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Madrid retirará las bicicletas privadas de alquiler: el Ayuntamiento no renueva las concesiones

Paseo en bicicleta. (UNSPLASH/CC/MURILLO DE PAULA)
(UNSPLASH/CC/MURILLO DE PAULA/)Después de que el Ayuntamiento de Madrid decidiera iniciar un proceso para acabar con los patinetes eléctricos de alquiler en la capital, ahora es el turno de las bicicletas. El consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida retirará de las calles las bicicletas privadas de alquiler sin base fija y no renovará las licencias de las empresas que gestionaban este servicio.Este lunes 30 de septiembre ha expirado el plazo de las autorizaciones concedidas para el despliegue de bicicletas eléctricas sin base fija, y el Ayuntamiento no prorrogará los permisos. Así lo han confirmado fuentes del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad a Europa Press. Esta decisión afecta a varias empresas privadas que operaban en Madrid, las cuales no han cumplido con las condiciones establecidas en los acuerdos para el reparto de los vehículos por la ciudad.Seis empresas no han cumplido con los requisitos establecidosEl Ayuntamiento ha señalado que la retirada de las bicicletas privadas responde en parte a la consolidación de BiciMAD, el servicio público de bicicletas de alquiler, que ha logrado expandirse a los 21 distritos de la capital. Actualmente, cuenta con 611 bases y 7.500 bicicletas, lo que supone un incremento considerable en comparación con su estado en marzo de 2022, cuando el sistema disponía de 258 bases y 2.964 bicicletas repartidas en 15 distritos.Patinete eléctrico (Europa Press) (Eduardo Parra / Europa Press/)En ese mismo año, el Ayuntamiento autorizó a seis empresas —BiciMAD Go (EMT), Idbrik Spain (Ridemovi), Bird, Boltest, Ride Dott y Lime— a desplegar un total de 2.802 bicicletas eléctricas sin base fija. Sin embargo, el consistorio ha argumentado que los operadores privados no han cumplido con los requisitos establecidos, en particular, el adecuado reparto de las bicicletas. Según los términos acordados, 1.999 bicicletas debían ubicarse dentro de la M-30 y 1.197 fuera de esta vía de circunvalación, algo que no se ha respetado, lo que ha llevado a la decisión de no renovar las licencias.La retirada de las bicicletas privadas de alquiler llega poco después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunciara la revocación de las autorizaciones para 6.000 patinetes eléctricos pertenecientes a tres empresas, Dott, Lime y Tier Mobility. La decisión se tomó debido a que las empresas no cumplieron con las condiciones de distribución de los vehículos. Además, los patinetes provocaron 496 siniestros con resultado de lesiones leves y 24 siniestros con resultado de lesiones graves en 2023, según datos de la Policía Municipal de la capital.El sistema de concesiones de patinetes, similar al de las bicicletas, establecía un máximo de 3.600 patinetes en el interior de la M-30 y 2.400 en el resto del municipio. Sin embargo, el Ayuntamiento no pudo confirmar el cumplimiento de este reparto debido a la falta de información proporcionada por las empresas operadoras.Uno de los principales problemas señalados por el Ayuntamiento en el caso de los patinetes fue el estacionamiento indebido de estos vehículos en zonas no habilitadas, lo que generaba obstáculos para los peatones y riesgos de accidentes. Como parte del nuevo modelo de autorizaciones, se introdujo una medida para obligar a los usuarios a aparcar en zonas habilitadas mediante tecnologías en las aplicaciones de las empresas concesionarias.* Con información de Europa Press

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La Policía alerta en las aulas sobre los falsos desnudos con Inteligencia Artificial: “Aunque no sea real, puede ser delito”

La Policía Nacional imparte charlas preventivas en los colegios del país. (Policía Nacional)La difusión de falsos desnudos en fotografías manipuladas con Inteligencia Artificial (IA) saltó a la luz con el caso de la localidad extremeña de Almendralejo, pero se trata de una actividad que ya preocupa a todo el ámbito escolar en el país. Por eso, la Policía Nacional hará hincapié en las aulas durante el presente curso sobre las consecuencias que conllevan este tipo de actividades, que llegan a ser delictivas. En el caso de Almendralejo, 15 jóvenes fueron condenados a un año de libertad vigilada como autores de delitos de pornografía infantil y contra la integridad moral.“Les explicamos que aunque la foto no sea real, puede ser delito”. Habla Ana, agente de la Unidad Central de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, que son los especialistas en conocer la realidad social y delincuencial a través del contacto directo, en este caso, con profesores, padres y alumnos. El curso pasado, los más de 500 policías repartidos por todo el territorio ofrecieron un total de 31.408 charlas formativas e informativas que llegaron a más de 600.000 estudiantes, todo en el marco del denominado Plan Director.Durante este curso escolar, volverán a las aulas de Primaria, Secundaria y Bachillerato para advertir sobre los riesgos de prácticas que están tan de actualidad como el sexting (compartir imágenes íntimas a través de Internet) o el childgrooming (ciberacoso sexual a menores). Algunas comunidades autónomas ya han prohibido el uso de los móviles en clase, pero la labor policial va más allá. “Intentamos reforzar desde la prevención la educación digital. El trabajo en casa y el colegio son fundamentales”, subraya Ana.El fácil acceso a Internet y las redes sociales, donde cualquier contenido se puede hacer viral, es la principal amenaza para los menores que se ven envueltos en casos de ciberacoso o delitos sexuales. La agente advierte que, por ejemplo, en el caso del sexting una imagen íntima enviada a otra persona “puede escapar de ese control” y llegar a manos de cualquier usuario, lo que da pie a situaciones de “acoso”. En cuanto al grooming, explica que en aplicaciones de citas o videojuegos en línea “no todo el mundo es quien dice ser”, dándose casos que llegan a encuentros sexuales entre pedófilos y menores de 16 años.Ante estas nuevas amenazas, los agentes de Participación Ciudadana utilizan de forma didáctica libros o cómics para dar herramientas de prevención a los estudiantes desde una temprana edad. Durante este curso escolar, enseñarán a niños de entre 6 y 8 años el libro El Club de los Secretos para prevenir la violencia en la infancia, especialmente en lo relativo a delitos sexuales. “Les enseña que hay secretos buenos y secretos malos. Los segundos hay que compartirlos con un adulto”, detalla Ana.“Ciberviolencia de género”Otra tendencia entre los más jóvenes es el repunte de la violencia machista. Según un estudio de la Fundación ANAR de 2023, los casos de violencia de género entre adolescentes habían crecido un 87,2 % en cuatro años. Ante este escenario, los agentes de Participación Ciudadana han hecho hincapié en los últimos cursos en lo que denominan “ciberviolencia de género”. Ana apunta que “las adolescentes saben detectar un golpe o un moratón, pero pueden ‘romantizar’ que un chico les pida la ubicación en tiempo real o que no se mensajeen con otro joven. Intentamos borrar estos mitos para que tengan herramientas de detección temprana”.Además de estas problemáticas transversales, existen temáticas que centros educativos de determinados territorios solicitan a la Policía Nacional. Por ejemplo, institutos de la Comunidad de Madrid han mostrado en los últimos años un notable interés y demanda de charlas sobre las bandas juveniles, que tienen su epicentro en la región.

