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Dosis mínima en Colombia: expertos explican qué alcances tiene la derogación del decreto

el gobierno de Iván Duque expidió el Decreto 1844 de 2018, que prohibía poseer, tener, entregar, distribuir y comercializar drogas o sustancias prohibidas en espacios públicos – crédito Jaime Saldarriaga/Reuters
(JAIME SALDARRIAGA/)En Colombia la dosis mínima está regulada por la Ley 30 de 1986, por lo que cualquier ciudadano puede portar libremente cierta cantidad de droga sin que sea amonestado o perseguido por las autoridades. Así era hasta 2018, cuando el gobierno de Iván Duque expidió el Decreto 1844 de 2018, que prohibía poseer, tener, entregar, distribuir y comercializar drogas o sustancias prohibidas en espacios públicos y le daba facultades a la Policía para incautar sustancias así estas no llegaran a los topes de la dosis mínima.El 7 de diciembre, el Gobierno de Gustavo Petro derogó ese decreto como parte de su nueva política contra las drogas en la que se busca perseguir a los grandes capos del narcotráfico y no al consumidor. La medida, contemplada en el Decreto 2114 de 2023, provocó una nueva polémica en la opinión pública, pues, en algunos sectores, se entendió que esta nueva norma se estaría, de facto, permitiendo la venta libre de droga en el país.Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.Horas después de que la noticia se conociera, tanto el presidente Gustavo Petro, como su ministro de Justicia, Néstor Osuna, salieron a aclarar los alcances del decreto. El presidente advirtió que ahora, con la expedición del decreto, la Policía no deberá “perseguir consumidores de estupefacientes”, sino “a los grandes capos de la droga”.El presidente respondió a las críticas que suscitó el Decreto 2114 de 2023 – crédito @petrogustavo/XEl ministro Osuna, por su parte, aclaró, en un video que publicó el presidente en X, que el decreto “no elimina la prohibición de comercio, ni de tráfico, de microtráfico, ni ningún comercio de drogas. Eso sigue severamente prohibido por la ley colombiana. No nos llamemos a engaños”.Después, enfático, recalcó que “lo único que hace” el Decreto 2114 de 2023 es “derogar la sanción de multa que había puesto el gobierno anterior para el porte de dosis personal” y que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado determinaron que el porte de la dosis personal “no se puede sancionar administrativamente”.¿Qué dicen los expertos?Ante las dudas generadas por el Decreto 2114 de 2023, Infobae Colombia consultó con los abogados Iván Cancino y Francisco Bernate y con Julián Quintero, sociólogo con maestría en Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología, director e investigador de la Corporación Acción Técnica Social y cofundador del proyecto Échele Cabeza cuando se dé en la cabeza, para conocer las implicaciones de la norma.Decreto no cambia mucho el panorama: abogadosEl abogado penalista Francisco Bernate le dijo a Infobae Colombia que, realmente, el único alcance del Decreto 2114 de 2023 es derogar el que expidió el gobierno de Iván Duque que permitía imponer multas a quien portara cualquier tipo de sustancia sin importar si era, o no, la dosis mínima.“Ahora lo que hace este decreto es, al eliminar esta prohibición, permitir que las personas que sean consumidoras porten sustancias, droga, puntualmente, siempre y cuando, por supuesto, sea para el consumo, de manera que lo que cambia es que la Policía ahora no podrá multar ni incautar las sustancias cuando las personas las porten con fines de consumo. Eso es lo que cambia”El penalista Iván Cancino advirtió que el Decreto 2114 de 2023 solo es una muestra más de que Petro está cumpliendo con sus promesas de campaña – crédito Sofía Toscano/ColprensaPara el abogado Iván Cancino, la relevancia que se le está dando al decreto que expidió el Gobierno nacional es mayor a la que debería dársele, pues advirtió que en Colombia el porte y consumo de la dosis mínima no está penalizado:“Yo creo que se le está dando más importancia de la que tiene. En Colombia, legal y jurisprudencialmente hace mucho tiempo consumir dosis mínimas, que varían dependiendo de la sustancia, no está penalizado. No hace parte de lo que la Fiscalía debe perseguir desde el ámbito penal”También dijo que “la medida del Gobierno Petro es, una vez más, acorde a su política y a lo que prometió en su Gobierno. Sigo manifestando, no sé por qué la gente se sorprende si el presidente Petro lo que está haciendo es cumplir todo aquello metió en su programa de Gobierno”.