Fuentes de la Policía Nacional señalan que el hombre, que fue detenido, «cuenta con problemas mentales y tenía un brote psicótico fuerte»
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Fuentes de la Policía Nacional señalan que el hombre, que fue detenido, «cuenta con problemas mentales y tenía un brote psicótico fuerte»
Efectivos de Gendarmería Nacional desmantelaron una banda dedicada a las estafas telefónicas desde una cárcel de Jujuy (GNA)Las autoridades argentinas identificaron a una banda criminal dedicada a la estafa y extorsión telefónica, cuyas víctimas incluían unidades de Gendarmería y sedes judiciales federales y provinciales, tras una investigación iniciada en abril por orden de la Fiscalía Federal de Posadas.El esquema de fraude, conocido como “vishing”, implicaba llamadas telefónicas en las que los estafadores se hacían pasar por funcionarios de juzgados o fiscalías federales inexistentes, utilizando nombres falsos para obtener información sensible. Los delincuentes empleaban técnicas de ingeniería social y datos accesibles desde redes sociales para engañar a sus víctimas.Tras meses de trabajo coordinado entre la Subdirección de Delitos Tecnológicos y las Unidades de Reunión de Información de Buenos Aires, Misiones y Jujuy, se identificó a los estafadores como personas privadas de libertad en la provincia de Jujuy.Uno de los implicados estaba detenido en un penal de San Salvador de Jujuy, mientras que los demás cumplían prisión domiciliaria por delitos relacionados con la comercialización de estupefacientes.Durante los allanamientos, se descubrió que los investigados utilizaban teléfonos celulares y dispositivos electrónicos para cometer los delitos.Las autoridades incautaron teléfonos móviles, computadoras portátiles, tarjetas bancarias, cuadernos con anotaciones y documentación relevante para la causa, en violación de los artículos 172 y 173 del Código Penal Argentino.Las víctimas incluían unidades de Gendarmería y sedes judiciales federales y provinciales (GNA)Y a principios del mes de mayo pasado, otra banda dedicada a las estafas, en este caso a través de las redes sociales, fue desbaratada por la Policía Federal Argentina. Todo comenzada con una charla en redes sociales con una atractiva joven desconocida. Un breve conocimiento, un anzuelo, la conversación que sube de tono. Una foto, dos… y puede desencadenarse una pesadilla.El modus operandi siempre es el mismo y no es la única banda delictiva que trabaja de esa forma. Desde un perfil falso de Facebook cargado con fotos de una bella joven envían mensajes a través de Messenger. Si el receptor responde, comienza un intercambio que poco a poco los delincuentes intentan orientar hacia lo sexual. Cuando la víctima entra en el juego, le piden su contacto de WhatsApp para mantener una conversación más subida de tono.Llegado ese punto, comienzan los pedidos de fotos íntimas, insistentes, casi con apuro y luego de enviarlas. Pasadas unas horas, recibe un llamado telefónico -generalmente desde WhatsApp y no a través de la línea- desde un número cuya foto de perfil es la de un hombre vestido de policía. La persona que llama, luego de identificarse como un imaginario comisario, acusa a quien atiende de haberle enviado imágenes de su desnudez a una menor de edad, le dice que la familia de la presunta adolescente está furiosa y que todo se puede solucionar a través de un “arreglo económico”.A eso se dedicaba “La banda de La Sole” que fue atrapada por la PFA. El nombre hace referencia al que utilizaban para el perfil falso de Facebook: Soledad.Eran cuatro integrantes: dos personas, acusadas por el delito de extorsión, fueron aprehendidas en la Provincia de Buenos Aires, e imputaron a otras dos que se hallaban alojadas en la celda de la Unidad Provincial Penitenciaria N° 46, de la localidad de José León Suárez, Partido de General San Martín.La investigación se inició a raíz de una denuncia efectuada en agosto del 2023, en la Unidad Funcional de Instrucción Nº 20 de General Alvear, Departamento Judicial de Azul, a cargo de Cristian Citterio, por un hombre que había sido víctima de “Soledad”.Al obtener las identidades de cada uno de los delincuentes, se encontraron con que dos de ellos estaban alojados en celdas del Servicio Penitenciario Bonaerense, mientras que los otros dos residirían en Libertad, partido de Merlo.Una vez reunidas las pruebas, el Juzgado de Garantías Nº 2, del Departamento Judicial de Azul, a cargo del Dr. Federico Antonio Barberena, ordenó efectuar dos allanamientos.En la casa, se detuvo a un hombre y una mujer, miembros de la banda, además de a otro hombre sobre quien pesaba un pedido de captura vigente a solicitud del Tribunal Oral en lo Criminal N°11. Allí se secuestraron dos teléfonos celulares y una tarjeta de Mercado Pago mientras que en la requisa efectuada en la Unidad Penitenciaria, se secuestraron otros dos teléfonos y varias hojas de anotaciones con cuentas bancarias.
