Ignacio, de 11 años, junto a su madre. (Cedidas)La Corte Suprema de Justicia argentina, el más alto tribunal del país, ha obligado a la madre de un niño de 11 años a devolverlo a España por petición de su padre casi siete años después de abandonar el país y pese a la voluntad del menor de permanecer en Argentina. Es el caso de Ignacio, apodado Nano, quien tendrá que ser restituido a España, país que abandonó junto a su madre con la autorización de un juzgado de Madrid.El fallo de la Corte Suprema argentina, al que ha tenido acceso Infobae España, subraya que el retorno debe ser “inmediato y seguro” para que, una vez de regreso, los tribunales españoles decidan sobre la situación del menor. Sin embargo, el mismo juzgado que autorizó la marcha de Ignacio junto a su madre se abstuvo “por falta de competencia internacional”, ya que la misma correspondía “a los órganos judiciales de la República Argentina”, según una resolución de septiembre de 2023.La sentencia del tribunal argentino llega después de que el padre recurriera la resolución de la Suprema Corte de Buenos Aires, quien sí escuchó al menor y determinó que debía permanecer junto a su madre en Argentina dado su arraigo tras casi siete años viviendo en el país. Ahora, un juez tendrá que determinar “la forma y el modo en que deberá llevarse a cabo el retorno, procurando siempre decidir por aquellas que resulten menos lesivas para el niño”.Ignacio nació en marzo de 2013 en España, donde se habían trasladado sus padres argentinos, casados, en busca de una nueva vida. La familia, especialmente su madre, tenía dificultades para encontrar trabajo al no poder homologar su título como arquitecta. La relación sentimental se fue deteriorando y 18 meses después del nacimiento del menor, que quedó bajo la custodia de la madre de mutuo acuerdo, se materializó el divorcio.Tres años después y dadas las dificultades de la progenitora para encontrar trabajo, recibió una oferta laboral en Argentina y decidió regresar junto al menor. Tras el abandono del país, el padre presentó la primera solicitud de restitución, el mecanismo por el cual un progenitor puede recurrir a la justicia si su hijo ha sido retenido o trasladado a otro país supuestamente de forma ilícita. Ante esta situación, la madre de Ignacio, quien mantenía cautelarmente la custodia, decidió regresar a España con el menor a finales de 2017 para esperar la resolución judicial.La Justicia autorizó el regreso a ArgentinaEl Juzgado de Primera Instancia número 22 de Madrid ratificó la custodia para la madre y autorizó su retorno a Argentina. El progenitor recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que estimó la petición del padre pese a reconocer que la custodia materna era la más procedente para el menor. El fallo daba un plazo máximo de dos meses a la madre para devolver a Ignacio a España, con o sin ella.Dadas las dificultades para estabilizarse en España, la mujer solicitó medidas cautelares ante la Justicia argentina para que el menor permaneciera en el país. Tanto en primera instancia como en el ámbito de Familia, los tribunales ordenaron la restitución del menor pese a que su “centro de vida” estaba en Argentina. Ignacio estaba escolarizado y tenía un nuevo entorno familiar, ya que su madre se había vuelto a casar y había tenido un segundo hijo. Mientras tanto, su padre nunca se había desplazado a Argentina para verlo.A finales de 2020, en plena pandemia mundial, el tribunal argentino de Primera Instancia ordenó ejecutar la sentencia. Daba un plazo de 15 días a la madre de Ignacio para devolverlo a España, aunque finalmente, dado el riesgo para el menor, la resolución quedó sin efecto.Una larga batalla judicialLa madre continuó su particular batalla judicial y recurrió ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, que acordó una entrevista y peritajes psicológicos al menor. Los peritos concluyeron que Ignacio contaba “con los recursos y mecanismos psicológicos necesarios para afrontar una situación de traslado y que probablemente la restitución sea propiciatoria para su devenir subjetivo”. Sin embargo, la Suprema Corte de Buenos Aires atendió la voluntad del pequeño y rechazó su restitución, lo que suspendió la ejecución del fallo en Primera Instancia.Corte Suprema argentina en Buenos Aires. (EFE/David Fernández) (EFEI0658/)Finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema Nacional argentina, el más alto tribunal del país, tras el recurso de casación presentado por el padre del menor. En su sentencia, el tribunal establece que “corresponde hacer lugar a la restitución del niño a España” porque “existe una retención ilícita del niño en este país en los términos del artículo 3° del Convenio de La Haya de 1980″ sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Además, la sentencia recoge el informe de los peritos -favorable a la restitución- pese a que la Suprema Corte de Buenos Aires priorizó la voluntad del menor.Los abogados de la madre de Ignacio, del despacho internacional Cremades y Calvo Sotelo, recurrirán el fallo ante la Corte Iberoamericana de Derecho Humanos, según avanzan a Infobae España. Desde el entorno de la progenitora denuncian la “nula” comunicación entre las autoridades argentinas y españolas en el caso. Aseguran que el Estado español no había sido notificado del procedimiento de restitución que se seguía en los tribunales argentinos. Asimismo, muestran su “preocupación” por el devenir del menor después de que la Justicia española se haya declarado no competente en el caso.
