiquen las autoridades nacionales, hasta su traslado seguro hasta la residencia si correspondiera. Para el ingreso autorizado como excepción por migraciones, a través de pasos terrestres, la jurisdicción provincial deberá disponer corredores seguros. Los extranjeros no residentes que ingresen a desarrollar trabajos esenciales, con autorización de Migraciones, deberán cumplir con la cuarentena.Las provincias deberán controlar el cumplimiento del aislamiento de las personas ingresadas desde el exterior.Mediante la Disposición 1798/2021 de la Dirección Nacional de Migraciones también publicada en el Boletín Oficial, se suspendió la normativa que en noviembre de 2020 habilitó el ingreso a “extranjeros no residentes que sean parientes directos de ciudadanos argentinos”.De acuerdo a lo informado por la autoridad sanitaria, la tasa de incidencia acumulada para Argentina es de 9429 casos cada 100 mil habitantes, la tasa de letalidad se mantiene estable en 2,1% y la tasa de mortalidad es de 1980 fallecimientos por millón de habitantes.GRB

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Con las elecciones en la mira, el Gobierno incrementa el gasto social: subió a casi $ 1.000 millones por día

A menos de tres meses de las elecciones, en plena pandemia, con la tensión de los sectores piqueteros en alza y frente a una inflación que alcanzó el 21,5% de enero a mayo, el Gobierno parece decidido a incrementar el gasto social, principalmente el referido a asistencia alimentaria y a planes vinculados a la creación de empleo.

Así se desprende del análisis que Clarín hizo de los últimos movimientos de la ejecución del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, que al 19 de junio, en los primeros 170 días del año, ya gastó el 64% de los fondos que tenía previstos para todo 2021, según informa el sitio oficial Presupuesto Abierto.En total, desde la cartera que encabeza Daniel Arroyo se devengaron a la fecha $ 161.294 millones, a razón de $ 948,7 millones por día. El gasto, casi completo, se sustenta en dos partidas determinantes en la estructura ministerial: Políticas Alimentarias y Acciones de Programa Nacional de Inclusión Socio Productiva y Desarrollo Local. En enero, se giraba un promedio de $ 600 millones cada 24 horas; en mayo, eran $ 800 millones.Se trata de las áreas de las que salen los recursos para la entrega de Tarjetas Alimentar y el plan Potenciar Trabajo, que concentran el 90% de todo el presupuesto del ministerio y que son administradas por referentes de La Cámpora y del Movimiento Evita.

Emilio Pérsico, uno de los referentes del Movimiento Evita y funcionario del Gobierno.

La evolución de la partida de Políticas Alimentarias viene siendo exponencial. Inicialmente prevista en $ 114.249 millones, ya se gastaron $ 90.387 millones, es decir, el 79,1% en menos de un semestre, lo que hace prever que el nivel de gasto seguirá elevándose el resto del año. A cargo de la misma se encuentra Laura Valeria Alonso, una dirigente clave de La Cámpora, con mucha influencia dentro del ministerio, donde se desempeña como secretaria de Inclusión Social. De la millonaria caja que gestiona surgen pagos destinados a “acciones vinculadas a la Tarjeta Alimentar, que consiste en una acreditación mensual de fondos” a titulares de la Asignación Universal por Hijo y otros planes. Y desde allí también salen recursos para la asistencia a comedores escolares, según se consigna en el mensaje del Presupuesto 2021.La otra partida predominante dentro de Desarrollo Social es la que administra la plata del Potenciar Trabajo, que dirige el referente del Movimiento Evita Emilio Pérsico desde la Secretaría de Economía Social. El ritmo de ejecución del gasto viene siendo más lento que “Políticas Alimentarias”, aunque también demasiado acelerado teniendo en cuenta el curso del año.

Laura Valeria Alonso, secretaria de Inclusión Social, con la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza. Ambas de la agrupación La Cámpora.

