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A menos de tres meses de las elecciones, en plena pandemia, con la tensión de los sectores piqueteros en alza y frente a una inflación que alcanzó el 21,5% de enero a mayo, el Gobierno parece decidido a incrementar el gasto social, principalmente el referido a asistencia alimentaria y a planes vinculados a la creación de empleo.

Así se desprende del análisis que Clarín hizo de los últimos movimientos de la ejecución del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, que al 19 de junio, en los primeros 170 días del año, ya gastó el 64% de los fondos que tenía previstos para todo 2021, según informa el sitio oficial Presupuesto Abierto.En total, desde la cartera que encabeza Daniel Arroyo se devengaron a la fecha $ 161.294 millones, a razón de $ 948,7 millones por día. El gasto, casi completo, se sustenta en dos partidas determinantes en la estructura ministerial: Políticas Alimentarias y Acciones de Programa Nacional de Inclusión Socio Productiva y Desarrollo Local. En enero, se giraba un promedio de $ 600 millones cada 24 horas; en mayo, eran $ 800 millones.Se trata de las áreas de las que salen los recursos para la entrega de Tarjetas Alimentar y el plan Potenciar Trabajo, que concentran el 90% de todo el presupuesto del ministerio y que son administradas por referentes de La Cámpora y del Movimiento Evita.

Emilio Pérsico, uno de los referentes del Movimiento Evita y funcionario del Gobierno.

La evolución de la partida de Políticas Alimentarias viene siendo exponencial. Inicialmente prevista en $ 114.249 millones, ya se gastaron $ 90.387 millones, es decir, el 79,1% en menos de un semestre, lo que hace prever que el nivel de gasto seguirá elevándose el resto del año. A cargo de la misma se encuentra Laura Valeria Alonso, una dirigente clave de La Cámpora, con mucha influencia dentro del ministerio, donde se desempeña como secretaria de Inclusión Social. De la millonaria caja que gestiona surgen pagos destinados a “acciones vinculadas a la Tarjeta Alimentar, que consiste en una acreditación mensual de fondos” a titulares de la Asignación Universal por Hijo y otros planes. Y desde allí también salen recursos para la asistencia a comedores escolares, según se consigna en el mensaje del Presupuesto 2021.La otra partida predominante dentro de Desarrollo Social es la que administra la plata del Potenciar Trabajo, que dirige el referente del Movimiento Evita Emilio Pérsico desde la Secretaría de Economía Social. El ritmo de ejecución del gasto viene siendo más lento que “Políticas Alimentarias”, aunque también demasiado acelerado teniendo en cuenta el curso del año.

Laura Valeria Alonso, secretaria de Inclusión Social, con la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza. Ambas de la agrupación La Cámpora.

En cinco meses y medio se gastó el 53,6% de los $ 112.047 millones previstos para 2021, es decir, $ 60.115 millones exactos, destinados a organizaciones sociales, pero también a instituciones religiosas, gobernaciones y a municipios que articulan localmente el Potenciar Trabajo. Entre los dos programas citados se superaron ya los $ 150.500 millones en gasto, casi la totalidad de los $ 161.294 millones de todo el ministerio.El crecimiento de las partidas de ambos programas se da en el inicio del calendario electoral, a menos de un mes del cierre de listas y luego de que se conocieran algunas encuestas que generaron preocupación por la performance del Gobierno en la provincia de Buenos Aires en el próximo comicio.La disyuntiva entre asistencialismo y apoyo al empleo viene siendo motivo de una puja constante dentro de la estructura de Desarrollo Social. El ministro Arroyo desde el año pasado viene planteando la necesidad de “transformar planes sociales en trabajo”, y en esa misma línea se expresó Pérsico, que sobre la Tarjeta Alimentar había opinado que “es pan para hoy y hambre para mañana”. Nada menos que Cristina Fernández de Kirchner también había advertido al presidente Alberto Fernández: “Con los planes no alcanza”.Pero también hay voces disonantes, que no sólo respaldan políticas como la Tarjeta Alimentar, sino que también reclaman por la vuelta del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el bono de $ 10.000 que se pagó durante todo 2020 a los sectores más vulnerables ante la pandemia. Andrés Larroque, ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, declaró el mes pasado que se trataba de “una herramienta indispensable”.Desde el Gobierno, este sábado, descartaron la vuelta del IFE. Fue el subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría de Economía Social, Daniel Menéndez -referente de Somos Barrios de Pie-, quien negó la posibilidad. “Fue una coyuntura”, argumentó. La otra ‘caja chica’ social​Fuera de la estructura del Ministerio de Desarrollo Social, pero bajo la órbita de Presidencia de la Nación, funciona una “caja chica” que maneja una funcionaria cuyas acciones vienen creciendo fuertemente en las últimas semanas y que se perfila como posible candidata por la provincia de Buenos Aires en los próximos comicios.Se trata del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que está a cargo de Victoria Tolosa Paz, quien acaparó flashes en la última semana por haber tenido una furiosa reacción en la Legislatura bonaerense.Los fondos que recibe el Consejo son $ 1.069 millones, de los cuales a la fecha se giraron $ 274 millones, lo que motiva una ejecución baja en comparación al tramo del año que transcurre: poco más del 25%.Tolosa Paz es parte, además, de la denominada Mesa contra el Hambre, que integran otros actores de la política y que tuvo su último encuentro en mayo. Anunciada en un primer momento por Alberto Fernández como un eje clave de su Gobierno, en pandemia fue perdiendo espacio y sus reuniones se realizan de manera trimestral

Victoria Tolosa Paz, la responsable del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

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