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En solamente un vehículo, la Guardia Nacional aseguró 150 kilogramos de marihuana en Michoacán

A través de su cuenta de Twitter, la dependencia publicó fotografías de un vehículo compacto lleno de los envoltorios con la presunta droga, que tenía un peso aproximado de 150 kilogramos (Foto: Twitter/@GN_MEXICO_)Este miércoles 24 de noviembre, la Guardia Nacional (GN) reveló que elementos de la dependencia interceptaron el traslado de 166 paquetes de posible marihuana en el municipio de Taretan, en la entidad federativa de Michaocán.A través de su cuenta de Twitter, la dependencia publicó fotografías de un vehículo compacto lleno de los envoltorios con la presunta droga, que tenía un peso aproximado de 150 kilogramos.“La acción se derivó de la revisión a un vehículo en la carretera Uruapan-Lázaro Cárdenas”, informó la GN. Guardias nacionales tuvieron contacto con el conductor de un vehículo particular de color blanco, quien mostró una actitud evasiva al notar la presencia de esta autoridad (Foto: Twitter/@GN_MEXICO_)Los hechos se registraron en el kilómetro 102+200 de la autopista, donde guardias nacionales tuvieron contacto con el conductor de un vehículo particular de color blanco, quien mostró una actitud evasiva al notar la presencia de esta autoridad.Al percatarse de la presencia del operador, trató de ocultarse con su unidad detrás de un tractocamión, el personal de la GN le indicó la parada de alto total para efectuar una inspección preventiva.“Cuando los integrantes de la GN se aproximaron al automóvil, percibieron un fuerte aroma que se desprendía desde el interior de la unidad”, señaló la dependencia.En la cajuela del vehículo, cubiertos con una manta, localizaron un total de 91 paquetes rectangulares envueltos con cinta canela que contenían hierba verde y seca con las características propias de la marihuana.“Cuando los integrantes de la GN se aproximaron al automóvil, percibieron un fuerte aroma que se desprendía desde el interior de la unidad”, señaló la dependencia (Foto: Twitter/@GN_MEXICO_)En tanto, en el asiento trasero, ocultos con una sábana, se ubicaron 75 paquetes más con la posible droga.Al conductor le fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención para ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Morelia, Michoacán, junto con los 166 paquetes, para continuar el proceso y deslindar responsabilidades.Macabro hallazgo en Michoacán: encontraron cinco cuerpos en el municipio de ChilchotaEl narco está expulsando al pueblo purepecha de su lugar de origen: Michoacán. Este martes, en uno de los tantos golpes a la comunidad indígena, se anunció el hallazgo de cinco cuerpos que se localizaban en un predio cerril ubicado en Huecato, en el municipio de Chilchota.En el municipio de Chilchota, Michoacán fueron encontrados cinco cuerpos en fosas clandestinas (Foto: Cuartoscuro)
Los cadáveres han sido localizados en cuatro fosas clandestinas, informó la Fiscalía General del Estado. Mientras un grupo de agentes realizaba labores de vigilancia, se percató de un olor fétido por lo que decidieron indagar la zona. En el sitio hallaron ropa y restos humanos, por lo que confirmaron que se trataba de estos depósitos ilegales.“Luego de actuaciones periciales, los restos óseos fueron llevados al Servicio Médico Forense donde serán sometidos a estudios de Antropología y Genética para determinar su origen”, indicó la FGE.El municipio de Chilchota está situado en la Meseta Purépecha y es considerado tierra indígena. Hace años, esta comunidad vivió las amenazas del crimen organizado tras la llegada del grupo criminal los Caballeros Templarios.En el sitio hallaron ropa y restos humanos, por lo que confirmaron que se trataba de estos depósitos ilegales (Foto: Cuartoscuro)Los sicarios invadieron los territorios indígenas y arrinconaron a sus pobladores. Víctimas ancestrales del abandono y la discriminación de las autoridades, los habitantes se enfrentaron a los criminales, dando origen a la policía comunitaria.Michoacán, por donde corren importantes rutas del narcotráfico, se ha erigido como una de las entidades más violentas de México por la disputa entre Cárteles Unidos y el sanguinario Cártel Jalisco Nueva Generación. La semana pasada, este último grupo se vio involucrado en diversos enfrentamientos, el primero de ellos en el poblado de Villa Victoria, en Chinicuila, Michoacán, donde un comando disparó contra viviendas y vehículos.Poco después, en la comunidad de Taixtan, en el municipio de Tepalcatepec, seis militares fueron heridos tras un enfrentamiento con sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación.SEGUIR LEYENDO:Época de Oro: cuál era la afición de Andrés Soler y por qué nunca se casóCuáles son las variantes que afectan a los ya vacunados contra el COVID-19 en ArgentinaLa Titanoboa, la serpiente más grande de la historia, fue descubierta en ColombiaMadonna al borde de la censura: las provocadoras fotos que publicó en lencería y medias de red

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“Se debe castigar a los culpables”: AMLO condenó disparos de la policía en manifestación en Cancún