¿Policía quedó sin ‘dientes’ para luchar contra el microtráfico?El abogado Francisco Bernate advirtió que, con la expedición del Decreto 2114 de 2023, la Policía deberá enfocarse en perseguir la venta de drogas en el país y no a los consumidores – crédito @fbernate/XEl abogado Bernate aclaró que “las funciones de la Policía no cambian mucho”, ya que lo que el decreto del Gobierno Petro “tiene que ver con el consumo” y que las multas que había permitido imponer el gobierno Duque “ya habían sido objeto de pronunciamiento judicial”. También dijo que ahora las autoridades se podrán centrar en controlar la compra y venta de drogas en el país y no perseguir al consumidor:“Las funciones de la Policía no cambian en absoluto, lo que corresponde es, más bien, que la Policía se centre en lo que importa, que no es otra cosa que controlar la compra y venta de estupefacientes, que es lo que está criminalizado y no el porte con fines de consumo, que, insisto, es un hecho que está permitido en Colombia”Cancino despejó las preocupaciones de quienes señalan que ahora los consumidores y jíbaros podrán tomarse de nuevo los parques y las inmediaciones de los colegios, pues advirtió que “donde haya menores de edad, el Código de Policía sigue teniendo otras atribuciones, que obviamente no le permiten arrestar o judicializar a las personas, pero sí les permiten retirarlas de los espacios cercanos a los menores”.Además, recordó que “todo lo que supere la dosis mínima sigue siendo, no solo objeto de derecho policivo, sino de sanción penal y perseguible por la Policía y por la Fiscalía. Así que ahora se traslada a otras decisiones de convivencia, etcétera”.Bernate reiteró que ahora la Policía deberá “encaminar su actuación a combatir precisamente el microtráfico, a combatir los lugares en donde se expenden este tipo de sustancias. Ese es el punto, pero realmente no las golpea en lo más mínimo, sino que, por el contrario, las centra en dónde debe estar realmente su actividad”Los beneficios de la “tumbada” del decretoAunque para muchos la decisión del presidente no cambia nada o, incluso, es equivocada, para otros resulta ampliamente beneficiosa. De acuerdo con cifras publicadas por la ONG Temblores, entre 2017 y 2019, las autoridades impusieron un total de 208.183 comparendos por porte de sustancias psicoactivas en el espacio público.De estas amonestaciones, el 78% fueron impuestas a personas que en realidad tenían consigo menos de un gramo. Además, el 84% de estas recayeron en personas de entre 18 y 33 años de edad. Pero estos números no disminuyeron con el tiempo, todo lo contrario; para entre 2018 y 2020 se impusieron 550.658 comparendos en el país.Esto resulta problemático, porque, en muchos de estos procedimientos, se pudo haber incurrido en el incumplimiento de la Ley 30 de 1986, que estable las dosis máximas que puede portar cualquier persona en el espacio público, según determinados tipos de drogas.