Las autoridades en Tierralta, Córdoba, lograron capturar a un hombre conocido como alias “Orejas” o “El Flaco”, señalado de ser el coautor del feminicidio de María del Pilar Hurtado Montaño, una líder de restitución de tierras del barrio 9 de Agosto del municipio. La mujer fue asesinada en presencia de su hijo, que en ese momento tenía 9 años de edad. Los hechos ocurrieron el 26 de junio de 2019.El hombre será judicializado por varios delitos, ya que pertenecía a la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo, que tiene presencia en esta zona de la región. La mujer habría estado en la mira del grupo criminal tras liderar un proceso de acceso a tierras y viviendas en terrenos de invasión para, posteriormente, ser entregados a familias de bajos recursos, lo que resaltaba el compromiso constante con la comunidad. Luego de una ardua investigación que duró más de cinco años, las autoridades lograron dar con uno de los presuntos responsables.Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.“En menos de 24 horas se logró esclarecer el homicidio de otro líder social en Córdoba. En desarrollo de la Operación Themis, personal del Cuerpo Élite Policial Sijín Decor, en articulación con la Seccional de Inteligencia Policial, Agamenón, Gaula Militar y la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, materializan la captura por orden judicial de un hombre conocido en el mundo delincuencial con el alias de ‘Orejas’ o ‘El Flaco’, por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo con homicidio agravado y fabricación, tráfico porte o tenencia de armas de fuego”, dijeron las autoridades en un comunicado.El coronel John Fredy Suárez Guerrero, comandante del Departamento de Policía de Córdoba, se pronunció ante los hechos y aseguró que continuarán “en búsqueda de la verdad y la justicia de quienes han atentado contra la vida de nuestros líderes y defensores de derechos humanos. Seguiremos trabajando articuladamente con la Fiscalía, nuestro Ejército Nacional, y nuestra comunidad para mantener siempre esa libertad, la convivencia y la seguridad ciudadana”.El presunto asesino, capturado por la Policía, habría cometido el crimen 2019, en presencia del hijo de 9 años de la mujer – crédito Policía NacionalPor medio de las unidades del Cuerpo Élite de Investigación Criminal, el departamento de Policía de Córdoba logró un avance del 55% en las investigaciones en hechos de homicidios en contra de los defensores de derechos humanos, líderes sociales y población objeto del acuerdo de paz. Indicó que 19 de estos casos fueron presentados desde 2016, de los cuales las autoridades ya lograron esclarecer 11 de ellos. Entre 2023 y 2024 se presentaron siete casos de afectación, que lograron un porcentaje de esclarecimiento del 42,8%.El 1 de junio de 2020, la Policía capturó a otro integrante del Clan del Golfo, que también habría tenido participación en este delito. Se trata de alias “Paracaloca”, que también fue judicializado por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo con homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.“Reafirmamos nuestro compromiso contra la impunidad, garantizando la protección de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, siguiendo con la misionalidad de la operación Themis, que tiene como objetivo hacer efectivas las órdenes de captura en contra de los responsables de los homicidios a la población objeto del acuerdo de paz”, agregó el comunicado.La Policía logró un avance del 55% en las investigaciones en hechos de homicidios en contra de los defensores de derechos humanos, líderes sociales y población objeto del acuerdo de paz.- crédito Álvaro Tavera/ColprensaPor otro lado, en lo corrido de 2024, la Policía en Córdoba logró capturar a 186 personas por medio de órdenes judiciales, 53 integrantes de grupos delincuenciales y 17 por homicidio.“La Policía Nacional invita a la ciudadanía a suministrar información oportuna, a través de la línea de emergencia 123 y Línea segura 3227021245, que permita la captura de personas que delinquen en el departamento de Córdoba”, concluyó la institución.
