Lo afirmó Emiliano Yacobitti, vicerrector de la universidad, que se despega de la maniobra que anunció el ministro de Economía.
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Horacio Rosatti entra el lunes de feria y comenzará a estudiar la solicitud del kirchnerismo. Tuvieron breves contactos por celular. Pero por temor a que sus teléfonos sean escuchados en forma ilegal, solo discutirán medidas de fondo cuando se vean cara a cara.
Horacio Rodríguez Larreta se despegó de la iniciativa de diputados de Juntos por el Cambio para llevar a juicio político al presidente Alberto Fernández por haber incumplido con la cuarentena para participar de un cumpleaños en la Quinta de Olivos.
“Hay que estudiarlo más, no tengo el detalle de los causales del juicio político, a priori no parecería”, afirmó en diálogo con FM Urbana. Pero agregó que “hay que cumplir las normas” y que será un tema de análisis de los juristas.El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuestionó al mandatario por el “incumplimiento grave de su propio decreto” que reglamentaba el aislamiento como medida sanitaria y prohibía las reuniones sociales.Pero además, cuestionó que haya “responsabilizado a su pareja” en la primera declaración del jefe de Estado tras el escándalo por la foto que mostró el cumpleaños de Fabiola Yañez en plena cuarentena estricta.”Es un tema para que los juristas lo estudien más, a priori no me suena. Pero las cosas no es lo que me suena o no, sino que el tema es cumplir la ley”, enfatizó.
Una fotografía de Alberto Fernández junto a la primera dama Fabiola Yañez y un grupo de amigos en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta del año pasado.
El mandatario porteño también respondió a las críticas del oficialismo que lo acusaron de haber incumplido supuestamente con las normas sanitarias por su viaje a Brasil durante 2020. “No hubo ningún incumplimiento, volví y cumplí con la cuarentena, estuve siete días en mi casa”, expresó.De esta manera, Rodríguez Larreta marcó su postura respecto a la iniciativa de pedido de juicio político al Presidente, que lleva la firma de Mario Negri, Cristian Ritondo, Luciano Laspina y Karina Banfi, entre otros de Juntos por el Cambio.El proyecto de resolución que entró al Congreso de la Nación que pide: “Promover Juicio Político contra el Señor Presidente de la Nación, Dr. Don Alberto Fernandez, por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el articulo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”.Entre los argumentos de los diputados opositores, que lleva como primera firma la del radical Mario Negri, presidente del interbloque, indican: “La libre circulación interprovincial estaba prohibida, con varados dentro y fuera del país; los alumnos tenían sus escuelas cerradas; los ancianos no podían ser visitados, los niños no podían salir a la calle, se prohibían las reuniones familiares y sociales, los negocios estaban cerrados, se prohibían los funerales y los encuentros. A la sombra de estos decretos, se denunciaban casos de violencia institucional, los comerciantes se fundían, los enfermos se recuperaban o morían en absoluta soledad”.Por su parte, el vicejefe de Gobierno y precandidato a diputado por la Provincia, Diego Santilli, también se manifestó respecto a esta iniciativa de la oposición en el parlamento.”A la gente le duele y le parece gravísimo el hecho de la foto en Olivos. La lastima. Por eso creo que el verdadero juicio va a estar en las urnas”, expresó Santilli durante un reportaje televisivo en Todo Noticias.Mientras que el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, manifestó que Fernández debe ser sancionado por no cumplir con la cuarentena. “Tiene que reconstituir el valor de su palabra”, señaló el funcionario.AFG
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Fabián Rodríguez Simón registra su última entrada a Uruguay el pasado 8 de diciembre de 2020. Supo este diario que entró por la localidad de Fray Bentos, fronteriza con Gualeguaychú, Entre Ríos.