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La Justicia argentina obliga a una madre a devolver a su hijo de 11 años a España por petición del padre y pese a la voluntad del menor

Ignacio, de 11 años, junto a su madre. (Cedidas)La Corte Suprema de Justicia argentina, el más alto tribunal del país, ha obligado a la madre de un niño de 11 años a devolverlo a España por petición de su padre casi siete años después de abandonar el país y pese a la voluntad del menor de permanecer en Argentina. Es el caso de Ignacio, apodado Nano, quien tendrá que ser restituido a España, país que abandonó junto a su madre con la autorización de un juzgado de Madrid.El fallo de la Corte Suprema argentina, al que ha tenido acceso Infobae España, subraya que el retorno debe ser “inmediato y seguro” para que, una vez de regreso, los tribunales españoles decidan sobre la situación del menor. Sin embargo, el mismo juzgado que autorizó la marcha de Ignacio junto a su madre se abstuvo “por falta de competencia internacional”, ya que la misma correspondía “a los órganos judiciales de la República Argentina”, según una resolución de septiembre de 2023.La sentencia del tribunal argentino llega después de que el padre recurriera la resolución de la Suprema Corte de Buenos Aires, quien sí escuchó al menor y determinó que debía permanecer junto a su madre en Argentina dado su arraigo tras casi siete años viviendo en el país. Ahora, un juez tendrá que determinar “la forma y el modo en que deberá llevarse a cabo el retorno, procurando siempre decidir por aquellas que resulten menos lesivas para el niño”.Ignacio nació en marzo de 2013 en España, donde se habían trasladado sus padres argentinos, casados, en busca de una nueva vida. La familia, especialmente su madre, tenía dificultades para encontrar trabajo al no poder homologar su título como arquitecta. La relación sentimental se fue deteriorando y 18 meses después del nacimiento del menor, que quedó bajo la custodia de la madre de mutuo acuerdo, se materializó el divorcio.Tres años después y dadas las dificultades de la progenitora para encontrar trabajo, recibió una oferta laboral en Argentina y decidió regresar junto al menor. Tras el abandono del país, el padre presentó la primera solicitud de restitución, el mecanismo por el cual un progenitor puede recurrir a la justicia si su hijo ha sido retenido o trasladado a otro país supuestamente de forma ilícita. Ante esta situación, la madre de Ignacio, quien mantenía cautelarmente la custodia, decidió regresar a España con el menor a finales de 2017 para esperar la resolución judicial.La Justicia autorizó el regreso a ArgentinaEl Juzgado de Primera Instancia número 22 de Madrid ratificó la custodia para la madre y autorizó su retorno a Argentina. El progenitor recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que estimó la petición del padre pese a reconocer que la custodia materna era la más procedente para el menor. El fallo daba un plazo máximo de dos meses a la madre para devolver a Ignacio a España, con o sin ella.Dadas las dificultades para estabilizarse en España, la mujer solicitó medidas cautelares ante la Justicia argentina para que el menor permaneciera en el país. Tanto en primera instancia como en el ámbito de Familia, los tribunales ordenaron la restitución del menor pese a que su “centro de vida” estaba en Argentina. Ignacio estaba escolarizado y tenía un nuevo entorno familiar, ya que su madre se había vuelto a casar y había tenido un segundo hijo. Mientras tanto, su padre nunca se había desplazado a Argentina para verlo.A finales de 2020, en plena pandemia mundial, el tribunal argentino de Primera Instancia ordenó ejecutar la sentencia. Daba un plazo de 15 días a la madre de Ignacio para devolverlo a España, aunque finalmente, dado el riesgo para el menor, la resolución quedó sin efecto.Una larga batalla judicialLa madre continuó su particular batalla judicial y recurrió ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, que acordó una entrevista y peritajes psicológicos al menor. Los peritos concluyeron que Ignacio contaba “con los recursos y mecanismos psicológicos necesarios para afrontar una situación de traslado y que probablemente la restitución sea propiciatoria para su devenir subjetivo”. Sin embargo, la Suprema Corte de Buenos Aires atendió la voluntad del pequeño y rechazó su restitución, lo que suspendió la ejecución del fallo en Primera Instancia.Corte Suprema argentina en Buenos Aires. (EFE/David Fernández) (EFEI0658/)Finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema Nacional argentina, el más alto tribunal del país, tras el recurso de casación presentado por el padre del menor. En su sentencia, el tribunal establece que “corresponde hacer lugar a la restitución del niño a España” porque “existe una retención ilícita del niño en este país en los términos del artículo 3° del Convenio de La Haya de 1980″ sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Además, la sentencia recoge el informe de los peritos -favorable a la restitución- pese a que la Suprema Corte de Buenos Aires priorizó la voluntad del menor.Los abogados de la madre de Ignacio, del despacho internacional Cremades y Calvo Sotelo, recurrirán el fallo ante la Corte Iberoamericana de Derecho Humanos, según avanzan a Infobae España. Desde el entorno de la progenitora denuncian la “nula” comunicación entre las autoridades argentinas y españolas en el caso. Aseguran que el Estado español no había sido notificado del procedimiento de restitución que se seguía en los tribunales argentinos. Asimismo, muestran su “preocupación” por el devenir del menor después de que la Justicia española se haya declarado no competente en el caso.