“Es dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no exceda de veinte (20) gramos; la de marihuana hachís la que no exceda de cinco (5) gramos; de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína la que no exceda de un (1) gramo, y de metacualona la que no exceda de dos (2) gramos. No es dosis para uso personal, el estupefaciente que la persona lleve consigo, cuando tenga como fin su distribución o venta, cualquiera que sea su cantidad”, se lee en la normativa.La Ley 30 de 1986 permite el porte de la dosis mínima en Colombia y define las cantidades y sustancias – crédito Ministerio de Salud y Protección SocialNo obstante, las dificultades no solo se quedan en ir en detrimento de la ley, sino en la manera en que las personas consumidoras han sido abordadas y cuestionadas por las autoridades al llevar consigo cierta cantidad de droga.Según los datos revelados por la ONG Temblores, durante los procedimientos llevados a cabo por la policía entre 2017 y 2022, hubo 4.578 casos reportados por violencia física ejercida por los uniformados; 17 situaciones de violencia sexual; y 28 de homicidios.Este peligroso panorama puso en alerta a varios sectores del país, tanto así, que la misma ONG solicitó, en mayo de 2023, al Gobierno nacional derogar completamente el decreto expedido en 2018, al considerarlo como una manera de perseguir a los consumidores, además de que, en realidad, no ataca a las grandes empresas del narcotráfico.Desde el punto de vista del investigador Julián Quintero, la cuestionada decisión de Petro sobre tumbar la normativa fue tardía, pues debió haberse derogado en 2019, porque la Corte Constitucional y el Consejo de Estado emitieron diferentes sentencias en las que se declaró como inexequibles algunos de sus apartados.En general, la normativa terminó agudizando la convivencia entre la ciudadanía, la policía y las personas consumidoras. Los procedimientos se tradujeron en la ejecución de acciones basadas en un decreto inconstitucional, que derivaron en las cifras de maltratos y violencias reportadas por la ONG Temblores. Además, Quintero afirma que la mayoría de los comparendos impuestos por las autoridades recayeron en jóvenes de los estratos socioeconómicos más bajos: 1, 2 y 3.Estas sanciones significaron, para muchos, un obstáculo para el ascenso social de los jóvenes. Pero ahora, según el investigador, gracias a que se tumbó el decreto, estas personas podrían solicitar al Gobierno nacional la devolución de la sustancia que en algún momento les fue decomisada, que se les indemnice y que se les eliminen los comparendos. Si no, la iniciativa quedaría “a medias”.“[Con el cambio], queda lo que siempre ha estado y es el derecho al porte y consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, básicamente, reduce la persecución y debería reducir la persecución, el estigma, la sanción y la extorsión, en muchas ocasiones, hacia las personas consumidoras por el consumo”, explicó Quintero.Finalmente, explicó que la lucha contra el narcotráfico queda intacta, en la medida en que la decisión del presidente tiene efectos en los derechos constitucionales y en las garantías civiles, y no en los términos penales con los que se hace frente al flagelo en Colombia. Sin embargo, no quiere decir que no exista un beneficio para esta tarea, pues ahora las autoridades podrán dedicarse a buscar a los “verdaderos traficantes” y microtraficantes, dejando así de criminalizar a las personas que portan y consumen estupefacientes.Ahora, con la expedición del Decreto 2114 del 7 de diciembre de 2023, los consumidores podrán portar la dosis mínima en Colombia sin miedo a ser perseguidos por la Policía y ser amonestados; mientras que la venta libre de drogas sigue estando prohibida en el país y solo podría dejar de estarlo si el Congreso de la República así lo determina.A continuación, puede leerse el decreto completo:

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Petro está especulando al señalar que el fentanilo remplazó a la cocaína en EE.UU., según el exministro Alejandro Gaviria