En la resolución por la que la jueza Maria Romilda Servini de Cubría pidió su captura internacional consta que la defensa del acusado informó que volvería a la Argentina el 15 de mayo.Clarín supo también que “Pepín” Rodríguez Simón hizo un pedido de residencia en el país vecino y la misma entró en trámite, aunque otras fuentes dicen que también buscó renunciar a ella para cambiar su estatus por el de refugiado político, este mes de mayo.Trascendió que Rodríguez Simón presentó dos habeas corpus en Uruguay, uno le fue rechazado, el 6 de mayo, y otro está siendo analizado, contaron fuentes periodísticas en Montevideo. Fuentes consultadas en Montevideo opinaron que ya tenía sus pasos planeados. Y que está “entreverada esa madeja”. La situación judicial y las maniobras del operador macrista para eludir a la Justicia incomodan al gobierno de Luis Lacalle Pou. Fuentes vecinas dijeron que no desean sumar tensión con el gobierno de Alberto Fernández, con el que existe fuertes diferencias sobre el futuro político y comercial del Mercosur. De hecho, los dos presidentes mantuvieron un duro cruce verbal el pasado 26 de marzo durante la última cumbre del bloque y nunca más volvieron a hablarse.Fuentes policiales dijeron que Servini de Cubría ya mandó a Interpol Argentina el oficio en el que pide la captura internacional del acusado de presunta persecución al grupo empresarial Indalo y de estar en “rebeldía”. Este miércoles, el pedido de captura internacional estaba cumpliendo los trámites para ser remitido a Interpol Uruguay. Ni el embajador Carlos “Pájaro” Enciso (el uruguayo en Buenos Aires) ni Alberto Iribarne (el embajador argentino en Montevideo) habían trámite alguno.Argentina y Uruguay tienen tratado de extradición vigente -así fue como los vecinos enviaron a este país a Sebastián Romero, el activista que disparó con un mortero casero frente al Congreso en diciembre de 2017-. La ley “Sobre el Derecho al Refugio y a los Refugiados” de Uruguay, la 18.706, y establece un cerrojo informativo sobre los casos que tratan. Funciona de manera parecida a la de Argentina aunque suele ser menos politizada que la de Argentina.La CORE -ese órgano encargado de decidir sobre las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado- tiene hasta 90 días para pronunciarse sobre un caso.Está presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, e integrada por un Representante de la Dirección Nacional de Migración, un Representante de la Universidad de la República, uno del Poder Legislativo, otro del Servicio Ecuménico para la Dignidad Human, y una representación del ACNUR, más otra de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo. La voz que se hizo sentir este miércoles sobre el caso de Pepín Rodriguez Simón fue la de José “Pepe” Mujica. “El hombre está tratando de zafar, por lo visto. O no tiene ninguna confianza en la Justicia o tiene la bola embarrada. Lo único que sé es que desgraciadamente la Justicia la estamos manoseando y la Justicia entró en dejarse manosear. Eso nos degrada a todos. Nos quita confianza”, dijo el ex mandatario, hoy retirado de los cargos públicos, en diálogo con Radio con vos.Dijo que “será la Justicia uruguaya la que tendrá que medir” si acepta o no el pedido para ser refugiado político. Pero aclaró que la situación “nos mete un lío adentro”.
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Sinéad O’Connor causó gran preocupación entre sus fans. A ellos les hizo un desesperado y misterioso pedido vía Twitter.
Tras un inquietante posteo en el que aseguró que había tenido “un día horrible, de infierno”, la cantante irlandesa, de 54 años, les rogó a sus seguidores que incluyeran a su hijo Shane, de 16 años, en sus oraciones.
Hideous day from hell.— Sinead O’Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) February 1, 2021
“Les ruego que recen por mi hijo Shane, la luz de mi vida”, tuiteó Sinéad O’Connor, quien en 2018, tras su conversión al islam, optó por llamarse Shuhada Sadaqat.
Any spare prayers out there, pls stick one in for my son, Shane. The very light of my life.— Sinead O’Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) February 1, 2021
En Twitter, Sinéad O’Connor tiene una cuenta profesional en la que anuncia temas relacionados con su carrera musical y otra persona, en la que incluye el nombre que adoptó tres año atrás. Desde esta última, hizo el ruego a sus fans para que rezaran por Shane, el hijo que tuvo con el productor Donal Lunny. Además de Shane, Sinéad O’ Connor tiene otros hijos, todos con diferentes parejas: Jake (33 años), fruto de su matrimonio con Donal Reynolds, una unión que duró desde 1987 hasta 1991; su hija Roisin (24), cuyo padre es el periodista John Waters; y Yeshua (14), nacido de su vínculo con el empresario estadounidense Frank Bonadio, de quien se separó en 2017. En sus intrigantes tuits la cantante no explicó cuál era el motivo por el que Shane necesitaba que oraran por él. Pero sus fans se alarmaron porque en 2019, Sinéad O’Connor ya les había pedido plegarias para Shane y fue porque el adolescente, que entonces tenía 14 años, llevaba dos días desaparecido de su casa. Al tercer día, afortunadamente, lo encontraron sano y salvo. Por ese motivo, los misteriosos tuits que O’Connor posteó por estos días respecto de su hijo, generaron una gran angustia en sus fans. Consciente de ese efecto, pocas horas atrás, la cantante dio un mensaje tranquilizador. En un tuit, expresó: “Ahora todo está muy bien con mi amado hijo. Lamento que los medios hayan hecho un gran problema de mi simple pedido de plegarias. Él no estuvo perdido ni pasó nada dramático. Sólo no se estaba sintiendo muy bien. ¡Rayos!”.