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Marta Rovira cruza la frontera y regresa a España seis años después tras el error de García-Castellón que obligó a archivar Tsunami

Marta Rovira y Ruben Wagensberg cruzan la frontera en su regreso a España tras el archivo de Tsunami. (Lorena Sopêna/ Europa Press) (Lorena Sopêna / Europa Press/)El archivo del caso Tsunami en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo obra su primera noticia relevante. Marta Rovira, secretaria general de ERC, ha abandonado Suiza, donde ha residido los últimos seis años, y regresado a Cataluña. Junto a ella, el diputado Ruben Wagernsberg, también investigado por terrorismo. Pero el juez Manuel García-Castellón prorrogó la instrucción 24 horas fuera de plazo en 2021 y hoy todas las pruebas, todo el trabajo se quedan en un cajón, como también ocurre con Carles Puigdemont, principal impulsor del referéndum ilegal del 1-O y beneficiario de la ley de amnistía recientemente aprobada por las Cortes. Marta Rovira y Ruben Wagensberg cruzan la frontera en su regreso a España tras el archivo de Tsunami. (Lorena Sopêna/ Europa Press) (Lorena Sopêna / Europa Press/)(Noticia en ampliación)

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¿Por qué Almeida construye actualmente tres veces más vivienda social en Madrid que Ayuso?