En cinco meses y medio se gastó el 53,6% de los $ 112.047 millones previstos para 2021, es decir, $ 60.115 millones exactos, destinados a organizaciones sociales, pero también a instituciones religiosas, gobernaciones y a municipios que articulan localmente el Potenciar Trabajo. Entre los dos programas citados se superaron ya los $ 150.500 millones en gasto, casi la totalidad de los $ 161.294 millones de todo el ministerio.El crecimiento de las partidas de ambos programas se da en el inicio del calendario electoral, a menos de un mes del cierre de listas y luego de que se conocieran algunas encuestas que generaron preocupación por la performance del Gobierno en la provincia de Buenos Aires en el próximo comicio.La disyuntiva entre asistencialismo y apoyo al empleo viene siendo motivo de una puja constante dentro de la estructura de Desarrollo Social. El ministro Arroyo desde el año pasado viene planteando la necesidad de “transformar planes sociales en trabajo”, y en esa misma línea se expresó Pérsico, que sobre la Tarjeta Alimentar había opinado que “es pan para hoy y hambre para mañana”. Nada menos que Cristina Fernández de Kirchner también había advertido al presidente Alberto Fernández: “Con los planes no alcanza”.Pero también hay voces disonantes, que no sólo respaldan políticas como la Tarjeta Alimentar, sino que también reclaman por la vuelta del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el bono de $ 10.000 que se pagó durante todo 2020 a los sectores más vulnerables ante la pandemia. Andrés Larroque, ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, declaró el mes pasado que se trataba de “una herramienta indispensable”.Desde el Gobierno, este sábado, descartaron la vuelta del IFE. Fue el subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría de Economía Social, Daniel Menéndez -referente de Somos Barrios de Pie-, quien negó la posibilidad. “Fue una coyuntura”, argumentó. La otra ‘caja chica’ social​Fuera de la estructura del Ministerio de Desarrollo Social, pero bajo la órbita de Presidencia de la Nación, funciona una “caja chica” que maneja una funcionaria cuyas acciones vienen creciendo fuertemente en las últimas semanas y que se perfila como posible candidata por la provincia de Buenos Aires en los próximos comicios.Se trata del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que está a cargo de Victoria Tolosa Paz, quien acaparó flashes en la última semana por haber tenido una furiosa reacción en la Legislatura bonaerense.Los fondos que recibe el Consejo son $ 1.069 millones, de los cuales a la fecha se giraron $ 274 millones, lo que motiva una ejecución baja en comparación al tramo del año que transcurre: poco más del 25%.Tolosa Paz es parte, además, de la denominada Mesa contra el Hambre, que integran otros actores de la política y que tuvo su último encuentro en mayo. Anunciada en un primer momento por Alberto Fernández como un eje clave de su Gobierno, en pandemia fue perdiendo espacio y sus reuniones se realizan de manera trimestral

Victoria Tolosa Paz, la responsable del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

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El Gobierno prorroga el Repro II para los sueldos de junio: cuáles son los requisitos

El Gobierno prorrogó el Programa de Recuperación Productiva II (Repro II) para los salarios devengados este mes de junio, a través de la Resolución 341/2021 del Ministerio de Trabajo publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La norma extiende también el Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadoras y Trabajadores Independientes en sectores críticos.Asimismo, determina para los sectores críticos que la facturación para el período comprendido entre el 1 y el 22 de junio de 2021 y el mismo lapso de 2019 debe presentar una reducción superior al 20% en términos reales.Además, establece que esta condición no rige para trabajadores independientes, en caso que la fecha de inscripción al régimen de trabajo independiente correspondiente sea posterior al 1 de enero de 2019.Para los independientes, en caso de contar con trabajadores bajo su dependencia, la dotación de personal no podrá ser superior a cinco, en el mes anterior a la solicitud del beneficio.En caso de que un empleador no perteneciente a un sector crítico cuente con trabajadores dependientes prestando servicios en el ámbito de los shoppings o centros de compra, será encuadrado como crítico.Desde el mes pasado, el Gobierno aumentó a $ 22.000 la asistencia para los trabajadores en empresas de sectores críticos, el mismo monto que para los de salud.También se amplió la nómina de sectores críticos, y se le aplicó un tratamiento diferenciado a las empresas con trabajadores dependientes que prestan servicios en centros de compras.En tanto, dejó en $ 9.000 el subsidio a los no críticos afectados.Además, resolvió incrementar para el Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadores y Trabajadoras Independientes en Sectores Críticos el monto de beneficio también a $ 22.000, se amplió la nómina de sectores en condiciones de acceder al programa y se redujo el número de aportes a los regímenes de monotributo y autónomo, a dos pagos.En mayo, de un total de 56.000 empresas inscriptas al Repro II, 21.000 fueron excluidas por incumplir los requisitos. La mayoría fueron rechazadas por registrar una facturación superior al umbral permitido, una situación económica “incompatible” o bien por no completar el formulario en su totalidad, según un informe del Ministerio de Trabajo.Alrededor de 35.000 empresas, que emplean a más de 470.000 personas en relación de dependencia accedieron al beneficio destinado al pago de salarios por hasta un valor máximo de $ 22.000 por empleado. Mientras que el resto, un 37% -casi 4 de cada 10 solicitantes- no pasó los filtros.Con información de TélamNE

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PandemiaSueldos Y ParitariasCrisis Economica

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Carne: el Gobierno levantaría el cepo pero mantendrá cupos y la restricción para 11 cortes populares

A dos días de que venza el cepo a las exportaciones de carne que dispuso el Gobierno por un mes, hay expectativa por el levantamiento parcial de esa medida, que se anunciaría este viernes junto con el congelamiento de precios para 11 cortes populares hasta fin de año.

