El Juzgado de Instrucción 4 de Vera (Almería) ha acordado una ronda de declaraciones en el marco de la causa penal que investiga una presunta compra de votos en las elecciones municipales de 28 de mayo en el municipio de Carboneras, y ha resuelto citar como investigado al hermano del alcalde del PP, Felipe Cayuela.
El juez ha señalado, asimismo, para el día 5 de diciembre, la declaración en sede judicial de uno de los denunciantes, el concejal de Ciudadanos Salvador Hernández, y ha llamado para ese mismo día a otras tres personas en calidad de testigo, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.
El juzgado instructor remitió en el mes de junio ofició a la Policía Judicial de la Guardia Civil para que investigasen dos denuncias, una por parte de Cs y otra de PSOE, por “supuesto uso fraudulento” del voto por correo en el que ambos apuntan al PP.
De momento, la práctica de diligencias por la que deberá prestar declaración como investigado el hermano del alcalde el día 11 de diciembre se circunscribe a la denuncia presentada por Cs, en este caso ante la Guardia Civil.
En esta, se relata un presunto incidente ocurrido en un colegio electoral del municipio en el que una persona, a quien identifica, habría reconocido en presencia de apoderados y candidatos de otros partidos, así como de un agente de la Policía Local y de los integrantes de la mesa, que le “habían entregado 50 euros a cambio de su voto”.
Cs dio en la denuncia la identidad de seis testigos que los habrían presenciado los hechos y detalló que la “compra de voto” que ahora se investiga judicialmente se habría ejecutado “el 21 de abril” en un hotel del municipio. Precisó, asimismo, que la persona que “le pagó fue el hermano del candidato del PP a la Alcaldía”, a su vez “gerente” del citado establecimiento.
Por su parte, el PSOE incorporó en su denuncia al juzgado, interpuesta por el actual concejal no adscrito, la “grabación” de una llamada telefónica en la que supuestamente el hermano de uno de los candidatos ‘populares’, se dirigía a uno de los concejales del PSOE en el Ayuntamiento “asegurando que el aspirante a la Alcaldía por el PP, Felipe Cayuela, está comprando votos”.
Concretó habría sido el pasado 18 de mayo cuando el hermano del candidato del PP habría contactado con el entonces concejal socialista a través de mensajería de Facebook.
En el contenido de su mensaje, según aseguraba y “tras identificarse por su nombre”, le habría ofrecido “tres votos, que se están comprando este año a 100 euros cada uno”.
La denuncia sostenía, asimismo, que el mismo concejal habría recibido después varias llamadas de esta misma persona a través de la misma plataforma, por lo que le devolvió la llamada esta vez con dos concejalas del gobierno municipal “como testigos y siendo la llamada grabada”.
“El hermano del candidato del PP manifiesta entonces que si el PSOE quiere comprar los votos de su madre, de su hermana y de su sobrino, que otros lo están haciendo y, a pregunta del concejal de qué otros, manifiesta que Felipe”, recogía.
A esta conversación transcrita y grabada, la denuncia socialista añadía que habría “otras evidencias” que vendrían a “ratificar los hechos” y aludía a la publicación en la red social Facebook de conversaciones por parte de particulares “denunciando el intento de compra de votos” con ‘pantallazos” adjuntos.
El TSJA rechazó en su día anular los votos por correo emitidos para las elecciones municipales de 25 de mayo en Carboneras como solicitó el PSOE al concluir que debía ser la jurisdicción penal la que “determine la existencia de los graves hechos que se denuncian”, y destacó que la “mera interposición de dicha denuncia penal no puede determinar la invalidez del proceso electoral”.
Al tiempo, sentenció que “la legalidad de la mecánica de la votación por correo” en la circunscripción con los documentos que obran en el expediente no podía “verificarse” en tan “breve” espacio de tiempo.
En la actualidad, el PP gobierna en minoría con seis concejales tras romperse el pacto de gobierno con el único concejal de Cs. El PSOE cuenta, por su parte, con tan solo cinco ediles después de la marcha como no adscrito del edil que puso la denuncia en el juzgado.
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