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El implicado fue declarado culpable de realizar un feminicidio, el cual ocurrió el 23 de diciembre de 2022. (Sergio Acero)Un Juez de Control emitió una sentencia de 40 años de prisión contra el individuo identificado como Jesús “N”. El implicado fue declarado culpable de realizar un feminicidio, el cual ocurrió el 23 de diciembre de 2022, en una residencia ubicada en la colonia San Mateo Capulhuac, en el municipio de Otzolotepec.La condena, resultado de un análisis de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, incluye no solo la pena de prisión, sino también una multa de 48 mil 100 pesos y una reparación del daño cifrada en 1 millón 443 mil 300 pesos, la cual deberá pagarse de acuerdo a los terminos acordados entre ambas partes por la fiscalía.Los hechos que llevaron a esta sentencia se desencadenaron durante una disputa entre Jesús “N” y su pareja sentimental en su domicilio. La discusión, marcada por celos y una ira, culminó en un acto de violencia física extrema, donde el agresor golpeó y estranguló a la víctima con sus propias manos.Los hechos que llevaron a esta sentencia se desencadenaron durante una disputa entre Jesús “N” y su pareja sentimental. (La prensa/FGJCDMX)La Fiscalía del Estado de México inició una investigación por el delito de feminicidio. El progreso en las pesquisas permitió la identificación y detención del responsable, quien fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social del Edomex, donde seguirá su proceso penal establecido tras la condena. Posteriormente, la Autoridad Judicial emitió la sentencia tras el debido proceso legal.Feminicidio en rojoEl año 2023 en la Ciudad de México y el Estado de México, se registraron 29 casos de feminicidio en los primeros seis meses en la Capital, cifra que se elevó a 40 en septiembre. En paralelo, el Estado de México lidera todas las estadísticas con 51 casos durante el primer semestre, incrementándose drásticamente a 72 casos en el mismo mes de septiembre.Para ello, se debe entender que el término “feminicidio” designa un tipo específico de homicidio en el cual un hombre priva de la vida a una mujer por razones de género. Estos crímenes a menudo tienen lugar en entornos domésticos y se consideran también crímenes de odio, dada la estigmatización histórica de lo femenino.En el marco legal mexicano, el artículo 325 del Código Penal Federal tipifica el feminicidio y establece diversas circunstancias para su identificación. EFE/Luis Torres
(Luis Torres/)En el marco legal mexicano, el artículo 325 del Código Penal Federal tipifica el feminicidio y establece diversas circunstancias para su identificación. Entre estas, se incluyen signos de violencia sexual, lesiones degradantes, antecedentes de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del agresor, relaciones sentimentales o de confianza, amenazas y la exhibición pública del cuerpo de la víctima.
Según HRW, el mes más violento fue abril con 20 asesinatos de líderes sociales. Foto: Colprensa.La organización para la defensa de los derechos humanos Human Right Watch (HRW) reveló que la cifra de líderes sociales asesinados en Colombia durante los primeros siete meses del año llegó a 100.Así lo informó el subdirector en funciones de HRW para las Américas, Juan Pappier, el viernes 11 de agosto.“Hemos documentado 100 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en los primeros siete meses del año”, escribió Pappier en X (Twitter).Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.Los asesinatos contabilizados por HRW, en lo que va del año se distribuyen por meses así: el más violento fue abril con 20 casos, mientras que 14 ocurrieron en enero, nueve en febrero, 15 en marzo, 14 en mayo, 13 en junio y 15 en julio.La región más afectada por el asesinato de líderes sociales es el Pacífico colombiano. En esta zona del país, la organización registró: 21 casos en el departamento del Cauca, en tanto que en Valle del Cauca y Nariño, fronterizo con Ecuador, hubo 10 asesinatos en cada uno.En esta región operan disidencias de las Farc, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales como el Clan del Golfo, que se disputan las rutas del narcotráfico y el control territorial.Cabe recordar que en la más reciente visita que hizo la Defensoría del Pueblo al Pacífico, la entidad advirtió que se han registrado constantes eventos de confinamientos y desplazamientos forzados en lo corrido de 2023.Otros departamentos donde se registraron asesinatos de líderes sociales fueron: Antioquia con 10 casos, Arauca y Bolívar, con 5 casos; Cesar, Córdoba y Norte de Santander, con 4 casos cada uno.El último asesinato que reportó la organización internacional fue el de Fredy Bomba Campo, líder indígena de Caldono, Cauca. El homicidio ocurrió sobre las 5:50 p. m. del 26 de julio de 2023. Captura de pantalla @JuanPappierHRW/TwitterLas principales víctimas de vulneraciones a los derechos humanos, específicamente de asesinato, son los campesinos, indígenas, miembros de la comunidad LGBT y servidores públicos.El último asesinato que reportó la organización internacional fue el de Fredy Bomba Campo, líder indígena de Caldono, Cauca. El homicidio ocurrió sobre las 5:50 p. m. del 26 de julio de 2023.Según confirmó el Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), tres hombres armados ingresaron a la finca Nuevo México del territorio Nasa Kiwe Thek Ksxa’w en Santander de Quilichaoy le dispararon al líder indígena frente de sus hijos.Bomba Campo era el presidente municipal, en Caldono, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), también había sido consejero de la zona.De acuerdo con información del Cric, después del ataque los hombres huyeron del lugar. Inmediatamente, el esquema de seguridad de Bomba Campo, asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), trasladó al líder indígena al hospital de Santander de Quilichao, donde desafortunadamente llegó sin signos vitales.De acuerdo a los datos de la Defensoría, Colombia marcó el “lamentable récord” de asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos en 2022. Ese año el país alcanzó 215 homicidios.Por su parte, el informe anual de la organización Somos Defensores reveló que en 2022 hubo un incremento del 42% en los homicidios de quienes trabajan por la defensa de los derechos humanos. Según la ONG, se registraron 197 crímenes más con respecto a 2021.Desde Somos Defensores señalaron que, “casi iguala la cifra del 2020, cuando se registraron 199 asesinatos”. La cifra presentada por la organización es similar a la reportada por la Defensoría del Pueblo (215 asesinatos registrados en 2022) o la de Indepaz (189 casos al finalizar ese mismo año).En 2022 se confirmó “una tendencia de persistencia de la violencia selectiva en el país”, ya que además de los asesinatos, se produjeron “840 agresiones de diferente tipo que muestran la diversidad de hechos violentos a los que se enfrentan los liderazgos sociales y las personas defensoras de derechos humanos”, afirmó Lourdes Castro, coordinadora de la organización.“Se reconoce que todas las formas de violencia son graves y generan afectaciones a las vidas de quienes defienden los derechos”, sentenció.
La Land Rover que conducía Pérez AlgabaEl fiscal Marcelo Domínguez -encargado de investigar el crimen de Fernando Pérez Algaba, el comerciante descuartizado cuyo cadáver fue hallado en Ingeniero Budge- espera los resultados de una pericia que busca manchas de sangre en la camioneta Land Rover Evoque 2012 blanca que usó la víctima en sus últimos días, indicaron fuentes del caso a Infobae. El vehículo se lo había prestado Maximiliano Pilepich, un empresario de la construcción, que entregó la camioneta el viernes pasado a la DDI de Lomas de Zamora.Pilepich, que había mantenido un cruce por redes sociales con Pérez Algaba, con amenazas de por medio, declaró de forma espontánea y relató que él y Nahuel Vargas le debían al comerciante asesinado 150 mil dólares. De acuerdo a sus dichos, le entregaron la mitad -75 mil dólares- en una escribanía de Castelar y, el resto, días más tarde en un descampado de General Rodríguez, el 18 de julio, es decir, un día antes de la denuncia por averiguación de paradero de “Lechuga”.Según dijo el hombre