Con todo, desde los sectores productivos nucleados a nivel nacional en la Mesa de Enlace anticiparon que no aceptarán una flexibilización parcial y consultarán a los ruralistas del interior del país que representan. En ese sentido, se analizará la posibilidad de realizar protestas, que podría incluir un paro en la comercialización de granos y una marcha federal al Obelisco de Buenos Aires el 9 de julio.La presentación de un Plan Ganadero para incrementar la producción de carne anual de 3 a 5 millones de toneladas anuales sería el marco formal de un acto que se realizaría en la Casa Rosada. Pero el mayor interés del Gobierno es implementar un abastecimiento de la carne a precios rebajados en los próximos meses, de cara a las elecciones.En ese sentido, el acuerdo alcanzado con los frigoríficos implica que la mitad de la carne que se produce quede en la Argentina, especialmente los cortes parrilleros y para la elaboración de milanesas. Se podrá embarca el 50% de los volúmenes registrados el año pasado. Por mes, eso significará una habilitación de 65.000 toneladas, con cupos que los frigoríficos deberán autoregular, con controles del Gobierno. Implicará revisiones mensuales, y no se descarta que en agosto pueda haber mayor apertura.Habrá rebajas y un congelamiento de precios hasta diciembre, que en el caso de la tira de asado sería superior al 40%. Del precio actual que está en un promedio de $650 bajaría a $359.De todos modos, la Mesa de Enlace se mostró en desacuerdo con lo negociado entre el Gobierno y los frigoríficos. Creen que un levantamiento parcial del cepo “no aliviará el bolsillo del consumidor y va a bajar el precio al productor, desalentando la actividad ganadera”. Además, no están conformes en que haya avanzado en acuerdos sin que esté presente la representación de los productores. “Pedimos una audiencia al Presidente y nos ha ninguneado”, dijeron los titulares de la Sociedad Rural, Nicolás Pino,, de Coninagro, Carlos Iannizzotto, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) Jorge Chemes, y de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni.Un grupo de entidades rurales de distintas localidades de la provincias de Buenos Aires comunicaron que “en caso de que la decisión del Gobierno no sea plenamente satisfactoria para los productores o que implique algún tipo de menoscabo o vicio oculto, la respuesta debería ser un cese de comercialización de carnes o de carnes y granos”.Cómo se estimularía la ganaderíaEl plan ganadero apunta a estimular la actividad a través de incentivos fiscales, entre otras diez medidas a mediano y largo plazo, vinculadas a ese objetivo que se basan en lo conversado con lo que el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) le presentó al Gobierno.Al respecto, habría financiamiento a través del BNA (Banco Nación) para incrementar el peso promedio de faena, de los actuales 215 kg hasta 430 kg”. En la misma línea, habría una exención/postergación del impuesto a las Ganancias por tenencia del diferencial de kilos que genera el Forward Ganadero “para incentivar al productor a tomar el crédito y aumentar el peso promedio de faenamiento”.Se apunta a la amortización acelerada de inversiones en Ganancias y, entre otros puntos, un crédito fiscal para la compra de insumos. Y con el objetivo de incrementar la productividad de la ganadería vacuna, también se plantea un sistema de crédito fiscal de hasta el 50% de las erogaciones realizadas en adquisición de semillas, fertilizantes orgánicos y no orgánicos, y pasturas para el pago del impuesto a las ganancias (con un tope del 50% del impuesto determinado a pagar)”.El CAA también propuso mejorar índices productivos: “Financiar la implantación de pasturas, verdeos y forrajes conservados (incluyendo semillas, fertilizantes y labores), con el objetivo de solucionar la alimentación estratégica del rodeo, factor hoy determinante en los índices reproductivos y de destetes”.El ordenamiento comercial y sanitario sobre el que ha recalcado el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, implicaría la “revisión de la ley de carnes con el objeto de promover un estándar sanitario único a nivel nacional y la propuesta de un régimen fiscal particular para carnicerías” y “revisión y propuesta de tratamiento fiscal para pequeños productores ganaderos”.

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Tras la presentación de Pfizer en el Congreso, la oposición cuestionó que el Gobierno no tuvo “intención ni voluntad” de firmar con el laboratorio

Dirigentes de la oposición apuntaron contra el Gobierno nacional, luego de las declaraciones del gerente general de Pfizer Argentina, Nicolás Vaquer, respecto a las negociaciones frustradas con Argentina por la vacuna contra el coronavirus.