José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press) (Alejandro Martínez Vélez – Europ/)Los datos oficiales son los que son. En lo que llevamos de legislatura, es decir, desde mayo de 2023, el Ayuntamiento de la capital que dirige José Luis Martínez-Almeida ha entregado 673 viviendas sociales. De nueva construcción. El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso ha adjudicado, en cambio, solo 117. También de nueva construcción. Y cuando nos referimos a vivienda social, hablamos de la que está en suelo público, edificada por la propia Administración y cuyo alquiler está gestionado en el caso del Ayuntamiento por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), y en el caso de la Comunidad, por la Agencia de Vivienda Social (AVS). Si nos centramos en los proyectos que están en marcha, Almeida está construyendo actualmente otros 4.210 pisos y Ayuso solo 1.687. Traducido: el Consistorio está poniendo en el mercado tres veces más vivienda pública que el Ejecutivo autonómico.¿Por qué? Todo depende del suelo que haya disponible y de la voluntad política de cada Administración. Pedro Barrero, concejal socialista, señala que Almeida “está levantando muchas viviendas sociales porque las parcelas fueron liberadas en su día por Manuela Carmena en la legislatura 2015-2019. La exalcaldesa puso mucho suelo a disposición de la EMVS, pero no le dio tiempo a terminar los pisos. Son proyectos heredados que ahora están viendo la luz”. Jorge Moruno, diputado de Más Madrid, explica sencillamente que los Gobiernos regionales del PP nunca han apostado por la vivienda pública. “Por razones políticas consideran que la vivienda pública debe funcionar como caridad y no como un derecho de la ciudadanía. De hecho, entienden que la vivienda pública degrada la calidad de las ciudades, lo dijo textualmente el Viceconsejero de Vivienda en la Asamblea. Su idea es que la vivienda pública debe limitarse a la población más vulnerable, algo que tampoco es cierto y no cumplen”.En 2005 (primer año del que hay registros), el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), hoy rebautizado como Agencia de Vivienda Social (AVS), tenía un patrimonio inmobiliario de 24.187 inmuebles. Los últimos datos (a 31 de marzo de 2024) revelan que ese mismo patrimonio es de 24.910. Es decir, que el saldo positivo es de un crecimiento de 723 inmuebles. O lo que es lo mismo: en 19 años, la Comunidad de Madrid solo ha construido una media de 38 viviendas públicas al año.También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en FacebookLa Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) presume de ser actualmente la primera promotora pública de España. En el presente mandato, ha finalizado ocho promociones con 673 viviendas públicas que ya han sido adjudicadas a los madrileños que cumplían los requisitos para ser inquilinos. Estas ocho promociones son La Rosilla 1, La Rosilla 2, La Rosilla 3 (en Vallecas Villa), Nuestra Señora de los Ángeles 4 y San Francisco Javier VI (en Puente de Vallecas), Ingenieros 1 (Villaverde), y Cañaveral 1 y Cañaveral 2 (en el distrito de Vicálvaro). Así, el patrimonio actual de la EMVS es de 8.515 viviendas, un 36% más que en 2019. Ahora mismo tiene otros 2.110 pisos en distintas fases de proyecto y ejecución, distribuidos en 25 promociones, y quiere sumar otras 2.100 viviendas más en nuevas promociones. El Ayuntamiento tiene mucho suelo en los nuevos desarrollos del sureste.Suelo fuera de la capitalEn el caso de la Comunidad, Ayuso ha entregado esta legislatura 117 viviendas, de las que solo 44 estaban en la capital. El resto se distribuyeron en municipios tan dispares como Ciempozuelos, Patones de Abajo, Robregordo y Berzosa de Lozoya. Actualmente, tiene otros 1.687 pisos sociales en ejecución. Por ejemplo, una promoción de 140 casas en Majadahonda y nuevos proyectos en Los Berrocales y Valdecarros, nuevos barrios de la capital. El dato, para una autonomía como la madrileña, motor económico del país, es bajo. Sobre todo si se tiene en cuenta que en junio de 2020, cuando Ayuso solo llevaba un año gobernando, firmó el Pacto Regional por la Vivienda, comprometiéndose, entre otras cuestiones, a incrementar el patrimonio de la AVS en 1.500 nuevas casas sociales durante esa legislatura. No se cumplieron las expectativas. Solo entregó 321. En junio de 2023, durante la primera jornada del debate de investidura previo a la reelección oficial de la líder del PP como presidenta madrileña, Ayuso prometió otros 1.700 pisos protegidos para familias con dificultades económicas en este nuevo mandato.Rosilla 1, promoción nueva de la EMVS en Villa de VallecasEl Ayuntamiento señala que tiene “un gran compromiso” para aumentar el “parque público de vivienda”, aunque el concejal socialista Barrera recuerda que en el anterior mandato, 2019-2013, “Almeida prometió 15.000 viviendas y ha entregado 1.819″. De todas formas, el mensaje del alcalde está calando entre los madrileños mucho más que el de la Comunidad. Las personas que se han inscrito en el registro municipal de demandantes de vivienda social superan ya las 43.000, cuando hace cuatro años eran 33.000. La AVS de la Comunidad solo tiene, en cambio, unos 4.000 demandantes apuntados. Los requisitos para apuntarse en ambos casos son no tener una vivienda en propiedad y no superar ciertos límites de ingresos familiares.El Gobierno regional lo está apostando todo a la colaboración público privada de su plan VIVE, el proyecto estrella de Ayuso. Según este plan, la Administración cede suelo a una empresa para que construya pisos y los explote en concesión durante 50 años en régimen de alquiler para jóvenes y familias de rentas bajas a un precio, según afirma la Comunidad, un 40% más barato que en el mercado. En mayo de 2019, cuando Ayuso era candidata, aseguró que el plan VIVE pondría en el mercado 25.000 viviendas, cifra que rebajó meses después a 15.000. Los últimos datos ofrecidos son que se están construyendo 8.500 pisos en 21 municipios. La Comunidad de Madrid es propietaria de 10,4 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable. Para el diputado Moruno, Ayuso podría utilizar estos terrenos en construir más vivienda social, pero “no los utiliza y en muchos casos prefiere venderlo”.

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¿Por qué Almeida construye actualmente tres veces más vivienda social en Madrid que Ayuso?