Cuando Alejandro Gaviria dijo que a Petro se le desbarata el Gobierno en seis u ocho meses. Fotos: Colprensa.El presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, provocó una gran controversia el sábado 12 de agosto al asegurar en su cuenta oficial de X que el peligroso opioide fentanilo, que genera una fuerte adicción por su consumo y que se considera como un problema de salud pública en Estados Unidos, estaría desplazando a la cocaína en Estados Unidos. Sin embargo, las afirmaciones del mandatario solo serían especulación, de acuerdo con un análisis que publicó en su página web el exministro de Salud Alejandro Gaviria. Basado en datos de Naciones Unidas, el también excontendor de Petro, en las pasadas elecciones presidenciales, sostuvo que el mercado del estimulante ilegal se mantenía igual, aunque reconoció que el presidente tenía razón al señalar que aumentó la demanda de ese estupefaciente en otras zonas del planeta.“La demanda por cocaína no se ha desplomado en Estados Unidos. Ha crecido rápidamente en otros mercados en Europa y Oceanía, pero no ha caído en Estados Unidos. De acuerdo con el Cocaine Report 2023, 30% de los usuarios globales de cocaína residen en Norteamérica. Según el reporte, el consumo de cocaína es complementario con el de marihuana, sustituto con el de metanfetaminas y no guarda ninguna correlación con el de opiáceos (Pj., fentanilo)”, explicó. También sostuvo que tampoco era cierto, como dijo el jefe de Estado, que la caída del tráfico ilegal de esa sustancia, de la que Colombia sigue siendo el principal productor mundial, no era producto de una menor demanda en el mundo, sino por la sobreproducción de la misma en el país. “La crisis en la economía cocalera, en contravía a lo afirmado por el presidente Petro, tiene origen no en una caída en la demanda global, sino en un aumento sustancial en la oferta local, como consecuencia, a su vez, del aumento de las áreas sembradas y el aumento de la productividad”, agregó.Tampoco los cultivos de hoja de coca se han reducido en zonas como el Catatumbo, en Norte de Santander, o en Tumaco (Nariño) en el sur del país, para desplazarse a la frontera con Ecuador como indicó Petro, sino que por el contrario permanecen estables en esas zonas del país.“Todo lo contrario. Sugiere que el aumento de la oferta ocurrió en los enclaves tradicionales: “Una panorámica territorial indica que para el 2021 86,5 % de la coca está en zonas afectadas por más de 10 años, lo que corrobora la permanencia de condiciones de vulnerabilidad en los territorios […] y fomenta el incremento de actividades ilegales en los territorios”, citó del informe de Naciones Unidas. Añadió que si bien probablemente cambiara un poco el panorama por la sobreproducción de hoja de coca, los enclaves de los cultivos se mantendrán en esas zonas del país. “Las cifras mencionadas por el presidente Petro parecen, entonces, más especulativas que reales, una especie de extrapolación todavía sin sustento fáctico”, sentenció. El que fuera ministro de Salud en el Gobierno de Juan Manuel Santos contradijo la aseveración del presidente Petro de que el narcotráfico desparecerá de Colombia, si no que comenzarán a tener relevancia otras plazas de esa renta ilegal en Suramérica. “El aumento de la demanda en Europa, Brasil y Oceanía llevará seguramente a la consolidación de otras rutas de narcotráfico más al sur. Ecuador, Paraguay, Brasil adquirirán un mayor protagonismo. Pero esta tendencia no implica que Colombia dejará de tenerlo. Probablemente (como ya está ocurriendo) habrá una expansión geográfica del problema, no una relocalización definitiva por fuera”, aseguró. Finalmente controvirtió la hipótesis de Petro de que con estos supuestos cambios en el tráfico de la cocaína conllevará a una desfinanciación de las estructuras criminales que dominan ese negocio, y consigo a un pacificación del país. “Aun si Colombia pierde algo de protagonismo, este hecho no implicará el fin de las organizaciones armadas, ni una paz providencial como resultado de la exportación de nuestros problemas. Las organizaciones armadas derivan su poder del control territorial, el narcotráfico las fortalece por supuesto, pero no desaparecerán endógenamente si Colombia pierde algo de participación en el mercado global de cocaína”, concluyó.