All is now very well with my lovely son. I regret that media made such a big deal of my only asking for prayers. He hasn’t been missing or anything at all dramatic!! He just wasn’t feeling very well! Sheez!!!— Sinead O’Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) February 3, 2021
Sinéad O’Connor viene atravesando tiempos difíciles. En noviembre último, anunció que anulaba todos sus futuros shows para someterse a un tratamiento de desintoxicación. Ella misma admitió que había caído en la adicción a las drogas seis años antes tras la pérdida de un ser querido. AS
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Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), fue denunciada este martes en la Justicia Federal “por la posible comisión de delitos de fraude a la administración, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, y por malversación de caudales públicos” por los ofrecimientos laborales a su empleada doméstica.
Además, diputados de Juntos por el Cambio presentaron una nota al Poder Ejecutivo para que la funcionaria dé “las explicaciones pertinentes”. La denuncia penal, presentada por la Fundación Apolo, “se basa en el reconocimiento por parte de la denunciada -a partir del escándalo producido con el ofrecimiento de un contrato en INADI a su empleada doméstica- de que habría incorporado personal a ese organismo en función de la “cercanía” de éstos con su persona. La misma fundación extendió su denuncia ante la Oficina Anticorrupción, “por la vulneración de diversas normas y principios establecidos por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y por el Código de Ética de la Función Pública”. Quienes labraron la denuncia fueron los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, quienes manifestaron que de comprobarse los hechos denunciados, Victoria Donda carecería de “idoneidad moral” para desempeñarse en sus funciones, por lo que solicitaron que la Oficina Anticorrupción recomiende al Poder Ejecutivo que proceda a cesar en el cargo.La causa penal, que lleva el número 33/2021 quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 6, a cargo de la Dra. María Eugenia Capuchetti. La denuncia en la Oficina Anticorrupción lleva el número de expediente web 6743.La presentación de Juntos por el CambioEn tanto, el diputado Waldo Wolff, de Juntos por el Cambio, presentó un pedido al Poder Ejecutivo para que Donda “brinde las explicaciones pertinentes respecto a informes periodísticos que indican que la funcionaria ofreció a una empleada particular suya un plan asistencial estatal y/o un puesto en la administración pública nacional a modo de aparente compensación por sus servicios y/o de no formular reclamos laborales”.La presentación fue acompañada por los diputados Fernando Iglesias, Pablo Torello, Carmen Polledo y Graciela Ocaña, entre otros. “La cuestión supera las transgresiones administrativas a la legislación laboral para transformarse en la posible comisión de un delito. La funcionaria, además de inducir a la trabajadora indebidamente a silenciar sus reclamos, pretende disponer de los bienes del Estado como si fueran propios, con una liviandad asombrosa y vulnerando la igualdad ante la ley. Todo esto, en aras de preservar su propia imagen e interés personal”, señala el pedido de informes.Y agrega: “La situación resulta tanto más lamentable cuando se recuerda que durante toda su trayectoria pública Donda se ha proclamado defensora de los humildes, las minorías y de los derechos e igualdad de las mujeres”.La explicación de DondaDonda, por su parte, defendió su postura en una entrevista en Todo Noticias y explicó: “Esta señora -a quien hace mucho conocía- trabaja en casa desde 2016 y está registrada desde ese año. En esta última etapa de la pandemia manifestó problemas físicos y problemas con un familiar que le impedía viajar; entonces le ofrecí una mejora laboral”, dijo Donda, brindando una versión diferente al abogado de la trabajadora que presentó una denuncia penal y otra laboral.”No es cierto que no le pagué. Tengo los recibos firmados por ella, le pagué como indica la ley”, aseguró Donda y sumó que todo está registrado en la página de la ANSeS.Osvaldo Barsanti, abogado de la empleada doméstica de Donda, había denunciado que la funcionaria le ofreció a su representada un contrato en el INADI o anotarla en un plan social, si ella renunciaba al trabajo en su casa. Donda sostuvo al respecto: “Le ofrecí gestionar una ayuda social, no entiendo por qué es delicado. Es una mujer que lo necesitaba, no le ofrecí que renunciara a ninguno de sus derechos”. Añadió en su intento de justificar su actitud: “Yo no se lo iba a gestionar personalmente, cualquier ayuda social es pública, está en la página. Es una señora que por ejemplo es muy difícil que pueda saber cómo reclamar el cobro de IFE y seguramente no lo hizo”. La titular del organismo confirmó que le ofreció a su empleada doméstica un contrato en el INADI “como vos podés ayudar a una persona que hace mucho tiempo conocés”, y admitió que muchas personas entran a trabajar “por cercanía”. También, que se ofreció a ayudarla a gestionar una jubilación.Finalmente, cruzó al abogado de la empleada doméstica: “La agarró un vivo que lo que quiere es ser famoso y (ella) es usada políticamente. Lamento que la usen en su situación de vulnerabilidad”.JPE
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Los fiscales que llevan la causa por la muerte de Diego Armando Maradona (60) deben emitir este jueves un dictamen para opinar sobre el pedido de eximición de prisión presentado por la defensa del médico Leopoldo Luque (39), por lo que la decisión del juez podría demorarse hasta este viernes.