Víctor HortelEl jefe del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, que asumió el cargo en agosto de 2013, ignoró cada una de las señales de alerta a su modelo revolucionario de querer incorporar a los presos a la causa del Kirchnerismo. Imaginaba una legión armada y leal.Su identificación con los presos lo llevó a cantar abrazado a los internos de Marcos Paz, “el que no salta es un gris”. No hace falta aclarar que con ese color se identificaba a los penitenciarios.Hortel no podía ver que las medidas de seguridad se habían deteriorado y que el personal estaba desmoralizado. Cuando los presos advirtiesen la situación, los muros de los penales se iban a convertir en un inmenso queso gruyere.El caso más humillante para los penitenciarios fue el incidente que tuvo el director administrativo de Devoto, Víctor Frattini, que prohibió que las visitas permanecieran en los pabellones. Esa medida se tomó por seguridad para evitar una toma de rehenes y fugas. Se corre el riesgo, como sucedió a fines de julio de 2012 en Florencio Varela, que algún preso se disfrace y se vaya con las visitas.Los visitantes tienen un lugar específico que está afuera de los pabellones. Los presos no aceptaron la imposición de Frattini y le reclamaron a Hortel. El jefe penitenciario convocó al oficial y lo enfrentó a los cinco internos que se quejaron de su comportamiento.-Pedile disculpas a tus compañeros- le dijo Hortel.-Con mi personal no hay problemas- le respondió Frattini.-No, estos que están acá son tus compañeros- le insistió señalando a los reclusos.-Esos no son mis compañeros, mis compañeros usan uniforme y con ellos no tengo problemas. En cambio, a los internos los tengo que vigilar, no soy su camarada.-¡Andate de acá! ¡No te quiero ver más!Luego mirando a sus subordinados les dijo:-¡Echenlo a la mierda!Frattini cumplió treinta días de arresto y pasó a disponibilidad. El mensaje fue claro, no se podía actuar contra el preso, aunque hubiera riesgo de fuga.El juez federal Claudio Bonadío procesó hoy al exdirector del Servicio Penitenciario Federal Víctor HortelEn ese momento, el personal penitenciario tenía tres opciones: auto acuartelarse, fabricar un motín provocando a los presos o quedarse quieto. Eligieron la última posibilidad, la de no complicarse la vida. A partir de ese momento, las requisas pasaron a ser una inspección liviana y previsible para que los presos no se quejen.Tampoco le llamaba la atención a los visitantes que venían con camperas con capuchas u otra vestimenta prohibida que pudiera favorecer alguna fuga.Con tantas libertades, no extrañó lo que sucedió el lunes 8 de abril de 2013 a las siete de la tarde. Treinta y cuatro internos con las manos y los pies sin esposar, venían de declarar en Tribunales en el ómnibus de traslado. La custodia interna eran dos hombres y una mujer desarmados. La custodia armada viajaba en otro vehículo.Los presos tenían las manos y las piernas libres porque las órdenes de Hortel eran no esposar a los presos salvo que hubiera hechos de violencia. “Esposarlos va contra los derechos humanos”, les recordaba el jefe de la agrupación “Vatallón militante”. Para Hortel los preceptos de los organismos de derechos humanos estaban por encima de las normas de seguridad.El ómnibus, como casi todos los vehículos del Servicio Penitenciario Federal, no estaba en condiciones para ese traslado. La claraboya no tenía seguro y se podía abrir fácilmente desde adentro. Toda la flota padecía la falta de mantenimiento y de inversión.Cuando el vehículo llegó al peaje del Mercado Central, en la autopista Ricchieri, y disminuyó la velocidad, cinco internos corrieron al medio de la unidad, treparon