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Roberto Baradel, uno de los apuntadosTras una investigación preliminar, el fiscal federal Carlos Stornelli denunció penalmente que el gobierno de Alberto Fernández entregó al menos 13 terrenos administrados por la Agencia de Bienes del Estado (AABE) a distintos gremios allegados al oficialismo durante la última parte de su gestión. Los predios apuntados pertenecían en su gran mayoría al Ejército Argentino y a la Fuerza Aérea, y se sospecha que fueron cedidos “con el presunto fin de beneficiar indebidamente” a diferentes sindicatos para llevar adelante obras y proyectos para sus afiliados.La denuncia apunta a investigar “la presunta existencia de un conjunto de acciones perpetradas en el ámbito de la Agencia de Administración de Bienes del Estado” y la posible intervención de distintas áreas como la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo entonces de Agustín Rossi, de quien dependía la AABE. Las cesiones habrían sido resueltas de manera irregular y con el presunto fin de favorecer a “distintas entidades gremiales mediante el otorgamiento de permisos precarios de uso gratuito de distintos terrenos e inmuebles propiedad del Estado Nacional y en detrimento de los intereses de este último”.Luego del sorteo, el expediente quedó radicado en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, quien intervendrá junto a la fiscal Alejandra Mángano. Ambas serán las responsables de evaluar el contenido y los pasos a seguir respecto de la denuncia a la que tuvo acceso Infobae.Héctor DaerEl fiscal Stornelli fundó su planteo en una serie de resoluciones donde la AABE dispuso la desafectación de terrenos estatales para otorgarlos a distintos sindicatos que los pedían. Tal es el caso del documento del 8 de septiembre de 2023, donde se desafectó de la jurisdicción de la Fuera Aérea Argentina un predio de 120 mil metros cuadrados ubicado en la Autopista Ricchieri Km 33.5 para “otorgarle un permiso de uso precario y gratuito de dicho sector al Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH)”, a cargo del gremialista Víctor Santa María, quien lo había requerido para desarrollar un “Complejo recreativo y deportivo SUTERH”.Del mismo día consta otra resolución de la Agencia, donde otra propiedad en manos de la Fuerza Aérea, lindero al anterior, de 160.00 metros cuadrados, también fue desafectado y se entregó bajo las mismas condiciones de “uso precario y gratuito” al Sindicato Unificado de Trabajaores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), cuyo secretario General, Roberto Baradel, lo había pedido para construir un “Camping Recreo Ezeiza Suteba” para afiliados e invitados.19 días después, la Agencia que administra las propiedades nacionales resolvió quitarle a la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) un predio ubicado en la calle Humberto 1° al 550, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 1500 metros cuadrados, y otro de 1200 metros cuadrados al Instituto Nacional del Teatro con el fin de entregárselo a la Confederación General del Trabajo (CGT), en virtud de una solicitud de su secretario General Héctor Daer para “poner el inmueble en valor” y llevar adelante “talleres, tareas de índole formativa, educativa, social y solidaria, entre otros”.El fiscal dio cuenta, a su vez, de que la AABE firmó el 17 de noviembre de 2023 la desafectación del Ejército Argentino de un sector de aproximadamente 80 mil metros cuadrados, ubicado en la intersección de la Autopista Camino del Buen Aire y General Soler, en el Partido de Tres de Febrero, con el propósito de “otorgarle un permiso de uso precario y gratuito de dicho inmueble” a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), tras un requerimiento del líder sindical Francisco Abel Furlán para