Un agente de la Guardia Civil en una operación policial. Imagen de archivo. (Isaac Buj / Europa Press) (Isaac Buj / Europa Press/)El empresario alemán Thomas L., ha sido el objetivo de una intensa búsqueda que desplegaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado este viernes en la isla de Mallorca. Un amplio operativo policial que acabó deteniendo a este empresario en su país de origen. Thomas L., es un conocido hotelero con negocios en la isla balear que emprendió una huida desde Suiza hasta Alemania, donde finalmente fue detenido por las autoridades.La operación sorprendió por el importante despliegue que llevaron a cabo decenas de agentes de la Guardia Civil. Fueron ellos los que irrumpieron en varias viviendas de lujo en la zona de la Cala Rajada, así como en sus oficinas, como en un hotel de su propiedad. El principal investigado de la trama es el empresario alemán que, según las investigaciones, estaría involucrado en la venta y compra de propiedades durante años, con el objetivo de blanquear dinero que habría ganado por medio de actividades ilegales.Te puede interesar: Migrantes del CIE de Valencia denuncian nuevas agresiones policiales: “Me dieron un puñetazo en la boca y caí al suelo”Según las autoridades, Thomas L., es un hombre de mediana edad al que se comenzó a investigar en su país por evasión fiscal masiva. Los investigadores a cargo del caso descubrieron que era en Mallorca donde compraba las propiedades inmobiliarias, terrenos y empresas para blanquear grandes sumas de dinero, que según las pesquisas de los investigadores había obtenido llevando a cabo actividades ilegales. Coche de la Guardia Civil. Imagen de archivo. (ARCHIVO/)La operación, cuyos detalles se han mantenido en secreto, se inició hace más de un año cuando las autoridades alemanas recibieron información sobre el presunto blanqueo de dinero llevado a cabo por un ciudadano alemán en Mallorca. Los agentes a cargo del caso creen que, además de la intervención de la Bundeskriminalamt alemana (BKA), también estuvieron involucrados los carabineros italianos.Te puede interesar: Laura Baena, la voz de las ‘malas madres’: “Aún hay empresas que despiden a embarazadas y no asumen que los cuidados son una responsabilidad laboral”El viernes, cuando se llevó a término la operación policial, el trabajo de los agentes se centró en la inspección de un chalet en la calle Cavall Marí y otro en Son Bessó, en Cala Rajada y Capdepera, donde residían Thomas L. y su socio libanés. Los agentes, acompañados de un perro entrenado para detectar dinero, llevaron a cabo un registro policial en todas las propiedades y no encontraron a nadie en su interior. Además, se realizaron inspecciones en oficinas y un hotel de cuatro estrellas, propiedad del principal sospechoso, donde se requisó una cantidad significativa de documentación y dinero en efectivo. Asimismo, los expertos informáticos se encuentran analizando dispositivos electrónicos en busca de evidencia que incrimine a los sospechosos en la trama. Thomas L. abandonó la isla días antes del operativo, dirigiéndose primero a Suiza y luego a Alemania, donde finalmente fue arrestado por la policía local. Algunos turistas que se alojaron en su hotel en Mallorca declararon haber sido obligados a pagar en efectivo, esto generó sospechas de los investigadores. El detenido declarará ante la justicia en las próximas horas. Se enfrenta a cargos por evasión fiscal y blanqueo de capitales en su país de origen, donde la fiscalía ha abierto una investigación en su contra.
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Fiscalía de Cartagena estaría envuelta en corrupción por fábrica de falsos testigos – crédito foto de referencia Luisa Gonzalez/Reuters (Luisa Gonzalez/)El exjuez Bonifacio Corrales ha presentado una denuncia que destapa la presunta existencia de una “fábrica” de falsos testigos en la Fiscalía de Cartagena. En sus declaraciones, conocidas por Caracol Radio, Corrales acusa al fiscal especializado, Pedro Manuel Diaz Pacheco, de ser parte de esta red.La denuncia inicial se fundamenta en la utilización de un documento falso por parte del fiscal Diaz Pacheco durante una investigación penal, lo que resultó en la detención de una de las clientas de Corrales. El abogado denunciante lamenta que, a pesar de las graves acusaciones, la Fiscalía no haya gestionado su declaración bajo juramento.Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.De hecho, el exjuez asegura que Diaz Pacheco enfrenta acusaciones de fraude procesal y falsedad desde hace más de tres años, pero hasta la fecha, el proceso no ha mostrado avances significativos: “Ese proceso no ha sido movido. Ni siquiera la Fiscalía se ha dignado en citarme para rendir una declaración bajo juramento”, dice en el video que compartió Caracol Radio.Bonifacio Corrales, exjuez, denuncia corrupción en la Fiscalía de Cartagena – crédito captura de pantalla @noticiasvital/InstagramSegún Corrales, el documento presentado por Díaz sirvió para mantener privada de la libertad a su clienta: “¿Vale más tener a cien bandidos sueltos que a un inocente preso?”, cuestionó a modo de reflexión el abogado y dijo que esa “no es la justicia que queremos en Colombia”. Además, el exjuez de la República expresó que la falta de progreso en el caso resalta la impunidad en el sistema judicial.Corrales anunció en sus declaraciones que el fiscal denunciado también aparece mencionado en un auto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que se admite el sometimiento de Víctor Hugo Hernández, exrector de la Universidad de Córdoba, por nexos con paramilitares.