Mario Negri, titular del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, fue uno de los que a través de las redes sociales cuestionó que el Ejecutivo haya priorizado laboratorios como AstraZeneca.El legislador sostuvo que “el dato llamativo” de la exposición  del gerente de Pfizer en el Congreso “es que dijo que no fueron convocados por el Gobierno a participar de la confección de la ley”.Luego, en conferencia de prensa, Negri lamentó que los laboratorios de China y Rusia solo respondan a través de un escrito. Y respecto a Pfizer, criticó duramente que no se haya llegado a un acuerdo, que hubiera permitido que “8 millones más de argentinos estuvieran vacunados”.
Nicolás Vaquer -gerente de Pfizer- dijo que la ley no es compatible con lo que la empresa solicita. El dato llamativo es que dijo que NO fueron convocados por el Gobierno a participar de la confección de la ley. Quedó claro que el Ejecutivo priorizó laboratorios como AstraZeneca.— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) June 8, 2021

Otro legislador de la misma bancada, Luis Petri, también apuntó a la Rosada. “Después de escuchar al representante de Pfizer en Argentina queda claro algo, no hubo intención ni voluntad por parte del Gobierno Nacional de firmar con Pfizer. No quisieron salvar los obstáculos para garantizar 13.2 millones de vacunas”, tuiteó el legislador.Vaquer, gerente de la farmacéutica, expone en el Parlamento argentino, luego de los cruces entre oficialismo y oposición, que incluso derivaron en una denuncia civil del presidente Alberto Fernández a la titular del PRO, Patricia Bullrich.El directivo afirmó que la empresa no tiene “ningún interés en intervenir con bienes del Estado”. Y negó que el Gobierno argentino haya pedido “pagos indebidos o exigencias de intermediarios”.
Después de escuchar al representante de Pfizer en Argentina queda claro algo, no hubo intención ni voluntad por parte del Gobierno Nacional de firmar con Pfizer. No quisieron salvar los obstáculos para garantizar 13.2 millones de vacunas.— Luis Petri (@luispetri) June 8, 2021

Además, señaló que se sigue avanzando para alcanzar un acuerdo, tal como lo aseguró días atrás el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien dijo que la inclusión de la palabra “negligencia” en la ley fue una de las principales trabas.Por su parte, Omar De Marchi, legislador nacional del PRO, remarcó que Pfizer ofreció al Gobierno millones de vacunas, y que al día de hoy podrían haber entregado 8 millones, y el resto antes de fin de año. Por lo que calificó de “imperdonable” que no se haya tenido en cuenta esta posibilidad.
Pfizer confirma que la Argentina hubiera recibido, entre fines de 2020 y primer semestre de 2021, unas 8 millones de vacunas. https://t.co/BJO6u9oKRw— Mariana Zuvic (@MarianaZuvic) June 8, 2021

En su exposición, Vaquer señaló que hasta el momento “Pfizer tiene la política de conversar los acuerdos sólo a nivel de política nacional”. Y dio detalles de la primera oferta.El empresario precisó que efectivamente le ofreció al Gobierno argentino de manera oficial y por escrito 13,2 millones de vacunas, el 27 de julio de 2020.
Gines Gonzalez García y Carla Vizzotti deben responder porque no se ha firmado con Pfizer, privilegiando los negocios de Hugo Sigman, Carlos Slim y las vacunas rusas.— Graciela Ocaña (@gracielaocana) June 8, 2021

Frente a esto, Graciela Ocaña, diputada por Confianza Pública, pidió respuestas al ex ministro de Salud Ginés González García y su reemplazante, Carla Vizzotti, sobre el “por qué no se ha firmado con Pfizer, privilegiando los negocios de Hugo Sigman, Carlos Slim y las vacunas rusas”.
El representante de Pfizer dejó en claro que explicitaron los requerimientos de contratación y que el gobierno decidió no invitarlos a participar del proceso legislativo. Cuando se incorporó la palabra “negligencia” se sabía que dejaban afuera a Pfizer. pic.twitter.com/3M6LHWKqBg— Karina Banfi 💚 (@KBanfi) June 8, 2021

En contraposición, Gregorio Dalbón, abogado del mandatario en su denuncia contra Bullrich por el supuesto pedido de coimas a Pfizer en la negociación del ex ministro Ginés González García, salió a cruzar a la oposición.Vía Twitter, el letrado citó la declaración del empresario que niega el pedido de “pagos indebidos”. Y apuntó a la oposición: ” Inventen otra mentira, la de Pfizer terminó en el Congreso y tendrá consecuencias en el Poder Judicial de la Nación”.
“En ningún momento hubo pedido de pagos indebidos o existencias de intermediarios”, Nicolás Vaquer, Gerente General de Pfizer Argentina.Inventen otra mentira, la de Pfizer terminó en el Congreso y tendrá consecuencias en el Poder Judicial de la Nación. pic.twitter.com/oGUgqHzc7f— Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) June 8, 2021

AFG

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Para los frigoríficos se acaba el tiempo en la negociación con el Gobierno

“El Gobierno quiere que la Argentina en unos años produzca cinco millones de toneladas de carne, tres millones para el mercado doméstico y dos para la exportación. Yo me conformaría con que empecemos a crecer desde los 3,2 millones que producimos hoy”, dijo esta mañana Mario Ravettino, presidente del Consorcio de exportadores de carne ABC, que reúne a 32 plantas faenadoras, en diálogo con Canal Rural, y sugirió que en la última propuesta presentada por el sector frigorífico al Gobierno para destrabar el conflicto se incluye una ampliación del cupo de 8.000 toneladas de cortes a precios populares.