dedicado a la construcción de edificios en Hurlingham, en ese momento, el comerciante le devolvió la camioneta Land Rover y se quedó en el descampado porque “dijo que alguien pasaría a buscarlo”, según revelaron las fuentes. Los investigadores también buscan imágenes de cámaras de seguridad que confirmen esa versión.Te puede interesar: Comerciante descuartizado: la decisión que tomó la mujer trans detenida y qué dijo sobre los rastros hallados en su casa“Va a pagar por lo que hizo”, prometió el desarrollador inmobiliario en un video dado a conocer por este medio. Las imágenes habían sido registradas en a fines de febrero, tras una denuncia por intento de homicidio de Vargas y Pilepich contra “Lechuga” que fue archivada por la UFI N°3 de Morón.En la presentación del 13 de febrero, a la que tuvo acceso Infobae, Vargas relató que estaba junto a Pilepich en la puerta de su casa, cuando apareció Pérez Algaba y lo amenazó con arma: “Te tiro”. Vargas -calificado como “irrecuperable” por el sistema financiero argentino- contó que “Lechuga” era su “ex amigo”.Te puede interesar: “Va a pagar por lo que hizo”: la amenaza al comerciante descuartizado y la denuncia por tentativa de homicidio“Lechuga” había amenazado a Vargas en una conversación telefónica. “¿Qué haces, Nahuelito? Divertite ¿eh? Divertite mucho que cuando vuelva te vas a tener que ir a vivir al country de Gustavo Iglesias. Con él, ahí. Los dos. Porque a vos te voy a buscar por cielo y tierra”, le dijo Pérez Algaba a Vargas, al hacer referencia a Iglesias, supuesto barra de Boca Juniors.“Todo eso lo tengo todo guardado, y mil cosas más tengo de vos. Te voy a arruinar la vida, pedazo de loro. Te haces el vivo. Me traicionaste, traidor. Me vas a pagar cada peso que me debés, hijo de remil puta”, añadió “Lechuga” en el audio.Pero hay más: en marzo, Pérez Algaba denunció en un medio local a Pilepich y a Vargas por “una estafa millonaria” con la compra y venta de departamentos en pozo frente al golf de Hurlingham, sobre la calle Julio Argentino Roca al 1700. No está claro si la deuda estuvo vinculada a este episodio, pero se trata de la última evidencia documentada del conflicto entre los tres hombres.“Hay un cartel de Madero Construcciones que es una de sus firmas, estamos ingresando una denuncia penal para que se investigue y otra paralela por daños y perjuicios. Además, está trabajando con uno de mis empleados, que decía ser mi amigo, que me debe mucho dinero también, que se llama Nahuel Sebastián Vargas, por lo que estoy convencido de que esta estafa estuvo premeditada”, sostuvo Pérez Algaba en el artículo de Diputados Bonaerenses, un medio especializado en la Legislatura.El cuerpo de Fernando Pérez Algaba fue descartado en Ingeniero Budge, dentro de una valijaPilepich, además, en junio de este año realizó una denuncia por amenazas de muerte contra un hombre identificado como G.B. a raíz de un conflicto por una empresa denominada “Investment”. El mensaje fue enviado por mail y está siendo investigado por Matías Rapazzo, titular de la UFI N°7 de Morón, que ordenó medidas para esclarecer el episodio, detallaron.Por otro lado, trascendió que este martes se harán las pericias a la ropa secuestrada a Nicole Chamorro, la única detenida que tiene el caso, imputada como partícipe secundaria del homicidio. Sin embargo, su abogado, Marcelo Ponce, aseguró a Infobae que aún no fueron notificados del peritaje.La mujer trans fue vinculada al caso por la valija roja que se usó para ocultar el cuerpo desmembrado del comerciante. En su interior, se halló documentación de la familia de Chamorro.Seguir leyendo:El crimen del comerciante descuartizado: se cayó la pista del chip del perro y peritarán la ropa de la única detenidaSe conocieron los resultados de la autopsia al cuerpo del comerciante descuartizadoLa trama detrás de la camioneta del comerciante descuartizado: la reunión en un descampado y la deuda de “150 mil dólares”
Las imágenes muestran cómo el tirador ejecuta a su víctima con más de diez disparos y en medio de una muchedumbre. Fue sin mediar palabra ni pelea previa. Las autoridades decretaron el estado de emergencia.