Foto: Presidencia de México.El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que se tiene investigar y que castigar a los culpables de los disparos a manifestantes en Quintana Roo, refirió que no se debe utilizar la fuerza personas que se manifiestan, pues eso, “tiene que ver con actitudes autoritarias”, dijo. “Castigar a los culpables, no se debe, esto es evidente, utilizar la fuerza, no se debe de utilizar armas disparar, eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos, entonces no a la represión es lo que podemos decir,.Y en efecto que se haga la investigación, porque existen dos versiones, más, pero esto que dice Álvarez Icaza que es enemigo, adversario, que dice que fue la Guardia Nacional está totalmente equivocado.Ahí hay dos versiones, una de que tuvo que ver con el gobierno municipal, y la otra versión es que fue la estatal y también de que en Quintana Roo hay mando único…Yo creo que lo que procede en este caso es que el gobernador, que es una gente responsable, ese es mi punto de vista, indague y aclare lo que sucedió, quién es el responsable, quién es el autor intelectual quién dio la orden y quiénes llevaron a cabo esas acciones. Cuando hay un asunto así, se debe de actuar sin contemplaciones, no debe de haber impunidad, no debe de haber protección a nadie, pero en el caso de que no se deslindaran los hechos y no se castigara a los responsables, los afectados deberían de acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es más la comisión por oficio, debería de intervenir; no oficiosa, sino abrir el expediente, pero esperemos que el gobierno estatal dé a conocer los hechos y se finquen responsabilidades”, indicó el mandatario mexicano. Información en desarrollo…

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Tensión en la presa La Boquilla: agricultores refuerzan su vigilancia ante eventual arribo de la GN

Imagen de archivo. REUTERS/José Luis González (JOSE LUIS GONZALEZ/)Los agricultores que mantienen tomada la presa La Boquilla, ubicada en el municipio de San Francisco de Conchos, Chihuahua, comenzaron el reforzamiento de sus filtros de seguridad en torno a la represa.De acuerdo con medios locales, desde las 8 de la noche de este martes, alrededor de 20 agricultores colocaron varios autos para vigilar el tramo carretero de Camargo a La Boquilla,  en el lugar conocido como “El Pescador”, al tiempo que reforzaron la vigilancia en la zona del campamento de la presa.Esto ocurre ante el temor del arribo de la Guardia Nacional a las instalaciones de La Boquilla, desde la zona de Las Pilas, donde hay más de 2,000 elementos.Este martes, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió con el presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua, Salvador Alcántar, con la intención de concretar acuerdos para poder cumplir con el pago de agua previsto en el Tratado de 1944 con Estados Unidos. REUTERS/José Luis González (JOSE LUIS GONZALEZ/)En el encuentro participaron legisladores locales y federales de Chihuahua, quienes se unieron al diálogo para destrabar el conflicto entre los gobiernos estatal y federal, por la extracción del líquido en sus presas para entregarlo a Estados Unidos.Sánchez Cordero dio a conocer el encuentro a través de su cuenta de Twitter, en donde también escribió que “una vez resuelto el caso, con la participación de autoridades de distritos de riego y estados vinculados al acuerdo, garantizando en todo momento el abasto de agua para consumo humano, se instalarán mesas de trabajo para atender necesidades de inversión y protección regional”.Más tarde, la Secretaría de Gobernación indicó que durante la reunión, Alcántar Ortega entregó un pliego petitorio en representación de más de la mitad de los módulos de riego afectados por las sequías en Chihuahua.Una vez que se revise dicho pliego petitorio, se instalará una mesa técnica de trabajo para revisar la infraestructura hidráulica necesaria para los distritos de riego y sus zonas conurbadas, así como para atender necesidades de inversión y protección regional, garantizando el abasto de agua para consumo humano.Por otra parte, la familia LeBarón pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervenir en este conflicto.Todas las mañanas en tu correo: suscríbete al newsletter de Infobae México Imagen de archivo. Julián Lebarón (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López/)Bryan y Julián LeBarón, junto con el activista Raymundo Eugenio Soto Villegas, tramitaron un recurso legal ante la CIDH para pedir que se dicten medidas cautelares en el caso, con el aval de agricultores y que se garantice la estabilidad económica de las personas de la región que serán perjudicadas si se cumple el envío del agua de la Presa La Boquilla a Estados Unidos.Argumentaron que cerca de 12,000 personas en Chihuahua se pueden ver afectadas si se llevan el agua de La Boquilla, por lo que dijeron, miles de personas podrían verse obligadas a migrar a los Estados Unidos ante la imposibilidad de sembrar sus cultivos.Además, también solicitaron al Estado mexicano, no hacer uso de las fuerzas armadas para realizar tareas del orden civil.“Esto es importante, ya que solamente en el último mes, la presencia de la Guardia Nacional en la región ha tenido como consecuencia una ejecución extrajudicial y un ataque que culminó con lesiones graves” apuntaron.Los agricultores aseguraron que no quieren que se deje de pagar, “pero que se asuma que si solamente existe ese camino, se pone en riesgo la actividad que alimenta a la región y al país. Pero queremos que se busquen alternativas en un clima de paz, donde no existe el miedo de las acciones represoras que pueda desplegar la Guardia Nacional, y no hablamos de en balde, ya ha habido muertos”, destacaron.MÁS DE ESTE TEMA:Los daños en la presa “La Boquilla” ascienden a más de 100 mdp y la reparaciones tomarán mesesLa sequía que provocó una batalla política: así viven los pescadores de la presa La BoquillaJavier Corral denunció que el gobierno federal canceló la cooperación en seguridad en “venganza” por conflicto de agua