al techo y se fueron por la claraboya. El primero se arrojó cuando el ómnibus no había desacelerado lo suficiente y golpeó contra el asfalto; falleció antes de llegar al hospital Paroissien. El segundo sufrió traumatismos y fue recapturado. Los otros tres tuvieron éxito. Víctor Hugo Martínez, procesado por homicidio en ocasión de robo; Cristian Rueda, por robo, y Hernán Salas, alias “el gordo”, que integraba la banda “Los Backstreet Boys” en Fuerte Apache condenado a catorce años de prisión por secuestro y robo, eran peligrosos; era un hecho que podían matar y robar para mantenerse en libertad. Por su captura no se ofrecieron recompensas y no los recapturaron hasta el año siguiente.Previo a la fuga, los guardias debieron soportar toda clase de insultos de los detenidos por la demora del juez en atenderlos. No pudieron llamarlos al orden porque inmediatamente serían denunciados ante Hortel.El 12 de abril de 2013, a la semana siguiente de la fuga del trío, Ricardo Martín Araya que estaba alojado en el módulo 1, pabellón 5 de Marcos Paz, una cárcel de máxima seguridad que aloja a delincuentes peligrosos, huyó sin forzar puertas ni cavar túneles.Estaba condenado por homicidio y le faltaban diez años para cumplir la pena. Al caer la tarde, aprovechó que hubo un levantamiento en el penal y huelgas de hambre que mantenían a los guardias ocupados.El fugitivo caminó tranquilamente hasta el Hospital Penitenciario Central pero, poco antes de llegar, se desvió al campo de deportes, abrió con una llave el candado del portón, cortó los dos alambrados -el del módulo y el externo- y ganó la calle. Las cámaras filmaron la secuencia pero nadie lo detuvo en su parsimonioso andar.El ministro de Defensa, Agustín Rossi, decidió el pase a retiro y relevo de siete militares que ocupaban cargos de conducción en un hospital (Adrián Escándar)Cuando se hizo el recuento, cuatro horas más tarde, los guardias se dieron cuenta de su ausencia.Hortel decidió castigar a cuatro celadores y gariteros que no tuvieron responsabilidad en la huida, pero no avanzó en la investigación que le permitirían ver las conexiones internas del preso y las fallas de su sistema que permitía deambular sin controles por la penitenciaría. Si algún guardia lo hubiera detenido en su paseo, hubiera sido sancionado por molestarlo.Dos meses más tarde, el 28 de junio, Shiba Narada Benítez, un boliviano de 30 años que era considerado un interno de conducta ejemplar, se fugó de Devoto cuando era trasladado a la Facultad de Derecho donde cursaba abogacía.Tres veces por semana, el personal penitenciario lo trasladaba hasta la facultad de Figueroa Alcorta y Pueyrredón. Pero el 28 de junio no ingresó a la clase y los guardias lo perdieron de vista.El hombre estaba condenado por narcotráfico. Integraba una banda de la Villa Illia que llevaba a sus víctimas de secuestro exprés a la villa 1-11-14.El 2 de julio siguiente se fugaron del Hospital Militar Central el mayor Jorge Olivera de 61 años y el teniente primero Gustavo de Marchi de 63.Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación le demostró su enojo. Lo reemplazó por su antecesor Alejandro Marambio (EFE/ Demian Alday Estévez)