En Rosario, un joven fue imputado por el crimen de otro ordenado desde la cárcel por su hermano preso a través de una videollamada (Grosby)Un joven quedará al menos dos años detenido, al ser acusado ayer del asesinato de un joven de 24 años en la puerta de un búnker de venta de drogas de la ciudad de Rosario, mientras que su hermano señalado como quien dio la orden del crimen desde la cárcel mediante una comunicación por videollamada será imputado en los próximos días.El fiscal de la unidad de Homicidios de Rosario, Adrián Spelta, llevó a audiencia imputativa a los hermanos Brian Emanuel y César Villalba, acusados por el asesinato de Brian Giménez, un joven al que su padre definió como “adicto pero no vendía drogas”.El crimen de Giménez ocurrió la madrugada del 3 de octubre del año pasado en un pasillo de calle Juan B. Justo al 8700 del Rosario, donde funcionaba un lugar de venta de estupefacientes al menudeo.Los familiares de la víctima dijeron que el joven de 24 años, que hacía changas de albañilería, sufría un consumo problemático de drogas pero que no las comercializaba y de acuerdo a la investigación de Spelta, la víctima fue sentada en una silla de plástico y maniatada por César Villalba y otra persona aún no identificada, mientras aguardaban la orden del asesinato mediante una comunicación que mantenían por videollamada.Finalmente, el contacto telefónico se produjo alrededor de la 1.15 desde la Unidad Penitenciaria 11, ubicada en la localidad de Piñero, donde Brian Emanuel Villalba, alias “Negro”, cumplía prisión preventiva como presunto jefe de sicarios de una banda del narcomenudeo.Te puede interesar: Secuestraron 51 celulares a presos federales que están en la cárcel de Coronda de Santa FeEs de destacar que Brian Villalba no fue imputado junto a César porque al cambiar de abogados defensores solicitó la reprogramación de la audiencia, informó el Ministerio Público de la Acusación.El fiscal según informó Télam, dijo en la audiencia que Brian Villalba expuso un problema “interpersonal” con Giménez, que estaba maniatado y escuchaba la conversación, y entonces dio la orden de matarlo desde la cárcel de Piñero y las dos personas que tenían sujetado al joven le dispararon en la cabeza.El cuerpo de Giménez fue encontrado a la mañana siguiente por un vecino que dio aviso a la policía de una persona asesinada en el pasillo de Juan B. Justo al 8700, que los vecinos de la zona señalaron como el sitio donde funcionaba un punto de venta de drogas al menudeo.Brian Villalba continúa en la misma cárcel, donde cumple prisión preventiva dictada en una causa en la que fue acusado de integrar una asociación ilícita vinculada con el capo narco Julio Rodríguez Granthon, alias “Peruano”, en la que cumpliría el rol de “jefe de sicarios”.El juez de la audiencia, Florentino Malaponte, acepto la imputación fiscal y le dictó la prisión preventiva por dos años a César Villalba.La víctima fue identificada como Brian Giménez (@MinSegSF)
Y sobre la problemática del uso de celulares en las cárceles por parte de los detenidos, a principios de este mes y a partir de un dato interno que recibió el subdirector de la cárcel santafesina de Coronda, el Servicio Penitenciario llevó a cabo un operativo en el Pabellón N° 1 de ese penal, donde están alojados los presos por causas federales: secuestraron 51 celulares, un trozo de marihuana y 275 envoltorios de cocaína.En la requisa también se incautaron elementos corto punzantes, prohibidos para los detenidos en el establecimiento penitenciario, y una balanza de precisión. Por ese motivo, se le dio aviso a la Justicia federal y a la Brigada Antinarcóticos de la Agencia de Investigación Criminal.El director del Servicio Penitenciario de Santa Fe, Gabriel Leegstra, afirmó que los teléfonos fueron hallados “en distintas celdas” a partir de la pista que les había llegado de un posible “nido de celulares” en ese pabellón.El operativo expuso un problema que lleva años de quejas de autoridades del gobierno santafesino: no hay un solo establecimiento penitenciario federal en toda la provincia. Por ese motivo, los presos con causas por droga, generalmente, son distribuidos entre las distintas cárceles, donde comparten lugar con reclusos condenados o imputados por integrar bandas violentas, como en el caso de sicarios, lo que da origen a otro inconveniente, que es el tejido de nuevas alianzas para disputas territoriales.A su vez, exhibió una falencia sistémica de hace tiempo: los reclusos en Santa Fe operan a través de los teléfonos, según causas provinciales por planificación de extorsiones, balaceras y homicidios, o federales por comercialización de estupefacientes.SEGUIR LEYENDO:Rosario: la Policía Federal detuvo a un presunto jefe narco y a su hermano policíaCayó “El Pampeano”, prófugo condenado a 8 años de prisión por explotación sexual y violencia de géneroAgoniza un repartidor al que le pegaron un tiro en la cabeza para robarle la moto que usa para trabajarTras el intento de fuga, ahora Esteban Alvarado y el “Rey de la Efedrina” comparten pabellón en el penal de Ezeiza
Ayelén Mazzina defendió al movimiento y dijo que “no permite en sus filas a maltratadoras, violadoras, violentas y asesinas”.