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Donaron la avioneta narco que cayó en Chaco a una escuela técnica

Por el momento, las personas que se encontraban en la avioneta al momento del accidente permanecen prófugas (Fotos: Junta de Seguridad en el Transporte)La Junta de Seguridad en el Transporte, la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Procuración General de la Nación (PROCUNAR), y el Consejo Profesional de Ingeniería Aeronáutica y Espacial entregaron la avioneta narco que se había desplomado en un campo ubicado en la localidad de Avía Terai, de Chaco, el pasado 19 de julio a una escuela técnica para que pueda ser utilizada en prácticas y estudios de los alumnos.De acuerdo con el oficio judicial al que tuvo acceso Infobae, el Juzgado Federal de Resistencia N°1 resolvió que la aeronave que fue secuestrada como parte de una causa por narcotráfico, debido a que transportaba 324 kilos de cocaína presuntamente en dirección hacia Sáenz Peña, fuera entregada el viernes 4 de agosto a la Escuela de Educación Técnica Aeronáutica N°32 “Martín Guzmán”, ubicada en Avenida Marconi 2768, de la capital chaqueña.La resolución fechada el 26 de julio pasado estableció que, una vez que terminaran de realizarse las pericias en el vehículo que había sido el único vínculo directo con los dos tripulantes que se encuentran prófugos de la Justicia, la avioneta CESSNA 210, modelo “Turbo Centurión II”, con matrícula boliviana “CP-3123″, iba a ser puesta a disposición de los 650 estudiantes de la institución para que puedan aprender sobre el funcionamiento de la misma y practicar las actividades de mantenimiento que estas requieren.La entrega se realizó en el marco de un programa estatal que busca que las aeronaves secuestradas en causas penales puedan ser aprovechadas por los alumnos de las escuelas técnicas especializadas en aeronáutica que se encuentren a lo largo del territorio nacional. “Se espera próximamente realizar entregas de este tipo en escuelas de las provincias de Santa Cruz y San Luis”, adelantaron desde la Junta de Seguridad en el Transporte durante una entrevista para Télam.Te puede interesar: Investigarán si la avioneta narco que cayó en Chaco pertenecía a un cartel transnacionalEl vehículo aéreo fue robado en Bolivia antes de ingresar en terreno nacionalPrevio a que la avioneta fuera recibida por las autoridades escolares, un helicóptero marca Robinson modelo R44 fue asignado a otra institución ubicada en Salta bajo el mismo proyecto, que ha servido para que unos 700 estudiantes, aproximadamente, puedan aprender saberes indispensables para ejercer la profesión de técnico aeronáutico.En cuanto a la causa abierta por el tráfico de cocaína en Chaco, por el momento, la fiscalía a cargo de la investigación no informó acerca de nuevos avances en la búsqueda de la presunta pareja que estaba a bordo de la nave cuando tuvo un desperfecto técnico que provocó que cayera en un campo conocido como “La Aurora”. A pesar de que los investigadores habían activado una alarma en los hospitales y centros de salud de la zona ante la posibilidad de que pudieran aparecer para atenderse luego de haber sido trasladados en una camioneta, el personal médico de estas instituciones no informó sobre algún caso de este tipo. La avioneta ya se encuentra en la Escuela de Educación Técnica Aeronáutica N°32 “Martín Guzmán”Según las declaraciones que ofrecieron los testigos de la zona, los sospechosos de pilotar la avioneta serían un hombre y una mujer, de quienes no pudieron precisar los rasgos físicos, ni las edades aproximadas que tendrían los prófugos. La aeronave será utilizada para fines escolares gracias al aval de la JusticiaLos agentes nacionales determinaron que la aeronave había sido robada de un aeroclub ubicado en Bolivia el domingo anterior a que sea encontrada en Chaco. Asimismo, se barajó la hipótesis de que la matrícula que portaba también haya sido robada o duplicada de otro vehículo.Por otro lado, el director general de Consumos Problemáticos de la Policía de Chaco, el comisario general Juan Ramón Duarte, mencionó que “la causa que se está llevando adelante junto a Gendarmería Nacional desde el año pasado” al mencionar que existe un expediente activo que investiga una supuesta ruta narco que conectaría a Bolivia, Paraguay y Argentina con el objetivo de exportar a Europa.Seguir leyendo:Caso Cecilia Strzyzowski: confirmaron la prisión preventiva para Emerenciano Sena y Marcela AcuñaMurió el bebé que llevaba 12 días internado tras intoxicarse con cocaína en Chaco