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“Queremos justicia”: habló la mamá de Jessica, la joven campesina que murió en incidente con Guardia Nacional

Funeral de Jessica
Foto: Reuters/Jose Luis Gonzalez (JOSE LUIS GONZALEZ/)El jueves pasado fue el funeral de Jessica, la mujer que tras acudir a una serie de protestas para exigir agua en el estado de Chihuahua recibió un impacto de bala presuntamente por elementos de la Guardia Nacional.Justina Zamarripa, madre de Jessica manifestó que su hija acudió a la manifestación en su representación, ya que ella y su esposo no pudieron ir.“Queremos justicia, nada más, es todo lo que queremos porque yo no quiero que otra gente pase lo que nosotros estamos pasando”, expresó la madre de familia.Jessica –de 36 años de edad– y su esposo Jaime habían participado en la manifestación para recuperar la presa La Boquilla, la cual estaba resguardada por elementos de la Guardia Nacional; según testigos, los elementos federales les dispararon al interior de una camioneta, después de que se dirigían a su vivienda en la población de Lázaro Cárdenas.Jessica y su esposo Jaime habían participado en la manifestación para recuperar la presa La Boquilla
Foto: FB“No era persona agresiva, era muy noble, muy tranquila, no como para que la hubieran agredido de esa manera”, agregó Justina al ser cuestionada por Televisa Ciudad Juárez. No obstante, los elementos de Guardia Nacional aceptaron su participación en el incidente pero sostuvieron que fue un enfrentamiento armado con civiles que intentaron liberar a unos detenidos y que ellos trataron de repeler la agresión.Al momento, la Fiscalía General de Chihuahua reporta el estado de Jaime como “crítico”, por lo que se espera que en los próximos días mejore y pueda rendir su declaración con respecto a los hechos.Jessi, como le decían sus familiares y amigos, era madre de tres hijos que quedaron en orfandad, y además de que contaba con estudios de quiropráctica, para apoyarse económicamente, elaboraba y vendía pasteles, pero su principal fuente de ingresos era el trabajo en el campo, afirmó al portal local El Diario de Chihuahua una tía de la víctima.“Hacía trabajos en la labor, era una mujer de campo como muchas de nosotras en Chihuahua”, agregó la familiar que exige que el crimen no quede impune.Familiares de la víctima en el funeral
Foto: Reuters/Jose Luis Gonzalez (JOSE LUIS GONZALEZ/)Cabe recordar que desde hace tiempo, productores agrícolas del estado de Chihuahua han protestado por la falta de agua para sus riegos, pero la semana pasada llegaron a un acuerdo que la Comisión Nacional de Agua (Conagua) incumplió al aumentar la extracción de la presa La Boquilla para cumplir con el Tratado Internacional de Aguas entre México y Estados Unidos.Como resultado, los campesinos tomaron la presa por la fuerza y obligaron a los elementos de la Guardia Nacional que resguardaban la zona a desalojar el recinto, no sin antes tener un enfrentamiento en el que los uniformados trataron de disipar al colectivo con gas lacrimógeno.En la mesa de diálogo que tuvo lugar anteriormente, la Conagua aceptó cesar la extracción de agua, luego de que se obtuviera una cierta cantidad. Sin embargo, el pasado domingo aumentó la cantidad de líquido extraído de la presa.Los protestantes aseguran que 52 de los 67 municipios del estado padecen sequía gracias a dicho tratado. Por ello tomaron la presa y esta madrugada se mantienen alerta ante la posible llegada de la Guardia Nacional.Foto: Reuters/Jose Luis Gonzalez (JOSE LUIS GONZALEZ/)Los manifestantes han acusado que esas extracciones ponen en riesgo el agua para sus cultivos y la viabilidad de sus cosechas. No obstante, la administración federal requiere cumplir con un plazo para retornar el líquido al país del norte, según una regulación de 1994 sobre la escorrentía de los ríos fronterizos que se convierten en aguas internacionales.Ante tales protestas, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la república, ha dicho que en las manifestaciones existe un interés político comandado por líderes locales opositores a su gobierno. Por ello, se ha dispuesto de fuerzas federales como la Guardia Nacional para que el acuerdo con Estados Unidos sea cumplido sin sabotajes.MÁS SOBRE ESTOS TEMASLas 10 claves para entender el conflicto en la presa La Boquilla, Chihuahua

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La realidad de la Guardia Nacional: la mayoría de sus elementos provienen de las Fuerzas Armadas