“Por si o por no, estamos en las últimas instancias. Si no, el Gobierno tendrá que tomar la decisión que considere conveniente y avanzar. Nosotros lo que intentamos evitar son situaciones extremas como intervenciones directas (sistemas de ROES, incremento de retenciones…) que no le hacen bien a nadie”, remarcó Ravettino, y agregó que en el pedido del sector se incluye una mayor apertura al diálogo y la inclusión de todos los actores de la cadena de la carne en ese ámbito.”Apuntamos a superar esta situación y revertir la suspensión temporaria de las exportaciones antes del plazo de 30 días, interpretando la posición del Gobierno y ayudando a solucionar el problema de precios. También solicitamos al Gobierno que nos aboquemos a cuestiones importantes a mediano y largo plazo, como por ejemplo por qué crece la población y no crece el stock ganadero, qué incentivos necesita el productor…”, enumeró.Respecto de las vacas, que probablemente será la categoría más afectada por el cierre de los embarques, dijo: “Nosotros hemos explicado de forma categórica que la vaca no se consume en la Argentina y que no tiene que ser prohibida su exportación. Creo que el Gobierno lo entendió y va a actuar en consecuencia”. 

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Israel: la oposición, a punto de formar gobierno sin Benjamin Netanyahu

A tres días de que expire su plazo para formar Gobierno, el centrista Yair Lapid, en la oposición, está a punto de establecer un Ejecutivo en Israel, que incluiría una rotación en el cargo de primer ministro con el ultranacionalista Naftali Bennet y acabaría con más de 12 años consecutivos del conservador Benjamín Netanyahu en el poder, según los medios locales.
Netanyahu criticó la decisión, alertó del “peligro de un Ejecutivo izquierdista”, y le acusó de “traicionar” a la mayoría de ciudadanos que votaron por partidos de derecha.Tras varias semanas de idas y venidas, la decisión de Bennet de apoyar al denominado “Gobierno del cambio” habría inclinado la balanza en favor del bloque opositor, de acuerdo con los medios.De confirmarse esta información y contar Bennet con el apoyo de los siete diputados de Yamina, el bloque anti-Netanyahu dispondría del apoyo de 58 de los 120 miembros de la Knesset (Parlamento), y necesitaría tres más para alcanzar la mayoría mínima de 61 escaños con la que formar Ejecutivo.

El centrista Yair Lapid, en la oposición, está un paso más cerca de establecer un Ejecutivo. Foto AP

Algo que podría conseguir con el respaldo externo del partido islamista Raam, clave para acabar de determinar la situación con sus cuatro diputados.Durante los primeros dos años Bennet ocuparía el cargo de primer ministro en el nuevo Gobierno, y se alternaría con Lapid para los siguientes dos.Durante una reunión de este domingo, Bennet recibió el apoyo de seis de los siete parlamentarios de Yamina para “formar un Gobierno y evitar unas quintas elecciones”, concretaron medios locales.Según el diario israelí Haaretz, durante el encuentro Bennet habría dicho a sus compañeros de facción que si bien “este no es un Gobierno soñado”, “el objetivo es que funcione”.Raras alianzas​El nuevo Ejecutivo estaría compuesto además por el ultraderechista Israel Nuestro Hogar, el derechista Nueva Esperanza, los centristas de Azul y Blanco y Yesh Atid (liderado por Lapid) y dos formaciones de centro-izquierda: el Partido Laborista y Meretz.Esta mezcla de ideologías había sido hasta ahora el principal obstáculo para formar un “gobierno del cambio”, sobre todo por los ataques a Bennet y a Guideón Saar, líder de Nueva Esperanza, por su posible alianza con partidos a la izquierda del espectro político.A tres días del final de plazo con el que cuenta Lapid, sin embargo, aún queda tiempo para cambios de último momento, algo habitual en la impredecible política israelí y más aún si se trata del posible final del mandato de Netanyahu.El actual primer ministro realizó una propuesta a Bennet y Saar para establecer un Gobierno derechista con una triple rotación entre ellos en el cargo de jefe de Gobierno, que Saar rechazó de forma casi inmediata.Una de las alternativas que le quedan al actual mandatario es intentar seducir a tránsfugas de los partidos derechistas del bloque opositor y esperar así contar con el apoyo de Bennet. Este último, si bien ha expresado que lo ideal sería un Gobierno de derechas, ante la aparente imposibilidad de materializarlo estaría priorizando una alianza con los opositores para evitar unas quintas elecciones.De conformarse un Ejecutivo, Israel saldría de un bloqueo político de más de dos años y que llevó en marzo de este año a los cuartos comicios desde 2019.Fuente: EFE y APPB​

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economía

Inflación: el plan “cuatro anclas” que ensaya el Gobierno.