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Incautan un camión en el norte de Bogotá con insumos para producir 4,5 toneladas de cocaína

La Policía incautó en el norte de Bogotá un camión con insumos suficientes para producir 4,5 toneladas de cocaína. (Policía Metropolitana de Bogotá)La Policía Metropolitana de Bogotá asestó un nuevo golpe contra las organizaciones narcotraficantes del país luego de que el lunes 24 de julio incautaran en el norte de la ciudad un camión que transportaba insumos suficientes para producir más de 4 toneladas de cocaína. “Uno de nuestros cuadrantes del modelo nacional de vigilancia por cuadrantes intercepta un vehículo que se movilizaba por la autopista norte, a la altura de la calle 245. Allí se halló una gran cantidad de sustancias, entre ellas 1.600 galones de líquidos y 900 kilogramos de sustancias sólidas que tenían como destino el departamento de Boyacá para el procesamiento de clorhidrato de cocaína”, informó el coronel Rubén Darío Gaitán, Comandante de Policía en la localidad de Usaquén.Los uniformados señalaron que en el automotor hallaron 1.605 galones entre acetona, ácido sulfúrico y ácido clorhídrico, así como 250 kilogramos de soda caustica, 360 kilogramos cloruro de calcio, 250 kilogramos metabisulfito de sodio y 40 kilogramos de carbón activado con el potencial para producir 4,5 toneladas del estupefaciente, cuyo precio se estima en 157 millones de pesos. En el operativo fue capturado el conductor del automotor que fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para que responda penalmente por los delitos de de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Durante este mes es la segunda ocasión en que las autoridades asestan otro golpe en contra de los productores del estupefaciente en la capital colombiana, luego de que el pasado 4 de julio desmantelaran un laboratorio casero para producir el estupefaciente dentro de una casa del barrio Boyacá Real, en la localidad de Engativá. Los uniformados señalaron en esa ocasión que los elementos de elaboración de cocaína los había adaptado un hombre, de 49 años de edad, dentro de una habitación que había arrendado un mes y medio atrás. “Al ingresar las patrullas encuentran clorhidrato o sustancias que se asemejan al clorhidrato de cocaína, unas bolsas herméticas y todos los insumos que se utilizan para la fabricación de estas sustancias prohibidas”, señaló en el informativo de televisión Citynoticias el mayor Alexander Garnica, subcomandante en la mencionada localidad.Las autoridades estimaron que con esos elementos se producía 10 kilos de cocaína mensualmente, lo que dejaría unas ganancias que oscilan entre los 80 y 100 millones de pesos. De igual forma, en medio de trabajos de investigación, los uniformados determinaron que el estupefaciente que allí se fabricaba, era distribuido principalmente en zonas de rumba de las localidades de Suba y Engativá.Según contaron algunos vecinos, empezaron a notar que de la vivienda emanaban olores extraños y el inquilino tenía movimientos sospechosos, por lo que dieron aviso a las autoridades locales.Banda enviaba cocaína a España con un sello con el rostro del presidente PetroCae banda de ‘Los Petroski’ que enviaba cocaína a España. Sellaban los paquetes con un símbolo que lleva el rostro del presidente Petro. (Policías de Colombia y España, y Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos)Tras un operativo que se realizaron el sábado 22 de julio, y que desarrollaron en conjunto las policías de Colombia y España, así como del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se incautaron 60 kilogramos del estupefaciente y se capturaron a tres personas en las afueras de la población española de Guadalajara, que se encuentra a una hora de Madrid.La droga estaba repartida en paquetes en los que se podía reconocer el logo de una marca conocida en el mundo del narcotráfico internacional. Se trata de una figura del Joker con la cara del presidente colombiano, Gustavo Petro, que corresponde al logo de ‘Los Petroski’.A través de un comunicado, las autoridades explicaron que dicha organización criminal está asentada en la provincia de Madrid y cuenta con el potencial económico necesario y los contactos suficientes, en Colombia para realizar envíos de cocaína a España de manera periódica.