(Demian Alday Estévez/)Estaban condenados a reclusión perpetua y detenidos en San Juan. Vinieron hasta el hospital porteño para ser atendidos en “kinesiología, dermatología y psiquiatría” por gestión de la esposa de Olivera, la psicóloga Marta Rabasa, que estaba en el área de salud mental del Hospital.El ministro de Defensa, Agustín Rossi, decidió el pase a retiro y relevo de siete militares que ocupaban cargos de conducción en el hospital mientras el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, pasó a disponibilidad a siete penitenciarios, ordenó que el SPF no traslade a los condenados por delitos de lesa humanidad a algún centro de salud militar y le solicitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, una acordada para que los jueces no los envíen a unidades médicas de las Fuerzas Armadas.Por la captura de los dos militares se ofrecieron cuatro millones de pesos.Las fugas fueron en aumento y se ocultaba información. Los presos con salidas transitorias concentraban el mayor porcentaje de escapes. El sábado 17 de agosto, se fugó el violador serial Walter Alberto Brawton que cumplía una condena de 40 años en el penal de Ituzaingó. El hombre, que era contador público, fue atrapado en 2005 y condenado en 2009. A pesar de la condena, lo autorizaron a salidas especiales para visitar a su madre enferma. Al llegar a la casa materna, en Merlo, los guardias fueron convidados a comer empanadas y a beber un vaso de vino que tenía somníferos.Brawton tenía ocho denuncias de violaciones que ocurrieron entre enero y principios de marzo. Se cree que las víctimas fueron más pero no se animaron a denunciarlo. La recompensa para quien brindara información sobre el violador serial fue de trescientos mil pesos.Una semana después, el 19 de agosto de 2013, se produjo la más grande fuga en la historia de las cárceles argentinas. La historia comenzó dos años antes de que asumiera Hortel. Thiago Ximenez y Renato Dutra, que estaban condenados por narcotráfico, alojados en el módulo 3, pabellón B, fueron los gestores. Los dos brasileños eran expertos en fugas. Habían protagonizado escapes exitosos como el del penal Tres Lagoas en Foz de Iguazú, Brasil.En 2011 fracasaron al querer escapar de la Unidad 7 en Resistencia, Chaco. Sus padres, dos importantes narcotraficantes brasileños, decidieron liberarlos porque estaban por cumplir la mitad de la condena en la Argentina y estaban en condiciones de ser extraditados a Brasil. El regreso de los dos jóvenes les iba a traer problemas porque había bandas que querían tomar venganza.Como el muro del penal de Resistencia no tiene un alambre perimetral, los narcotraficantes aprovecharon para poner una importante cantidad de explosivos, cerca del puesto de control 2, que era el más cercano al pabellón 10 donde estaban alojados sus hijos.La buena fortuna hizo que uno de los cables estuviera mal conectado y fracasara la explosión. Un pequeño estallido, que hizo volar el reloj de la bomba, alertó al guardia que dio la alarma. Alcanzaron a ver a dos camionetas Hilux blancas que huyeron. Allí iban los padres de los dos presos. La cantidad de explosivos era importante, si hubiera estallado habría volado con facilidad un buen tramo del muro y podría haber ocurrido una tragedia porque el centenar de presos del pabellón 10 se habría abalanzado sobre los habitantes de la ciudad buscando salvarse a cualquier precio.Después del fracaso de Resistencia, los dos brasileños fueron trasladados a Ezeiza. Su llegada coincidió con el cambio de conducción del Servicio Penitenciario Federal, se iba Alejandro Marambio y llegaba Víctor Hortel.Los brasileños, que a pesar de su juventud pasaron la mitad de la vida encarcelados, no podían creer lo que estaba sucediendo. Los guardias estaban cada vez más permisivos y en el complejo abundaban fiestas y eventos. Era tan exagerado el privilegio que se daba a los internos que se eliminaron las rejas de los patios internos de los módulos. Hortel no quería que los presos se sintieran en una cárcel. Las requisas cada vez eran menos estrictas. La fuga no podía ser más fácil, solo había que conseguir las herramientas. Los guardias estaban