En la Constitución está referida como una institución de seguridad pública de carácter civil. (Foto: EFE) (Juan Carlos/)La Guardia Nacional (GN) es uno de los pilares más importantes en la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual está definida en la Constitución como “una institución de seguridad pública de carácter civil”, por lo que podría ser considerada una corporación policial; sin embargo, la realidad es distinta, pues los elementos que la conforman provienen de las fuerzas armadas.De acuerdo con un informe oficial que el portal Animal Político obtuvo vía transparencia, el reclutamiento total que ha llevado a cabo la Guardia Nacional desde su creación ha sido nulo. En contraparte, hasta mayo de este año, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) han incorporado 29,818 elementos que fueron o serán transferidos a la GN.El recurso a través del cual pudieron ser transferidos fue un oficio de comisión, pero administrativamente continúan adscritos a las Fuerzas Armadas, además de que recibieron adiestramiento por parte de estas instituciones, cuando en la Guardia Nacional deben cumplir con habilidades, conocimientos y confianza para servir como policías.Según los datos recabados, de los casi 30,000 elementos que se unieron a las filas de la Guardia Nacional, únicamente el 0.3% (119) contaba con una evaluación de control de confianza, además de que ninguno tenía certificado único policial hasta el 21 de mayo, el cual, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Guardia Nacional, es “un requisito de ingreso”.Hasta mayo de este año, la Sedena y la Semar han incorporado 29,818 elementos que fueron o serán transferidos a la GN (Foto: Cuartoscuro)Si bien el medio cuestionó a la corporación respecto a este tema, la respuesta que recibió fue que “el Centro de Evaluación y Control de Confianza no tiene conocimiento sobre el número total del universo de reclutas incorporados a la Guardia Nacional”.Otro hecho de relevancia es que de las más de 90,000 personas que supuestamente componen a la Guardia Nacional, únicamente 26,000, los cuales fueron transferidos de la extinta Policía Federal, cuentan con control de confianza aprobado, mientras que 7,000 de esos elementos tienen el certificado único policial.Respecto a este tema, la corporación de seguridad recordó que existe un plazo de hasta dos años, el cual fue aprobado en el 2019, para que se culminen los procesos de confianza de todos los elementos a su interior, por lo que en la actualidad no se estaría violando la ley. No obstante, el avance después de un año es muy poco.La mayoría de los elementos percibe su sueldo por parte de las Fuerzas Armadas y no de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (Foto: Cuartoscuro)Además, 26,763 ex elementos de la Policía Federal cuentan con una plaza de la Guardia Nacional, por lo que reciben su sueldo por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mientras que la mayoría de los integrantes perciben sus ingresos de la Sedena o de la Semar.El hecho de que la mayoría de elementos provengan de las Fuerzas Armadas sin haberse desvinculado de las mismas es, para el experto en seguridad Alejandro Hope, “una burla a la ley”, pues en el artículo 25 de la legislación de la Guardia Nacional, “se señala como requisito de ingreso a la GN ‘estar funcionalmente separado de su institución armada de origen’”, escribió en una columna para el diario El Universal.En el mismo texto puntualizó que si bien la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública de carácter civil, en la actualidad “no se le aplican las reglas que se imponen a las corporaciones de policía”.El especialista también mencionó que si bien lo importante podrían ser los resultados que dé la corporación, el asunto medular es que no los está dando. “No hay una señal en una parte de una mejoría significativa de las condiciones de seguridad desde la creación de la Guardia Nacional. Es decir, se está sacrificando la ley en el altar de la nada”, concluyó.MÁS SOBRE ESTE TEMAGenerales a López Obrador: ni ejércitos de robocops ni militares en la calle acabarán con inseguridadPacto de lealtad: las fuerzas armadas serían clave para blindar el proyecto político de López Obrador

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Golpe al narco en Culiacán: desmantelaron cuatro laboratorios de drogas sintéticas

Imagen de Archivo (FOTO: SEMAR /CUARTOSCURO)Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva de Culiacán, Sinaloa, desmantelaron cuatro laboratorios clandestinos -tres de ellos en operación- para la elaboración de drogas sintéticas, en los que se presume, se fabricaban hasta 2 toneladas semanales de metanfetamina.De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el hallazgo se realizó en la comunidad serrana de Alcoyonqui, en la zona de la carretera Culiacán-Sanalona, gracias a datos de trabajos de inteligencia y en recorridos por grupos mixtos del Ejército y policías estatales.Se informó que aunque uno de los cuatro laboratorios clandestinos podría estar en desuso, en los tres restantes se encontró evidencias, equipos y diversos precursores químicos para la elaboración de la droga conocida como crystal.También fueron localizados  bidones, tanques de gas, tambos, ollas, restos de empaques de sustancias sólidas, envases vacíos y algunos volúmenes de productos procesados y terminados.Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Preventiva de Culiacán, Sinaloa; desmantelaron cuarto laboratorios clandestinos enclavados en la sierra de Culiacán (Foto: especial)Además, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Estatal Preventiva descubrieron un almacén en donde se guardaban las sustancias listas para su distribución y venta.En el área de los tres laboratorios que estaban activos, había una especie de campamento y vestigios de que personas dormían ahí, quienes se presume habrían huido del lugar al percatarse de la presencia de los uniformados. La zona fue resguardada y lo asegurado fue puesto a disposición de la delegación de la Fiscalía General de la República, la cual determinará cantidad y tipo de droga encontrada.El pasado 5 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su delegación en Sinaloa, informó que se incineraron más de dos toneladas de narcóticos y objetos del delito, relacionados con diferentes carpetas de investigación.(Foto: especial)Entre las sustancias incineradas se encontraba: una tonelada 369 kilos 677 gramos 200 miligramos de marihuana, una tonelada 76 kilos 746 gramos 100 miligramos de metanfetamina, 154 kilos 493 gramos 600 miligramos de clorhidrato de cocaína, 202 gramos 400 miligramos de hachís, 257 gramos 800 miligramos de heroína, 918 gramos 300 miligramos de morfina, mil 562 litros 174 mililitros de metanfetamina y 720 pastillas de fentanilo.También fueron incineradas algunas sustancias químicas usadas para la producción de drogas, como cinco kilos 391 gramos 600 miligramos de sulfato de aluminio, dos kilos 711 gramos 700 miligramos de sustancia negativa.Una semana antes, la FGR, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), incineraron en Tijuana, Baja California más de tres toneladas de diversos narcóticos, relacionados con diversas averiguaciones previas, carpetas de investigación y causas penales.El evento se llevó a cabo el 30 de julio en el módulo de tiro del 28 Batallón de Infantería de la ciudad de Tijuana, con la asistencia de autoridades militares y con la supervisión interna de la FGR que marca la normatividad en la materia.Entre los narcóticos que fueron quemados se incluyeron también un kilo 543 gramos 400 miligramos de semillas de amapola, y 12 kilos 918 gramos 100 miligramos de semilla de marihuana.MÁS DE ESTE TEMA:Niveles de producción de droga sintética en México: una amenaza más para el gobierno de AMLOAviones desechables, submarinos caseros y corrupción, las nuevas y no tan nuevas tecnologías que usa el narcoLas drogas se acumulan en la frontera: en su desesperación el Cártel de Sinaloa improvisa