Asesinato en la localidad neuquina de PlottierUn vecino de la localidad neuquina de Plottier asesinó de ocho tiros frente a un policía a un hombre de la misma zona al que se le atribuía el abuso sexual de una menor de 17 años. Finalmente quedó detenido, al cabo de la audiencia de cargos en la que fue imputado por el Ministerio Público Fiscal.El acusado, identificado por los voceros por sus iniciales J.D.M., quedó acusado del crimen de Julio Enrique Maidana, cuando un grupo de personas fue hasta su casa para recriminarle que había intentado agredir sexualmente a una menor de 17 años.Según lo informado por el MPF, el hecho ocurrió entre las 22.30 y 23 del domingo pasado en el barrio Toma Evita, cuando entre diez y veinte vecinos, tras recriminarle el supuesto abuso, “arrojaron piedras contra la casa de Maidana y quisieron incendiarla, a pesar de la presencia de tres efectivos policiales”.El comunicado judicial señala que “en ese contexto, algunas personas derribaron el portón de la casa e ingresaron al terreno”, donde estaba el dueño de la propiedad “con un cuchillo de 41 centímetros de hoja y un arma de fuego de fabricación casera (tumbera) hecha con dos caños de gas de 70 centímetros”. En ese contexto agregó que “con algunas de estas personas, Maidana forcejeó y sufrió lesiones cortantes”.Posteriormente, cuando el hombre comenzó a alejarse por una calle trasera del terreno, fue interceptado por un efectivo policial que le dio la voz de alto y “como en ese momento el sospechoso exhibió el arma tumbera y el cuchillo”, el efectivo sacó su pistola reglamentaria y efectuó un disparo disuasivo hacia el suelo, tras lo cual ambos empezaron a forcejear.El MPF indicó que, en ese momento, el acusado J. D. M “se acercó a la víctima y le efectuó varios disparos con un arma de fuego calibre 9 milímetros” frente al policía. Los impactos fueron en la zona de la cabeza y el rostro, y a corta distancia, reconstruye el MPF. Luego el efectivo detuvo al acusado, que no opuso resistencia, y secuestró el arma en cuestión.El agresor está detenido por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autorDe acuerdo con la autopsia, el cráneo de la víctima presentó ocho orificios de entrada y ocho de salida, cinco de ellos en el lateral izquierdo, en la oreja y el ojo izquierdos, la ceja y la nuca.Por lo sucedido, la fiscal del caso, Eugenia Titanti, imputó este martes a J.D.M. por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor, durante la audiencia realizada ayer por la mañana en la Ciudad Judicial, y pidió que el acusado permanezca detenido con prisión domiciliaria por un plazo de dos meses por considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación.Luego de la imputación, y como medida de coerción, los representantes de la Fiscalía pidieron que al detenido se le prohíba tomar contacto por cualquier medio con testigos del caso y también acercarse al barrio donde ocurrió el hecho.El juez de Garantías que dirigió la audiencia avaló tanto la formulación de cargos como el pedido de prisión domiciliaria y las restantes restricciones.La víctima y su atacante eran vecinos y compartían medianera en el barrio Toma Evita de Plottier y, según informó el diario Río Negro, ya se habían denunciado mutuamente en varias oportunidades y dirimieron diferencias empleando armas de fuego.SEGUIR LEYENDO:Merlo: vecinos atacaron a botellazos a un conductor que atropelló a una joven mientras festejaban NavidadCriminal ataque de una patota de Mapuches a un vecino de Villa MascardiCiudad oculta: amenazas, golpes y hasta disparos en una pelea por el servicio de cable y de InternetEl video de una madrugada salvaje en Claypole: mató a su vecino de 40 puñaladas