con la moral caída porque habían desbaratado otros intentos de fuga y no se hicieron sumarios ni hubo sanciones para los presos. El Hombre Araña no quería manchas en su gestión.Un mes antes de la huida, un interno que tuvo problemas en su ranchada, delató a sus compañeros y se encontraron sogas de más de 40 metros y ganchos armados con los ángulos de la ventana. Salir del pabellón no era un problema porque habían quitado las rejas de cuatro ventanas. Bastaba descolgarse con las sogas hasta la planta baja y luego atravesar los alambrados.Los brasileños no se desalentaron por esas historias de fracasos y eligieron la celda 22 para excavar un boquete. De a poco, fueron ingresando los elementos que se necesitaban para perforar el piso de cemento que no resultó tan duro como imaginaban; milagros de las licitaciones argentinas donde las empresas ganadoras no ponen el material detallado en el pliego.En el pabellón durante el día había cincuenta internos y un solo celador, cuando la dotación mínima es de tres guardias. El celador estaba aislado en un cuarto de acrílico donde no escuchaba nada, era la única manera de no aturdirse porque los presos estaban con la música a todo volumen o con la televisión encendida para tapar los ruidos de la excavación. Las cámaras de televisión que supervisan los movimientos internos y externos no funcionaban, hacía tiempo que estaban fuera de servicio.Hay que destacar que Hortel había desprovisto de autoridad a los celadores. Por caso, no podían evitar que un interno ingrese a la celda de otro, una práctica absolutamente prohibida y que fue clave para la fuga.El boquete de la celda 22 se hizo recalentando el piso con fuelles como se llama a los ladrillos con hendiduras por las que pasan resistencias que se conectan a enchufes en la pared. En la vida cotidiana se utilizan para calentar el agua para el mate, alguna comida o como calefacción de la celda.También utilizaron una barra de hierro, traída por los presos que salían a trabajar a los talleres, que pasó por las bachas de la cocina. A ellos no los requisaban por orden de Hortel.Después de recalentar el suelo golpeaban con el hierro punzante. Trozo a trozo lo fueron perforando y ponían los escombros adentro de una manta, a la que anudaban en la punta y la apoyaban sobre la parte perforada para que los guardias no se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. El mismo trabajo se estaba haciendo en otra celda que estaba unos metros más allá, pero el avance era lento.Como había orden de no molestar a los presos, los guardias no entraban a la celda, se limitaban a mirar desde afuera. En otra ocasión hubieran dado vuelta hasta los colchones buscando cualquier indicio de fuga. Pero los agentes que hicieron requisas profundas terminaron sumariados o trasladados a destinos lejos de sus domicilios.El día del niño, el domingo 14 de agosto, fue el elegido para acelerar las excavaciones. Pareció un castigo a Hortel que organizó una fiesta con payasos y títeres para los hijos de los presos a los que, además, les regalaron juguetes. Antes de la gestión de Hortel, los hijos de los penitenciarios tenían su evento.La música y las risas tapaban el ruido. Una vez terminado el boquete de 40 por 22 centímetros, llegaron a la tierra que estaba en un estado ideal, ni blanda ni sólida. La excavación del túnel no fue complicada.En la noche del lunes 19 de agosto, comenzaron a salir por el boquete. Tres reclusos, excedidos de peso, no pudieron pasar. Quedaron magullados, raspados y con heridas sangrantes. Los otros trece, que salieron con alguna dificultad, recorrieron casi tres metros bajo tierra y se encontraron a 50 metros con el primer