José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press) (Alejandro Martínez Vélez – Europ/)Los datos oficiales son los que son. En lo que llevamos de legislatura, es decir, desde mayo de 2023, el Ayuntamiento de la capital que dirige José Luis Martínez-Almeida ha entregado 673 viviendas sociales. De nueva construcción. El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso ha adjudicado, en cambio, solo 117. También de nueva construcción. Y cuando nos referimos a vivienda social, hablamos de la que está en suelo público, edificada por la propia Administración y cuyo alquiler está gestionado en el caso del Ayuntamiento por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), y en el caso de la Comunidad, por la Agencia de Vivienda Social (AVS). Si nos centramos en los proyectos que están en marcha, Almeida está construyendo actualmente otros 4.210 pisos y Ayuso solo 1.687. Traducido: el Consistorio está poniendo en el mercado tres veces más vivienda pública que el Ejecutivo autonómico.¿Por qué? Todo depende del suelo que haya disponible y de la voluntad política de cada Administración. Pedro Barrero, concejal socialista, señala que Almeida “está levantando muchas viviendas sociales porque las parcelas fueron liberadas en su día por Manuela Carmena en la legislatura 2015-2019. La exalcaldesa puso mucho suelo a disposición de la EMVS, pero no le dio tiempo a terminar los pisos. Son proyectos heredados que ahora están viendo la luz”. Jorge Moruno, diputado de Más Madrid, explica sencillamente que los Gobiernos regionales del PP nunca han apostado por la vivienda pública. “Por razones políticas consideran que la vivienda pública debe funcionar como caridad y no como un derecho de la ciudadanía. De hecho, entienden que la vivienda pública degrada la calidad de las ciudades, lo dijo textualmente el Viceconsejero de Vivienda en la Asamblea. Su idea es que la vivienda pública debe limitarse a la población más vulnerable, algo que tampoco es cierto y no cumplen”.En 2005 (primer año del que hay registros), el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), hoy rebautizado como Agencia de Vivienda Social (AVS), tenía un patrimonio inmobiliario de 24.187 inmuebles. Los últimos datos (a 31 de marzo de 2024) revelan que ese mismo patrimonio es de 24.910. Es decir, que el saldo positivo es de un crecimiento de 723 inmuebles. O lo que es lo mismo: en 19 años, la Comunidad de Madrid solo ha construido una media de 38 viviendas públicas al año.También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en FacebookLa Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) presume de ser actualmente la primera promotora pública de España. En el presente mandato, ha finalizado ocho promociones con 673 viviendas públicas que ya han sido adjudicadas a los madrileños que cumplían los requisitos para ser inquilinos. Estas ocho promociones son La Rosilla 1, La Rosilla 2, La Rosilla 3 (en Vallecas Villa), Nuestra Señora de los Ángeles 4 y San Francisco Javier VI (en Puente de Vallecas), Ingenieros 1 (Villaverde), y Cañaveral 1 y Cañaveral 2 (en el distrito de Vicálvaro). Así, el patrimonio actual de la EMVS es de 8.515 viviendas, un 36% más que en 2019. Ahora mismo tiene otros 2.110 pisos en distintas fases de proyecto y ejecución, distribuidos en 25 promociones, y quiere sumar otras 2.100 viviendas más en nuevas promociones. El Ayuntamiento tiene mucho suelo en los nuevos desarrollos del sureste.Suelo fuera de la capitalEn el caso de la Comunidad, Ayuso ha entregado esta legislatura 117 viviendas, de las que solo 44 estaban en la capital. El resto se distribuyeron en municipios tan dispares como Ciempozuelos, Patones de Abajo, Robregordo y Berzosa de Lozoya. Actualmente, tiene otros 1.687 pisos sociales en ejecución. Por ejemplo, una promoción de 140 casas en Majadahonda y nuevos proyectos en Los Berrocales y Valdecarros, nuevos barrios de la capital. El dato, para una autonomía como la madrileña, motor económico del país, es bajo. Sobre todo si se tiene en cuenta que en junio de 2020, cuando Ayuso solo llevaba un año gobernando, firmó el Pacto Regional por la Vivienda, comprometiéndose, entre otras cuestiones, a incrementar el patrimonio de la AVS en 1.500 nuevas casas sociales durante esa legislatura. No se cumplieron las expectativas. Solo entregó 321. En junio de 2023, durante la primera jornada del debate de investidura previo a la reelección oficial de la líder del PP como presidenta madrileña, Ayuso prometió otros 1.700 pisos protegidos para familias con dificultades económicas en este nuevo mandato.Rosilla 1, promoción nueva de la EMVS en Villa de VallecasEl Ayuntamiento señala que tiene “un gran compromiso” para aumentar el “parque público de vivienda”, aunque el concejal socialista Barrera recuerda que en el anterior mandato, 2019-2013, “Almeida prometió 15.000 viviendas y ha entregado 1.819″. De todas formas, el mensaje del alcalde está calando entre los madrileños mucho más que el de la Comunidad. Las personas que se han inscrito en el registro municipal de demandantes de vivienda social superan ya las 43.000, cuando hace cuatro años eran 33.000. La AVS de la Comunidad solo tiene, en cambio, unos 4.000 demandantes apuntados. Los requisitos para apuntarse en ambos casos son no tener una vivienda en propiedad y no superar ciertos límites de ingresos familiares.El Gobierno regional lo está apostando todo a la colaboración público privada de su plan VIVE, el proyecto estrella de Ayuso. Según este plan, la Administración cede suelo a una empresa para que construya pisos y los explote en concesión durante 50 años en régimen de alquiler para jóvenes y familias de rentas bajas a un precio, según afirma la Comunidad, un 40% más barato que en el mercado. En mayo de 2019, cuando Ayuso era candidata, aseguró que el plan VIVE pondría en el mercado 25.000 viviendas, cifra que rebajó meses después a 15.000. Los últimos datos ofrecidos son que se están construyendo 8.500 pisos en 21 municipios. La Comunidad de Madrid es propietaria de 10,4 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable. Para el diputado Moruno, Ayuso podría utilizar estos terrenos en construir más vivienda social, pero “no los utiliza y en muchos casos prefiere venderlo”.

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El Gobierno de Ayuso no garantiza que parte de la línea 7B de Metro de Madrid vuelva a abrir tras gastarse más de 150 M: “Hay graves patologías en el túnel”