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Pacto de lealtad: las fuerzas armadas serían clave para blindar el proyecto político de López Obrador

(Foto: Cortesía Presidencia)Con nostalgia y pragmatismo, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador está reviviendo la vieja y polémica asociación entre poder político y fuerzas armadas, un pilar fundacional del México contemporáneo puesto al servicio de su prometida transformación del país.Con una violencia desatada tras 14 años de militarización de la lucha antidrogas, López Obrador prometía en campaña devolver la tropa a los cuarteles y castigar sus excesos. Hoy las fuerzas armadas son un socio clave.No solo les mantiene combatiendo a las mafias, sino que creó la Guardia Nacional -una policía militarizada que duplica en personal a la Marina- y cada vez los involucra en más labores: la construcción y administración de un nuevo aeropuerto o el reparto de ayudas sociales.(Foto: Cortesía Presidencia)Aduciendo la necesidad de frenar el narcotráfico y la corrupción, recientemente les entregó el manejo de puertos y aduanas, lo que precipitó la renuncia del ministro de Transportes, Javier Jiménez.“Tiene una muy buena relación con los altos mandos militares, les da todo”, dice Raúl Benítez-Manaut, experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Consciente de su férrea doctrina de subordinación a los mandatarios y rechazo al golpismo, el estamento militar curó heridas y hoy renueva el tradicional toma y dame con el poder civil. (Foto: Cortesía Presidencia)“Es un gobierno hiperpersonalizado y las fuerzas armadas son uno de sus instrumentos de lealtad”, añade Benítez-Manaut.- Pacto fundacional -El respeto al orden democrático es un mito consagrado en la historia oficial por los triunfadores de la Revolución Mexicana -a inicios del siglo XX- y que López Obrador, repite constantemente.La verdad tras la retórica patriótica surge en 1946 con el ascenso de Miguel Alemán, primer presidente civil del México moderno, y la consolidación del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encarnación de los militares vencedores.(Foto: Cortesía Presidencia)Estos cedieron finalmente el poder a los civiles a cambio de privilegios, principalmente autonomía administrativa y financiera, que ejercen desde entonces con opacidad consentida. En retribución, respaldaron incondicionalmente las políticas del partido hegemónico.“El ejército posrevolucionario va a la par con la consolidación de un sistema político autoritario, clientelar, corrupto y represor”, apunta Erubiel Tirado, experto de la Universidad Iberoamericana.El pacto se prolongó hasta el ocaso de la era priista en 2000. En el camino, las fuerzas armadas ganaron el favor popular asistiendo a la población en desastres, haciendo labores sociales o construyendo viviendas.(Foto: Cortesía Presidencia)También persiguieron y ejecutaron a opositores políticos y ayudaron a perpetrar fraudes electorales, apuntan los académicos.Con la alternancia democrática, voces desde la academia y la sociedad civil han pedido reformar el papel de los militares y su relación con el poder.Los reclamos apuntan a excluirlos de la guerra antidrogas. Aunque ya participaban desde los años 1980, su mayor involucramiento en 2006 disparó la violencia.(Foto: Cortesía Presidencia)Desde entonces han sido asesinadas 293.336 personas, según datos oficiales que no precisan cuántas son víctimas del combate a las mafias.- Como el PRI, Cuba o Venezuela -Para Tirado, esta sangría y sonados casos de violación de derechos humanos llevaron a los militares a asumir un papel más deliberante para defenderse. Pero esto no ha mellado la confianza del pueblo en las tropas, un interesante activo para AMLO, con niveles de aprobación superiores a 50%.López Obrador insistió en que su gobierno requiere de las Fuerzas Armadas para enfrentar la inseguridad y la violencia. (Foto: lopezobrador.org.mx (daniel aguilar/)“Está imitando a los gobiernos del PRI del siglo XX que tenían en las fuerzas armadas un apoyo muy fuerte”, dice Benítez-Manaut.Pero la experiencia de gobiernos del continente que ampliaron el rol de los militares es inquietante.“Tenemos dos antecedentes muy importantes: Cuba y Venezuela”, dice Marcos Moloeznik, académico de la Universidad de Guadalajara.(Foto: Cortesía Presidencia)Para el investigador, invadir esferas de competencia es “pernicioso” porque provoca desgaste institucional, descuido de la propia misión y riesgo de corrupción.Expandir sus funciones “desnaturaliza a las fuerzas armadas” y no contribuye “al proceso de democratización”, anota Moloeznik.Aunque para los expertos este renovado acuerdo pudiera interpretarse como una deriva autoritaria de AMLO, la evidencia apunta más hacia la búsqueda de resultados rápidos con lealtad garantizada. Con informacíon de EFE MÁS SOBRE ESTE TEMA: López Obrador estima que para “finales de año” se recupere la normalidad en el turismo mexicano“Ya tocamos fondo y vamos saliendo”: López Obrador aseguró que se crearon 10,000 empleos en lo que va de agosto“Ha estado a la altura de las circunstancias”: el vehemente espaldarazo de López Obrador a López-Gatell