alambrado olímpico que lo abrieron con alicates que habían entrado sus visitas. No tuvieron problemas para superar el obstáculo: los sensores no funcionaban. Hacía cuatro años que habían sido destruidos por un rayo y no se pudieron importar los repuestos por las restricciones que impuso el Gobierno para cuidar las divisas.Sabían que tenían dos problemas: el guardia que estaba a unos metros en el puesto base “tero”, pero que debía hacer una recorrida de cien metros entre dos pabellones (ya habían calculado el tiempo de la recorrida) y una garita que estaba a 160 metros del puesto “tero”. El pasto fue una ayuda; estaba muy alto y no los podrían ver si se arrastraban con sigilo.Cortar los dos alambrados restantes no fue problema porque los reflectores direccionales de los otros puestos de guardia no funcionaban. Tampoco hubo recorrida de perros. Los animales no siempre están sueltos para que no se acostumbren al recorrido. Pronto llegaron a la calle y se dispersaron. Casi todos tenían quien los espere, menos dos internos que fueron caminando hasta Cañuelas y fueron apresados al día siguiente.Al mediodía del 20 de agosto, Víctor Hortel convocó a una conferencia de prensa. “Soy el máximo responsable político de esta fuerza, asumo la responsabilidad que me cabe, por eso he presentado mi renuncia indeclinable”. Lo que ocultaba era que el Gobierno le pidió que se fuera ante la magnitud del fracaso. Por supuesto que puso la culpa en otro lado: acusó a agentes penitenciarios de colaborar en la evasión.El hombre se olvidó un detalle, debía conducir una fuerza de 11.722 hombres que custodiaban a 9.700 presos. Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación le demostró su enojo. Lo reemplazó por su antecesor Alejandro Marambio, el hombre que más detestaba Hortel. El apodado “Hombre Araña” porque armó una murga de presos con sus correligionarios de “Vatallón Militante” y eligió el disfraz de su héroe de fantasía, volvió a su profesión de abogado. En 2018, fue designado por Lázaro Báez como su defensor en la causa por lavado de dinero.
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En Rosario, un joven fue imputado por el crimen de otro ordenado desde la cárcel por su hermano preso a través de una videollamada (Grosby)Un joven quedará al menos dos años detenido, al ser acusado ayer del asesinato de un joven de 24 años en la puerta de un búnker de venta de drogas de la ciudad de Rosario, mientras que su hermano señalado como quien dio la orden del crimen desde la cárcel mediante una comunicación por videollamada será imputado en los próximos días.El fiscal de la unidad de Homicidios de Rosario, Adrián Spelta, llevó a audiencia imputativa a los hermanos Brian Emanuel y César Villalba, acusados por el asesinato de Brian Giménez, un joven al que su padre definió como “adicto pero no vendía drogas”.El crimen de Giménez ocurrió la madrugada del 3 de octubre del año pasado en un pasillo de calle Juan B. Justo al 8700 del Rosario, donde funcionaba un lugar de venta de estupefacientes al menudeo.Los familiares de la víctima dijeron que el joven de 24 años, que hacía changas de albañilería, sufría un consumo problemático de drogas pero que no las comercializaba y de acuerdo a la investigación de Spelta, la víctima fue sentada en una silla de plástico y maniatada por César Villalba y otra persona aún no identificada, mientras aguardaban la orden del asesinato mediante una comunicación que mantenían por videollamada.Finalmente, el contacto telefónico se produjo alrededor de la 1.15 desde la Unidad Penitenciaria 11, ubicada en la localidad de Piñero, donde Brian Emanuel Villalba, alias “Negro”, cumplía prisión preventiva