Obras en San Fernando de Henares por la Línea 7B de MetroLa Línea 7B de Metro, que une la capital con los municipios de Coslada y San Fernando de Henares, se está convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza para la Comunidad de Madrid, la Administración que gestiona el suburbano. Actualmente, parte de la línea (las cuatro estaciones de San Fernando, Jarama, Henares y Hospital del Henares) lleva casi dos años cerrada porque los terrenos son inestables y han provocado que varias viviendas que están encima del recorrido tengan que ser derribadas. “A día de hoy no estamos en condiciones de asegurar que este tramo vuelva a funcionar”, han explicado altos cargos de la Consejería de Transportes y Vivienda, que no obstante aseguran que están haciendo todo lo posible para que los problemas técnicos puedan ser subsanados, una tarea que está siendo titánica y que es un pozo sin fondo para las arcas públicas regionales.La prolongación de la Línea 7 del Metro (la 7B) fue ejecutada por el Gobierno de Esperanza Aguirre entre los años 2003 y 2007. El proyecto se dividió en tres tramos, aunque el que no hace más que dar disgustos es el tercero, el que discurre por San Fernando de Henares. Aguirre inauguró los tres tramos el 5 de mayo de 2007 (con una paella para 2.000 personas y un concierto de Antonio Carmona incluido), 22 días antes de las elecciones autonómicas que ganó. Un año después, en 2008, empezaron los primeros síntomas de que algo no iba como debía. Y es que este último tramo adolece de un grave problema endémico: los túneles de Metro se construyeron bajo un suelo con alto contenido en sales y aguas subterráneas que hunden y ponen en peligro este medio de transporte. La Comunidad de Madrid ha tenido que cerrar la línea en nueve ocasiones a lo largo de los años. La parte final lleva clausurada desde agosto de 2022. Y este verano está previsto que se cierre la que sigue operativa, entre las estaciones de Metropolitano y la Rambla, para hacer obras de mejora por un periodo que el Gobierno que ahora dirige Isabel Díaz Ayuso calcula que será de siete meses.“Esto es la crónica de una muerte anunciada. Están intentando reflotar una línea que literalmente hace aguas desde el año 2008″, señala Alejandro Escribano, uno de los portavoces de la Plataforma de Afectados por la Línea 7B de Metro, que asegura que los distintos Ejecutivos autonómicos han sido incapaces de solucionar un problema que requería “soluciones urgentes”. Sumando los distintos contratos licitados para invertir en la mejora de esta línea y sufragar los gastos de sus consecuencias (como las indemnizaciones a los vecinos afectados), la línea 7B ya se ha tragado más de 150 millones de euros. La última adjudicación fue en junio de este año por 34,2 millones de euros para ejecutar obras de impermeabilización y reparaciones de la superestructura y del drenaje del túnel entre las estaciones de Hospital del Henares y San Fernando.Graves patologíasDiecisiete años después de la inauguración, el último informe técnico, realizado por la empresa Intemac y fechado el 16 de abril de 2024, recalca la “existencia de graves patologías en el túnel” en la parte final del trazado, como el desprendimiento de material de las dovelas (los prefabricados de hormigón que recubren los túneles), “desconchones del sellado de las juntas” en esas dovelas, degradación del hormigón, corrosión de elementos metálicos y grietas en elementos estructurales. “Todo ello debido a los fenómenos de disolución-precipitación de sales presentes en el agua que circula por el trasdós del túnel (su parte exterior) y que se filtra a su interior, “lo que produce un estado de debilidad estructural en determinados puntos. Así está la situación después de que el túnel ya haya sufrido obras de mejora en 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Y que la infraestructura esté cerrada desde agosto de 2022.Una de las grietas de los edificios afectados por la Línea 7B de MetroEl informe también revela que se está deformando la rasante del túnel por movimientos del terreno a profundidades de entre 35 y 45 metros, “sometiendo a la estructura del túnel a un estado tensional no previsto”. El túnel se mueve, para abajo. “El incremento de la velocidad de descenso de la estructura del túnel se está duplicando, registrándose valores en los últimos 35 días de velocidad de asiento de 0,20 mm/día, mientras que en los últimos 60 días era de 0,12 mm/día. La confluencia de los citados factores constituye un estado de grave inestabilidad estructural del túnel”. “Todo ello conlleva un grave peligro para personas y bienes”, sentencian los técnicos.Y mientras esto pasa abajo, los “problemas geológicos han provocado un drama social”, explica Escribano. De momento ya hay más de 600 viviendas afectadas por grietas, de las que 73 han sido derribadas y otras 88 han tenido que ser desalojadas. En total hay una veintena de calles afectadas; varios comercios cerrados y espacios públicos perdidos. “El problema es que nadie quiere ser el político que anuncie que hay que cerrar definitivamente parte de la línea 7B. Y cada día que pasa crece el número de afectados”, concluye Escribano. Y los gastos. Solo el contrato de autobuses gratuitos para dar servicio al tramo de Metro cerrado costará 4,3 millones de euros en los dos próximos años.Otras ampliaciones de MetroY mientras la línea 7B es una china, y de las gruesas, en el zapato de la consejería de Vivienda y Transportes, la Comunidad sigue avanzando en otras ampliaciones de Metro. El Ejecutivo autonómico ya ha construido el 74% del túnel de 2,6 kilómetros que amplía la línea 3 para unir las estaciones de Villaverde Alto y El Casar (Metrosur), en Getafe. Está previsto que pueda funcionar antes de las Navidades de 2024. Mientras, la ampliación de la línea 11, que pasará de ocho a 33 kilómetros, sigue con sus plazos. De momento, Metro estudia cuatro posibles trazados para el tramo norte, el que unirá Mar de Cristal con Valdebebas. Se barajan estaciones en Ifema, la futura Ciudad de la Justicia, el hospital Isabel Zendal y el aeropuerto. Por último, también se está trabajando en una nueva ampliación desde Chamartín a Madrid Nuevo Norte, la nueva zona empresarial y residencia de la capital. Un trazado presupuestado en 290 millones de euros.