Al devolver este miércoles el expediente a la Fiscalía General de San Isidro, el juez de Garantías 2 de ese departamento judicial, Orlando Díaz, les corrió vista a los tres fiscales que firman la causa -Laura Capra, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari-, para que fijen su postura ante el planteo de eximición de prisión”Hoy prepararemos el dictamen, lo enviaremos al juzgado y recién ahí el juez podrá expedirse”, explicó a Télam uno de los investigadores judiciales.El Código Procesal Penal bonaerense en su artículo 185 indica que son tres los días en los que el juez de Garantías debe resolver este tipo de planteo, que en este caso fue presentado el lunes por Mara Digiuni, una de las defensoras de Luque, por lo que hoy sería la fecha límite.Sin embargo, las fuentes aclararon que, luego de recibir la opinión de los fiscales, el juez podría emitir la resolución a última hora de este jueves o extenderla hasta primera hora del viernes.Tres son las alternativas del magistrado: rechazar el planteo por abstracto, ya que aún los fiscales no pidieron el arresto de Luque por ningún delito; aceptarlo para que el médico permanezca en libertad en caso de que en un futuro se solicite su detención; o diferir la resolución hasta el momento en el que eventualmente el Ministerio Público Fiscal pida esa medida.En el escrito de la defensa, la abogada Digiuni sostiene que pide la eximición de prisión porque su defendido “podría ser imputado en la presente causa por el delito de homicidio culposo, conforme surge del art. 84 del Código Penal, que prevé una pena privativa de la libertad de entre uno y cinco años”.”Solicito se otorgue a mi defendido la eximición de prisión, resaltando en primer término su inocencia y en prevención de cualquier acción jurisdiccional que coarte su libertad ambulatoria”, señaló la abogada.En otro de los párrafos, Digiuni destacó que en este caso no existen los riesgos procesales de que su cliente intente eludir el accionar de la Justicia o entorpecer la investigación.”Surge del caso concreto, en especial de la facticidad que rodea la causa, que el Sr Leopoldo Luque ha estado a derecho desde un inicio y ha ofrecido prestar colaboración en todo momento”, concluye el escrito.Ya comenzaron en la sede central de la Superintendencia de Policía Científica de La Plata los estudios complementarios a la autopsia y los primeros resultados sobre los análisis toxicológicos en orina y sangre podrían empezar a conocerse en 10 días, indicaron las fuentes.Se trata de los estudios toxicológicos, mediante los cuales se buscará determinar si Maradona tenía rastros de haber consumido alcohol, drogas o alguna otra sustancia en las horas previas a su muerte, y de los histopatológicos, que son aquellos que analizan en forma microscópica los órganos y tejidos.Una pieza clave para estos estudios es el corazón de Maradona, que fue extraído en forma completa y que, de acuerdo con lo que observaron los médicos forenses que practicaron la autopsia, padecía de una “miocardiopatía dilatada” y pesaba 503 gramos, cerca del doble que uno normal.Maradona, la mayor figura de la historia del fútbol mundial, murió a los 60 años el 25 de noviembre pasado al mediodía, en una casa que su familia había alquilado en el lote 45 del country San Andrés de Tigre, a dos semanas de su externación de la Clínica Olivos, donde había sido sometido a una neurocirugía por un hematoma subdural en el cerebro.La autopsia determinó que Maradona murió como consecuencia de un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada” y descubrieron en su corazón una “miocardiopatía dilatada”.Sus hijas declararon en el expediente que todas las cuestiones relacionadas a la salud de su padre eran dirigidas por Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov (35), los dos profesionales que de acuerdo a un acta firmada por la externación de Maradona -y en la que la empresa Swiss Medical recomendaba internarlo en un centro de rehabilitación- quedaban a cargo de su seguimiento médico.Los fiscales Capra, Ferrari e Iribarren, le notificar a Luque y Cosachov sus derechos y garantías como posibles futuros imputados y allanaron sus domicilios y consultorios para secuestrar sus celulares, computadores y documentación médica referida a Maradona.La investigación del equipo de fiscales, creado por decisión del fiscal general de San Ïsidro, John Broyad, se centra en tres ejes principales: si hubo negligencia médica y por lo tanto un eventual “homicidio culposo”, quién tuvo responsabilidades sobre ese posible delito y si la muerte de Maradona se pudo haber evitado.
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