Carlos Melconian lo llamó “berretolandia”. Martín Redrado, “lo vamos viendo”. El plan del gobierno intenta ahora ahora redefinirse como el “cuatro anclas”. La canción es la misma pero la pandemia multiplica la incertidumbre hasta fin de año.
El aspecto más novedoso de esta estrategia fue definido por el presidente Alberto Fernández en el fin de semana: las tarifas de luz, gas y transporte seguirán “planchadas” luego de un único aumento de 9% hasta después de las elecciones.”Hemos fijado un aumento de 9% y punto”, dijo el presidente dando por finalizada, además la puja entre el ministro de Economía Martín Guzmán, que quería una suba de 15% y desplazar al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, que hizo prevalecer su punto de vista al postular un aumento tarifario para el año inferior a los dos dígitos.Moderar el aumento de las tarifas, además de ser el “ancla N°4” en el plan oficial en el intento de moderar la inflación, tiene el obvio objetivo de no golpear más el bolsillo de la gente con la mirada puesta en las elecciones de fin de año.Más allá del momento dramático que se vive por la segunda ola de la pandemia, el kirchnerismo mantiene la mirada atenta sobre el conjunto de medidas que pueden beneficiarlo en las elecciones y más aún ante la posibilidad de que se diluya uno de los objetivos centrales para este año: que la suba de los salarios le gane al costo de vida.La suba de precios del primer cuatrimestre del año es inquietante. El índice de precios al consumidor acumula 17,6% y se acerca a subir 29% en el primer semestre que es la pauta que el gobierno fijo para la totalidad de 2021.Desde octubre la inflación promedio es del 4% mensual que marca un ritmo anualizado del 60%.Los pronósticos de los economistas apuntan a una suba de entre 40% y 50% en el año a pesar de que el gobierno ya arrancó con el plan “cuatro anclas” y que a la desesperada toma medidas como la prohibición de exportar carne para evitar la suba en las carnicerías a pesar de considerar que le será difícil sostener ese esquema por mucho tiempo.Según el relevamiento de precios minoristas de la consultora EcoGo de Marina Dal Poggetto el rubro alimentos y bebidas “en la segunda semana de mayo presentó un incremento del 4,2% contra la segunda semana de abril”.Ante esos resultado el gobierno reforzará el esquema de cuatro anclas antinflacionarias basado en lo siguiente:Ancla1: atrasar el dólar oficial frente a la inflación como lo viene haciendo en forma pronunciada en los últimos 60 días. El dólar oficial mayorista que está en $94,27 subió sólo un 1% en los últimos 30 días.La fuerte liquidación de dólares de las exportaciones de soja y maíz impulsada por los altos precios internacionales (la soja llegó a los US$600 y ahora está en baja) reforzó las reservas del Banco Central.Las reservas “netas” ya están en US$6.000 millones y se estima que podrían subir a US$8.000 millones en julio.Con el dólar atado y más reservas el gobierno apuesta a tranquilizar los precios de los alimentos que se exportan pero, también ensaya aventuras políticas.Aún cuando la brecha cambiaria (entre el dólar oficial y el libre) es alta y supera el 70%, al estar estabilizada permite que el kirchnerismo pontifique sobre cómo debe ser la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y a qué se deben destinar US$4.500 millones que le corresponden a la Argentina por ser miembro del organismo que todavía no llegaron.El dólar quieto y tendiendo al atraso siempre envalentona a la política pero la inflación en medio de la pandemia llevó al gobierno a echar mano a más anclas.Ancla 2: Las tarifas de luz, gas y transporte están congeladas desde hace dos años y su contracara es el aumento de los subsidios que el ministro Guzmán buscó bajar para la construcción de lo que él denomina un sendero fiscal que permita dar señales de tender al equilibrio de las cuentas públicas.Guzmán perdió la puja para desplazar a Basualdo y el Presidente fue terminante: la suba de las tarifas no llegará al 10% dando por terminada las diferencias. Nadie renuncia, los dos siguen en el gobierno, el subsecretario fortalecido por el apoyo de La Cámpora y la vicepresidenta Cristina Kirchner y Guzmán con la misión delicada de acordar con el Club de París para que no declare un default y con el FMI aún cuando su poder haya sido limado.Anclas 3 y 4: También son difíciles de sobrellevar y se explican porque tanto los salarios como las jubilaciones van camino a perder este año la carrera contra la inflación.El gobierno se proponía mejorar el poder de compra pero la inflación perforó los bolsillos.Los salarios y las jubilaciones vienen perdiendo desde el segundo semestre de 2020 contra la inflación promedio.Según los cálculos del periodista Ismael Bermúdez publicados en Clarín,  a marzo los salarios y las jubilaciones perdieron en un año 10 puntos frente a la inflación y 12/13 puntos respecto a la canasta de alimentos básicos.No es la primera vez que un gobierno recurre a ponerle el pie encima a estas cuatro variables clave de la economía en el intento de bajar la inflación. El problema es que sin un plan que las abarque y las ordene sería adoptar la vieja metáfora de mandar de a uno a los soldados al frente de batalla.