crear “un nuevo polo multifuncional”.Para el fiscal Stornelli, además de estas resoluciones donde habrían “ciertas irregularidades” en la tramitación de los expedientes administrativos”, se logró determinar la existencia de otras nueve resoluciones “contemporáneas a las anteriores y del mismo tenor”, a través de las cuales “se desafectara de predios pertenecientes a las Fuerzas Armadas y otros organismos públicos en favor de otras entidades gremiales”.En ese marco, al hablar de las cuatro concesiones que expuso, el representate del Ministerio Público expresó: “resulta cuanto menos incierto cómo es que estos sindicatos tomaron conocimiento de la existencia y del supuesto desuso y/o desocupación de estos bienes inmuebles, lo que podría sugerir un posible favorecimiento por parte de la AABE, para con ellos. En este sentido, no hay evidencia de que se haya realizado, previo al otorgamiento de los permisos, algún tipo de convocatoria pública para que distintas entidades puedan presentarse y obtener el permiso de uso de estos inmuebles. En su lugar, todos los procesos se han iniciado directamente desde la AABE a partir de presentaciones realizadas por las distintas entidades gremiales antes referidas”.Abel Furlán Luego agregó: “es preciso remarcar que durante el transcurso del año 2023 existieron un total de 13 resoluciones -incluyendo a las cuatro aquí analizadas- todas ellas vinculadas a la entrega de propiedades del estado a entidades sindicales o de similar naturales, siendo que la mayoría de ellas fueron dictadas durante la segunda mitad del año, es decir antes de que finalice la gestión del gobierno que culminara el 10 de diciembre de 2023″.“Además, -continuó el fiscal en su denuncia- es dable observar que once de ellas se ocupan de desafectar, pura y exclusivamente, territorios e inmuebles propiedad del Ministerio de Defensa, en especial del Estado Mayor General del Ejército y de la Fuerza Aérea, para entregárselos para su uso a distintas entidades gremiales (…)”.Por otro lado, el fiscal destacó como “fundamental” el hecho de analizar “si los sindicatos o las entidades gremiales cumplen con los requisitos necesarios para la concesión de este tipo de permisos, basándose en las actividades que declaran en sus solicitudes”. Bajo esos términos, dijo: “Aunque los sindicatos o entidades gremiales generalmente son consideradas organizaciones sin fines de lucro, su objetivo primordial es defender los intereses laborales de sus miembros, lo que podría no cumplir con el criterio de impacto directo e inmediato en el interés público, como lo requiere el reglamento -de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado Nacional-, ya que los beneficios se limitan principalmente a sus afiliados y no al público en general”.Agustín Rossi (EFE) (MATIAS MARTIN CAMPAYA/)“En otro orden de ideas, -continuó- debo señalar, además, que los sindicatos que solicitaron los permisos precarios de uso gratuito ante la AABE habrían cometido una omisión significativa en sus presentaciones, esto es, la falta de un Cronograma del Proyecto. Esta información resulta crucial para detallar el plan de trabajo, debiendo incluir las fechas tentativas de inicio, los plazos de obra, y los tiempos estimados para la habilitación de uso de los distintos sectores o espacios. En lugar de proporcionar estos detalles, los sindicatos se habrían limitado a entregar, únicamente, gráficos de las obras sin fechas concretas ni planificación temporal específica”.Y cerró: “Esta ausencia de información esencial podría sugerir posibles irregularidades en el proceso de solicitud”.El fiscal consideró que si se corroboran los hechos señalados en su denucia se estaría frente a “distintos delitos de acción pública” por fraude al Estado, por eso solicitó iniciar una investigación penal.