como presunto jefe de sicarios de una banda del narcomenudeo.Te puede interesar: Secuestraron 51 celulares a presos federales que están en la cárcel de Coronda de Santa FeEs de destacar que Brian Villalba no fue imputado junto a César porque al cambiar de abogados defensores solicitó la reprogramación de la audiencia, informó el Ministerio Público de la Acusación.El fiscal según informó Télam, dijo en la audiencia que Brian Villalba expuso un problema “interpersonal” con Giménez, que estaba maniatado y escuchaba la conversación, y entonces dio la orden de matarlo desde la cárcel de Piñero y las dos personas que tenían sujetado al joven le dispararon en la cabeza.El cuerpo de Giménez fue encontrado a la mañana siguiente por un vecino que dio aviso a la policía de una persona asesinada en el pasillo de Juan B. Justo al 8700, que los vecinos de la zona señalaron como el sitio donde funcionaba un punto de venta de drogas al menudeo.Brian Villalba continúa en la misma cárcel, donde cumple prisión preventiva dictada en una causa en la que fue acusado de integrar una asociación ilícita vinculada con el capo narco Julio Rodríguez Granthon, alias “Peruano”, en la que cumpliría el rol de “jefe de sicarios”.El juez de la audiencia, Florentino Malaponte, acepto la imputación fiscal y le dictó la prisión preventiva por dos años a César Villalba.La víctima fue identificada como Brian Giménez (@MinSegSF)
Y sobre la problemática del uso de celulares en las cárceles por parte de los detenidos, a principios de este mes y a partir de un dato interno que recibió el subdirector de la cárcel santafesina de Coronda, el Servicio Penitenciario llevó a cabo un operativo en el Pabellón N° 1 de ese penal, donde están alojados los presos por causas federales: secuestraron 51 celulares, un trozo de marihuana y 275 envoltorios de cocaína.En la requisa también se incautaron elementos corto punzantes, prohibidos para los detenidos en el establecimiento penitenciario, y una balanza de precisión. Por ese motivo, se le dio aviso a la Justicia federal y a la Brigada Antinarcóticos de la Agencia de Investigación Criminal.El director del Servicio Penitenciario de Santa Fe, Gabriel Leegstra, afirmó que los teléfonos fueron hallados “en distintas celdas” a partir de la pista que les había llegado de un posible “nido de celulares” en ese pabellón.El operativo expuso un problema que lleva años de quejas de autoridades del gobierno santafesino: no hay un solo establecimiento penitenciario federal en toda la provincia. Por ese motivo, los presos con causas por droga, generalmente, son distribuidos entre las distintas cárceles, donde comparten lugar con reclusos condenados o imputados por integrar bandas violentas, como en el caso de sicarios, lo que da origen a otro inconveniente, que es el tejido de nuevas alianzas para disputas territoriales.A su vez, exhibió una falencia sistémica de hace tiempo: los reclusos en Santa Fe operan a través de los teléfonos, según causas provinciales por planificación de extorsiones, balaceras y homicidios, o federales por comercialización de estupefacientes.SEGUIR LEYENDO:Rosario: la Policía Federal detuvo a un presunto jefe narco y a su hermano policíaCayó “El Pampeano”, prófugo condenado a 8 años de prisión por explotación sexual y violencia de géneroAgoniza un repartidor al que le pegaron un tiro en la cabeza para robarle la moto que usa para trabajarTras el intento de fuga, ahora Esteban Alvarado y el “Rey de la Efedrina” comparten pabellón en el penal de Ezeiza
Un tribunal revolucionario iraní condenó a la documentalista Mozhgan Ilanlu después de que publicara dos fotos sin el obligatorio velo islámico.