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Feijóo gana las elecciones europeas en España con 22 escaños, pero no consigue torcer el brazo a Sánchez, que resiste con 20 eurodiputados

Sigue en directo las elecciones europeasEl PP se ha convertido en el partido más votado en las elecciones europeas de este domingo en España. La candidatura liderada por Dolors Montserrat ha obtenido 22 escaños, seguida muy de cerca por la de la socialista Teresa Ribera, con 20 eurodiputados. Pese a la victoria, los populares no consiguen torcer el brazo al PSOE, ya que mantiene el mismo número de representantes que en 2019.Vox, siguiendo la estela de sus socios europeos, duplica los resultados de hace cinco años y obtiene seis eurodiputados. A la izquierda del PSOE, Sumar gana por la mínima la batalla a Podemos con tres y dos escaños, respectivamente. Más allá de la desaparición de Ciudadanos del Parlamento Europeo, el agitador ultra Alvise Pérez da la sorpresa al irrumpir en la Eurocámara con tres representantes.Los principales dirigentes del PP celebran los resultados de las elecciones europeas en la sede nacional del partido, en la madrileña calle Génova. (Mudarra/PP)Los de Alberto Núñez Feijóo han experimentado un gran incremento con respecto a 2019, siendo la fuerza que más sube. El PP ha obtenido casi 15 puntos más en porcentaje de votos que hace cinco años, cuando quedaron en segunda posición, por detrás del PSOE. En aquella cita, los populares consiguieron el 20,2% de las papeletas y 12 escaños; este 9-J, el PP aumenta su representación con un 34,18% y 10 eurodiputados más.Victoria agridulce para el PPSi bien, más allá de que en Génova se habían mentalizado en los últimos días con la posibilidad de un empate técnico con el PSOE, la victoria de este domingo no es total para el PP, ya que los socialistas salen vivos de esta cita electoral. La candidatura liderada por la vicepresidenta tercera ha obtenido el 30,19% de los votos y 20 escaños.Eleciones europeas (EP Data)Este resultado estropea los pronósticos iniciales fijados por el PP, cuando las encuestas dibujaban una victoria holgada de los populares, con hasta nueve puntos de diferencia a las puertas del inicio de la campaña. Si bien, los fallos protagonizados por Feijóo durante la campaña y la imputación de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, ha dado alas a los socialistas, que solo se dejan 2,71 puntos por el camino.Vox, que fue la quinta fuerza más votada hace cinco años, ha duplicado los resultados este domingo. Los de Santiago Abascal, comandados en las elecciones europeas por Jorge Buxadé, han obtenido el 9,62% de los votos y seis escaños, tres representantes más que en 2019.Además de la notable subida del PP y de Vox, el bloque de la derecha ha sumado un nuevo componente. Se trata de Alvise Pérez, un agitador ultra y difusor de bulos que se ha hecho un hueco en el panorama político gracias a su presencia en las redes sociales. La agrupación de electores Se acabó la fiesta se ha estrenado en el Parlamento Europeo al conseguir tres eurodiputados.Sumar gana la batalla a Podemos por la mínimaEn el plano de la izquierda estatal a la izquierda del PSOE, Sumar ha salvado los muebles al superar a Podemos después de una batalla que los morados planteaban como unas primarias. La coalición liderada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha irrumpido en la Eurocámara en su primera experiencia en esta cita electoral con tres representantes.Con el 4,65% de los sufragios, Sumar (en coalición con los comunes, Compromís, IU y Más Madrid) ha superado a Podemos. Los morados, con la exministra de Igualdad Irene Montero al frente, siguen con vida en la Eurocámara. Si bien, Podemos, con el 3,2% de los votos, solo ha obtenido dos representantes, cuatro menos que hace cinco años, cuando alcanzó el 10,1% de las papeletas.Más allá de los resultados de estas formaciones de ámbito nacional, Ahora Repúblicas (formado por ERC, EH Bildu, BNG y Ara Més) ha igualado los datos de 2019 al conseguir tres europarlamentarios. La coalición de las izquierdas independentistas, con la republicana Diana Riba como cabeza de lista, ha sido la cuarta fuerza más votada este domingo.Junts, el partido de Carles Puigdemont, solo ha obtenido un escaño. Con el 2,10% de los votos, los independentistas catalanes han perdido un representante y casi la mitad de los sufragios con respecto a la última convocatoria europea. El PNV mantiene los resultados logrados hace cinco años al obtener un escaño.

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Borrell, sobre las palabras de Milei sobre la mujer de Pedro Sánchez: “El ataque frontal y directo que ha venido a hacer en España no nos parece adecuado”

El alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell. (REUTERS/Johanna Geron) (Johanna Geron/)El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, que ha calificado como una “mala noticia” que Israel prohíba al Consulado General de España en Jerusalén que dé servicios a los palestinos de Cisjordania, se ha pronunciado también sobre la crisis diplomática abierta entre España y Argentina tras el viaje del presidente argentino, Javier Milei y sus palabras sobre la mujer de Pedro Sánchez, a la que tildó de corrupta.Unas afirmaciones que, según Borrell, se basan en “descalificaciones basadas en falsedades” y que deben erradicarse de la vida política, ha asegurado en una entrevista esta mañana en la cadena pública TVE. “Hay algunas prácticas de sentido común: que yo sepa, la mujer del presidente de España no está imputada en ninguna causa”, ha añadido. El Alto Representante de la UE, que se ha mostrado apenado por la situación de tensión que se ha generado entre los dos países incluso a nivel personal -tiene la doble nacionalidad al haber nacido su padre en Argentina- ha considerado que el “ataque frontal y directo” al estado de bienestar y la redistribución fiscal que ha venido a hacer Milei en España no le parece “adecuado”. Te puede interesar: Europa occidental está empezando a enviar una advertencia vital a IsraelBorrell ha considerado que esa redistribución fiscal que permite asegurar pensiones, sanidad y educación como parte del sistema que es el Estado de bienestar es parte “fundamental de nuestro modelo político” en Europa y es lo que consigue generar una “sociedad cohesionada”. “Las formas no son las adecuadas, hay que bajar la tensión desde el respeto a las personas y a los sistemas políticos. Se puede estar en contra de los planteamientos socialistas, pero decir que es el diablo no es adecuado”, ha subrayado.Sánchez y Milei coincidirán en junioEspaña y Argentina siguen mientras tanto en su escalada diplomática después de que España haya retirado a su embajadora en Buenos Aires y Milei se haya negado reiteradamente a retractarse de sus palabras pronunciadas en un acto de Vox. Pero los tiempos del calendario aprietan y Milei tiene en su agenda una nueva visita a España el 21 de junio para recibir un premio y aunque desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez han amagado en los últimos días con tomar algún tipo de represalia, el presidente argentino ha asegurado que vendrá a recogerlo. Antes, sin emabrgo, Sánchez y Milei coincidirán en junio en Suiza con motivo de la participación de ambos en la Conferencia de Paz sobre Ucrania que se celebrará en la ciudad de Lucerna.La conferencia se ha convocado para los días 15 y 16 de junio, y Sánchez y Milei coincidirán en ella.Te puede interesar: Sánchez mantiene la presión: ¿puede el Gobierno declarar a Milei ‘persona non grata’ o impedirle su visita a España?Sánchez ya había avanzado el pasado 7 de mayo que estaría presente en esa Conferencia de Paz de Suiza, una decisión que comunicó ese día en una conversación telefónica que mantuvo con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Zelenski había invitado también a Milei a acudir a la cumbre, y fuentes oficiales argentinas han confirmado que estará presente en esa cita en Lucerna.El presidente argentino estará por tanto en Italia y en Suiza (y está intentando una reunión en Francia con Macron) antes de desplazarse de nuevo a Madrid para recibir el 21 de junio un premio otorgado por el Instituto Juan de Mariana. Después de Madrid, Milei viajará a Hamburgo (Alemania) para recibir otra distinción.*Con información de EFE

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Detenido el empresario acusado de blannquear millones de euros en Mallorca

Un agente de la Guardia Civil en una operación policial. Imagen de archivo. (Isaac Buj / Europa Press) (Isaac Buj / Europa Press/)El empresario alemán Thomas L., ha sido el objetivo de una intensa búsqueda que desplegaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado este viernes en la isla de Mallorca. Un amplio operativo policial que acabó deteniendo a este empresario en su país de origen. Thomas L., es un conocido hotelero con negocios en la isla balear que emprendió una huida desde Suiza hasta Alemania, donde finalmente fue detenido por las autoridades.La operación sorprendió por el importante despliegue que llevaron a cabo decenas de agentes de la Guardia Civil. Fueron ellos los que irrumpieron en varias viviendas de lujo en la zona de la Cala Rajada, así como en sus oficinas, como en un hotel de su propiedad. El principal investigado de la trama es el empresario alemán que, según las investigaciones, estaría involucrado en la venta y compra de propiedades durante años, con el objetivo de blanquear dinero que habría ganado por medio de actividades ilegales.Te puede interesar: Migrantes del CIE de Valencia denuncian nuevas agresiones policiales: “Me dieron un puñetazo en la boca y caí al suelo”Según las autoridades, Thomas L., es un hombre de mediana edad al que se comenzó a investigar en su país por evasión fiscal masiva. Los investigadores a cargo del caso descubrieron que era en Mallorca donde compraba las propiedades inmobiliarias, terrenos y empresas para blanquear grandes sumas de dinero, que según las pesquisas de los investigadores había obtenido llevando a cabo actividades ilegales. Coche de la Guardia Civil. Imagen de archivo. (ARCHIVO/)La operación, cuyos detalles se han mantenido en secreto, se inició hace más de un año cuando las autoridades alemanas recibieron información sobre el presunto blanqueo de dinero llevado a cabo por un ciudadano alemán en Mallorca. Los agentes a cargo del caso creen que, además de la intervención de la Bundeskriminalamt alemana (BKA), también estuvieron involucrados los carabineros italianos.Te puede interesar: Laura Baena, la voz de las ‘malas madres’: “Aún hay empresas que despiden a embarazadas y no asumen que los cuidados son una responsabilidad laboral”El viernes, cuando se llevó a término la operación policial, el trabajo de los agentes se centró en la inspección de un chalet en la calle Cavall Marí y otro en Son Bessó, en Cala Rajada y Capdepera, donde residían Thomas L. y su socio libanés. Los agentes, acompañados de un perro entrenado para detectar dinero, llevaron a cabo un registro policial en todas las propiedades y no encontraron a nadie en su interior. Además, se realizaron inspecciones en oficinas y un hotel de cuatro estrellas, propiedad del principal sospechoso, donde se requisó una cantidad significativa de documentación y dinero en efectivo. Asimismo, los expertos informáticos se encuentran analizando dispositivos electrónicos en busca de evidencia que incrimine a los sospechosos en la trama. Thomas L. abandonó la isla días antes del operativo, dirigiéndose primero a Suiza y luego a Alemania, donde finalmente fue arrestado por la policía local. Algunos turistas que se alojaron en su hotel en Mallorca declararon haber sido obligados a pagar en efectivo, esto generó sospechas de los investigadores. El detenido declarará ante la justicia en las próximas horas. Se enfrenta a cargos por evasión fiscal y blanqueo de capitales en su país de origen, donde la fiscalía ha abierto una investigación en su contra.

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