FOTO DE ARCHIVO. El logo de Mercadona en el exterior de uno de sus supermercados en Madrid, España. 4 de marzo de 2016. REUTERS/Sergio Pérez (SERGIO PÉREZ/)El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha obligado a Mercadona a garantizar la conciliación familiar de una trabajadora que pidió un cambio de turno para poder cuidar a sus hijos menores de 6 y 4 años. La empresa alimenticia no solo deberá respetar el turno de mañana que solicitó la mujer, que trabaja allí desde 2009, sino que también deberá abonarle una indemnización de 5.000 euros por daño moral.La trabajadora, con cargo de gerente en un supermercado de Mercadona ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, solicitó en enero de 2023 que la dejaran trabajar exclusivamente en turno de mañana en vez de hacerlo en turnos rotatorios de lunes a sábado, una semana de 09.30 a 15.00 horas y otra de 16.30 a 22.00, pero la empresa se lo denegó al considerar que “alteraba la distribución habitual y ordinaria de la jornada de la empresa”, si bien la justicia consideró que eran “razones genéricas y abstractas que no fueron probadas en el juicio”, tal y como indica la sentencia del tribunal. La mujer, además, acreditó que se trataba de una “verdadera situación de necesidad” pues ambos hijos menores requieren cuidados por las tardes y “no dispone de otra ayuda permanente familiar que pueda atenderlos”, ya que su marido es autónomo y trabaja en su propio gimnasio de 8:00 a 21:00 horas.Te puede interesar: El apoyo psicológico es clave para los pacientes con cáncer: “No solo se cae el pelo con la quimio, hay muchos efectos secundarios”En este caso, explica a Infobae España Gloria Poyatos, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la justicia no solo ha aplicado la perspectiva de género, sino que también ha integrado la perspectiva de infancia, pues ha sido primordial el interés superior de los menores. “Esto significa juzgar teniendo en cuenta la realidad social existente y prestar atención a la situación desaventajada de las mujeres trabajadoras y la pérdida de oportunidades laborales que soportan por no dejar de cuidar”, explica la también cofundadora de la Asociación Mujeres Juezas de España (AMJE).Esta sentencia tiene además un impacto relevante en la población femenina, pues son las mujeres quienes mayoritariamente solicitan esos permisos y en el caso de Mercadona, una compañía donde trabajan miles de empleadas, puede servir de ejemplo a aquellas que soliciten una reducción o adaptación de jornada por motivos similares.Te puede interesar: En España hay más mujeres que nunca con trabajo pero la igualdad aún queda lejos: “Las migrantes se llevan la peor parte”Un establecimiento de Mercadona. (Europa Press)
(MERCADONA/)Contratar un detective “vulnera la intimidad familiar”Cabe además destacar que en este caso Mercadona contrató a un detective no solo para investigar a la empleada que pidió el cambio de turno, sino para que siguiera a su marido durante cuatro días del mes de mayo en 2023 para averiguar “cuáles eran las obligaciones familiares y profesionales de ambos”, por lo que también siguió a los niños. “Entiendo que la empresa lo contrata porque consideraba que la trabajadora estaba defraudando, que no iba a cuidar a sus hijos en ese tiempo que pedía, pero es que la empresa no tiene ningún tipo de contratación con los familiares de ella y, por tanto, no tiene legitimación para seguirlos”, indica Poyatos. Para la magistrada, de hecho, lo más relevante del caso “son los lindes que ha pasado la empresa contratando a un detective para seguir a sus familiares”.“El detective siguió a personas con las que la empresa no tiene una contratación y no solo les sigue en espacios públicos, sino también en el desempeño de actividades puramente familiares, porque puede que acudan a clases de idiomas o al ambulatorio, y en ese seguimiento está obteniendo información que entra dentro del ámbito de la privacidad”, añade la experta, quien sostiene que la contratación de un detective “vulnera la intimidad familiar”.