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Atacaron una base de la Guardia Nacional en La Ruana, sospechan que eran miembros de la Nueva Familia Michoacana

Los atacantes quemaron colchones y otros objetos de la base, además de apropiarse de al menos un centenar de uniformes y de municiones. (Foto: Europa Press) (TWITTER/)Una base de la Guardia Nacional en el estado de Michoacán fue atacada este 5 de agosto por sicarios apoyados por presuntos simpatizantes de un grupo criminal, informaron fuentes oficiales.Los sicarios y los supuestos simpatizantes de la llamada Nueva Familia Michoacana llegaron en unas 50 camionetas a la base de la Guardia Nacional en La Ruana, localidad del municipio de Buenavista Tomatlán, cuna de los grupos de autodefensa de Michoacán.Los criminales derribaron un portón de acceso e ingresaron al inmueble aprovechando la ausencia de los agentes, que realizaban una operación en otro punto de la región de la Tierra Caliente, dijeron fuentes internas de la Guardia Nacional.Los atacantes quemaron colchones y otros objetos de la base, además de apropiarse de al menos un centenar de uniformes y de municiones.De acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque contra el recinto policial estuvo liderado por Omar Mora Rojas, un presunto jefe de sicarios del cártel de La Nueva Familia Michoacana en la zona de La Ruana.Mora Rojas y escoltas suyos tuvieron un enfrentamiento con una patrulla militar en el poblado de Punta de Agua que dejó dos pistoleros muertos además de una mujer alcanzada por las balas que falleció al día siguiente.En lo que va de año autoridades de Michoacán han descubierto una decena de “narcocampamentos” en montañas de los municipios de San Lucas, Huetamo, Carácuaro y Nocupétaro (Foto: Reuters/ Sergio Maldonado) (SERGIO MALDONADO/)La Nueva Familia Michoacán dio las órdenes de manifestarse contra la Guardia Nacional en La Ruana por medio de mensajes enviados por la red social WhatsApp en los que se utilizó como argumento el deceso colateral de una mujer para reclamar que las fuerzas armadas se retiren de la zona.La Nueva Familia Michoacana es uno de los cárteles del narcotráfico que se disputan el control del territorio en el estado con el Cártel Jalisco Nueva Generación.En lo que va de año autoridades de Michoacán han descubierto una decena de “narcocampamentos” en montañas de los municipios de San Lucas, Huetamo, Carácuaro y Nocupétaro, que conforman la región de Tierra Caliente colindante con los estados de México y Guerrero.La violencia que azota el estado presentó también como víctima el 5 de agosto al profesor de periodismo y excolaborador de medios locales Luis Eduardo Ochoa Aguilar fue asesinado en un aparente robo la noche del martes en Uruapan, en el estado mexicano de Michoacán, informaron este miércoles las autoridades.El periodista y su familiar, de acuerdo con las primeras investigaciones, fueron sorprendidos por hombres armados que los despojaron de teléfonos móviles, dinero y otras pertenencias. (Foto: Facebook/ Eduardo Ochoa)La Fiscalía General del Estado dijo a EFE que abrió una carpeta de investigación sobre la muerte de Ochoa Aguilar sin descartar ninguna hipótesis.Hasta el momento, no existen indicios para determinar si el homicidio está relacionado con las actividades profesionales de Ochoa Aguilar, actualmente profesor de periodismo en la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), campus Uruapan.Sus familiares precisaron que además trabajaba en un estudio fotográfico y era colaborador del portal de noticias Central Informativa de Uruapan, que publica las actividades del Ayuntamiento, así como de nota roja y espectáculos.La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán reveló que Ochoa Aguilar fue asesinado la noche del 4 de agosto cuando caminaba con un familiar en las inmediaciones de la zona residencial Infonavit Aguacates, de Uruapan.El periodista y su familiar, de acuerdo con las primeras investigaciones, fueron sorprendidos por hombres armados que los despojaron de teléfonos móviles, dinero y otras pertenencias.Ochoa Aguilar fue obligado a caminar hasta un parque cercano, donde fue asesinado a balazos y los agresores le dieron el llamado tiro de gracia, como se llama en el argot policial el impacto de bala en la cabeza.*Con información de EFEMÁS SOBRE ESTE TEMA:Asesinan al periodista y docente Eduardo Ochoa en Uruapan, MichoacánAsesinan al periodista Pablo Morrugares y a su escolta en Iguala, GuerreroCrece el número de periodistas asesinados en el sexenio de Lopez Obrador

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¿Politizar la seguridad?