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Santiago del Estero: un narco con identidad falsa le disparó a gendarmes con una ametralladora

La ametralladora incautadaUn insólito combate armado ocurrió hoy viernes por la tarde entre gendarmes y narcotraficantes en el Paraje Cruz Bajada, sobre la Ruta Nacional 16, en el norte de Santiago del Estero, cerca de la frontera con Salta.Allí, cinco sospechosos fueron detenidos por enfrentar a tiros a los agentes de la fuerza federal que intentaron alcanzarlos. En medio de la persecución, uno de los detenidos tomó una ametralladora calibre 5,56 y disparó contra las autoridades. Los gendarmes respondieron con fuego y uno de los sospechosos recibió un disparo en el hombro. Finalmente, fueron alcanzados. Los tres acusados principales viajaban en un vehículo, con otro de apoyo siguiendo detrás en un camino secundario, con dos ocupantes que también fueron apresados.Pistola 9 milímetrosLa requisa a los vehículos reveló un armamento rara vez visto en el hampa del noroeste argentino. Además del fusil empleado -típicamente conocido como “Frankenstein” en la jerga delictiva, ensamblado con partes de diversas armas-, se encontró un kilo de cocaína, dos chaleco antibalas, varios proyectiles, una pistola 9 milímetros con mira láser y dos teléfonos satelitales, claramente útiles en una zona con señal nula para celulares. En el auto de apoyo se incautaron hojas de coca. El narco detenido fue hospitalizado.Te puede interesar: Tras el crimen del chofer, fuerzas especiales de la Bonaerense realizan controles a los pasajeros en los colectivos del ConurbanoEl expediente para esclarecer el hecho está en manos del Juzgado Federal N°2 de Santiago del Estero, que ordenó diversas pericias. La fiscalía del caso también requirió las armas para determinar cuál de los efectivos del operativo hirió al agresor. Los detenidos mismos son una incógnita. Entregaron sus nombres, que resultaron ser falsos. Ahora, Gendarmería comenzó una investigación para determinar sus identidades, confirmaron fuentes del caso a Infobae.Chaleco antibalas y municionesEl operativo pone en foco una nueva zona caliente para el corredor narco del NOA. Fuentes oficiales aseguraron que ya ocurrieron otros tiroteos y operativos en la zona.La semana pasada, Gendarmería encontró en el Paraje Cruz Bajada a tres hombres que tripulaban una camioneta Toyota Hilux. Allí, llevaban 615 kilos de hoja de coca. Un Peugeot 308 que servía de “puntero” en el camino para alertar a los traficantes de cualquier control también fue interceptado.Vale recordar que el origen de las armas de alto poder en manos de narcotraficantes es un asunto investigado por las autoridades desde hace un largo tiempo.A fines de junio de 2019, en este sentido y tal como reveló Infobae, Gendarmería Nacional —bajo las órdenes del juez Pablo Yadarola— allanó a una organización acusada de estar detrás del mayor esquema de tráfico de armas de la historia argentina reciente. Le encontraron su lote de metal pesado: 2500 fusiles y otros artículos de guerra en más de 50 procedimientos en puntos de Río Negro, Santiago del Estero, una armería china en Castelar, Bahía Blanca, un country en Escobar.Había hasta cuatro contenedores de TNT con relojes digitales y tres cajas de trotyl, ojivas de bombas aéreas, 16 cajas con trenes de fuego para bombas de aviación. Hubo más de 20 detenidos.Seguir leyendo:Crimen del colectivero: hay cuatro detenidos y aguardan los resultados de tres pericias clave para saber quién disparóConmoción en Rosario: ejecutaron a un hombre de un tiro en la cabeza y su sobrino encontró el cadáver“¡Por eso les pegan tiros!”: el repudiable grito a un colectivero en medio de una discusión de tránsito

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La violencia en Guayaquil pone en jaque a la educación

La vida de Alejandra cambió cuando su padre fue asesinado a unas cuadras de su casa en el barrio Isla Trinitaria, un sector deprimido de Guayaquil. Es la segunda de cuatro hermanos, y la que más le gustaba estar en la calle con sus amigas en los alrededores de la casa, pero debido a la violencia tiene miedo a salir hasta para ir al colegio. No es la única. El Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales en las ciudades de Guayaquil, Durán y Samborondón después de 24 horas de terror que vivieron por atentados con bombas de manera simultánea el 1 de noviembre. 763.000 estudiantes dejaron de asistir a la escuela.Seguir leyendo

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