/espana/2023/12/06/en-la-ultima-foto-de-renovacion-del-cgpj-sale-el-rey-juan-carlos-un-flagrante-elefante-en-la-constitucion-y-nadie-se-hace-responsable/Presencia de presidentes autonómicos solo del PPLa representación de presidentes autonómicos se reducirá a seis, cinco del PP —Andalucía, Juanma Moreno; Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; Galicia, Alfonso Rueda; Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y Murcia, Fernando López Miras— y Fernando Clavijo, de Coalición Canaria pero que gobierna con los populares en las islas. Como es tradicional no estarán el lehendakari vasco, ni el president de la Generalitat de Cataluña y se suman además a las ausencias los presidentes autonómicos del PSOE.Podemos, en el focoEste miércoles todas las miradas estarán puestas en Podemos, que este martes anunció que sus cinco diputados abandonaban Sumar y se iban al Grupo Mixto. Su secretaria general, Ione Belarra, ya ha convocado a los periodistas. El partido morado se desquebraja desde dentro. Ausencia de Bildu, PNV, ERC, BNG, Junts…y VoxComo es habitual, los grupos nacionalistas e independentistas —EH Bildu, PNV, ERC, Junts y BNG— no asistirán al acto. Tampoco lo hará Vox, por segundo año consecutivo, ya que considera que Pedro Sánchez y sus socios “pisotean” la Carta Magna. En cambio, los de Santiago Abascal sí estarán presentes en el izado de la bandera. Santiago Abascal acudirá a la protesta convocada por Denaes frente a la sede del PSOE, en la calle Ferraz, coincidiendo con este acto.España celebra el 45º aniversario de la ConstituciónEste miércoles el Congreso de los Diputados acoge la celebración del 45º aniversario de la Constitución Española de 1978 en un día marcado por la amnistía y el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial.Los actos comenzarán a las 10.30 con el izado de la bandera, que se ubica frente al Senado en la Plaza de la Marina Española. Presidirá la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y el de la Cámara Alta, Pedro Rollán, junto al Jefe de Estado Mayor de la Defensa y personal del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y la Guardia Civil.La jornada continuará en el Congreso, en el Salón de Pasos Perdidos.
Condenan a prisión a una comunidad gitana dedicada a extorsionar a través de secuestros virtuales (Foto ilustrativa)“Mamá, soy yo, me tienen acá, me van a matar y a golpear. Buscá lo que tengas en casa”. La frase sintetiza un modus operandi. Una suerte de arma verbal. Formaba parte de una puesta en escena que ponía en práctica una banda de gitanos para llevar a cabo sus secuestros virtuales más conocidos como el “cuento del tío”. En general llamaban a la madrugada, cuando era más difícil que las víctimas se pusieran en contacto con sus familiares supuestamente secuestrados, amenazaban con matar o golpear al rehén y exigían grandes rescates en efectivo. Llegaron a conseguir casi medio millón de dólares a base de extorsiones.A través de un juicio abreviado, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 porteño condenó a nueve integrantes de una organización dedicada a extorsionar a distancia. Las penas oscilaron entre los 3 y 5 años de prisión. Los condenados -algunos familiares entre sí- pertenecían a una comunidad gitana, cuyo dialecto romaní utilizaban con frecuencia por temor a ser descubiertos. En esa línea, la Fiscalía General 27, representada por el fiscal Nicolás Stivala, dio cuenta de una serie de hechos ocurridos entre el 2019 y el 2021 que describieron cabalmente la forma de actuar del grupo en cuestión: roles y funciones bien definidas, donde había investigadores que hacían la tarea de inteligencia previa para determinar a quién agobiar, “habladores” que se encargaban de actuar y de amedrentar, y recolectores del botín que luego se repartían. También había personas de logística, dedicadas a proveer los chips telefónicos que iban tirando al usar.Uno de los hechos más paradigmáticos lo tuvo de protagonista a Alejandro Tan, uno de los miembros de los hermanos Tan, metidos en el rubro de la compra y venta de metales y chatarra, cuando no de la asociación ilícita y la extorsión. Eran las 10 de la noche del 13 de mayo del 2019 cuando alguien no identificado llamó al teléfono fijo de Ana, una mujer de por entonces 62 años que vivía en un departamento de la calle Gelly y Obes, del barrio de Recoleta. Una voz se hizo pasar por su hijo:-Mamá, mamá, me robaron-¿Quién sos? ¿Pablo?, preguntó Ana, inquieta.