CIUDAD DE MÉXICO, 30JUNIO2019.- En las instalaciones del Campo Marte de la capital del país, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador encabezó la toma de protesta de bandera a los 70 mil elementos de la Guardia Nacional que, en una primera etapa, se despliegan en 150 coordinaciones regiones del país, entre ellas las pertenecientes al estado de Zacatecas.
FOTO: PRESIDENCIA /CUARTOSCURO.COMSi algo ha quedado patente en el sentir de las familias mexicanas a lo largo de varias décadas, es la legítima preocupación social por las condiciones de inseguridad y violencia que prevalecen en el país y se asoman como un espiral interminable.Despojándonos de cualquier juicio de valor o consideración de tipo político, no sería aventurado afirmar que la República se encuentra inmersa en una crisis de seguridad que – sumada a la complejidad de los tiempos actuales – ponen entre dicho la efectividad tanto de las políticas públicas en esta materia así como las estrategias de prevención social de la violencia que se han implementado al menos durante los sexenios que inauguraron la llamada alternancia política (2000-2020).No conviene insistir aquí en las cifras o tasas que sirven como botón de muestra de la gravedad de la situación y que trimestralmente son reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Prácticamente en todos los diagnósticos, encuestas y mediciones puede confirmarse que el país ha adoptado políticas erráticas para disminuir los indicadores de homicidios, robos, secuestros, extorsiones, feminicidios y por si ello fuera poco, también en los índices de violencia hacia la infancia, rubro que termina de redondear un escenario inadmisible y por demás vergonzoso para nuestra generación (véase).En la bruma del ir y venir de los gobiernos y partidos, se ha perdido de vista algo fundamental de la visión de Estado: la seguridad pública es una función compartida cuya responsabilidad no puede recaer únicamente en un solo nivel de gobierno, y mucho menos sujetarse a la discrecionalidad del mandatario en curso o a los cálculos del calendario electoral.Analicemos algunos hechos. Tan solo en los últimos ocho años, lo que era la Secretaría de Seguridad Pública Federal ha transitado por tres diseños institucionales distintos, pasando de ser desde una “súper” Secretaría de Estado con importantes recursos presupuestarios y amplias estructuras administrativas para el despliegue de capacidades de planeación y operativas, hasta una Comisión Nacional de Seguridad atípica subordinada al poder político de la Secretaría de Gobernación.En 2018, esta instancia sufrió un nuevo cambio orgánico tras la reciente transición del poder político, y fue elevada nuevamente al rango de Secretaría pero con modificaciones significativas en su organización interior en detrimento de áreas consideradas estratégicas, nada más y nada menos que en las unidades encargadas de generar planeación, inteligencia, desarrollo científico, así como la administración de los registros nacionales de información y el uso de tecnología para el apoyo de las capacidades policiales, entre otras funciones.El más claro ejemplo de este “declive” administrativo, puede verse en el destino de la Policía Federal. Luego de llegar a ser una de las corporaciones con importantes capacidades estratégicas y operativas, así como con un valioso capital humano integrado por profesionales técnicos formado de décadas atrás, hoy sus recursos fueron transferidos por decreto a la Guardia Nacional sin diagnóstico de por medio, y algunas de sus divisiones convertidas en automático en direcciones de carácter meramente administrativo mermando su capacidad de operación.En el terreno de la coordinación el contexto tampoco resulta alentador. La ley en la materia, prevé la existencia de un Consejo Nacional de Seguridad Pública de altísimo nivel, que desde el texto representa una de las figuras más promisorias del federalismo cooperativo en México, ya que está integrado por el Presidente de la República, los 31 mandatarios estatales y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el gabinete de seguridad, invitados especiales y representantes de la sociedad civil.Si bien este Consejo en el pasado ha emitido acuerdos de relevancia para la homologación de acciones y estrategias de seguridad en el país y cuenta con un Secretariado Ejecutivo para materializar y operar la integración de esfuerzos, en la práctica ha resultado ser un órgano intermitente, sin dientes y carente de resultados concretos para el ciudadano a pesar de la riqueza institucional y el potencial de su conformación.Pero más allá de este análisis ¿Qué nos dice este escenario? Es innegable que México padece el síntoma de una política de seguridad pública improvisada, sin visión estratégica de largo plazo y sobretodo sujeta a las decisiones coyunturales que adoptan los titulares de los distintos niveles de gobierno. Las consecuencias de continuar con esta patología pueden ser fatídicas.Se trata de tomar una decisión de Estado , o mejor dicho, una decisión del Estado federal. La coordinación en materia de seguridad, no debe ser un guiño político entre los gobiernos federal, estatal y municipal, es una exigencia que ya está en la ley y debe llevarse a la práctica para lograr resultados efectivos en la reducción de la incidencia delictiva y el combate al crimen a lo largo del extenso territorio que conforma nuestro país.No basta con cambios de nombre por decretos o reestructuras de las áreas de seguridad, mucho menos con discursos y reuniones protocolarias que solo sirven para la fotografía y el comunicado. La seguridad para las familias y las niñas, niños y adolescentes de México no llegará por arte de magia, requiere de altura de miras y sobretodo de trabajo en serio, diario, técnico y coordinado. No político.La memoria de los tiempos es implacable y si la politización de la seguridad continua perpetuándose como hasta hoy, el juicio histórico que recaiga sobre esta generación de gobernantes será realmente demoledor. Están a tiempo.Especialista en análisis y diseño de políticas públicas transversales y sistemas federales. Director ejecutivo del Think Tank mexicano Early Institute.*Director Ejecutivo del Think Tank mexicano Early Institute.Lo aquí publicado es responsabilidad del autor y no representa la postura editorial de este medio.