Al menos 18 presos murieron y 16 resultaron heridos la noche del viernes en un enfrentamiento entre presos en la cárcel del puerto de Tela, en el norte de Honduras, informaron las autoridades.Diecisiete de los fallecidos murieron en el interior del penal y uno en el hospital de la región, informó el Instituto Nacional Penitenciario (INP) en un comunicado, en el que reveló los nombres de todos los heridos y de 14 de los muertos.El choque entre presos se produjo porque se les decomisaron armas, según informó la portavoz del INP, Digna Aguilar.Policías y militares lograron retomar el control de la prisión, pero las autoridades enviaron más efectivos para reforzar la seguridad dentro y fuera del centro penitenciario, indicó el INP.Las fuerzas de seguridad tardaron en entrar en el penal por temor a sufrir disparos, ya que varios presos tenían armas de fuego. Las autoridades precisaron que se habían confiscado cinco pistolas 9 mm y dos cargadores de municiones a los reos.Agentes especializados y fiscales empezaron a recoger pruebas para esclarecer lo ocurrido.Inmediatamente después de que se revelaran los nombres de los fallecidos, sus familiares conmocionados llegaron a reclamar los cuerpos, observó un fotógrafo de la AFP en el lugar.Las autoridades de Medicina Forense subieron los cadáveres en bolsas plásticas y los transportaron a la morgue judicial de San Pedro Sula para practicarles las autopsias.- Emergencia carcelaria -A raíz de una cadena de asesinatos, el presidente Juan Orlando Hernández declaró emergencia el martes en los 27 centros penales, que alojan a más de 21.000 reos, lo que implicó pasar el control absoluto de las cárceles a las Fuerzas Armadas y la policía. Aguilar indicó que los militares no habían llegado aún al penal de Tela, en el Caribe hondureño.Los altos militares anunciaron en rueda de prensa que, en el marco de la emergencia, emprenden un plan estratégico para lograr “la estabilización en el sistema penitenciario”.El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Tito Livio Moreno, indicó que los militares se desplegarán en 18 de los 27 centros penales identificados como de “alto riesgo” para garantizar el respeto de los derechos humanos de los presos.La gota que rebosó el vaso para declarar la emergencia fue el asesinato de cinco miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) a manos de un integrante de un grupo rival el 14 de diciembre en la cárcel de máxima seguridad de La Tolva, a unos 40 km al este de la capital.El día antes mataron a tiros en el sur del país al director de la principal cárcel de máxima seguridad de El Pozo I, en Santa Bárbara (oeste), Pedro Idelfonso Armas.Éste había sido suspendido del cargo mientras el Ministerio de Seguridad lo investigaba por haber presenciado cómo unos reos mataban el pasado 26 de octubre a Magdaleno Meza, exsocio confeso del exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández.Armas estaba conversando con Meza cuando guardias del penal abrieron un portón, lo que permitió que una docena de reos entraran y le dispararan a quemarropa, según un video que circuló por redes sociales.El presidente Juan Orlando Hernández inauguró en octubre una cárcel de máxima seguridad, para albergar a los pandilleros presos, que, según reconoció el mandatario, ordenan crímenes desde las prisiones.Tony Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, fue condenado por cuatro delitos de narcotráfico en una corte de Nueva York.nl/rsr/gma
Once presos perdieron la vida y otros once resultaron heridos este martes en Panamá en un tiroteo en una cárcel del país centroamericano, informó el gobierno panameño.Los incidentes ocurrieron en el centro penitenciario La Joyita, 36 kilómetros al este de Ciudad de Panamá, cuando internos del pabellón 14 se enfrentaron a tiros.Producto de ese enfrentamiento se han registrado “hasta el momento 11 fallecidos y 11 heridos”, según un comunicado del gobierno panameño.”No se reportan fallecidos ni heridos, entre el personal de custodia ni la Policía Nacional”, añadió la nota, según la cual, las autoridades ya han controlado la situación en el penal, uno de los más populares del país.El gobierno panameño indicó que “los líderes del incidente” dentro del pabellón serán reubicados y aislados para evitar nuevos brotes de violencia, mientras las autoridades ya han iniciado las investigaciones para deslindar responsabilidades.Tras el tiroteo, las autoridades incautaron “varias armas de fuego”, entre ellas cinco cortas y tres largas, concluyó la nota.jjr/dga