-No, mamá, soy yo, me tienen acá, me van a matar y a golpear. Buscá lo que tengas en casa.-Sólo tengo encima 6000 dólares, dijo la mujer.-Mamá, ¿no tenés cincuenta mil dólares? Tenés que ir y sacarlos del banco, replicó la voz.De repente, otra persona, con una voz más áspera, agarró el teléfono y lanzó una indicación: “Señora, vaya a un banco y retire dólares. Sabemos que tiene como quinientos mil”. Luego, como pidiéndole colaboración a la víctima, exclamó: “tengo que calmar a mis muchachos, le quieren cortar un dedo”.Al final de esa llamada, arreglaron que la mujer bajaría en una bolsa todo lo que “tuviera encima” en ese momento. La orden concreta era salir de su departamento con una vestimenta que no llamara la atención. Siguieron la comunicación por celular. Ana cumplió paso a paso lo que iban dictando desde el anonimato, aterrada por la idea de su hijo secuestrado. Llevó la bolsa a un contenedor de residuos ubicado en la esquina de la avenida Pueyrredón y Vicente López y Planes, pero después, por indicación del interlocutor, dejó el paquete en un árbol ubicado en la esquina de Luis Agote y Vicente López.La banda solía llamar de madrugada y amenazar a la víctima con la muerte de algún familiar; así lograban rescates grandes rescates en dólaresMás tarde, durante la madrugada, la víctima siguió recibiendo llamadas con amenazas del mismo número. Distintas voces le juraban que matarían a su hijo si no ponía más plata para su rescate. Ella imploraba por señales de vida. Sin embargo, a primera hora del nuevo día se acercó a su banco y retiró por ventanilla U$S 90.000. A las 10:45 se encontró con Alejandro Tan en una esquina de la calle Roque Sáenz Peña. La voz rasposa que salió de su garganta -y que ella reconoció- le dijo que lo saludara como si se conocieran de toda la vida. Después le reclamó el botín y se fue apurado.Pero el infierno continuó. La insistencia de los virtuales captores produjo que Ana se fuera a la casa central de otro de sus bancos y retirara por ventanilla U$S 67.000. Después pidió pasar al sector de las cajas de seguridad y extrajo otros U$S 259.000. Colocó todo en dos bolsas, se subió a un taxi y, por indicación expresa, se bajó en la avenida Rivadavia al 4500 para caminar hasta Río de Janeiro. Ahí dobló y se encontró otra vez con Alejando “Chulo” Tan, a quien le entregó, sin más, todos sus ahorros.-Volvé por Río de Janeiro hasta Lezica -le dijo Alejandro-, ahí vas a encontrarte con una Traffic. Va a estar tu hijo, que lo vamos a liberar.Ana corrió hasta el lugar. Cuando llegó, cayó en la cuenta de que todo había sido un engaño.La denuncia de este caso y de otros con idénticos elementos activaron las investigaciones que luego confluyeron en la sentencia del juez de cámara Hugo Daniel Navarro a través de expedientes conexos. En dicha instancia, el magistrado se encargó de verificar la legalidad del acuerdo entre la fiscalía y las distintas defensas, que confesaron la modalidad y el afán delictivo de la banda -en total se hicieron casi medio millón de dólares a base de extorsión-, integrada por hermanos e hijos, personas más grandes y más jóvenes, amigos y conocidos entre sí. Un grupo de “fuertes lazos”, según describió el fiscal.Por otro lado, no es la primera ocasión en la historia reciente que miembros de una comunidad gitana son arrestados por delitos similares. En rigor, una mujer de 87 años, también vecina de Recoleta, entregó a fines de 2020 una suma de 220 mil dólares a los falsos captores de su hijo. En esa ocasión, la voz en el teléfono le dijo: “Soy Juan Carlos. Tenemos a tu hijo, le cortamos un dedo y está perdiendo mucha sangre. Queremos plata. Danos tu celular”. La Policía Federal logró identificar a los sospechosos y determinó: Nicolás Christon, de Villa Lugano, fue acusado de ser el responsable de los llamados, así