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El pedido de refugio político de un asesor de Macri incomoda al gobierno de Luis Lacalle Pou

Fabián Rodríguez Simón registra su última entrada a Uruguay el pasado 8 de diciembre de 2020. Supo este diario que entró por la localidad de Fray Bentos, fronteriza con Gualeguaychú, Entre Ríos.
En la resolución por la que la jueza Maria Romilda Servini de Cubría pidió su captura internacional consta que la defensa del acusado informó que volvería a la Argentina el 15 de mayo.Clarín supo también que “Pepín” Rodríguez Simón hizo un pedido de residencia en el país vecino y la misma entró en trámite, aunque otras fuentes dicen que también buscó renunciar a ella para cambiar su estatus por el de refugiado político, este mes de mayo.Trascendió que Rodríguez Simón presentó dos habeas corpus en Uruguay, uno le fue rechazado, el 6 de mayo, y otro está siendo analizado, contaron fuentes periodísticas en Montevideo.  Fuentes consultadas en Montevideo opinaron que ya tenía sus pasos planeados. Y que está “entreverada esa madeja”. La situación judicial y las maniobras del operador macrista para eludir a la Justicia incomodan al gobierno de Luis Lacalle Pou. Fuentes vecinas dijeron que no desean sumar tensión con el gobierno de Alberto Fernández, con el que existe fuertes diferencias sobre el futuro político y comercial del Mercosur. De hecho, los dos presidentes mantuvieron un duro cruce verbal el pasado 26 de marzo durante la última cumbre del bloque y nunca más volvieron a hablarse.Fuentes policiales dijeron que Servini de Cubría ya mandó a Interpol Argentina el oficio en el que pide la captura internacional del acusado de presunta persecución al grupo empresarial Indalo y de estar en “rebeldía”. Este miércoles, el pedido de captura internacional estaba cumpliendo los trámites para ser remitido a Interpol Uruguay. Ni el embajador Carlos “Pájaro” Enciso (el uruguayo en Buenos Aires)  ni Alberto Iribarne (el embajador argentino en Montevideo) habían trámite alguno.Argentina y Uruguay tienen tratado de extradición vigente -así fue como los vecinos enviaron a este país a Sebastián Romero, el activista que disparó con un mortero casero frente al Congreso en diciembre de 2017-.   La ley “Sobre el Derecho al Refugio y a los Refugiados” de Uruguay, la 18.706, y establece un cerrojo informativo sobre los casos que tratan. Funciona de manera parecida a la de Argentina aunque suele ser menos politizada que la de Argentina.La CORE -ese órgano encargado de decidir sobre las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado- tiene hasta 90 días para pronunciarse sobre un caso.Está presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores,  e integrada por un Representante de la Dirección Nacional de Migración,  un Representante de la Universidad de la República, uno del Poder Legislativo, otro del Servicio Ecuménico para la Dignidad Human, y una representación del ACNUR, más otra de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo. La voz que se hizo sentir este miércoles sobre el caso de Pepín Rodriguez Simón fue la de José “Pepe” Mujica. “El hombre está tratando de zafar, por lo visto. O no tiene ninguna confianza en la Justicia o tiene la bola embarrada. Lo único que sé es que desgraciadamente la Justicia la estamos manoseando y la Justicia entró en dejarse manosear. Eso nos degrada a todos. Nos quita confianza”, dijo el ex mandatario, hoy retirado de los cargos públicos, en diálogo con Radio con vos.Dijo que “será la Justicia uruguaya la que tendrá que medir” si acepta o no el pedido para ser refugiado político. Pero aclaró que la situación “nos mete un lío adentro”.