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La sociedad civil presentó una serie de amparos en contra de la militarización de la seguridad pública

(Foto: Cuartoscuro)El 11 de mayo de 2020 el Diario Oficial de la Federación publicó el Acuerdo bajo el cual la Presidencia de la República decretó la participación de las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea) en las tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024. El acuerdo pretende que las instituciones militares auxilien a la Guardia Nacional en sus primeros cinco años, sin embargo, el texto del acuerdo carece de información suficiente para determinar las limitaciones que regulen a las FFAA.Cinco organizaciones de la sociedad civil presentaron una serie de amparos frente al Poder Judicial de la Federación (PJF) para exigir la derogación del acuerdo. Las organizaciones, que forman el colectivo Seguridad Sin Guerra, denuncian que la participación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad es una estrategia ha agravado las condiciones de violencia en el país.“La militarización debilita la labor de organizaciones civiles y dificulta el acceso de las víctimas al derecho de una defensa y a la justicia”El comunicado conjunto también sirve como un llamado al PJF para revaluar los protocolos de revisión legislativa ya que las demandas que presentó el colectivo de forma digital fueron “desechadas bajo argumentos formalistas”. En un contexto internacional que exige la distancia social, este rechazo es un obstáculo para la participación social.Miembros del ejército y personal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en Tamaulipas, adscritos a la Subdelegación de Matamoros vigilan el lugar donde se registró un intenso tiroteo y persecución entre presuntos sicarios contra policías federales y militares. EFE/Marcos Esquivel/Archivo
(Marcos Esquivel/)La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) es una organización que existe desde 1989 y tiene calidad de consultor para entidades internacionales como la Organización de los Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas.En su amparo, solicitó al PJF un nuevo acuerdo que sí brinde los parámetros suficientes para garantizar que la labor de las Fuerzas Armadas sea “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, el acuerdo del 11 de mayo enuncia la intención de limitar las labores pero no describe cómo. Entre las deficiencias regulatorias del acuerdo están las ausencias de un plan para regresar a los militares a sus cuarteles y de una estrategia para monitorear el progreso estructural de la Guardia Nacional, bajo la cual se supone que operan el Ejército y la Marina. La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), que desde 2011 trabaja en la procuración de los Derechos Humanos y destaca en el estudio de violaciones a los derechos de migrantes, presentó el amparo para despojar a los militares de sus funciones de “investigación y control migratorio”.Un estudio de FJEDD encontró que en los casos de masacres a migrantes en los que el ejército realizó investigaciones preliminares, lo hizo sin cuidado de la evidencia y en desacato de los procedimientos forenses. La fundación destaca un historial de negligencia en el cuidado de los derechos migrantes por parte de todas las autoridades competentes, las Fuerzas Armadas son un activo más bien contraproducente en un sistema que no sirve. Más de 1300 migrantes centroamericanos, principalmente provenientes de Honduras, toman un descanso sobre la carretera Ciudad Hidalgo-Tapachula. Con el plan de continuar su caminata hasta la Ciudad de México, piden al presidente López Obrado empleo o libre tránsito por el territorio mexicano, ya que, aseguran, debido a la situación de violencia que viven en sus lugares de origen, tienen miedo a retornar.
FOTO: ISABEL MATEOS/CUARTOSCURO.COM (Isabel Mateos/)México Unido Contra la Delincuencia presentó un amparo que destaca la inconstitucionalidad del acuerdo con base en una “violación expresa” del mandato que la reforma constitucional para formar la Guardia Nacional dio al Congreso. El mandato exige a las cámaras la reglamentación del artículo 5to transitorio de la reforma porque contraviene el Artículo 21 constitucional que establece que la seguridad pública debe ser una labor civil.“Buscamos reorientar la estrategia de seguridad para fortalecer a las instituciones civiles– policías, ministerios públicos y fiscalías– y construir una Guardia Nacional civil sujeta a controles efectivos que protejan a la ciudadanía.”EQUIS: Justicia para las mujeres, que busca reformar la procuración de justicia en temas de género, e Intersecta, que busca erradicar la discriminación, denunciaron la participación de elementos de las Fuerzas Armadas en “aproximadamente 97 mil” casos de violencia contra las mujeres.Las organizaciones feministas destacaron los resultados de la “Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016”, que encontró que el 20.9 % de las mujeres arrestadas por el Ejército y el 40.9 % de las detenidas por la Marina fueron víctimas de violación.(Gráfico: Intersecta)Distintos medios denunciaron la inconstitucionalidad del Acuerdo para la militarización desde mayo. Ahora, las organizaciones del colectivo Seguridad Sin Guerra denuncian también que no les fue posible presentar los amparos para derogar el acuerdo y diseñar uno con enfoque de cuidado a los Derechos Humanos.MÁS SOBRE ESTE TEMA:México registró en promedio 96 homicidios dolosos al día en la primera mitad del 2020Crimen en México: analistas cuestionan si el país tendrá su año más sangrientoEn medio del baño de sangre, México utiliza sólo el 3% del fondo anticrimen

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