como el jefe de la banda. Cristian Papadopulos también habría tomado parte en las extorsiones. Ricardo y José Ariel Papadopulos habrían actuado como cobradores. Varios de ellos fueron arrestados en abril de 2021: se descubrió que un policía porteño les oficiaba de custodia.Parte de las pruebas surgieron de las filmaciones del Centro de Monitoreo Urbano porteño. En ellas se logró ver cómo retiraban el rescate los secuestradores virtuales (Walter Carrera/)A su vez, ese mismo año, y luego de operativos en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección Departamental de Investigaciones de San Isidro de la Policía Bonaerense, en colaboración con sus pares porteños, logró desarticular a una banda de delincuentes, también miembros de la comunidad gitana, que cometían secuestros virtuales y recaudaron varios miles de dólares con sus ataques. A una odontóloga vecina de Nordelta, por ejemplo, la despojaron de 38 mil dólares en efectivo con otro falso secuestro. La supuesta víctima era su hija, que estaba con amigas al momento del ardid y no contestaba el teléfono.En tanto, durante la investigación de la familia Tan y su círculo cercano colaboró la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que hizo uso de las filmaciones registradas por los domos del Centro de Monitoreo Urbano. También intervino la Unidad Especializada en Investigación Criminal Compleja. Las pruebas de la acusación, a su vez, estuvieron cargadas de escuchas telefónicas, grabaciones y registros de los llamados de las distintas compañías telefónicas. Incluso se rastrearon los autos con los que los extorsionadores iban a retirar la plata de los falsos rescates. Por esa cuerda, además, los investigadores llegaron a los domicilios de los criminales diseminados en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires como Ramos Mejía, La Matanza y Pilar. En diferentes allanamientos encontraron múltiples celulares, chips, sumas de dinero en efectivo en moneda local y extranjera, chequeras, joyas y alhajas.Al momento de dictar la resolución a la que tuvo acceso Infobae, el juez Navarro dijo: “Quedó en evidencia la cohesión del grupo, ligado incluso por lazos de familia que vincularon a un buen número de participantes –al menos nueve personas–, todos ellos intervinientes a título de coautores materiales con plena voluntad –sostenida en el tiempo– para llevar a cabo un sinnúmero de maniobras delictivas, bajo la modalidad del secuestro virtual, que hemos repasado a lo largo de todo el fallo”.En ese marco, el magistrado decidió que fueran condenados Alejandro Tan y Jonathan Cristian Svanovek a cinco años de prisión de efectivo cumplimiento en orden a la autoría y coautoría de los delitos de extorsión en concurso real con asociación ilícita -extorsión reiterada para el caso de Svanovek-.Para Carlos Daniel Oscar, Fabio, Alexis Ezequiel y Ariel Tan -hermanos de Alejandro-, el juez dispuso una pena de tres años de prisión en suspenso en virtud de la coautoría penalmente responsable del delito de asociación ilícita. La misma decisión tomó para Lucas Emmanuel Vázquez, Darío Marcelo Papadopulos y Roberto Ariel Felipoff. Algunos de los condenados cursan actualmente otros juicios por hechos similares.
Advierte de que «no puede representar» al país quien «lo deja mal con actitudes y discursos que nos abochornan», pero cree que la marca España está a salvo gracias a «la reacción ejemplar» de las jugadoras y el apoyo social
Una asociación sin fines de lucro, tal como adelantó Clarín, consideró que la decisión del intendente de esa ciudad viola leyes nacionales y la Constitución. A través de un amparo solicitan se ordene una medida de no innovar en el centro cívico.
El colectivo celebra un seguimiento de más del 85% en la primera jornada de paro completo y advierte de que los juzgados están «vacíos»
Basada en un hecho real, la obra escrita por Alfredo Arias es interpretada por Mayra Bonard y Carlos Casella.
Se trata de Maximliano Salado Paz, quien había sido apartado por pertenecer a un gremio enfrentado a la conducción de Chiqui Tapia. La casa madre del fútbol argentino, además, fue multada por “práctica desleal”.