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Contacto del Gobierno de la Ciudad con Israel para acceder a vacunas contra el coronavirus

Con sigilo pero con premura, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estableció un contacto concreto con Israel para acceder al excedente de vacunas de AstraZeneca que ese país no utilizó en su exitoso y avanzado plan de inmunización contra el coronavirus.
El encargado de esa negociación fue Francisco Straface, secretario general y de Relaciones Institucionales del Gobierno porteño, y se da en el marco de un plan más ambicioso de trabajo con Israel que podría desembocar en el viaje de Horacio Rodríguez Larreta a Tel Aviv entrado el segundo semestre del año.El contacto por las vacunas y ese viaje del jefe del Gobierno porteño, no obstante, corren por distintos carriles.La visita a Israel de Rodríguez Larreta es un plan que viene en marcha hace meses y que tuvo su último avance en una reunión que mantuvieron Straface y la embajadora israelí Galit Ronen, en las oficinas porteñas de Uspallata, en Parque Patricios, la semana pasada.Las tratativas por las vacunas, en cambio, surgieron luego de la revelación tardía y televisada del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que hace un mes sostuvo que nada impedía a las provincias para negociar por vacunas contra el Covid.Desde la Ciudad confirmaron a Clarín que, desde ese momento, contactaron a todos los laboratorios que producen dosis en el mundo. Y también a países con excedentes de stock. Ese fue el caso de Chile y también de Israel.”No es una negociación, fue una consulta”, aclaran altas fuentes de la Ciudad. El comentario viene a cuento porque en efecto, aún no se sabe si esas dosis excedentes estarán a la venta. Lo que hizo el Gobierno porteño es ponerse en los primeros lugares de la fila para cuando haya una definición.Israel adquirió de AstraZeneca diez millones de vacunas que finalmente no utilizó, en parte por las trabas y cuestionamientos que ese laboratorio tuvo desde los organismos de control europeos. Y en parte porque logró una alta provisión de Pfizer, y en menor medida de Moderna, que llevaron a avanzar velozmente en su plan de inmunización.En la actualidad, Israel no exporta vacunas: aún tiene en los albores de de la Fase 3 de aprobación a su desarrollo propio, que podría testearse en Argentina.No obstante, casi en paralelo a los dichos de Cafiero, Israel anunció la intención de desprenderse del lote de AstraZeneca. Desde la Ciudad se habrían interesado en un remanente de un millón de dosis.Pero aún no se sabe cómo Israel puede desprenderse de esas vacunas. Los contratos firmados con el laboratorio tendrían algunas cláusulas que van en contra de reventas. Incluso no se sabe si el país puede donarlas, otra opción posible.

Fernando Straface, el hombre de Horacio Rodríguez Larreta que hizo el enlace con Israel. Foto EFE

Como fuere, eso fue lo que preguntaron desde la Ciudad al respecto. Las tratativas no tienen un horizonte próximo. Algunas fuentes dicen que no habría novedades en este bimestre. Pero el interés fue expresado.Lo que descartan es un viaje de funcionarios por ese tema. Una versión ponía en un avión al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, y al propio Straface con rumbo a Tel Aviv. Eso no sucederá.El contacto formal fue de Straface -se habló del envío de una carta que nadie en el Gobierno porteño quiso confirmar-. En el trabajo hormiga aportó el bagaje técnico de Francisco Resnicoff, subsecretario de Relaciones Internacionales e Institucionales y la coordinación operativa de Miguel.Algunas fuentes le dieron un rol en la movida a Mariano Caucino, ex embajador argentino en Israel durante el mandato de Mauricio Macri y actual asesor extraoficial de Rodríguez Larreta, en algunos temas. Pero el mismo Causino desmintió su intervención ante la consulta de Clarín.Rodríguez Larreta levanta vueloEl viaje que sí se organiza es el de Rodríguez Larreta a Israel y tiene otra agenda: es para entablar reuniones para el desarrollo “pospandemia” de las ciudades, con un foco en el manejo del espacio público, uno de los caballitos de batalla de la gestión porteña.Que se pueda aprovechar esa visita para hablar de vacunas es una opción lógica.Las tensiones actuales en la Franja de Gaza conspiran contra ese objetivo internacional. Y también otro dato: que Israel aún no definió qué permisos les exigirá a los extranjeros para ingresar de visita al país cuando vuelva a permitirlo.El vínculo entre la Ciudad de Buenos Aires e Israel no es nuevo: ya en 2016, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, y el propio Straface viajaron hacia allí, interesados en el desarrollo de industrias del conocimiento y su interacción con empresas y universidades.Ante estos planes, el tuit de Rodríguez Larreta en apoyo a Israel por los ataques del grupo terrorista Hamas, toma una dimensión adicional. Y también lo ubica en un plano más nacional al jefe de Gobierno porteño, que también tiene en su agenda un plan de viajar a Estados Unidos.

Felipe Miguel, jefe de Gabinete porteño, coordina el contacto entre la Ciudad e Israel. Foto Prensa GCBA

De ser exitoso el contacto por las vacunas, desde el Gobierno porteño aclaran que lo que se consiga no será de su exclusividad. “Intentaremos traer dosis al país, no es algo que tenga intención de ser solo para porteños”, aclaran.De hecho, advertidos de las negociaciones de la Ciudad, emisarios provinciales y municipales -de Juntos por el Cambio y también de otros colores políticos- le hicieron llegar su interés al Gobierno porteño de sumarse a las tratativas.El contacto está hecho.DS

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