“Por eso le pido a la honorable Corte Suprema de Justicia y al fiscal que le corresponda el reparto que se dedique todo el tiempo que sea necesario para que vea que en esa investigación no hay un solo elemento material probatorio que indique que mi clienta cometió el delito del que se le acusó”, concluyó el exjuez.La relación del fiscal acusado con el exrector de la Universidad de Córdoba y sus nexos con paramilitaresEsta es la Universidad de Córdoba en Montería – crédito Facebook (BACCH/)Hernández aportará información sobre la relación de grupos paramilitares con la mencionada universidad y funcionarios de la Fiscalía en Córdoba, Cesar, Bolívar y Magdalena. El exrector ya había sido condenado por el asesinato del profesor y sindicalista Hugo Iguarán Cortés, en el año 2000. Iguarán fue asesinado en la casa de Hernández, en Montería, justo antes de que el exrector lo nombrara como vicerrector académico de la Universidad de Córdoba.El exrector de la UniCórdoba ha indicado ante la JEP la existencia de una presunta fábrica de falsos testigos en la que presuntamente estaría involucrado el fiscal Diaz Pacheco, así como otros funcionarios: Álvaro Lara Herrera, fiscal especializado encargado de Cartagena; Claudia Marcela Martínez, encargada de Fiscalía 84 especializada Proyecto OIT. Estas personas habrían recibido el falso testimonio de Mejía López sobre el asesinato del profesor y sindicalista hace más de 20 años.La JEP lo aceptó a Hernández con el objetivo de que aporte a la verdad – crédito La RazónEl exrector dijo en entrevista con Verdad Abierta que es inocente de la muerte de su colega y que las pruebas por las que lo acusan son “una persecución jurídica” en su contra “para satisfacer equivocadamente intereses ideológicos y políticos, aprovechando el montaje que orquestó un fiscal corrupto que se hizo acompañar de delincuentes aspirantes al programa de Justicia y Paz, en calidad de falsos testigos”, mencionó.Las denuncias contra el fiscal fueron inicialmente presentadas en Bogotá en 2020 y posteriormente trasladadas a la seccional Bolívar. El nombre de Diaz Pacheco también figura en documentos de la Justicia Especial de Paz que sugieren su participación en una red de corrupción que utilizaría falsos testigos, alegaciones que serán evaluadas por los magistrados del tribunal de Paz.
Entre los altos cargos que dimitieron figuran el viceministro de Defensa Viacheslav Shapovalov acusado de irse de vacaciones a España.
Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo (REUTERS/Oswaldo Rivas/Archivo)El Gobierno de Estados Unidos incluyó este miércoles a nueve altos cargos nicaragüenses en la lista por la que prohíbe la entrada a su territorio de personas que considera corruptas o antidemocráticas.El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, precisó que se trata de nueve personas involucradas en la detención de los oponentes del presidente, Daniel Ortega, durante la campaña de las elecciones de noviembre pasado, en las que fue reelegido el mandatario.Entre los añadidos a la lista de corrupción del Departamento de Estados están Brenda Isabel Rocha, presidenta del Consejo Electoral Supremo (CSE); Cairo Melvin Amador, vicepresidente del CSE; y Lumberto Ignacio Campbell Hooker, miembro del CSE y ex presidente de ese órgano.También están Edwin Ramón Castro Rivera, diputado de la Asamblea Nacional y miembro del Frente Nacional Sandinista, a quien EEUU acusa de favorecer a los leales a Ortega para tener puestos en el CSE y asegurarse de excluir a los candidatos de la oposición en los procesos electorales.Dos personas caminan en Managua mientras se ve de fondo la imagen de Daniel Ortega (REUTERS/Maynor Valenzuela/Archivo)La jueza del noveno distrito de Managua, Karen Vanessa Chavarria Morales, está también en esta lista por presuntamente “abusar de su autoridad y subvertir el proceso legal para actuar contra los oponentes de Ortega y sacarlos del proceso electoral de noviembre”, dijo EEUU.El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Eduardo Porras, y los legisladores Walmaro Antonio Gutiérrez Mercado y Carlos Wilfredo Navarro han sido otros de los incluidos en el listado estadounidense por dar al régimen de Ortega “las herramientas” para llevar a cabo su “asalto a la democracia”.Igualmente engloba a María Haydee Osuna Ruiz, diputada de la Asamblea, por “conspirar” con el Ejecutivo firmando una “falsa” queja que sirvió de pretexto al régimen para acabar con la última oposición legítima.Price recalcó que el Gobierno estadounidense sigue “muy preocupado por la injusticia y la falta de transparencia en los juicios a los prisioneros políticos” en Nicaragua.También subrayó el compromiso de EEUU en “ayudar” al pueblo nicaragüense en su lucha por la democracia y el Estado de derecho.(Con información de EFE)SEGUIR LEYENDO:La joven opositora Cinthia Samantha Padilla Jirón fue condenada a 8 años de prisión en NicaraguaLa factura que le espera a Daniel Ortega por su apoyo a la invasión rusa a UcraniaLa escandalosa riqueza que acumularon Daniel Ortega y su familia en uno de los países más pobres de América